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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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columna

Paraísos fiscales vs infiernos tributarios

octubre 23, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Elías Casanova Cabrera

Académico Advance Contador Auditor, Universidad Central.

Contrariamente a lo que se ha dicho hasta ahora, los paraísos fiscales no constituyen por si solo una oportunidad de evadir los impuestos, ni tampoco de eludirlos. El hecho de que presenten ventajas respecto de otros países o territorios son el resultado de la potestad tributaria que cada Estado tiene sobre sus residentes. Distinto es decir si eso nos gusta o no, o si parece ético que una persona, cualquiera que sea, mantenga sus inversiones (capital) en un territorio preferencial.

Los paraísos fiscales son calificados de esa forma porque no cumplen los estándares internacionales dictaminados por un grupo de países, en este caso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Chile, se ha tipificado a un paraíso fiscal o territorio preferencial, cuando cumple dos de las siguientes características: sus tasas son bajas o de nula tributación para las rentas de fuente extranjeras (menos del 17,5%); no existen convenios de intercambio de información; solo tributan por la renta que se genera en el territorio (fuente local); no existen normas de precios de transferencia; existe secreto bancario o limitado acceso a la información financiera o no forma parte de la OCDE.

Por lo tanto, es cada país o territorio quien fija sus propias reglas de tributación para sus residentes y si algún residente de otro Estado, como Chile, opta por invertir en ese lugar, habiendo pagado sus impuestos, no existe impedimento legal para hacerlo, porque corresponde a la autonomía de la voluntad y al derecho de propiedad que cada quien posee de sus bienes. El hecho de que un Estado cobre elevadas tasas de impuestos, bajo sistemas complejos, convirtiéndose en “infiernos tributarios” hará, por supuesto, escapar a sus residentes hacia estos paraísos fiscales en donde estén mejor tratados, por lo menos.

Elegir y buscar la mejor alternativa es una cuestión casi intrínseca del ser humano y lo hacemos a diario, por ejemplo en las vacaciones buscando sol, playa y arena, o un buen restaurant o un concierto, por lo tanto es muy complejo prohibir o cuestionar tales acciones respecto de otras cuando, además, están permitidas por ley. Sin embargo, debemos ponernos de acuerdo en que si lo legalmente permitido es suficiente sin considerar el punto de vista ético, moral o ideológico. Eso es lo complejo.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Slider Etiquetado como: Académico, columna, Columnas, Columnista, Elías Casanova

El desafío de escribir un futuro en plural más allá de la soberbia del Frente Amplio

octubre 21, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por José Toro Kemp

Secretario general del PPD

Transcurrido el tiempo y, con la perspectiva de los años, veo con distancia la superficialidad de muchos de nuestros representantes. Estos últimos años hemos visto emerger a políticos jóvenes, quienes, pese a haber vivido siempre en los sectores más ricos de Chile, aseguran conocer la realidad periférica y, lo que resulta todavía más insólito, afirman ser representantes de esta.

Con total seguridad dicen rejuvenecer la vieja política, cuando más bien han rejuvenecido los rostros de esta. Me refiero a varias figuras del Frente Amplio, que provienen de una élite no solo económica sino también política.

Nunca soportó el silencio ni la calma. Sentía urgencia por moverse, gritar quizás, para no escuchar el insoportable son de la realidad. Creció, al igual que yo, en la villa Lomas de Macul. Una población de calles estrechas y casas a medio pintar, cercana al Zanjón de la Aguada. Un barrio invadido por guarenes que algo aturdidos surgían de ese cauce y donde nuestro relajo llegaba al mirar la imponente cordillera. Se llamaba Sergio, pero sus amigos le decíamos Checho. Nuestras edades eran similares. Vivía a cinco casas de la mía. Flaco, de tez cobriza y mirada profunda. Parecía esconder una tragedia en esos ojos oscuros. Muy pocas veces sonreía, pero, cuando lo hacía, unas inmensas paletas quedaban al descubierto.

Una mañana de marzo, hace ya casi treinta años, llegué con mi mamá hasta la puerta de su casa. Tocamos varias veces, hasta que por fin nos abrió su papá, quien con voz ronca y un fuerte olor a alcohol, nos dijo que el Checho se alegraría con nuestro regalo. Y así ocurrió. Tomó el uniforme escolar y se cambió frente a nuestros ojos, bajo el umbral de la entrada, con rapidez. Esa escena nunca se fue. El Checho, a sus diez años, por fin vestía un uniforme escolar de su talla y se le veía radiante.

Nuestras similitudes se distanciaron cuando ya éramos jóvenes. En sexto básico colgó, para siempre, el uniforme que le habíamos regalado. Y se dedicó a pasar las mañanas sentado en distintas cunetas del barrio, compartiendo una pipa artesanal con otros desertores. Su colegio también fue clausurado poco después. Acontecimiento que a nadie sorprendió, pues no solían asistir más de cien estudiantes al “Guarén School”, como lo llamaban los propios apoderados. Todavía veo al Checho en las mismas cunetas y pasajes, con sus antiguos ojos profundos, ahora extraviados, hablando lentamente con su círculo. Pronto cumplirá cuarenta años.

Cuento lo anterior porque ha transcurrido el tiempo y, con la perspectiva de los años, veo con distancia la superficialidad de muchos de nuestros representantes. Estos últimos años hemos visto emerger a políticos jóvenes, quienes, pese a haber vivido siempre en los sectores más ricos de Chile, aseguran conocer la realidad periférica y, lo que resulta todavía más insólito, aseguran ser representantes de esta. Con total seguridad dicen rejuvenecer la vieja política, cuando más bien han rejuvenecido los rostros de esta.

 

Me refiero a varias figuras del Frente Amplio, que provienen de una élite no solo económica sino también política. Categóricos, drásticos, muy severos con el resto (y poco consigo mismos o con los propios), difunden sus certezas sobre todo lo malo ocurrido desde el regreso de la democracia y los muchos planes que tienen en el papel, para un cuanto hay. Esto sugiere dos hipótesis: ven solo una cara de la moneda o sencillamente ignoran lo que el pueblo vivió esos años, porque no son pueblo.

No es un problema de intenciones, porque percibo que creen en lo que hacen. No es ese mi punto. Más bien, no necesitan someter sus juicios a la sana crítica o a la razonable duda metódica, y reparten sentencias por la vida, sin considerar cuánto cuesta construir la democracia, cuán difícil es superar paso a paso la pobreza, cuánta organización y pequeñas y grandes luchas hay detrás de lo logrado y también cuánto pesa la resistencia a reconocer errores, remover poderes enraizados y resistencias atávicas.

No fue sino hasta el fin de la dictadura cuando, finalmente, en la Villa dejamos de “colgarnos” del cableado eléctrico de otros barrios y pudimos tener luz por cuenta propia. Cuesta creerlo, pero esa fue mi realidad y la de mi familia. Desde 1851 las lámparas iluminan Chile, pero en las Lomas de Macul, hasta los noventa, tuvimos que rebuscar una forma para no vivir en la oscuridad.

Fui el primero de una numerosa familia en pisar la universidad. Hoy tengo 36 años, soy abogado y milito desde los catorce en mi partido, Por la Democracia. Me siento orgulloso de lo que hemos hecho, hay un legado de estas últimas décadas desde el cual pararnos, porque lo hicimos a pulso, con la gente, sobre todo en lo que respecta a la disminución de la pobreza en el país. También, sin sentirme dueño de la verdad, creo que gracias a mi primera juventud, a la villa y a personas como el Checho, he formado parte de una cotidianidad que muchos frenteamplistas desconocen y que, de adentrarse en ella, probablemente no soportarían. No es el trabajo voluntario teniendo la seguridad de poder salir sin drama; es vivirla y superarla vitalmente. No es culpa ni romanticismo, sino vida real.

Los juicios draconianos han sido la tónica del Frente Amplio, sin darse cuenta de que, en más de alguna ocasión, han escupido al cielo. Hay miles de muchachos como el Checho, tanto en las Lomas de Macul como en otras villas y poblaciones que no los escuchan ni tienen ganas de entender su metalenguaje. Tampoco escuchan a otras fuerzas políticas, incluyendo la mía, porque hay desesperanza. Es responsabilidad de nosotros, los nuevos políticos, afrontar los problemas sociales desde la premisa de que no somos moralmente superiores, y que no es posible proclamarnos apóstoles de quienes ni siquiera hemos comenzado a conocer. Debemos partir de un acto más humilde, pero que creo más profundo, de mirar la complejidad y profundidad de los desafíos que tenemos, donde la mera descalificación no basta. Hoy, estamos llamados a pensar el futuro en plural.//ELF

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Pensiones en Chile: la imperiosa necesidad de diálogo social para una reforma urgente

octubre 20, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Fabio Bertranou

Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina.

En este atículo Fabio Bertranou, Director de OIT Cono Sur, destaca que el contexto actual demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en materia de pensiones en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado, desafío en el que el dialogo social, será una herramienta clave para alcanzar acuerdos.

El 1º de octubre fue designado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad. En el marco de esta conmemoración, resulta clave reflexionar sobre el presente y futuro de las pensiones en Chile. No hay país en el mundo en el que el sistema para otorgar seguridad económica en la vejez no sea parte prioritaria de la agenda pública, más aún en países con sistemas maduros y con transiciones demográficas avanzadas, en el que las personas mayores constituyen una proporción importante y creciente de la población.

Las pensiones han sido parte de intensos debates y discusiones de política económica y social de Chile en las últimas cuatro décadas, y el modelo de provisión de seguridad económica para la vejez ha transcendido las fronteras con sus virtudes y sus defectos.

Hasta antes de la pandemia había un diagnóstico con cierto consenso sobre los principales desafíos: insuficiente financiamiento, especialmente de naturaleza contributiva, traducido en prestaciones bajas; brechas de cobertura; desigualdades e inequidades; falta de confianza con el sistema e insostenibilidad social; entre otros. Estos desafíos quedaron en mayor evidencia aún a partir de octubre de 2019, momento en que se manifestaron socialmente estas limitaciones.

La pandemia, además, trajo nuevos problemas. Por un lado, el impacto en el mercado de trabajo, en el empleo y los ingresos laborales ha sido de gran envergadura y perduran incertezas sobre cuándo podrá recuperarse la situación prepandemia. Esto ha implicado menores cotizaciones e interrupciones de las trayectorias laborales, especialmente para jóvenes y mujeres.

Por otro lado, los retiros de los fondos de pensiones, si bien colaboraron para mitigar los efectos de la pandemia en los ingresos de las familias, han dejado más frágil al componente contributivo del sistema, en la medida que han disminuido fuertemente los ahorros previsionales. Esto ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de seguridad económica futura de varias generaciones.

Hoy el contexto demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado.

Desde la OIT hemos destacado que, en el marco de los principios de la seguridad social, los efectos económicos y sociales de la pandemia constituyen una oportunidad para refundar un pacto social en el que convergen las distintas visiones en materia de pensiones. Incluir un componente de seguro social, financiado tripartitamente, legitimado por empleadores y trabajadores, con solidaridad intra e intergeneracional es una oportunidad, y una necesidad, más urgente que nunca. Ello no implica eliminar o cambiar completamente los componentes actuales del sistema, sino pensar en su reconfiguración.

Implica generar un camino de consenso para construir un sistema que transite de uno centrado en la “capitalización individual subsidiada por recursos fiscales” hacia un sistema de “seguridad social complementado por la capitalización individual”, lo que permitiría aprovechar las ventajas de ambos componentes en un auténtico sistema mixto en el que participen plenamente en su gobernanza, junto al Estado, tanto empleadores como trabajadores.

Para alcanzar estos objetivos, sobre todo en tiempos de crisis, el diálogo social es una institución y herramienta clave para el mundo del trabajo. Es la piedra angular del funcionamiento de la OIT que, a lo largo de sus 102 años de historia, ha permitido la adopción en forma tripartita de 190 convenios internacionales del trabajo y colaborado para traer más justicia social al mundo del trabajo.

Hay que continuar ampliando y modernizando los espacios de diálogo social, por ello, los distintos caminos que han seguido países como Francia, Uruguay y España en materia de pensiones, pueden entregarnos elementos claves para la actual reflexión en Chile. Estamos en un momento especial en materia política e institucional, con elecciones presidenciales muy próximas y con el proceso para una nueva Constitución en marcha, situación a la que se han sumado nuevos actores y generaciones que pueden hacer contribuciones relevantes en estos espacios de diálogo.

Desde la OIT nos ponemos a disposición para dar continuidad a los debates de una materia pública compleja, pero sumamente necesaria para el desarrollo y progreso social de todas las personas en Chile, pero particularmente para las actuales y futuras personas de edad. //ELF

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Ley de Equidad Territorial

octubre 19, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Alberto Undurraga 

Exministro del MOP y exalcalde de Maipú. 

Candidato a diputado por distrito 8

Chile hoy exige dignidad. Las y los habitantes de nuestro territorio demandan un trato justo en los diversos ámbitos de la vida del país. Tan indignante como las malas pensiones, las diferencias en salud y las injusticias en educación son las inequidades en el territorio, que impactan además directamente en aspectos tan fundamentales como la calidad de vida y la seguridad de las personas.

Nos encontramos entre los países más desiguales del planeta, en todos los planos, también en el territorial. Hay comunas y barrios que lo tienen todo, mientras que a muchos otros les falta demasiado para tener condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad, servicios, áreas verdes, salud y educación de calidad o transporte de buen nivel, entre otras necesidades.

Así por ejemplo, en las 52 comunas de Región Metropolitana sólo 7 cuentan con más de 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que es el estándar de la OMS; mientras que 28 comunas están incluso por debajo de los 5 mt2 por persona. ¿Por qué tendrían menos derecho a vivir en un entorno con parques y plazas los habitantes de Independencia, La Cisterna, San Miguel y El Boques, que son aquellos que actualmente tienen menos áreas verdes por habitante?

Según los últimos datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 5 comunas concentran el 48% de los cajeros automáticos del Gran Santiago, de modo que ahí donde viven 2,2 millones de habitantes tienen casi la misma cantidad de cajeros que donde habitan más de 4 millones y medio de personas. ¿Por qué razón a los residentes de San Ramón, Cerro Navia, La Granja, Lo Espejo y La Pintana les cuesta mucho más acceder a cajeros automáticos?

La inseguridad hoy en día afecta a todos en la ciudad, pero ¿por qué algunos habrían de sentirse más protegidos que otros por la policía? Sin embargo, si observamos la distribución de carabineros por habitantes, pareciera que unos tienen más derechos que otros a la seguridad. Cuesta entender que Estación Central, que se ubica sexta en la tasa de robos con intimidación cada 100 mil habitantes, tercera en la tasa en hurtos y segunda en la tasa de homicidios en el Gran Santiago (según la plataforma de datos comunales de Paz Ciudadana para el año 2019), esté por debajo del promedio de la capital en la cantidad de carabineros por habitante (según el Informe de Presupuesto Anual del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva del segundo semestre de 2019). ¿Por qué comunas como Maipú, Quilicura, Cerro Navia o Renca tienen menos de la mitad de carabineros por habitante que aquellas que más tienen? Si el foco es la seguridad de las personas y los barrios, como debe ser, no hay razón alguna para las enormes diferencias en número de carabineros por habitante que se enfrenta en la ciudad.

Por estas razones debemos impulsar una Ley de Equidad Territorial, que establezca estándares de servicios públicos y privados en el territorio. Debemos aumentar y mejorar la distribución de policías por habitante, asegurar servicios públicos como pavimentación, veredas y áreas verdes para todos, sin importar los recursos comunales, e impulsar una justa distribución de servicios privados como farmacias y cajeros, para que sectores menos acomodados puedan acceder de igual manera que aquellos que más tienen.

A estos aspectos más tradicionales de inequidad en la ciudad, la pandemia trajo nuevos desafíos, como la conectividad digital. Clave, tanto para el teletrabajo en el caso de las y los adultos, y aún más para el estudio de niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que Chile es uno de los líderes en conexión a internet mediante móviles, esta nueva realidad exige conexiones fijas en banda ancha en los hogares además de computadores. Las dificultades para aprender se multiplican si las y los estudiantes no cuentan con internet en sus casas y en este punto, nuevamente encontramos diferencias alarmantes. Mientras en algunas comunas como Providencia o Vitacura hay 98% de conexiones fijas, en otras comunas del gran Santiago, como La Pintana o Cerro Navia, menos de 30% de los hogares cuentan con internet (según datos de Subtel a 2019), lo que sólo agudiza las brechas en educación y acceso a teletrabajo que ya existen en el país.

Hoy, como Estado, tendríamos que asegurar el acceso a internet domiciliaria en todos los hogares, pues debería ser un servicio de utilidad pública por ley. Con ello podemos incorporar un programa de subsidio a la demanda a los sectores más vulnerables, tal como en el agua potable -que hoy cubre 99% de las conexiones domiciliarias urbanas-, de modo que se asegure la oferta y que se logre la inversión necesaria, la que se estima en 25 mil millones de dólares.

En momentos de discusión pública de cómo abordar la desigualdad en los distintos aspectos, no podemos dejar el territorio de lado. Por ello debemos impulsar transformaciones estructurales como la ley de equidad territorial. //ELF

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Perspectivas económicas para las políticas públicas

octubre 16, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro Para el Desarrollo Justo y Sostenible

En estos días se están discutiendo dos proyectos de gran impacto macroeconómico: La ley de Presupuestos del Sector Público, y un cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida.

La ley de Presupuestos del Sector Público es la que define la gestión del gobierno para el año siguiente a su promulgación, por eso dura desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Define la gestión del gobierno porque establece la estimación de ingresos que tendrá el sector público en el año siguiente, cuestión que no puede ser modificada durante la discusión del proyecto de ley, lo que significa en la práctica hacer un “acto de fe” al respecto, y fija el límite o la autorización máxima de gasto que el gobierno puede realizar en ese año.

El parlamento la discute, en la Comisión Mixta de Presupuestos integrada por 13 integrantes de cada Cámara, durante 60 días y el gobierno debe presentarla, a más tardar el 30 de septiembre, lo que este año hizo unos días antes de esa fecha. Por su parte, si el parlamento no despacha la ley en la fecha correspondiente, rige íntegramente el Proyecto de Ley enviado por el Presidente, por lo que el parlamento tendrá siempre el incentivo para despacharlo en el plazo.

Es importante destacar que la iniciativa de gasto radica exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que las y los parlamentarios solo pueden reducir gastos y fijar condiciones para su ejecución.

En el proyecto en tramitación, el Gobierno ya ha propuesto una reducción significativa respecto a la ejecución presupuestaria de este año, un 27%, que según señala, corresponde al retiro de lo que se ha gastado en ayudas con motivo de la pandemia. Desde el punto de vista del presupuesto, esto corresponde a una normalización, pero desde el punto de vista macroeconómico significa el fin del estímulo reactivador.

Políticamente esto representa una situación crítica para el próximo gobierno, que se verá limitado para acoger las demandas ciudadanas en el momento relevante de su instalación y estará obligado a presentar una modificación a la Ley para poder atenderlas, pero en un contexto en que, dado el presupuesto propuesto por el gobierno, los primeros meses del nuevo gobierno, y mientras no se modifique la Ley, serán restrictivos

Para la macroeconomía, el que simultáneamente, el Banco Central, esté subiendo la tasa de interés, lo que también representa el fin del estímulo reactivador, significa que el conjunto de las políticas fiscal y monetaria impactan la demanda agregada de manera negativa, afectando el Consumo y la Inversión.

Pero, como por otra parte se estima que el precio del cobre se mantendrá alto, lo que hará que los ingresos del Fisco y de las exportaciones se mantendrán altos, y la Inversión Extranjera Directa está creciendo, pese a que el efecto de la ley de presupuestos será recesivo, se prevé una dinámica global positiva, por lo que se estima que la economía crecerá un 2% el próximo año.

Por su parte, el cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, si se aprueba, tendrá efectos menores que los retiros anteriores, tanto en volumen de recursos retirados como en su impacto en el gasto agregado.

El volumen de retiros será menor, porque hay mucho menos personas que pueden efectuarlos, pero los que pueden hacer retiros son personas que tuvieron o tienen altos ingresos y fondos, por lo que igualmente será alto. Como son personas que, en un número importante, no necesitan los recursos, el retiro se realiza para evitar el pago de impuestos en el futuro y serán reinvertidos en el mismo sistema (efecto Sichel), por lo que su impacto en la demanda agregada, y la inflación, será menor.

Será aún menor si se aprueba que estén afectos al Impuesto Global Complementario y si se excluye los retiros desde las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias, por lo que ello sería deseable, además de que, en lo tributario, justo.

Pero los retiros acumulados, y el cuarto según se apruebe, tienen impactos importantes en el sistema de pensiones, lo que es obvio, y en el Ahorro Nacional, lo que no se explicita mucho.

Los fondos retirados del sistema previsional, y no reinvertidos, como lo fueron la mayoría en los primeros tres retiros, motivados por la urgencia alimentaria y de habitabilidad ante la ausencia de un apoyo efectivo del Gobierno (no hay que olvidar que hasta ahora el mayor esfuerzo ha provenido de los ahorros personales), significan una disminución del Ahorro Nacional, y ello redunda en un mayor interés, que afecta los créditos y las deudas, disminuyendo el consumo de las familias, y al afectar los hipotecarios de largo plazo, también el acceso a la vivienda.

Las perspectivas para las políticas públicas y la urgente solución de los problemas sociales no son halagüeñas. La herencia del gobierno será la peor desde el retorno a la democracia, comparable a la que entregó la Dictadura. Inexplicable incompetencia.//ELF

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Chile tiene derecho a la decencia: Acusación Constitucional contra Piñera está plenamente justificada

octubre 7, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Camilo Escalona

Exsenador y expresidente del PS

El impacto de la investigación periodística internacional, sobre depósitos y fraudulentas inversiones de personeros políticos y figuras públicas del mundo global en “paraísos fiscales” para evadir el pago de impuestos, incluido en esos hechos el actual gobernante de Chile Sebastián Piñera, generó un vuelco político de incalculables consecuencias.

Se trata del uso del cargo en contra del interés nacional en el ámbito económico y en abierto perjuicio de la sustentabilidad ambiental, es decir, hay notable abandono de deberes como Jefe del Estado para facilitar la posición negociadora de quienes representan sus intereses, a través de las entidades comerciales correspondientes.

En este caso, la conducta de abandono de sus obligaciones como Jefe del Estado, se originan en su participación en el proyecto de inversión minera Dominga, situado en la Región de Coquimbo, una operación financiera que traspasó activos por un valor que multiplicó por más de 10 veces el valor original de la inversión de capital, favoreciendo los intereses personales y familiares del gobernante en grado superlativo.

El gobernante negó ante el país los hechos, lo hizo con bajísimo convencimiento y en una rutina que estuvo lejos de su empalagosa retórica que lo caracteriza. Los hechos son tan evidentes y abrumadores que pareció una presentación “por cumplir”, como para que no se dijera que no fue capaz siquiera de defenderse de tan gravísimos hechos.

La Acusación Constitucional en contra de los más altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, está inscrita en el ordenamiento institucional desde antes de la Constitución del 80. De hecho, Piñera ya libró de una que no fue aprobada.

Este instrumento jurídico político e institucional requiere de un elevado quórum para que siga su curso, en la Cámara, donde se inicia el trámite requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, en el caso de alcanzarlo, el Senado pasa a convertirse en Jurado de última instancia que necesita de 2/3 de sus integrantes para darla por aprobada, de lo contrario, queda desechada y el trámite constitucional termina.

Con ello se establece que es un recurso excepcional, legítimo de presentar, pero de altísima exigencia para ser aprobado, en consecuencia, se trata de un instrumento constitucional para circunstancias extraordinarias de tal naturaleza y alcance que validan sus inmediatos efectos institucionales, esto es la destitución del personero sobre el que recae la responsabilidad de notable abandono de sus deberes.

La oposición no puede ser un espectador que contempla los hechos, que los puede criticar con vehemencia, pero que finalmente no va más allá de las palabras. Esa conducta que se inspira en la responsabilidad política no tiene porque ser un credo inalterable y rígido que haga cómplice del ilimitado abuso de poder del gobernante, incluso, a sus adversarios políticos.

Por eso, en el caso de los “Pandora papers” la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera está plenamente justificada, en los hechos mismos, en la conducta que asumió para resguardar sus negocios y transacciones, así como, en el infinito daño que provoca a Chile con su deplorable conducta.

*COLUMNA publicada en Cambio21.cl. 

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