columna

¿‘Sorpasso’ en el Nuevo Mundo?

mayo 5, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Jaime Bellolio

Académico de la Universidad Andrés Bello, exdiputado UDI y exministro vocero de Gobierno

De no mediar un resultado que favorezca la cooperación y el acuerdo, se daría el que caso descrito por nuestro célebre Nicanor Parra. Esto es, parafraseando, que la (extrema) izquierda y la (extrema) derecha unidas, jamás serán vencidas.

El domingo Chile enfrenta una nueva elección, para escoger por segunda vez en dos años representantes que escriban un nuevo proyecto de Constitución, que será plebiscitado en diciembre. Los resultados pueden sorprender.

El contexto, de usual, no tiene nada. Esta será la séptima vez que los chilenos van a las urnas en tan solo 36 meses, para elegir a ocho diferentes tipos de autoridades y votar en dos plebiscitos nacionales.

Esta fiebre de elecciones ha sido, en parte, la manera de canalizar institucionalmente los hechos gatillados a partir del 18 de octubre de 2019 – el estallido social, violento y abrumador para las instituciones y autoridades políticas. En ellas se han advertido los vaivenes de humor político. La aprobación por un 78% para escribir una nueva Constitución con 7,5 millones de votantes –y un escuálido 22% para los representantes de derecha– parecía anunciar un ciclo que entregaba una mayoría social y política a las ideas de la nueva coalición de izquierdas.

Pero aquello fue frenado en seco con el apabullante triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre pasado, cuando un demoledor 62% desrieló el proyecto refundacional impulsado por las izquierdas. Hubo una participación previamente inimaginable de 13 millones de personas.

Este mazazo a la propuesta constitucional izquierdista se explica, en parte, por la radicalidad identitaria que primó en su proceso, a la exclusión y cancelación de las derechas por parte de una izquierda hipermoralizante, la lejanía de las propuestas con los problemas cotidianos de las personas y el desprecio que se mostró –en forma y fondo– con la tradición chilena.

Por cierto, aún quedan quienes no reconocen la derrota y culpan a todo salvo a sí mismos, tratando a los votantes de ignorantes, de atrasados frente a lo progresista de los cambios, dando un espectáculo de élite patético como pocos.

Dado que la cuestión constitucional estaba lejos de haberse terminado, la centroderecha cumplió su compromiso: “Con esta no, pero con una buena Constitución, sí”. Y firmó un acuerdo con las izquierdas y el Gobierno para un segundo proceso constituyente. A diferencia del proceso anterior, el Partido Comunista sí se sumó y votó a favor en el Congreso, empujado por el propio presidente Gabriel Boric y el Gabinete del que forman parte. En tanto, el derechista Partido Republicano volvió a votar en contra de cambiar la Constitución actual.

Así, llegaremos a este 7 de mayo a una elección con desinterés generalizado en el tema propiamente constitucional –donde ni el Gobierno ha sido especialmente proactivo en llamar a votar–, pero que, dado que será una elección con voto obligatorio, seguramente representará la segunda más alta participación electoral de nuestra historia.

Hay muchas razones que explican este desinterés: el cansancio ciudadano derivado de la larga y pésima experiencia del proceso anterior, la seguidilla de elecciones, la lejanía con que se percibe hoy el tema constitucional versus la crisis de seguridad y los malos datos económicos.

Sin embargo, existe una causa que, si bien no es especial únicamente a Chile, tiene componentes idiosincráticos que la han agudizado. Me refiero al efecto que tiene en las personas y la sociedad en su conjunto la permanente incertidumbre en que nos encontramos, que podríamos denominar como repliegue y presentismo.

Ya lo decíamos: el estallido social, la pandemia, un proceso constitucional fracasado, inestabilidad de las reglas institucionales, múltiples elecciones, la percepción de que la inseguridad pública y la inmigración irregular que están fuera de control, realidades económicas complejas (como el aumento del costo de vida, la baja en salarios reales, aumento del desempleo), cambios tecnológicos que generan incertidumbre y un largo etcétera, hacen que nuestra sociedad esté, de forma tácita, en punto de ebullición.

El repliegue implica que las personas se vuelcan a sí mismos, a espacios que le son más seguros y controlables, como el propio hogar, su familia y su pasado, incluyendo sus tradiciones o costumbres, así como la pertenencia a una idea de país. Mientras, el presentismo es el vivir en el aquí y ahora, como en un ciclo interminable que se repite una y otra vez y donde el futuro percibido se expresa en unos pocos meses, donde sólo cabe lo urgente que invade todas las esferas de la vida cotidiana.

En este escenario de sobrevivencia –sumado a la frustración de expectativas y descrédito de la política para entregar una solución esperanzadora– hay un mínimo espacio para las preocupaciones de largo plazo, a la vez que se hacen populares las medidas efectistas de la inmediatez. Es un escenario que alimenta un potencial populismo.

Las encuestas muestran que la oposición –y más bien las fuerzas del rechazo del plebiscito anterior– están cerca de obtener los tres quintos del consejo constitucional que será elegido este domingo. Es decir, conseguiría el quórum necesario para escribir normas en el borrador constitucional. El Gobierno, en tanto, ratificaría su minoría social y política con cerca de un 40% de los escaños.

Una de las posibles sorpresas es que, dentro de la oposición, sea el Partido Republicano el que obtenga casi la misma cantidad de consejeros que la centroderecha. Incluso, algunos se entusiasman con la idea de un sorpasso en la derecha, que reconfiguraría la discusión política inmediata.

Al mismo tiempo, ya hay varios intelectuales y grupos políticos de una izquierda radical que, advirtiendo el viento en contra, han comenzado a desembarcarse del proceso, a poner en cuestión su legitimidad, por tener demasiados contornos predefinidos como para ser la base de un proceso refundacional (refundación que, está de sobra recordar, no es lo que quieren los chilenos).

Finalmente, mirando hacia la otra punta, algunos temen que se repitan los mismos excesos de la izquierda del proceso pasado, pero ahora con signo contrario, llevando inevitablemente a que haya una alta posibilidad de un nuevo rechazo en el plebiscito de salida de diciembre.

*Fuente: El País de España https://elpais.com/chile/2023-05-05/sorpasso-en-el-nuevo-mundo.html

Anular el voto en elecciones es debilitar aún más la democracia y favorecer a la derecha

mayo 3, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Abogado y exsenador

El 28 de abril de 1973, falleció Jacques Maritain, uno de los filósofos que más influyó en mi formación política. Ese año, medio siglo atrás, los chilenos vimos desplomarse una democracia con deficiencias, pero que fue reemplazada por 17 años de horror.

Al releer textos de Maritain, recordar la etapa previa al Golpe Cívico militar, me siento obligado a dar una opinión personal, ya que, aun cuando no renunciaré nunca a la DC, me he alejado de la vida política partidista, de las redes sociales, pero estoy muy preocupado por el presente y futuro de nuestro país y no entregaré el poder mínimo de mi voto para incrementar el caos. Iré a votar y lo haré por una persona DC que votó Apruebo, no como yo, que voté Rechazo, pero que es una persona honesta, preparada y con capacidad para dialogar.

Entiendo la angustia de amigos o desconocidos que no ven salidas, pero anular el voto es una respuesta equivocada, a lo menos precipitada. Yo no sé qué propuesta se nos hará, pero, espero que sea una que recoja las experiencias y los valores que non permitan una mejor convivencia y tenga mecanismos apropiados para resolver las legítimas diferencias que se dan en una democracia.

Por eso, estudiaré la propuesta y analizaré mi conducta en el Plebiscito correspondiente, pero anticipar un voto nulo ahora es perderse la oportunidad de ejercer plenamente este derecho que toda teoría democrática defiende: Voto secreto, universal e informado. Es cierto que la publicidad que hemos visto es claramente inadecuada, pero el documento final deberá ser difundido de mejor manera.

Si se construye una Constitución que represente a los sectores más retrógrados, tengo la oportunidad de rechazarla. Pero si hoy anulo el voto fortalezco a la DERECHA. me hago cómplice de esos sectores, ya que ellos tienen mucha capacidad para acarrear votantes y están usando el miedo que han creado las minorías violentistas y los delincuentes para obtener apoyo. La historia de Chile lo demuestra, la Derecha no trae Paz ni Justicia.

Jacques Maritain en “C1ristianismo y Democracia”, escrito en 1942, sostenía “La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado aún realizar la democracia.” Como causa de este fracaso marcaba que “los enemigos del ideal democrático no se han desarmado nunca” y que “los antagonismos irreductibles, inherentes a una economía fundada en la fecundidad del dinero; el egoísmo de las clases acomodadas y la separación del proletariado erigido por el marxismo en principio místico de la Revolución, han impedido que las afirmaciones democráticas pasen a la vida social; y la impotencia de las sociedades modernas ante la miseria y ante la deshumanización del trabajo, su imposibilidad de sobrepasar la explotación del hombre por el hombre, fueron para ellas una amarga derrota.”

“La guerra ha despertado trágicamente a los hombres. Si las democracias ganan la paz después de haber ganado la guerra, será a condición de que la inspiración cristiana y la inspiración democrática se reconozcan y reconcilien”.

http://www.profesorgentile.com/n/la-democracia-en-jacques-maritain.html

Europa vivió una atapa de profundas transformaciones en las que los partidos de inspiración cristiana tuvieron el liderazgo en la construcción de sociedades más justas y democráticas, hasta que el Cambio de Época que se vive desde algunas décadas, no encuentra liderazgos que lo puedan entregar. En Chile, el papel activo de la DC chilena logró dar algunas respuestas positivas previas al Golpe y, especialmente en el proceso de lucha contra el Dictador, en la construcción de acuerdos políticos amplios, tanto en la creación de coaliciones de gobierno cómo en relaciones con las oposiciones de izquierda y derecha.

Lamentablemente, las contradicciones internas, tanto de nivel doctrinario como de luchas de facciones y personalismos excesivos la han debilitado de una manera muy seria. Por cierto, este es un proceso que ha afectado a la mayoría de las fuerzas políticas chilenas, reforzado por la impresionante pérdida de influencia de las iglesias, otras entidades culturales, del Poder Judicial, las instituciones uniformadas y los medios de comunicación.

Esta situación de ausencia de respuestas justas a las injusticias existentes ha provocado un distanciamiento muy profundo entre la ciudadanía y las entidades políticas. Las crisis que se viven en países de nuestro continente, han provocado una situación migratoria de grandes proporciones, sin que se puedan establecer las indispensables coordinaciones de políticas que enfrenten los temas de fondo y encuentren soluciones transitorias apropiadas para los temas más urgentes.

Hoy los chilenos estamos expuestos a una situación de falta de seguridad, en lo laboral, económico y una delincuencia más violenta. Adicionalmente, la pandemia sanitaria y el delirio convencionalista nos produjeron un tremendo impacto con secuelas muy dañinas. Me ha impactado un trabajo realizado por tres académicos en que se constata que más del 40% de los encuestados que votaron por el Apruebo o el Rechazo, consideran a los discrepantes malas personas. Eso es muy grave porque no hay comunidad que resista un encono tan fuerte.

Estuvimos por proyectos muy distintos en ese plebiscito, pero es posible superar esa distancia, como ya lo hicimos antes. En 1973 algunos promovían la Dictadura del Proletariado, otros un Golpe de Estado y algunos pedimos nuevas elecciones. Pero luego, una gran mayoría aprendimos y fuimos capaces de darle justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cómo se comprueba con los fallos de los tribunales que mandan a la cárcel a muchos de los asesinos y torturadores, después de casi 50 años. La justicia tardó, pero llegó. Un Chile más justo que en la dictadura no comenzó con este gobierno, como se comprueba cada día, partió con Patricio Aylwin.

Yo insisto en que votaré por una persona que estuvo por el Apruebo, pero es una de las buenas opciones existentes. Los errores le cuestan caro a los pueblos. Si desde ya se habla de un próximo gobierno de la derecha más dura, no es un dogma. Es un desafío que todas las fuerzas por el cambio democrático deben responder adecuadamente para ello. Todavía hay tiempo.

No represento a nadie, ni aspiro a hacerlo. Sólo me encantaría coincidir con muchos para, sin odio ni violencia, usar nuestro instrumento del voto para hacer realidad la Esperanza de una Patria más justa y buena para todos, eligiendo buenos convencionales ahora y mejores representantes en el futuro. //ELF

Consideraciones para la Constitución de un Chile sostenible

abril 27, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma Irarrázaval

Podemos mencionar dos aspectos, entre muchos, que el texto constitucional debe resolver. Uno, las limitaciones a la propiedad y cómo, en una futura Constitución, hacemos más viables y consistentes sus limitaciones en base a su función social. Hoy día el Estado puede poner límites, pero es necesario hacerlo mucho más concreto y operativo. Dos, la inapropiabilidad de los bienes comunes, que lleva a preguntarse cuáles son esos bienes comunes. Hoy día, en Chile, el agua es un bien nacional de uso público, pero es apropiable desde el punto de vista de los derechos. No es lo mismo que yo le entregue a una comunidad la facilidad para que desarrolle una sociedad sobre la base de ciertos bienes comunes, a que el derecho solo sirva para ser transado.

De manera general, las constituciones no son solo un marco jurídico que rige al Estado sino que, sobre todo, deben reflejar ese acuerdo social por el cual, en este caso la sociedad chilena, quiere construirse hacia el futuro.

En ese sentido, hay que tomar en cuenta algo que nos dice Naciones Unidas sobre esta triple crisis que estamos viviendo a nivel global: la crisis climática, la crisis de pérdida de diversidad y la crisis de contaminación. Tres crisis que han sido, sin duda, ocasionadas por la acción humana, así como no cabe duda de que somos nosotros los que podríamos revertirlas o al menos detenerlas, tal como refleja, por ejemplo, el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

¿Cómo reaccionamos a eso desde nuestra Constitución? La actual Carta Magna solo estaría actuando, o potencialmente tiene la facultad de actuar, a través del artículo 19 Nº 8, que dice: “La Constitución asegura a todas las personas el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Desde ahí se ha construido el actual marco normativo y legal para poder generar una Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y para poder introducir ciertos elementos de carácter precautorio y preventivo respecto de las intervenciones humanas. Pero el diagnóstico también es bastante coincidente en que esto no es suficiente, porque los desafíos que nos plantea la triple crisis son mucho mayores. En esta columna solo abordaremos algunos que deben tener cabida en la Constitución.

En primer lugar, es necesario reconocer la crisis climática. Eso es bien importante en un país tan vulnerable a los efectos del cambio climático, porque situar en la Constitución este reconocimiento va a permitir que el marco normativo que se despliegue después (por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático existente), pueda hacerse cargo de lo que somos responsables, de lo que podemos aportar y cómo podemos mitigar y adaptarnos a ese proceso, tanto en lo físico como en el financiamiento para ello, también desde el punto de vista cultural.

En segundo lugar, reconocer que hay un derecho humano al medio ambiente y también un deber de protección, transitando desde el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación hacia el derecho a un medio ambiente sano, que es mucho más integral que solo habitar sin contaminación. Este derecho, a diferencia de lo que dice la actual Constitución, podría no ser solo deber del Estado. Hay otras constituciones en el mundo (España, por ejemplo) que también ponen como parte de los deberes del individuo e, interesantemente, de las comunidades, el que este derecho se cumpla y que el medio ambiente esté sano.

En tercer lugar, es importante potenciar el tema de la función social tanto de los ecosistemas como de la propiedad, y también la función ecológica de la propiedad. En este orden podemos mencionar dos aspectos, entre muchos, que el texto constitucional debe resolver. Uno, las limitaciones a la propiedad y cómo, en una futura Constitución, hacemos más viables y consistentes sus limitaciones en base a su función social. Hoy día el Estado puede poner límites, pero es necesario hacerlo mucho más concreto y operativo. Dos, la inapropiabilidad de los bienes comunes, que lleva a preguntarse cuáles son esos bienes comunes. Hoy día, en Chile, el agua es un bien nacional de uso público, pero es apropiable desde el punto de vista de los derechos. No es lo mismo que yo le entregue a una comunidad la facilidad para que desarrolle una sociedad sobre la base de ciertos bienes comunes, a que el derecho solo sirva para ser transado.

Un cuarto punto importante para alcanzar el desarrollo sostenible, es que la sociedad –que es este tercer factor dentro del desarrollo sostenible– también pueda formar parte de él. Y para eso es muy importante potenciar el derecho a la participación: a una participación oportuna, informada (comunidades educadas ambientalmente) y, ojalá, vinculante desde el punto de vista de que la opinión de esas comunidades se tome en cuenta en la legislación. Una participación temprana e informada reduce la cantidad de conflictos socioambientales y permite que los Estados y los gobiernos reaccionen de mejor forma ante el contexto cambiante pero, por sobre todo, permite que las comunidades sean parte de las soluciones y puedan tener un desarrollo mucho más sostenible, porque incorpora a la sociedad no solo en las ganancias sino que también en la producción de ese desarrollo.

Por último, es vital el reconocimiento de la diversidad del país. No podemos generar y tener solo legislación que trata este territorio uniforme y homogéneamente. La Constitución del 80 es una hecha para un país que pareciera paisajísticamente homogéneo, donde todos los territorios son iguales y donde todas las comunidades son iguales a pesar de que en la realidad no es así. No podemos tratar, por ejemplo, el tema del agua en la Región de Aysén del mismo modo que en la Región de Atacama. La Constitución debe reconocer la diversidad que existe tanto en los ecosistemas como en la manera en que estos han sido modeladores de las comunidades que los habitan y que, por lo tanto, son comunidades también muy diversas, cada una con sus particularidades culturales.

En consecuencia, es central que la nueva Constitución, junto con reconocer la crisis climática y establecer un desafío de desarrollo sostenible como meta, reconozca la diversidad de territorio y que, por lo tanto, la legislación que se derive de ella también sea capaz de establecer las distinciones correspondientes. //ELF

La tortuosa vía chilena al cambio constitucional

abril 25, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Alfredo Joignant

Sociólogo y cientista político

Falta aún mucho para que esta original fábrica constitucional concluya. Sin embargo, dada la lógica de encapsulamiento que la caracteriza, existe el riesgo de que los chilenos la rechacen precisamente porque el texto que saldrá se puede parecer más a un producto de lujo que a un bien industrial.

El disenso constitucional en Chile se arrastra desde hace mucho tiempo: con claridad desde 1980 (año en el que la actual Constitución fue redactada y, un año más tarde, plebiscitada de modo fraudulento) y, a decir verdad, desde el golpe de Estado de 1973, momento en el cual la Constitución fue defenestrada por la fuerza (aunque, irónicamente, tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet justificaron su actuación en nombre de la Constitución de 1925, para entonces vigente).

Sea cual sea la fecha de origen del disenso, la Constitución de 1980 ha sido siempre un problema: jamás ha gozado de adhesión ni menos de legitimidad (salvo si se entiende por legitimidad ese apego conductual a las normas constitucionales por inercia y facticidad). Pero de patriotismo constitucional a la Habermas o de orgullo, nada.

En su segundo mandato, entre 2014 y 2018, la presidenta Michelle Bachelet ensayó un proceso de cambio constitucional mediante consultas ciudadanas: más de 200.000 personas se involucraron en cabildos y encuentros auto convocados, un bello ejercicio deliberativo gatillado desde arriba que no tuvo consecuencias (salvo la propuesta de borrador de nueva Constitución que la presidenta Bachelet ingresó, como un gesto de compromiso personal, al Congreso finalizando su mandato).

Pocos años más tarde, al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011-2012, las reivindicaciones del movimiento escalaron hasta llegar a un reclamo por una nueva Constitución, pero dicho reclamo no tuvo eco político en la derecha que gobernaba en aquel entonces. Las cosas cambiaron drásticamente con ocasión del estallido social de octubre de 2019, un fenómeno de masiva protesta social que llevó al mundo político a concordar en un itinerario de cambio constitucional, entendido como vía de salida de la crisis. En dicho acuerdo, concurrieron todos los partidos, salvo el Partido Comunista y Convergencia Social (el partido del hoy presidente Gabriel Boric, quien fue sancionado por adherir a título personal a dicho acuerdo).

Ese itinerario se iniciaba con un plebiscito de entrada en octubre de 2020, el que arrojó un categórico 78,28% de aprobación al cambio de Constitución (consignemos que la mitad del electorado no concurrió a votar) y un similar apoyo a una convención constitucional. Tras ese plebiscito, en mayo de 2021 tuvo lugar la elección de convencionales, cuya función sería redactar un nuevo texto: votó tan solo el 43% de los electores, eligiendo a un gran contingente de convencionales independientes provenientes de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Dada la elevada abstención de esta elección, varios intelectuales y académicos alertaron sobre los riesgos de sobre-interpretación de los resultados, en un contexto de crítica feroz de los convencionales independientes al imperio derrotado de los partidos (de allí la importancia del eslogan el pueblo unido avanza sin partidos).

Al cabo de un año de trabajo y de un sinnúmero de performances que se movían entre lo identitario y formas excéntricas de charivari, el pueblo de Chile rechazó de modo categórico la propuesta de Constitución (61,89%-38,11%), con una masiva participación (85,7%) derivada de la implementación del voto obligatorio. El resultado fue indiscutible, aplastante.

Tras la derrota del texto de nueva Constitución, el Congreso tomó el control de lo que era cada vez más un problema y aprobó un alambicado proceso de fabricación constitucional, el que consta de tres órganos. El primero es una comisión experta, conformada por 24 miembros de confianza de los partidos con representación parlamentaria (22 juristas, un sociólogo y una periodista), cuya misión es generar una propuesta de nueva Constitución a ser discutida por 50 consejeros constitucionales (quienes serán elegidos al sufragio universal el próximo 7 de mayo). Se suma a estos dos órganos un comité técnico de admisibilidad, cuyos integrantes (14) tiene como función resguardar el respeto de 12 bases constitucionales que fueron concordadas por los partidos con representación parlamentaria.

Como es fácil advertir, se trata de un proceso absolutamente encapsulado, con escasas posibilidades de desbordar los acuerdos previos, aun cuando los 50 consejeros constitucionales elegidos por sufragio universal pueden reivindicar el poder constituyente originario, en la medida en que solo ellos provienen de la voluntad del pueblo para redactar una nueva Constitución. Este último punto pone en potencial tensión el poder constituyente originario con los acuerdos que fueron alcanzados por quienes encarnan el poder constituyente derivado (el Congreso). Desde un punto de vista tanto lógico como doctrinario, el poder constituyente originario no debiese experimentar restricciones a su desempeño. De allí la importancia de conocer a quienes serán los consejeros constitucionales electos el próximo 7 de mayo y cuánta afinidad ellos sostendrán con la propuesta de texto constitucional emanada de los expertos.

En todos los casos, lo que caracteriza el proceso de cambio constitucional chileno es su vía tortuosa. Esta vía describe un problema de fondo: ¿cómo llegar a una norma común en la que quepan todos? ¿Cómo dejar atrás la Constitución pinochetista de 1980 (la que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos en la última ronda de reformas de 2005, cuyo error fue probablemente no haber llevado aquel texto reformado a un plebiscito ratificatorio)? Probablemente, la nueva Constitución será corta, minimalista: es esa posibilidad que sobresale de la primera fase de la comisión experta, cuyos integrantes decidieron generar textos preliminares a través de la regla de la unanimidad en las cuatro comisiones que organizan su desempeño. Esta es una regla original e inteligente, pero que prefigura un texto excesivamente minimalista, en la medida en que en la segunda fase de indicaciones (las que serán aprobadas mediante tres quintos de sus miembros) la unanimidad de origen puede ser alterada por mayorías sustanciales.

Falta aun mucho para que esta original fábrica constitucional concluya. Sin embargo, dada la lógica de encapsulamiento que la caracteriza, existe el riesgo de que los chilenos la rechacen precisamente porque el texto que saldrá de esa fábrica se parezca más a un producto de lujo que a un bien industrial. Puede ser. Pero también puede ser que el texto propuesto concite apoyo en el plebiscito de salida, en la medida en que la inmensa mayoría de los partidos y todo su elenco de senadores y diputados lo respalden. De ser así, se verificaría la ironía de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. //ELF

Fuente de donde fue públicada esta columna: El País de España.

Salud como derecho: ¿Posible o milagro?

abril 24, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

ExMinistro de Salud

Estamos en los inicios de un nuevo proceso constituyente, que dadas sus características requiere de altos consensos para lograr incorporar normas, lo que pone incluso en duda que pudiere concordarse alguna norma en el ámbito de la salud.

La salud es una construcción y un bien de carácter social, que evoluciona junto al devenir político, social y económico de los pueblos, por lo que pretender que una Constitución fije en piedra más allá de algunos principios generales, es un voluntarismo ilusorio, más bien propio de grupos que desean imponer su particular visión de sociedad, antes que posibilitar la construcción democrática de la vida en común. Todas las naciones aspiran a que sus ciudadanos alcancen la mayor calidad de vida posible. La salud es fundamental para alcanzar dicho objetivo, pues ello no solo es esencial para las personas como individuos, sino también para el desarrollo sostenible de las naciones.

La situación de salud de los habitantes de un país está estrechamente vinculada con las condiciones en que viven las personas. Por tanto, en ello influye más el acceso a alimentación y ambiente saludable, a deporte y recreación, a empleos de calidad, a mayor nivel educacional, entre otros muchos factores –conocidos como determinantes sociales de la salud– que la sola existencia de servicios médicos. Esto explica por qué los indicadores de salud no guardan una estricta correlación solo con el nivel de gasto o las condiciones de acceso a los sistemas sanitarios. Si el modelo de desarrollo es fuertemente inequitativo, poco podrá hacer un sistema sanitario para amortiguar los efectos de ello, en especial porque los sistemas de salud suelen, más temprano que tarde, replicar la estratificación o segmentación de la sociedad de la que forman parte.

Dicho eso, el “derecho a la salud” no debe ser reducido al campo de las enfermedades, ni de los meros servicios de atención médicos, sino que también debe ser comprendido en el multidimensional espacio de las condiciones sociales y ambientales, que guardan relación con las capacidades requeridas para que todas las personas puedan gozar el máximo nivel de bienestar.

Nadie puede exigir ni garantizar que se permanecerá sano, tan solo las circunstancias para que se pueda desarrollar y sostener el potencial de las personas. Por tanto, el derecho a la salud implica que el Estado garantice condiciones para el logro del mayor nivel de salud en lo físico, lo psíquico, lo social y ambiental posibles. Ello, exige una gradualidad en que los Estados no pueden darse por satisfechos con el reconocimiento de un mínimo del derecho, porque el cumplimiento de los derechos sociales debe ser progresivo. Así, los principios de progresividad y de no regresividad obligan a condiciones cada vez más rigurosas de exigibilidad, que obligan también a justificar se está haciendo todo lo materialmente posible (respecto de los recursos) para satisfacer el derecho.

En el actual debate sobre cambios constitucionales en Chile, de suyo complejo luego del rechazo a la anterior propuesta de nueva Constitución, habrá que ver si el derecho a la salud logra superar el restrictivo debate actual de mera libertad de elegir un seguro privado (libertad evidentemente restringida a quien tiene capacidad de pago) y pasa a ser comprendido en el espacio amplio de un Estado de derechos, que guarde relación con los aspectos que determinan la posibilidad real de que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar del máximo nivel de bienestar.

Siendo optimista, no veo posible un acuerdo más allá de una escueta frase que señale que “el Estado garantiza las condiciones para proteger la salud como derecho fundamental de la persona, a través de acciones universales de promoción, prevención, fomento, recuperación y rehabilitación, correspondiéndole la rectoría de dichas acciones, asegurando su accesibilidad, oportunidad, calidad y protección financiera, según lo determine la ley”. Pretender más, en el actual escenario político, es quizás condenarnos a una Constitución donde la palabra salud ni siquiera esté mencionada. Algunos dirán que quizás sea mejor, ya que transparenta nuestra falta de capacidad de acuerdos, obligando a que futuras generaciones logren democráticamente lo que la actual fue incapaz. Ojalá me equivoque y los constituyentes nos den la alegría de un milagro. //ELF

Las implicancias de las 40 horas

abril 21, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Bárbara Caro

Abogada laboralista

La recientemente aprobada ley que rebaja la jornada laboral a cuarenta horas semanales supone un avance en la lucha por mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de Chile. Desde aquel punto de vista, la disminución de cinco horas semanales en la jornada laboral produce un salto cualitativo en la búsqueda de mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

La experiencia comparada, nos indica que la existencia de una jornada laboral más acotada, entrega a las y los trabajadores, un periodo de tiempo de disfrute que repercute directamente en la calidad de vida y el bienestar físico y psicológico de los ciudadanos, así como en los niveles de productividad de las jornadas, motivo por el cual, el aprobado proyecto, supone un triunfo en la agenda del actual Gobierno.

Cabe destacar, que las consecuenciales modificaciones al Código del Trabajo que deberán introducirse como resultado de la promulgación de la citada ley, coloca a nuestro país como pionero en nuestra región, si de reducción de la jornada laboral se trata. En la actualidad, vecinos como Perú, Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y Colombia, entre otros, detentan una jornada laboral semanal de cuarenta y ocho horas, mientras que Brasil cuarenta y cuatro horas. Hoy, solo Ecuador y Chile, han ajustado su jornada semanal a cuarenta horas.

No obstante el reconocimiento del avance que significa la reducción de la jornada de trabajo, la nueva ley no se encuentra exenta de críticas, y desde nuestra posición, podemos destacar algunos inconvenientes relacionados con los denominados “mecanismos de corresponsabilidad” o “bandas horarias” que permiten el ingreso y salida de padres y madres que ejerzan un empleo, en diversos horarios, a fin de encargarse del cuidado de hijos menores de doce años. El principal problema que identificamos sobre esta norma, viene de la mano de la concepción clásica de familia, como el comprendido entre un padre y una madre, abandonando la existencia, en nuestra sociedad actual, de un sinnúmero de otras concepciones de familias, que hoy hacen impracticable la concepción clásica recién señalada. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo es que aquellas familias compuestas de manera diversa de la descrita en la ley, deberán hacer frente a inconvenientes básicos como el antes descrito?.

En el mismo sentido, el actual proyecto aprobado transversalmente por el Congreso, ha encontrado críticas en ciertos sectores empresariales, pero también en agrupaciones Sindicales, las que han señalado que la nueva ley no supone una regulación paritaria para el total de la fuerza trabajadora, pues se mantienen las jornadas de trabajo excepcionales que superan las cuarenta horas, la posibilidad de fraccionar la jornada en ciclos que impidan la realización de horas extraordinarias, las que afectan principalmente al sector del comercio y los servicios, así como la no inclusión de aquellos trabajadores de jornada parcial de treinta horas, quienes mantendrán su jornada, y que a consecuencia de la baja en la jornada ordinaria, experimentarán un empobrecimiento en el valor de su hora de trabajo.https://3686fdf7f954a40da9a6a31aebb96d88.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Finalmente, cabe hacer presente, que una vez promulgada la ley por el Presidente de la República, la aplicación de la misma será gradual, comenzando el primer año con una reducción a cuarenta y cuatro horas, para finalizar en el año 2028, con la reducción completa a una jornada semanal de cuarenta horas. //ELF