Andrés Palma

Andrés Palma (DC) y proyecto de inyección de recursos a grandes empresas con fondos AFP: «Lo que pretendía el Gobierno era ampliar el número de empresas que podían ser financiadas. Eso, fue rechazado en el Senado»

julio 30, 2020 by Gabriel Angulo González Deja un comentario

Cuando Chile se alegraba por el retiro del 10% de los fondos previsionales, el Senado aprobó un proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera que permite que las AFP traspasen recursos al «rescate» de los grandes grupos económicos, o al menos, ampliar la cobertura a más empresas grandes. Algo que se rechazó luego en la misma Cámara Alta esta semana.

El proyecto se fue a segundo trámite a la Cámara Baja, el que se revisó ayer, pero no se vio en profundidad, porque en la Comisión de Hacienda se verá hoy el Fondo Covid-19 y no está iniciativa. En todo caso, tuvo modificaciones en su primer trámite legislativo, en Comisión de Hacienda del Senado el pasado martes, y no entregaría ni ampliaría fondos al 20% destinado a grandes empresas que lo requieran y que deban acreditar clasificación de riesgo. Solo queda en 15%.

«No se eliminan las categorías de riesgo para que las empresas soliciten estos montos y puedan hacer inversiones. El proyecto original decía que podían acceder a estos fondos de manera más flexible y barata, cosa que se rechazó en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Es decir, si emiten un bono las AFP cobran un interés más bajo que los bancos», parte diciendo Andrés Palma, economista de Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, En La Fontana.

Sobre lo anterior, añade: «Lo que pretendía el Gobierno era ampliar el número de empresas que podían ser financiadas con fondos de las AFP. Eso, fue rechazado por la Comisión de Hacienda y la sala del Senado. Sí quedó establecido en el resto del proyecto, que hay un número restringido de grandes empresas que pueden recurrir a estos fondos. Son las mismas empresas de antes, que son las empresas «Top» del país», que tienen calificación de riesgo bajo».

-¿En qué consistía este proyecto?

«En el fondo, ampliaba el rango en que los actores de las AFP podían invertir en empresas. Pero, ahora, van a financiar a las mismas de siempre. No se agregar nuevas firmas. Esta ampliación de rango es inútil y se rechazó (…) Hoy, las AFP pueden comprar acciones de empresas que sean de poco riesgo, como Endesa o Enel, y cuando las acciones pagan dividendos y suben de precio los fondos de pensiones ganan porque a estas empresas les va bien.

-¿Por qué no se entrega fondos directos de las AFP a las Pymes y solo se les otorga créditos?

-Porque las Pymes, en general, son más riesgosas. Tal vez, las menos riesgosas son las que tienen contrato con el Estado. La grandes empresas tienen gran capital o clientes fijos. Por ejemplo, a las empresas eléctricas siempre los clientes le pagan, es un ingreso constante para ellas, por tanto, son menos riesgosas y tienen alta rentabilidad. En cambio, una Pyme tú no sabes si se va a desarrollar o no.

-¿Y cómo se soluciona eso?

-Algo que no se ha hecho en el país, y esto es pecado de todos, es generar fondos de inversión para las Pymes desde las AFP. Fondos de refinanciamiento para que puedan acceder a esos recursos y recuperarse y desarrollarse.

-¿No es un rescate financiero entonces este proyecto?

-No, para nada, porque la misión de las AFP es otra. Tienen que invertir en empresas que sean seguras y rentables para que las pensiones suban. Entonces, ir a rescatar a las empresas con fondos de las AFP es algo muy riesgoso (…) Incluso, si existiera un fondo solidario, en el futuro con la reforma previsional, se tendría que invertir en fondos rentables y seguros. //ELF

¿Quién consiguió la mejora en el Ingreso Familiar de Emergencia?

junio 24, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista y camarada DC

Hace diez días, en la Comisión de Hacienda del Senado, el gobierno y los senadores integrantes de dicha comisión, más diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, alcanzaron lo que se ha denominado como “marco de acción” para enfrentar la pandemia, la reactivación y el contexto fiscal del próximo tiempo.

Los intereses en juego eran contradictorios, mientras los parlamentarios de oposición buscaban generar las condiciones para que las cuarentenas fueran efectivas, elemento central para superar la pandemia y proteger las vidas de las personas, el gobierno estaba interesado en que se acordara un marco fiscal que limitara los gastos.

Así, mientras el gobierno, cuya exclusiva iniciativa es fundamental para poder legislar en estos temas, proponía un incremento de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que lo llevaba de $65 mil a $ 75 mil, y un marco de gasto total para abordar la pandemia y la reactivación que no llegaba a US$ 8 mil millones, los parlamentarios y partidos de oposición planteaban que el IFE equivaliera a la línea de pobreza, lo que significaba unos $112 mil por persona para una familia de 4 personas, y un marco de gasto de entre US$12 mil y US$15 mil millones.

El resultado final ha sido que el IFE pasó de $65 mil a $100 mil por persona, y que el marco de gasto comprometido quedó en US$12 mil millones.

Es fácil entender que el gobierno tuvo que aceptar los argumentos de los opositores y comprometerse a un mayor gasto en beneficio de las personas. Fue un triunfo de los opositores, pero no una derrota del gobierno, aunque si de sus tozudeces. Pero ni Piñera, ni sus ministros, y tampoco sus medios de comunicación, serán capaces de reconocerlo.

La evidencia es clara. El 19 de marzo, el Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible planteaba que “hay que asegurar un ingreso a quienes deban permanecer en sus casas”, y el 20 y 29 de ese mes precisaba la necesidad de “una Renta Básica temporal para 3,6 millones de trabajadores sin contratos de trabajo” y el 24, para evitar la expansión de la pandemia, reclamaba “un Estado que provea un Ingreso Básico Universal a los chilenos”.

El gobierno a estos llamados respondía con un bono de $50 mil por una sola vez para los beneficiarios del SUF.

El 4 de abril, y luego el 9 y el 16, el Foro proponía una Renta Básica Temporal para todas las familias en el RSH que no cuenten con un ingreso formal, “siendo ideal acercarse a la línea de pobreza”, y el 22 de ese mes precisaba que se necesita una renta de “$126 mil por persona”, siguiendo el incremento de la línea de la pobreza por adulto equivalente, para llegas a 1.750.000 hogares.

El gobierno avanzó con la propuesta del IFE, por un monto de $65 mil el primer mes y luego valores menores los dos siguientes.

El 26 de abril, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados proponen un ingreso para cada familia que lo necesite por un monto equivalente a la línea de la pobreza para los cuatro meses siguientes, y el 8 de junio la Cámara adopta un acuerdo para solicitar ese mismo ingreso.

Ninguna de las propuestas del Foro o de la Cámara se situaba o sitúa fuera del marco presupuestario acordado, y tampoco del que inicialmente proponía el gobierno si se ejecutaba este año.

Se llegó a un punto en que la urgencia obligó a consensuar un monto $12 mil menor que el necesario para una familia de 4 personas, pero $45 mil pesos superior a lo que el gobierno disponía para este mes.

Ganaron las nuevas familias que recibirán el IFE y las que recibirán un IFE mayor, y ganó la política sanitaria.

El gobierno lo ha presentado como su obra, en realidad es obra de la oposición.//ELF

*Columna aparecida en Cooperativa.cl, que republicamos En La Fontana con autorización del autor.

Se viene julio

junio 22, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Economista y camarada DC

Las medidas adoptadas por los bancos, los retiros de los fondos individuales de cesantía y las postergaciones de pagos de impuestos, permisos y licencias tuvieron un sentido correcto en esos momentos, es decir, impulsaban la economía familiar y privada cuando ello era necesario, pero eran limitadas a un tiempo que se suponía sería breve, lo que no era realista y quedó demostrado por los hechos. En su diseño, la pandemia estaría bajo control en el mes de julio y, por ello, se podrían pagar contribuciones, impuestos a la renta, se retomaría la normalidad del empleo y las municipalidades recuperarían los recursos. Nada de esto va a ocurrir, ya que la crisis sanitaria está fuera de control y la situación de las familias y de muchísimas empresas es peor ahora que en marzo.

En el mes de marzo, cuando se desató la pandemia, se tomaron numerosas medidas económicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las familias. Todo ello, en el contexto de un anuncio de políticas sanitarias que tendrían efecto en un plazo de tres meses, debido a que sabíamos cómo hacerlo y, según palabras del propio Presidente Sebastián Piñera, nos estábamos preparando desde enero.

Diversos salubristas, incluidos varios convocados por el Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible, dudaban de el escenario descrito por las autoridades del Gobierno, principalmente debido a la postergación de las políticas de cuarentena total que habían sido necesarias en otros países, la opción por las cuarentenas parciales y el contagio de rebaño propuesto por el entonces ministro Jaime Mañalich, y también por el hecho de que, a diferencia del hemisferio norte, estábamos entrando al otoño, por lo que con el frío y el invierno tendríamos simultáneamente las crisis estacionales por la influenza y el virus sincicial. Aún así, las medidas económicas adoptadas se entendieron como un aporte en el sentido correcto, aunque se consideró que eran insuficientes.

Es urgente, por lo tanto, que el Gobierno adopte un nuevo paquete de medidas fiscales que amplíe los plazos, reponga los recursos a los municipios y a los fondos de cesantía que han debido usar los trabajadores, muchos que hoy están siendo despedidos, y establezca un subsidio a las pequeñas empresas para que no se siga perdiendo capacidad productiva, entre otras medidas. Para ello, dispone de un fondo por doce mil millones de dólares, que no tiene sentido guardar para tiempos mejores, que, si se guardan, serán peores.

El principal esfuerzo provino del Banco Central, que extendió la política monetaria con un bajo interés y la apertura de nuevas líneas de financiamiento por miles de millones de dólares y, luego, por el Gobierno, que impulsó una serie de proyectos de ley que incluían: un bono de cincuenta mil pesos para los mismos beneficiarios del bono marzo (el Bono COVID) y que las empresas pudieran suspender los contratos de sus trabajadores y estos cobraran el seguro de cesantía, ampliar la operación del Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa tanto en montos como su extensión a un grupo de grandes empresas.

Además, se estableció la supresión del impuesto de timbres y estampillas para las operaciones que se realizaran entre marzo y septiembre –más de cuatrocientos millones de dólares, principalmente en favor de los contribuyentes de más altos ingresos– y postergaciones de pago de permisos de circulación, contribuciones de bienes raíces e impuesto a la renta para las pymes, todas estas medidas por los pagos a realizarse en abril, mayo y junio.

Otro esfuerzo significativo provino de la banca comercial, que postergó los pagos de dividendos y cuotas que se vencían en esos mismos tres meses, con diferentes criterios de imputación. Unos, pasando las cuotas para el vencimiento de la última en el calendario original y, otros, prorrateando en los pagos que se deben realizar a partir de julio.

Posteriormente el Gobierno, atendiendo a los errores en su diseño original, impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a pagarse en los meses de mayo, junio y julio, una política nuevamente insuficiente que ya tuvo que ser modificada ampliando sus montos, plazos y cobertura. Esta ampliación de plazos, que en principio es hasta agosto, pero la ley permite su prolongación si siguen las condiciones sanitarias que ha generado la pandemia, muestra que lo diseñado en marzo no fue realista. Lamentablemente es un reconocimiento tardío de que las políticas sanitarias del Gobierno estaban erradas.

Desde el punto de vista económico, las medidas adoptadas por los bancos, los retiros de los fondos individuales de cesantía y las postergaciones de pagos de impuestos, permisos y licencias tuvieron un sentido correcto en esos momentos, es decir, impulsaban la economía familiar y privada cuando ello era necesario, pero eran limitadas a un tiempo que se suponía sería breve, lo que no era realista y quedó demostrado por los hechos. En su diseño, la pandemia estaría bajo control en el mes de julio y, por ello, se podrían pagar contribuciones, impuestos a la renta, se retomaría la normalidad del empleo y las municipalidades recuperarían los recursos. Nada de esto va a ocurrir, ya que la crisis sanitaria está fuera de control y la situación de las familias y de muchísimas empresas es peor ahora que en marzo.

Y se viene el mes de julio, plazo en que no se va a poder pagar las contribuciones y las licencias, tampoco los dividendos y cuotas, ni se cubrirá el déficit municipal que ya superará los quinientos millones de dólares, impidiendo que algunos municipios, tal vez muchos, puedan entregar su servicio a la comunidad, más necesario hoy que en otros momentos e, incluso, pagar las remuneraciones a sus funcionarios.

Y la banca y el sector financiero, con el apoyo del Banco Central, deben también volver a hacer su parte. Chile les agradecerá y ellas mismas se verán beneficiadas.//ELF

*Columna que apareció en ElMostrador.cl y la republicamos acá EnLaFontana.cl con autorización del autor.

Andrés Palma (DC), y acuerdo en plan de emergencia: «Habrá más recursos para la política sanitaria, la atención primaria, las municipalidades y las ONG»

junio 15, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Respecto al acuerdo alcanzado ayer domingo entre parlamentarios y Gobierno, el exministro y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Andrés Palma (DC), cree que se debe intentar objetivar sus resultados.

En primer lugar, parte diciendo que «es claro que habrá mas ingresos para más familias por más tiempo. Habrá más recursos para la política sanitaria, la atención primaria, las municipalidades y las ONG».

En el marco de entendimiento se señala que “se hace imprescindible profundizar un enfoque preventivo y anticipatorio” de la política sanitaria, a lo cual para Palma, implícitamente, se acepta un cambio de política.

«Hay un compromiso de mayor gasto este año y de no reducir el gasto el próximo. Es cierto que no son las magnitudes que deseábamos, pero son avances en la dirección correcta y no se habrían producido sin la presión y las propuestas que presentamos. El plan original del Gobierno tenía menos de cada uno de estos componentes», comenta Palma.

En relación con apoyo a las Pymes, y las inversiones para la reactivación y el empleo, principalmente, «no hay especificaciones», dice Palma.

«También el Fondo por US$ 12 mil millones, cuya ejecución debiera ser más acelerada que lo que es la intención del Gobierno (…) Hay una tercera área en la que el Gobierno tiene y tenía ya las herramientas, sin acuerdos, y que es la que implica riesgos mayores: los cambios administrativos y de procedimientos. En este espacio están el apoyo a grandes empresas, la reducción de plazos para estudios de inversión y ambientales, y otros. La fiscalización será clave para no cambiar el sentido del acuerdo», añadió.

Por último, Palma aseveró respecto del acuerdo: «Creo que es necesario hacer un balance más preciso que este, especialmente, contrastando las propuestas del Gobierno, las del Foro, el Colegio Médico y los grupos de economistas, y el resultado alcanzado. Unos verán el vaso medio lleno y otros medio vacío, pero el contraste entre las propuestas permitirá objetivar las distancias». //ELF

Andrés Palma, economista y exministro DC En La Fontana: «El Gobierno quiere gastar lo menos posible, porque le preocupan más las clasificadoras de riesgo que la salud del país»

junio 12, 2020 by Gabriel Angulo González Deja un comentario

Las medidas económicas en ayuda a las familias chilenas y a empresas, por parte del Estado, para enfrenar el Covid-19 han sido catalogadas de «insuficientes» por gran parte de la oposición e, incluso, de algunos economistas del ala liberal.

Para analizar la crisis sanitaria de la pandemia en Chile y la gestión del Ejecutivo en concretar el llamado, ahora, «Plan de Emergencia», conversamos En La Fontana con el economista del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible y ex ministro, Andrés Palma (DC).

Partió hablando del sentido de urgencia que provoca la pandemia. «Como plantearon seis partidos políticos el pasado lunes, y el Foro Por el Desarrollo Justo y Sostenible, es urgente y ya no hay tiempo que esperar para resolver la situación económica de la gente que está en cuarentena. Tenemos en el país a millones de personas, que no pueden salir a trabajar. Además, hay pérdidas adicionales de empleo producto de esta crisis sanitaria. Aunque quisieran salir a trabajar no tendrían dónde. Y esa gente por razones sanitarias debe guardar cuarentena, distancia social y debe aislarse si está contagiada, etc.».

Acto seguido, añadió sobre lo anterior: «El Gobierno debe entregar los recursos para que millones de chilenos puedan cumplir las medidas sanitarias. Al respecto, es un avance lo que ha planteado el Ejecutivo en sostener y mejorar los recursos que se están entregando a las familias».

-US$ 12 mil millones aceptó gastar el Gobierno para este plan, ¿Es suficiente?

-Es un avance, pero condicionar eso a otros elementos que no tienen nada que ver con la urgencia de la pandemia o que pueden ser estudiados con mayor detención, parece una especie de chantaje. La propuesta que hace el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es un ultimátum que no corresponde. Lo que aplica es que se resuelva ya esta semana, o ya la próxima, la asignación de recursos a las familias y que el resto de los temas se estudien cada uno en su mérito.

-¿Qué ha propuesto su sector político?

-Son muchas las voces que hemos señalado, que las ayudas económicas deben ir por sobre la línea de la pobreza ($17o.000 por persona), para que ningún chileno esté bajo de rango, en este momento. Eso significa un esfuerzo de gasto mensual para el Estado del orden de US$ 1.000 millones, mientras dure la pandemia. El Gobierno ya propuso US$800 millones para tres meses, pero lo más probable que la emergencia se expanda hasta octubre. Por tanto, tiene que haber un mayor esfuerzo fiscal, y eso es lo que estamos pidiendo muchos economistas y actores sociales, pero no se nos escucha. El Gobierno quiere gastar lo menos posible, porque le preocupan más las clasificadoras de riesgo que la salud del país.

-¿Estas ayudas deben ser por 3, 6 o más meses?

-Todas estas ayudas tienen que ser mientras dure la pandemia. Es el Gobierno el que tiene la sartén por el mango en este sentido, pero las modificaciones reiteradas de las cifras y de dar anuncios errados que llevan a comportamientos errados de las personas, como querer abrir el año escolar en el mes de mayo, abrir el malls o entregar ya las señales de cómo abrir locales de comida, cuando la crisis está en pleno desarrollo donde no hay control aún, sino que la pandemia está completamente descontrolada. Al Gobierno muestra una actitud en la que pareciera no importarle la vida y salud de los chilenos, sino que los indicadores de riesgo que ponen las clasificadoras internacionales.

-Estas ayudas deberían llegar al 90% de la población, que es la clase media…

-Cuando hablamos de la necesidad de que las personas deben guardar cuarentena, no solo estamos hablando de las familias más pobres del país, sino que de muchos sectores medios que tienen que pagar un dividendo hipotecario, que no han podido pagar cuentas ni de servicios básicos, o han quedado sin empleo. El Gobierno ha dado gestos con el proyecto que beneficia a quienes tienen boleta de honorarios, para sectores medios también. En ese sentido, la propuesta del Foro, la CUT y partidos de oposición apuntan a la necesidad de ir a todas las familias (…) No se puede hacer un proceso de focalización, como si la emergencia solo afectara a los más pobres. Por cierto, afecta a los más pobres, pero en general al conjunto de la población del país.

Estrategia errada

Respecto de la estrategia que implementó el Ejecutivo para enfrentar el coronavirus en Chile, liderada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el economista cree que fue errónea y que hoy el país está pagando las consecuencias.

«El Gobierno ha errado en sus políticas, desde el punto de vista sanitario; y eso debe ser corregido, pero no vemos voluntad para que ello ocurra. Por el contrario, la señales que entrega son contradictorias con un proceso de control de la pandemia», aseveró Palma.

-¿Se priorizó tarde el factor APS?

-Mañalich ha decidido trabajar, tardíamente, con la atención primaria para el seguimiento de casos y la respectiva trazabilidad de atención a los enfermos de Covid-19. Esto se planteó en diferentes instancias, como el Colegio Médico, el comité de expertos y marzo, y en junio recién el Minsal acogió esto, dado que fracasó su estrategia, reconociendo que se equivocaron, pero tardíamente. Ahora bien, si los municipios hacen esta tarea deben tener más recursos. Nosotros creemos que necesitan, al menos, unos US$ 300 millones para contratar 20 mil personas destinadas al adecuado seguimiento a la pandemia, desde la atención primaria.

-¿Dado que, a su juicio, la estrategia del Minsal erró, el ministro de la cartera debe renunciar?

-Mañalich es parte del problema y no de la solución. Uno, en estos días, no puede andar acusando constitucionalmente al ministro, porque se diría que la atención se desviaría a temas menores, en lugar de combatir la pandemia, y que se estaría haciendo política pequeña en la oposición. Sin embargo, el Gobierno sí está haciendo política con el coronavirus y tiene al mando de la política sanitaria a alguien muy incompetente, y esto ha redundado en que las cosas van peor.

Salvataje de empresas

-¿Es factible ir al rescate de grandes empresas como Latam, que ya se declaró en quiebra e EE.UU.?

-La reactivación económica va tener que ser con ayuda para todas las empresas. Seguramente, van haber empresas grandes y chicas, así como van a venir, que no van a requerir ayuda. Los supermercados y farmacias no van a requerir ayuda, por ejemplo, porque están funcionando bien y han aumentado sus ventas, así como tampoco la banca ni los pequeños almaceneros de barrio. Lo importante es que estos procesos sean transparentes y equitativos.

-¿A las Pymes se le deben inyectar recursos directos?

-Creemos que debería haber un programa de subsidio para las Pymes. No es suficiente con los créditos Fogape, porque el préstamo se va a tener que pagar y hay empresas que no solo necesitan liquidez, ahora en este momento, sino que también recursos directos para poder sobrevivir estos meses.

-Finalmente, ¿Tiene una mirada optimista o pesimista de lo que se viene en Chile en los próximos meses?

-No soy optimista, porque la economía es como la salud: si uno no toma las decisiones a tiempo después el costo aumenta mucho más; y las decisiones de Chile, de aquí en adelante, para salir de la pandemia y reactivar la economía, van a tener un costo mayor para el Estado del que tendría si se hubieran adoptado las medidas con antelación. Hasta el día de hoy, el Gobierno no toma decisiones que indiquen una verdadera corrección en su estrategia ni en fortalecer las medidas de ayuda para paliar la crisis; y esa tozudez del Gobierno no me hace ser optimista por los próximos dos años. //ELF

Base cero o nota cero

junio 9, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro DC

El Gobierno sabe que se debe gastar más. Lo que no quiere es comprometer un incremento tributario para financiar ese mayor gasto, una vez superada la pandemia y retomado el crecimiento de la economía, pero eso será inevitable. Lo grave es que ello paralice las iniciativas que son imprescindibles para salir de la triple crisis en que nos encontramos. Así vistas las cosas, el “Presupuesto Base Cero Ajustado” no contribuye a que el país salga adelante y dificulta el acuerdo para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

El Gobierno ha convocado a un grupo limitado de economistas y dirigentes políticos con la intención, loable, de buscar un acuerdo para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y reactivar la economía. La palabra clave es reactivación y esta viene de la mano de un mayor gasto de todos los actores en la economía.

Obviamente no se puede gastar si no se tiene, cuestión que es clara para las familias, los consumidores y los inversionistas. Todos ellos pueden gastar solo lo que disponen de sus ingresos, de sus ahorros y de su capacidad de endeudarse. Para todos ellos, la capacidad de endeudarse depende a su vez de sus ingresos, ahorros y patrimonio, pero principalmente de sus ingresos. Y cuando la economía está en recesión, los ingresos caen y, con esa caída, bajan tanto el gasto como la capacidad de endeudarse.

En ese contexto, surgen las preguntas sobre qué magnitud y cuánto durará la caída, para proyectar cuándo y cuánto se podrá gastar en el futuro o cuánto se podrá solicitar prestado. Y las respuestas dependerán del origen de la crisis y de las acciones que se implementen para superarla.

En este contexto de necesidad de aumentar el gasto, el ministro de Hacienda ha anunciado, primero, una reasignación de recursos del presupuesto de este año, que incluye una reducción de la inversión pública de más de US$ 1.200 millones, y un marco presupuestario para el 2020 que ha denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, que establece que las reparticiones públicas solo podrán solicitar recursos “con un tope máximo de 90% del presupuesto aprobado en la Ley 2020”.

Es decir, se reduce el gasto en inversión este año, lo que reduce la creación de empleos directos e indirectos y tiene un efecto de contracción en la economía y anuncia una nueva contracción del gasto para el próximo año, cuando la recesión y sus efectos aún no van a haber sido superados. Se dice que se quiere reactivar y debemos creer que eso efectivamente es así, pero el principal instrumento para hacerlo se utiliza en el sentido contrario.

En lo que hoy vivimos, el origen es la pandemia, aunque tenemos otros dos problemas que la complican –la crisis social y la crisis internacional– y la magnitud como la duración de la crisis económica, van a depender de cuánto se prolongue y cuán graves sean las consecuencias sociales de la pandemia. Hasta ahora vamos mal en este aspecto. Todo indica que se han adoptado medidas insuficientes, tardías y con ineficacia, tanto en los aspectos propiamente sanitarios como en los económicos, vinculados al éxito de las medidas sanitarias.

Es casi unánime entre los especialistas que no forman parte del Gobierno, incluso aquellos que formaron parte del mismo y ya no están, que para que tengan éxito las medidas sanitarias se requiere para las familias en cuarentena un apoyo de mayor magnitud, por un mayor plazo y de un monto estable. Para lograrlo, el Gobierno debe aumentar el gasto público.

La diferencia entre el gasto público y el de las empresas, consumidores y familias, es que no depende exclusivamente de los ingresos y ahorros, y que la capacidad de endeudarse está relacionada con la confianza en las instituciones del Estado y la credibilidad de los gobiernos. En el caso de Chile, con una trayectoria de largos años de credibilidad institucional y bajo endeudamiento, las posibilidades de incrementar el gasto público son reales y necesarias, justamente para compensar las disminuciones en el gasto de las familias, consumidores y empresas –lo que se llama políticas contracíclicas o que no siguen el ciclo de crecimiento o caída– para que puedan acatar las medidas sanitarias que la superación de la pandemia exige.

El argumento para justificar esta contradicción se busca en la necesidad de equilibrio en las finanzas públicas, cuestión que nadie discute, pero que debe ser entendida correctamente. Ante una crisis de esta magnitud, hay que realizar un gasto compensatorio y reactivador que no será permanente, pero hay que realizarlo y pronto. Y el país tiene capacidad para hacerlo, utilizando sus ahorros o endeudándose. No hacerlo tendrá un costo sanitario, social y económico mucho mayor y, a la larga, deteriorará aún más la convergencia hacia los equilibrios en las finanzas públicas.