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Leonardo Soto (PS) busca inhabilitar a Longueira del plebiscito por causa de cohecho

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El diputado Leonardo Soto (PS) afirmó que “Pablo Longueira está inhabilitado para la vida política por tener suspendido su derecho a sufragio al ser acusado por el Ministerio Público por delitos que merecen pena aflictiva, en consecuencia, él no puede ser candidato a un cargo de elección popular, no puede ser militante de un partido político y ni siquiera puede votar en el plebiscito del 25 de octubre”.

El parlamentario pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizar todas las acciones correspondientes para hacer efectiva esta inhabilidad, en el marco de la causa por cohecho contra Longueira.

Soto aseguró que el ex ministro “está gozando a sabiendas de un error de parte de nuestro sistema. El tribunal que revisa este juicio de corrupción debiera haber informado al Servel que este sujeto está acusado por estos delitos que merecen pena aflictiva. Si el tribunal lo hubiera hecho evidentemente estaría en el padrón de los inhabilitados”.

Asimismo aseguró que “Longueira carga con una mochila pesada llena de basura que se fue llenando a través de muchos años donde participó de esta manera de financiar la política, a través de maletines negros y por eso hoy día está en la justicia”.

El legislador señaló, ad portas del juicio oral fijado para el 5 de octubre, que “Longueira está siendo acusado por el Ministerio Público, el CDE y querellantes particulares por haber cometido graves delitos, entre ellos, delitos reiterados de cohecho, un delito gravísimo particularmente cuando se trata de su comisión por personas que representaban a la gente”.

“Ese delito tiene asociado una pena que es pena aflictiva, él está acusado y así formalizado por un delito que merece la pena de 5 años y un día de inhabilitación para cargos públicos, esa pena de crimen se asimila a pena aflictiva y -por lo tanto- de acuerdo a la Constitución se produce un efecto que está establecido en el artículo 16 número 2 de la Constitución que es suspender el derecho a sufragio del ciudadano afectado por esa acusación”, detalló Soto.

“Vamos a pedir al CDE -que representa los intereses de todos los chilenos y que trabaja para el cumplimiento irrestricto de la ley y que también es querellante en el juicio- que le pida al tribunal que envíe el informe respectivo al Servicio Electoral para que margine de la actividad política a alguien indigno de mantenerse en ella, como es Pablo Longueira”, anunció el diputado PS.

Asimismo, pidió “poner una muralla que excluya completamente a aquellos que destruyeron gran parte de la confianza de la gente en las instituciones políticas y que hoy quieren volver y ensuciar el proceso constituyente, no se lo podemos permitir”.

El legislador sostuvo que “en una democracia una persona que comete graves delitos, que defrauda la fe pública, que incurre en actos de corrupción política, que traiciona el juramento que hace como senador ante todos los chilenos, recibiendo dinero de empresas y promulgando o consiguiendo leyes a la carta para ellas, evidentemente no puede estar integrado a la democracia, debe ser excluido”.

Todo lo anterior, agrega el oficio enviado por Soto, se refuerza con el dictamen N°8013/2016 de Contraloría General de la República, que indica que “basta la sola formulación de la acusación por un delito que merezca pena aflictiva para que se genere la suspensión del derecho a sufragio y, consecuencialmente, por el solo ministerio de la ley, la incapacidad temporal para el desempeño de los cargos de alcalde y concejal”.

La Constitución como biografía

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Por Luis Cordero

Director de Espacio Público

«No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias», dice el columnista.

Montesquieu escribió en 1748 ‘El espíritu de las leyes’, una obra que marcaría la manera en que comprendemos el sistema constitucional. Concluye que no existe una Constitución ideal, pues esos textos expresan la historia de un pueblo. Aunque mucho tiempo ha pasado desde entonces, esa explicación todavía tiene sentido, en la medida que las constituciones reflejan las biografías de los países.

Por eso, comparar textos prescindiendo de esos factores es engañarse. Este ejercicio, que de tanto en tanto exponen escépticos de nuestro proceso constituyente, tiene por finalidad contraponer la amenaza de un texto ‘extenso’ en derechos frente a otros ‘clásicos’ supuestamente breves. Para ellos valgan algunos recuerdos.

No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias. Por ejemplo, los textos del siglo XIX en América solo se pueden entender en el contexto de las luchas por la independencia, y las de principios del siglo XX como consecuencia de la crisis social provocada por la industrialización. Tampoco es posible comprender las constituciones de la segunda parte del siglo pasado sin el trauma de la Segunda Guerra. Sería imposible entender la Constitución española de 1978 sin la transición a la democracia luego de la muerte de su dictador. Por eso, solo se puede percibir el constitucionalismo latinoamericano desde 1990 a partir de la progresiva consolidación democrática en nuestros países; la de Sudáfrica de 1996 por el fin del apartheid, la de Finlandia de 2000 tras su incorporación a la Unión Europea, o el proceso constituyente de Islandia como efecto de la crisis financiera de 2008.

Quienes gustan de hacer comparaciones antojadizas tampoco deberían olvidar que la democracia constitucional no ha sido precisamente algo normal. Como ha explicado Loughlin, al final de la Segunda Guerra Mundial solo existían doce democracias constitucionales estables en el mundo. En 1987 eran 66, de 193 miembros de Naciones Unidas. En 2003 ese número fue de 121. A su vez, la mayor cantidad de casos de nuevas constituciones se encuentra después de 1990: nada menos que 103.

De este modo, hablar de constituciones mínimas o máximas, comparando derechos con textos de mediados del siglo veinte o anteriores, es en algún sentido tramposo. Las constituciones operan como biografías nacionales, tienen un sentido original que las explica y siempre desean proyectar un legado.

Pese a ello, todo proceso constituyente debe tener cuidado de no imponer rígidamente hacia el futuro las convicciones del presente. Y, para eso, la Constitución debe garantizar, ante todo, que la democracia funcione como el medio que facilite un diálogo entre generaciones.

*Publicada en La Segunda, el 24/08/2020

Diputados PPD califican de “impresentable e inhumano” reajuste al salario mínimo

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La bancada de diputados y diputadas del PPD llamó al Gobierno a evitar que los costos de la crisis económica, producto de la pandemia del Covid-19, la paguen una vez más los trabajadores de Chile. Esto debido a que de manera inédita, el Ministerio de Hacienda propuso un reajuste cero al salario mínimo.

“Es francamente impresentable que después de ocho reuniones con la CUT, el Gobierno haya sido incapaz de ceder un ápice para mejorar el salario mínimo, sobre todo cuando la pandemia ha evidenciado no sólo la desigualdad y precarización laboral, sino que también ha agudizado los problemas económicos y sociales de nuestro país”, afirmó el diputado Raúl Soto.

El parlamentario indicó que “cuando los trabajadores y trabajadoras están pasando hambre, miseria, desempleo, pérdida de ingresos, el gobierno y el ministro Briones le está ofreciendo un reajuste igual a cero, incluyendo con suerte la inflación que equivale a mil quinientos pesos. Eso es francamente inhumano y como Bancada decimos que vamos a rechazar y presionaremos para que se mejore esta propuesta, de manera tal de beneficiar efectivamente a los trabajadores del país”, aseguró el diputado Soto.

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, sostuvo que “resulta bien incompresible que en la situación que vive el país, el Gobierno no haya hecho todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Si bien se valora la medida que impide los despidos a las empresas que reciben subsidio estatal, también hay que enfocarse en fijar un reajuste digno”.

“Cuando hay buenos reajustes, los trabajadores reciben más dinero y eso mueve la economía nacional. El mejor ejemplo que tenemos es lo que ocurrió con el retiro del 10%, que significó una pequeña reactivación en la economía y el comercio. Si las pymes están con problemas, tendrán que subsidiarlas el Estado, pero hay empresas grandes que tienen las espaldas para hacer un buen reajuste”, agregó el legislador.

En tanto, la diputada Carolina Marzán señaló que “el Gobierno ha llegado tarde a todo en materia de ayudas y beneficios para enfrentar la pandemia. La noticia de que el reajuste del sueldo mínimo propuesto por el Gobierno es cero, es un triste síntoma que confirma que, una vez más, la crisis la pagan los trabajadores, aquellos que tienen ingresos más bajos y más problemas enfrentan con la crisis”.

“Lo que uno espera es que se hagan los esfuerzos fiscales para cubrir aquellas necesidades mínimas de las personas. Este mensaje es inequívoco y un golpe para los trabajadores y trabajadoras más vulnerables del sistema en materia de ingresos y precarización laboral”, concluyó la parlamentaria.

Bancada PPD se abre a acusar constitucionalmente a ministro del Interior si no aplica Ley de Seguridad del Estado a camioneros

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La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD se sumó a ultimátum de 24 horas al Gobierno, y especialmente al Ministro del Interior, Víctor Pérez, para que deje atrás la actitud permisiva que ha tenido frente al actuar irresponsable del gremio de los camioneros, en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.

«La ley no se puede aplicar de manera discrecional según la afinidad política o amiguismo que ciertos grupos de la sociedad tengan con este Gobierno. Si el Ministro persiste con esa permisividad, con esa negligencia, efectivamente no descartamos a partir de mañana ninguna acción fiscalizadora. Estamos hablando de una eventual comisión investigadora, una Sesión Especial, e incluso ver la viabilidad jurídica y política de una acusación constitucional», afirmó el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto

El parlamentario agregó que «esperamos que el ministro Pérez se ponga los pantalones y se restablezca el Estado de derecho en este país, porque los camioneros no sólo están poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicamentos, también hemos visto fiestas donde se vulneran todas las medidas sanitarias. Esperamos que se les aplique el máximo rigor de la ley y eso significa Ley de Seguridad Interior del Estado».

Asimismo, el diputado del PPD y representante de la Araucanía, Ricardo Celis, señaló que «los camioneros tienen todo el derecho a movilizarse y manifestarse particularmente en mi región y la del Bio Bío. Ellos viven una situación crítica, compleja, y no reconocerlo sería tapar el sol con un dedo. Para lo que no tienen derecho y no están autorizados es provocar desabastecimiento y ahí el Ministro del Interior tiene un rol central».

«Si hay interrupción de la ruta, barricadas, impedimentos para que las personas circulen libremente, debe aplicarse la legislación establecida, y por cierto, la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si el ministro Víctor Pérez no lo hace, como oposición le hemos advertido que tenemos la disposición de avanzar en una acusación constitucional», aseguró el diputado Celis.

Por su parte, la subjefa de la Bancada del PPD, Loreto Carvajal, indicó que “resulta sorprendente que la paralización de un gremio, que no representa a la mayoría, como son los camioneros, se sientan con el derecho de bloquear las carreteras generando un perjuicio al abastecimiento nacional”.

“En mi rol de diputada y fiscalizadora solicitaré a la Sala que se convoque a una sesión especial para que se dé cuenta de parte del Ministerio del Interior cuál ha sido la estrategia que hay detrás, y que ha permitido que en Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, con toque de queda debido a la pandemia, llevemos 6 días de paralización y no haya ninguna acción concreta que impida que esto ocurra”, puntualizó.

Oposición crea “bancada por el 10% 2.0” para impulsar nuevo retiro de ahorros previsionales

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Los legisladores advierten al Gobierno que si no entrega más ayudas económicas continuarán con la tramitación de la iniciativa.

En apoyo a la idea de la diputada Pamela Jiles respecto a legislar para que los afiliados al sistema previsional puedan hacer un nuevo retiro de fondos, un grupo de diputados de la oposición presentarán este martes la “bancada por el 10% 2.0”.

Según plantearon los legisladores, con esta articulación buscan que se legisle con las mismas condiciones que el retiro anterior de julio, con el objetivo de apoyar económicamente a las familias chilenas de cara a la pandemia del COVID-19.

La iniciativa es apoyada hasta ahora por los diputados Gabriel Silber (DC), Loreto Carvajal (PPD), Jaime Mulet (FRVS) y Luis Rocafull (PS).

Al respecto, Gabriel Silber aseguró en entrevista con la Radio Biobío que la iniciativa estaría siendo apoyada de forma transversal en la oposición y que, a diferencia del retiro anterior, busca poner los fondos previsionales a disposición de los afiliados ante necesidades futuras.

Pese a que en la actualidad la iniciativa no sería mirada con buenos ojos desde Chile Vamos, para Gabriel Silber sería sólo cosa de tiempo ya que “como todas estas iniciativas cuesta efectivamente partir”.

“Pero frente a la falta de audacia del Gobierno respecto a medidas más profundas que reactiven la economía, obviamente los hechos provocarán la aprobación de este nuevo 10%”, proyectó Silber.

El legislador incluso dijo que los parlamentarios del oficialismo, viendo la realidad de sus distritos, podrían empatizar “con la urgente medida de iniciar leyes que rescaten a las familias de la situación en que se encuentren y van a terminar transversalmente respaldando esta iniciativa”.

De todas formas, para Silber el nuevo retiro del 10%, a diferencia del primero, estaría condicionado a la respuesta que entregue el Ejecutivo en materia económica.

Es decir, “si el Gobierno no instala un plan de rescate urgente centrado principalmente en la recuperación económica, pero por sobre todo en la recuperación del empleo, obviamente vamos a impulsar este segundo retiro del 10%”.

“Para nosotros nunca va a ser una buena noticia el que los chilenos tengan que disponer de sus ahorros destinados a la vejez para salvar una situación urgente en el presente, pero frente a la poca visión que tiene el Gobierno respecto a la profundidad y gravedad de la crisis, este proyecto va a terminar instalándose”, concluyó Silber.

Camionero muere atropellado por otro camión que cruzaba bloqueo en ruta 5 Sur

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Según informa BíoBioChile.cl, un hombre que participaba en las manifestaciones que realizan camioneros murió la mañana de este martes, tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 192 de la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó.

La información fue dada a conocer este martes por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicando que el fallecido participaba de las movilizaciones que camioneros realizan desde la semana pasada.

“El hecho habría sido un atropello como consecuencia de su participación en las manifestaciones y un lamentable accidente, por parte de un camión que transportaba medicamentos a Cenabast, esto según información preliminar”, sostuvo Galli.

Hasta el lugar acudió el fiscal Miguel Gajardo junto a personal de la Siat de Carabineros, para realizar pericias en el lugar.

Fuentes de Carabineros indicaron que un camión de Fedex que transportaba medicamentos atropelló a un mecánico que apoyaba la movilización de los camioneros, muriendo de forma inmediata en el lugar.

Por el hecho, el conductor del camión de Fedex fue detenido por Carabineros, tratándose de un hombre de 38 años.

Desde el jueves pasado, camioneros han bloqueado diferentes rutas en el país por la movilización para solicitar más seguridad en La Araucanía, por lo que en la región del Maule se han registrado varios puntos con tránsito lento.

Uno de los puntos bloqueados ha sido el kilómetro 192 de la ruta 5 Sur, a la entrada de Curicó, donde se registró el fatal atropello, siendo la primera muerte registrada desde el inicio de la movilización de camioneros.