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Diputada Girardi (PPD) presentó proyecto que busca incluir la telemedicina a los contratos de prestaciones en las Isapres

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La diputada apunta a entregar mayor seguridad a los pacientes y que estos puedan ser atendidos de manera remota, con una cobertura pertinente y con un reembolso como cualquier otra prestación médica. En el cuatrimestre marzo- junio las atenciones por esta modalidad superaron las 48 mil.

La parlamentaria presentó un proyecto de ley que busca incorporar a los contratos de las Isapres las prestaciones de telemedicina, y a su vez, estas sean codificadas por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), para que los pacientes puedan atenderse en la seguridad de sus hogares o en los lugares más remotos de nuestro país, obtener la cobertura pertinente y que sus gastos sean reembolsados como cualquier otra atención médica.

“Presentamos este proyecto de ley para que se modifique el DFL N°1 MINSAL que regula las Isapres, para que estas incorporen dentro de los contratos las prestaciones de telemedicina que hoy son cada vez más utilizadas”, expresó Cristina Girardi, impulsora de la iniciativa.

Dada la contingencia por el Covid-19, la telemedicina ha tenido un crecimiento exponencial por parte de pacientes y usuarios. Ante esto, no es aceptable que los contratos de salud de Isapres, clínicas, no otorguen estas prestaciones, por lo que se deben adecuar estas y permitir que los pacientes tengan acceso a un reembolso y tener una consulta como si fuera una prestación más.

“Hoy día estamos viendo que personas se atienden por telemedicina y muchas Isapres están negando el reembolso a estas prestaciones, cuando es algo que el propio Ministerio de Salud ha impulsado como parte de la política pública, de incorporar la atención por telemedicina, más en época de pandemia. Es el colmo que las Isapres se nieguen a reembolsar estas prestaciones”, sostuvo Girardi.

Según datos proporcionados por las Isapres, solo en marzo de 2020 se informaron 133 atenciones mediante la vía de la telemedicina, registro que aumentó a 48.636 consultas en el cuatrimestre marzo-junio.

“Es importante modificar este decreto para que se obligue a las Isapres a variar su contrato, aunque esto no debería requerir una modificación legal, sino dos elementos básicos: Que la Superintendencia pudiera emitir una circular que establezca la obligación de las Isapres de incorporar esto dentro de sus prestaciones y que Fonasa codifique las atenciones por telemedicina. Ambas son de orden administrativo, esperando que se soluciones de ese modo. En caso contrario, que sea con este proyecto de ley”, apuntó la parlamentaria.

Finalmente, la diputada Cristina Girardi subrayó que la telemedicina viene a aportar dentro de esta crisis sanitaria, pues, la idea es que la mayor cantidad de gente posible pueda quedarse en casa, por lo que es “primordial que se regularice lo más pronto posible para todas las prestaciones que se requieran”.

Por una nueva Constitución: Nace el «Bloque por el Derecho a la Comunicación»

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Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las comunicaciones constituyeron una articulación para promover que el Derecho a la Comunicación se consagre en la nueva carta fundamental.

En el marco del proceso de cambio constituyente, diversas organizaciones, medios de comunicación y redes, confluyeron para crear el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, garantía que sostienen debe estar consagrada en la nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.

«Esto comprende el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales», señala en un comunicado la organización integrada por el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19, Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm.

«Para nuestra articulación, el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad», consignan en el escrito.

Además, establecen que «en Chile persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático».

Por último, informan que el país posee «una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y COPESA se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control».

Es por estas razones que desde la articulación demandan una ley de medios que regule la concentración de propiedad en los medios; garantizar el derecho a internet como un Derecho Humano; una televisión pública, educativa y cultural; medios de comunicación no sexistas y con pertinencia cultural para pueblos originarios; y la independencia y pluralidad de los organismos que regulan el sector, entre otras.

*Lee el comunicado completo aquí:

[pdf-embedder url=»https://diarioenlafontana.cl/wp-content/uploads/2020/09/474499762-Nace-Bloque-Por-El-Derecho-a-La-Comunicacion-en-Una-Nueva-Constitucion-final.pdf»]

Bancada Regionalista valoró avance de proyecto pago de pensiones alimenticia

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Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, valoraron el avance de los proyectos refundidos, dos de los cuales son de su autoría, aprobados hoy en la Cámara de Diputados, por 143 votos a favor, que buscan aumentar sanciones al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, destacó que “por fin comienza a ver la luz” el proyecto de su autoría, presentado en 2015, y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, “que será público y que puede ser utilizado por ejemplo, por un empleador para conocer las condiciones de esa persona en cuanto deudor”.

“Una de las complicaciones más grandes que tiene una familia, y en especial las mujeres es que no se pagan las pensiones de alimentos. Solo una de cada 5 personas que está condenada al pago, efectivamente lo realizan. A partir del retiro del 10% nos dimos cuenta que esta realidad era evidente y mucho más cruda que la que nosotros veíamos permanentemente, constatando que alrededor de un 60% no paga pensiones. Es por eso que valoramos que hoy se rescaten dos de nuestras iniciativas, como son la creación de un Registro Nacional de Deudores, y el que tipifica como violencia intrafamiliar la deuda permanente, dado que además es una violencia económica que se ejerce normalmente hacia la mujer. Ambos, como una forma de ir presionando a ese deudor para que pague en definitiva esa pensión de alimentos, que lo único que hace es complicar las condiciones fundamentalmente de los niños y niñas nacidos en esa relación”.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet, autor de la moción presentada en enero de 2019 que busca sancionar como maltrato habitual el incumplimiento reiterado en el pago de alimentos, recalcó que “lo aprobado hoy es un buen proyecto de ley que refunde varias acciones parlamentaria en un tema tan sensible hoy día como la enorme deuda de pensiones alimenticias, y que en nuestro caso determina que el no pago reiterado de pensiones de alimentos, constituye violencia intrafamiliar y eso a nosotros nos parece muy importante, porque la verdad es que cuando no se pagan las deudas de pensión de alimento de manera reiterada, claramente se produce una situación de violencia, al menos sicológica, en esa familia, en esa madre, normalmente es así y en esos hijos que no reciben la pensión de alimentos”.

“Se entenderá como incumplimiento reiterado el no pago de dos o más cuotas consecutivas o tres o más alternadas dentro del plazo de 2 años de pensiones de alimentos provisorios o definitivos, lo que tendría entre otras consecuencias, por ejemplo, que NO PODRÁN renovar la licencia de conducir en caso que el alimentante tenga su licencia de conducir vigente, obtener o renovar pasaporte, salir fuera del país el tiempo que permanezca en el registro, postular a cargos públicos, o incluso que las deudas por alimentos legales fijadas por acción judicial, deberán comunicarse al boletín de informaciones comerciales que administra la Cámara de Comercio de Chile, o sea, al Dicom. Eso también es importante”, concluyó.

Senadores de oposición presentan proyecto que permite a pacientes con Covid-19 votar en el Plebiscito Constitucional

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El proyecto establece que “debe disponerse un sistema de sufragio que por correspondencia para que las personas que, en razón de una medida sanitaria general o particular le impida absolutamente concurrir a sufragar el día de la convocatoria de plebiscito”.

Los parlamentarios de oposición, Ximena Rincón, Adriana Muñoz, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro presentaron un proyecto de ley que permite a los pacientes con Covid-19 positivo poder votar en el Plebiscito Constitucional que se realizará el próximo 25 de octubre.

La reforma presentada surge ante la negativa del gobierno a generar un mecanismo para que los afectados por el Covid-19 puedan ejercer su derecho a sufragio en el plebiscito del 25 de octubre, permitiendo el voto por correspondencia.

Al respecto, el Senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, manifestó que “es muy importante que todos los chilenos puedan tener el derecho de votar en el plebiscito. Esa es la razón por la que estamos presentando una reforma constitucional que permita que aquellos ciudadanos que estén contagiados o sean contacto estrecho de un enfermo por covid, puedan votar de manera remota. Hemos propuesto una fórmula que, en términos simples, consiste en habilitar una vía remota de sufragio a través de Correos de Chile con un sistema que permita el secreto del voto y sobre todo, que los ciudadanos se puedan expresar. Ésta es una fórmula perfectible, pero el gobierno tiene la obligación de dar todas las facilidades para que lo chilenos participen. Queremos un gobierno proactivo facilitando la posibilidad de votar y no negándose a priori a aquello. Es posible hacerlo con voluntad”.

De ser aprobado el texto, se favorecería a alrededor de 15 mil afectados por la enfermedad , en él se agrega un inciso a la disposición 41 transitoria de la Constitución, estableciendo que, sin perjuicio de las medidas de resguardo de seguridad y sanitarias que se adopten para garantizar la participación abierta, segura y equitativa de los ciudadanos, «el Servicio Electoral deberá disponer un sistema de sufragio por correspondencia para las personas que, en razón de una medida sanitaria general o particular le impida absolutamente concurrir a sufragar el día de la convocatoria de plebiscito».

La modalidad de sufragio que adopte el organismo se deberá regir por una serie de reglas generales como son que las personas tendrán que manifestar anticipadamente su voluntad de votar por correspondencia, hasta 15 días antes del plebiscito, a través de una plataforma que el Servel disponga para tal efecto, con preferencia canales no presenciales vía internet o teléfono. Asimismo, esta solicitud deberá contener, a lo menos, la identificación, padrón electoral, datos de contacto y domicilio al cual se enviarán las papeletas oficiales; además, de la razón y documentos de respaldo que acrediten el impedimento de concurrir presencialmente a sufragar.

Desempleo llega al 30% y en estratos bajos la cifra se dispara a un 40%

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De acuerdo a información levantada por la empresa CORPA y correspondiente a los meses de julio-agosto, el desempleo llega al 30% en la Región Metropolitana.

La cifra de desocupados ha ido al alza desde octubre del año pasado a causa del estallido social, pero desde marzo, el golpe a la economía lo dio la pandemia. En cuanto a los porcentajes de cesantía por grupos socioeconómicos estos reflejan que: Clase alta – Media alta, 17%, Clase media, 27%, Clase baja, 40%.

“Los números hablan por sí solos, estamos en un escenario realmente preocupante solo comparable en Chile con la crisis del 82. La fuerte digitalización y la pérdida de empleo, sobre todo en los grupos más vulnerables, hacen una fuerte presión para un aumento de la desigualdad”, manifiesta el Economista y Gerente Comercial de CORPA, Pavel Castillo.

En cuanto a quiénes se ven más afectados por la cesantía, el estudio de CORPA señala que un 29% de los hombres se encuentra desempleado, número que para las mujeres alcanza un 31%.

Por otro lado, las edades y los porcentajes de desempleo, apuntan lo siguiente: 18-25 años: 31%, 26-35 años: 28%, 36-45 años: 33%, 46-65 años: 29%.

Cabe señalar que el estudio va en la misma línea de los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sin embargo, la forma de medición es distinta. “En el caso del estudio de CORPA, se preguntó por la forma en que las personas se clasifican, los números que mostramos son el porcentaje de quienes se clasifican como cesantes o buscando trabajo. A diferencia del INE, que define el desempleo como la razón entre quienes están desocupados y quienes buscan empleo. El problema con esta medición es que quienes buscan empleo actualmente son pocos, siendo una subestimación de la cesantía” manifiesta el Economista Pavel Castillo.

“Existen abruptas diferencias entre nivel socioeconómico, siendo la clase media y la baja fuertemente afectadas por la cesantía. Siendo ya un grupo más necesitado, la ayuda es sustancial. El retiro del 10% y el bono de $500 mil pesos son una ayuda importante, pero puntual. En un futuro no muy lejano, será necesaria nuevamente una inyección de recursos. Debemos avanzar en políticas públicas diferentes, salir del paradigma impuestos/subsidios y apuntar a la solución del problema, debemos poder capacitar a la enorme masa de desempleados, ya que muchos de los trabajos perdidos ya no volverán a ser requeridos”, afirma Castillo.

La metodología de la encuesta se realizó de manera online a un universo de 706 personas.

CUT critica paro de transportistas

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Organizaciones sindicales de Chile criticaron el carácter reaccionario de un paro de transportistas que hoy entró en su sexto y la ambigua posición del gobierno para enfrentar esa situación.

Entre otros, la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros e Inversiones y la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, en una declaración pública acusaron de doble estándar al gobierno y al cuerpo de carabineros.

Al respecto, el texto señala que en plena pandemia por la Covid-19 y contra todo sentido común, el paro pretende someter al país «al desabastecimiento e inseguridad, para imponerle al Parlamento legislar un paquete de medidas represivas».

La principal demanda de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), que encabeza la protesta, es que se apruebe con la mayor rapidez un paquete de 13 proyectos de ley presentados por el Gobierno sobre temas de seguridad y reforzamiento de la capacidad y atribuciones de las fuerzas militares y policiales.

El comunicado señala que los movilizados no pasan del cinco por ciento de los trabajadores del sector, pero han amenazado a los que no se quieren sumar al paro e incluso han obligado a ambulancias a desviarse de su ruta y hasta incumplen abiertamente las normas sanitarias impuestas por la pandemia.

También los firmantes del comunicado criticaron al ministro del Interior, Víctor Pérez, quien afirmó en conferencia de prensa que el paro de los transportistas no es violento, porque sólo han interrumpido el tránsito de manera intermitente y que el Gobierno «comprende su desesperación».

Señalan que esa actitud de las autoridades contrasta con el accionar de las fuerzas especiales de carabineros ante las demostraciones populares, de organizaciones estudiantiles y sindicatos y exigen igualdad al momento de manifestarse.

Críticas al paro también fueron expresadas desde el Partido Comunista por Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política de esa formación, quien consideró que quien está al mando del paro es la oligarquía chilena, representada por la CNTC.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Lagos señaló que esta protesta busca presionar la aprobación de leyes que sólo apuntan a profundizar la represión contra el pueblo mapuche, en complicidad con los grandes intereses empresariales.

Asimismo opinó que el gobierno se ha hecho cómplice del paro permitiendo que los camioneros pasen por encima del Estado de Derecho que el presidente Sebastián Piñera dice defender.