En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnas

Voluntad de entendimiento

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Por Andrés Palma

Camarada DC y exministro

Escribo esto cuando faltan unas diez semanas para el plebiscito al que hemos sido convocados las chilenas y chilenos para decidir, el 25 de octubre, si queremos una nueva Constitución, y en caso de que triunfe esa opción, el Apruebo, si esta nueva regla fundamental será redactada por una Convención enteramente electa por las ciudadana y ciudadanos, o si su integración será mixta, es decir, una mitad electa por los ciudadanos y otra mitad electa por los actuales integrantes del Congreso, de entre ellos mismos.

En octubre, si triunfa el Apruebo, será la primera vez en que los ciudadanos y ciudadanas actuaremos como poder constituyente entregando un mandato a los Convencionales para que entreguen un nuevo texto fundamental.

En estas diez semanas cada persona convocada a pronunciarse deberá resolver si ejerce su poder constituyente o si renuncia a el para devolverlo a los diputados y diputadas, y senadores y senadoras, que es lo que ocurre si triunfa el rechazo. Confío que todos, sin temor, ejerceremos nuestro poder constituyente.

Pero, ejercido el derecho y siendo poder constituyente, corresponderá elegir a los convencionales que se reunirán a redactar el texto que, luego, en otro plebiscito, tendremos que ratificar. Y esto tiene tanta importancia, o más, como el inicio del proceso.

La Constitución es la regla fundamental que fija las normas de convivencia de una sociedad y, para que sea sólida, debe ser aceptada voluntariamente por todos y todas, o al menos por la inmensa mayoría de aquellos y aquellas para las que va a regir. Es lo que se quiso hacer al acordar, casi todas las fuerzas políticas con representación institucional, convocar a la ciudadanía. Cambiar una norma impuesta por la fuerza de las armas, por una generada por la fuerza de la voluntad.

El acuerdo que le dio origen fijó dos cuestiones que permiten suponer que ello es posible.

Lo primero es que se parte de una “hoja en blanco”. Esto es muy importante para que todos sientan que lo que surja de la Convención es producto de su deliberación, y que no hay una imposición previa.

Lo segundo es que las normas deben aprobarse por un quorum de dos terceras partes de la Convención, lo que obliga a buscar acuerdos y garantiza, ya que ninguna lista u organización va a obtener dos tercios de los convencionales, que el resultado será producto del diálogo y requerirá un alto grado de concordancia entre personas que piensan y sienten diferente.

Pero ello no es suficiente. Hay un requisito adicional que es aún más importante. Es necesario que los convencionales concurran con voluntad de entendimiento, con disposición a buscar los acuerdos más amplios y duraderos. Esta debe ser la clave al elegir a los convencionales.

Las chilenas y los chilenos no somos violentos, ni sectarios, ni gustamos del autoritarismo. Queremos una sociedad menos desigual, con derechos y oportunidades originadas en el ser persona, y no en el patrimonio personal.

Pero el país está polarizado, socialmente separado, y en tensión por la injusticia social, las reacciones violentas y los efectos de la pandemia. En este estado de cosas hay quienes anuncian un proceso constituyente que conducirá al caos, la inseguridad y la pobreza.

Las normas que se han fijado impedirán que ello ocurra, pero también lo impedirá que en la Convención primen las y los dialogantes, las y los que creen en el otro, los y las que estén dispuestas a ceder en pro de construir un futuro común para todas y todos, en palabras de don Jaime Castillo Velasco: una Patria para todos.

En estas diez semanas podemos construir espacios de diálogo y confianza, para que el plebiscito del 25 de octubre marque el inicio de la construcción de esa Patria para todos y todas //ELF.

Medir con la misma vara

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Por Iván Flores

Diputado DC por la Región de Los Ríos

Tal como ha sido inspirado y aplicado el modelo de organización administrativa de nuestro Estado, los tres Poderes son piezas complementarias de una organización que protocolarmente se ordena a partir de los poderes políticos del Ejecutivo y Legislativo. En el orden, en tercer lugar, el poder Judicial, que administra el marco normativo generado en los dos primeros poderes y que regula y genera los espacios de libertad en la cotidianidad de nuestra sociedad.

En este contexto, es importante señalar que las autoridades del Ejecutivo y del Poder Legislativo tienen sobre sí una serie de instituciones o mecanismos de control, fiscalización y sanción a partir de su propia estructura o de otro Poder del Estado. Así, resulta curioso que el Poder Judicial, en sus principales niveles jerárquicos, no sea alcanzado por los mismos mecanismos de fiscalización de los otros dos poderes. Tal vez por esa razón es que ha generado tanto revuelo el que la Cámara de Diputadas y Diputados (nuevo nombre oficial), haya decidido aplicar “el único instrumento efectivo y de ultima ratio” de fiscalización aplicable a un alto miembro del Poder Judicial en el bullado y doloroso caso del brutal asesinato de Ámbar Cornejo, de apenas 16 años, a manos de un asesino reincidente liberado contra todos los informes previos a la decisión.

Ante la indignación nacional y dado que la misma autoridad judicial había sido duramente cuestionada con anterioridad por la misma razón y con resultados tristemente similares en la región de Valparaíso y cuyos efectos aún se resienten, se generaron muchas interrogantes relacionadas con la efectividad del Poder Judicial sobre la fiscalización y sanción de actos de sus propias autoridades.

Por ello y ante la indignación que generó este error o negligencia garrafal, un grupo de diputados(as), nos unimos para iniciar una Acusación Constitucional que permita revisar exhaustivamente el caso y, eventualmente enviarlo al Senado para que resuelva la destitución de la Ministra Donoso por tomar nuevamente una tan errada decisión.

Durante el proceso que se iniciará esta semana, espero se aclaren los hechos que hoy generan dolor y molestia, y donde la Ministra tendrá el derecho a defenderse y los diputados(as), a sumar acusaciones.

Nadie puede sentirse inmune a la fiscalización y sanción cuando se cometen tamañas faltas. Todos debemos entender que somos parte de un Estado donde la responsabilidad de los actos realizados en ejercicio del cargo, deben ser sometido a la medición “con las mismas varas”. Ni más Ni menos. //ELF

Lucidez y generosidad

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Por Camilo Escalona

Expresidente del PS

Si la oposición se divide, las fuerzas de derecha y ultraderecha que hoy se atrincheran en los mecanismos coercitivos de la Constitución del 80, volverán a sacar ventaja a su reagrupamiento y optimizarán su representación. Por tanto, es clave un genuino esfuerzo de unidad que garantice que las fuerzas democráticas por el cambio obtengan la mayoría necesaria para abordar la redacción de aspectos fundamentales de la nueva Constitución. Se debe asegurar la paridad y diversidad necesarias, de género, intergeneracional, de creencias culturales, postulados ideológicos, proyectos políticos y sociales. Esto es lo más difícil. La meta óptima debiese ser una lista común de todos y todas las colectividades y liderazgos que aspiran a una nueva Constitución que avance a la justicia social en democracia. Si no se llega a lo óptimo habrá otras opciones, pero debe haber unidad en la diversidad.

Las multitudinarias movilizaciones sociales llamadas mediáticamente “estallido social” -cuyo mayor vigor, amplitud e impacto fue en los meses de octubre y noviembre recién pasados- generaron una situación nacional inédita, tanto de un rechazo abierto y mayoritario al Gobierno como de un profundo cuestionamiento al tramado institucional prevaleciente, creando las condiciones para el acuerdo político del 15 de noviembre, que permitió establecer la realización de un plebiscito vinculante para avanzar hacia una nueva Constitución, nacida en democracia.

La paralización producida en la marcha del país y la impotencia del Gobierno para retomar el control de la situación, crearon un caótico desbarajuste que provocó la caída del gabinete organizado en base a un liderazgo presidencial ultra personalista y un “consigliere” -el primo del Presidente- con un rol de primer ministro de facto, para el caso que el gobernante estuviera ausente o dedicado a arreglar el mundo como lo intentó en Cúcuta, Colombia, donde llegó engatusado por los halcones de ultraderecha de la Casa Blanca, pensando que con su brillante presencia bastaba para que cayera Nicolás Maduro, en Venezuela.

Todo ese libreto de retórica vacía, tantas veces pensado, aprendido, leído y repetido, se deshizo como pompa de jabón ante la potencia de la movilización ciudadana. El gabinete de los grandes amigos del Presidente se desplomó estrepitosamente. Surgió una nueva realidad política, el discurso de “guerra” de Sebastián Piñera no tuvo cabida y, en medio del recrudecimiento de las movilizaciones populares, el 15 de noviembre se firmó el compromiso de dar vida al proceso constituyente para resolver el descrédito y deslegitimación de la institucionalidad levantada sobre la base de la fraudulenta Constitución de 1980.

El logro del propósito del conjunto del arco democrático debe imperar por sobre el objetivo o aspiración de cada sector o figura por separado. No habrá otra situación como la que se configuró por la masividad y extensión del estallido social. Evitar un protagonismo que divida será la gran prueba de esta etapa, como también cuanta será la fortaleza de la voluntad reformista y de la capacidad de efectiva unidad, para que el proceso constituyente sea fecundo y la futura Constitución se afiance en una gran y amplia construcción democrática que la transforme, realmente, en la Carta Magna de las próximas décadas.

El punto de partida es el plebiscito en que la ciudadanía decida si se avanza o no hacia una nueva Constitución. Esa es la clave esencial que motiva a la opción Apruebo, al confirmarse su mayoría se deberá además verificar si la Convención Constitucional posterior, se elige en su totalidad o si sólo en un 50% y el otro 50% lo nomina el actual Parlamento. Luego, corresponde la elección del órgano constituyente, esperamos que electo por la ciudadanía en su totalidad y de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de noviembre, esa elección se hará con el sistema electoral que rigió para la conformación de la Cámara de Diputados en los últimos comicios, es decir, con esa organización distrital y el mismo número de personas electas.

Por eso, si la oposición se divide, las fuerzas de derecha y ultraderecha que hoy se atrincheran en los mecanismos coercitivos de la Constitución del 80, volverán a sacar ventaja a su reagrupamiento y optimizarán su representación. Por tanto, es clave un genuino esfuerzo de unidad que garantice que las fuerzas democráticas por el cambio obtengan la mayoría necesaria para abordar la redacción de aspectos fundamentales de la nueva Constitución.

La lucidez y generosidad debe asegurar la paridad y diversidad necesarias, de género, intergeneracional, de creencias culturales, postulados ideológicos, proyectos políticos y sociales. Esto es lo más difícil. La meta óptima debiese ser una lista común de todos y todas las colectividades y liderazgos que aspiran a una nueva Constitución que avance a la justicia social en democracia. Si no se llega a lo óptimo habrá otras opciones, pero debe haber unidad en la diversidad.

Hay quienes pensamos que el descalabro económico y social que dejará el Gobierno de la derecha reducirá la irradiación de su candidatura, generando condiciones para la rearticulación de una mayoría democrática sólida, de amplísima convocatoria y sin exclusiones, con la gran misión de proponer y abrir paso al proceso de cambio en los próximos comicios presidenciales.

Esa perspectiva exige madurez y no forzar la disyuntiva de las distintas opciones presidenciales antes de tiempo. Lo primero es lo primero, una amplia victoria democrática en el plebiscito del 25 de octubre que haga posible la materialización del sueño de una nueva Constitución para Chile, erradicando el texto impuesto por el pinochetismo. Nadie sobra en la brega para alcanzar ese objetivo histórico.

El logro del propósito del conjunto del arco democrático debe imperar por sobre el objetivo o aspiración de cada sector o figura por separado. No habrá otra situación como la que se configuró por la masividad y extensión del estallido social. Evitar un protagonismo que divida será la gran prueba de esta etapa, como también cuanta será la fortaleza de la voluntad reformista y de la capacidad de efectiva unidad, para que el proceso constituyente sea fecundo y la futura Constitución se afiance en una gran y amplia construcción democrática que la transforme, realmente, en la Carta Magna de las próximas décadas.//ELF

Senador Francisco Huenchumilla (DC) y conflicto mapuche: «Hay que hablar con todos»

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Francisco Huenchumilla no es cualquier nombre, ni menos en La Araucanía. Es abogado y político de la región, en su partido, la Democracia Cristiana, ha tenido múltiples cargos. Asimismo, entre los años 1971 y 1973 fue presidente de la Asociación de Trabajadores de la Corporación de la Reforma Agraria en Cautín, dirigente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y consejero del Colegio de Abogados de Chile. En 1988 fue coordinador de la Concertación de Partidos por la Democracia y presidente del comando del No en La Araucanía.

Luego, en 1989 fue electo diputado por el entonces distrito 50, de Temuco y Padre Las Casas, siendo reelecto en 1993 y 1997, manteniéndose en el cargo hasta el 2002. En forma posterior, fue nombrado como subsecretario de Marina del presidente Ricardo Lagos, cargo en el que se mantuvo hasta ser nombrado en abril de 2003 como ministro secretario general de la Presidencia. Asimismo, durante este periodo fue integrante de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2001-2003). Entre los años 2004 y 2008 fue alcalde de Temuco.

Intendente

Para su segundo mandato presidencial, la ex presidenta Michele Bachelet lo nombró intendente de La Araucanía, cargo que ejerció a contar de marzo de 2014 hasta agosto de 2015, cuando fue removido luego de una serie de desencuentros con el nivel central, dado el ejercicio de liderazgo que realizó, lo que comenzó el 12 de marzo de 2014, con una declaración donde pedía perdón al pueblo mapuche «por el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras».

«(Mi meta es) lograr la paz social para la región, contribuir modestamente con eso. Y si para conseguir la paz social tengo que recibir todas las críticas habidas y por haber, me quemaré a lo bonzo en la plaza de Temuco porque creo que la paz social es lo que necesitamos«, dijo en mayo de 2014 en un encuentro empresarial en La Araucanía.

«Creo en lo que estoy haciendo, porque tenemos un objetivo superior que es la paz social de la región. Para eso uno tiene que atreverse. Uno puede hacer más de lo mismo: en la Intendencia resido, salgo, me pongo a repartir fardos. No, este es un tema más de fondo y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo«, complementó Huenchumilla en la oportunidad. Pero incomodaba a La Moneda y fue removido del cargo.

Finalmente, en octubre de 2017 compitió por un escaño en el Senado, por la 11° Circunscripción de La Araucanía en las elecciones parlamentarias de octubre de ese año, donde derrotó a su compañero de partido Fuad Chahín y desde el 11 de marzo de 2018 es senador de la región.

Hablar con todos

Y si alguien en su sector puede hablar sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, es él y AraucaniaDiario conversó en exclusiva con el senador DC el día en que no asistió a la cita convocada por el actual intendente Víctor Manoli, para recibir las ideas de los ex intendentes de la región. Y no participó porque cree que la instancia no sirve para mucho.

“He recibido una gentil invitación del señor intendente (…) comprendo la difícil tarea que él tiene en ese cargo, pero debo declinar la invitación, porque creo que esa instancia no va a dar ningún resultado concreto para resolver la situación de La Araucanía«, sostuvo el senador demócrata cristiano.

Y es que la administración del «problema» de La Araucanía durante décadas es obvia. Por lo mismo, el senador Huenchumilla envió sus excusas y no asistió a la reunión, pero conversó a la misma hora con nuestro medio.

– Senador, ¿en necesario negociar?

– «Siempre en la vida los seres humanos tienen que conversar, ese es el rol del lenguaje y se conversa para buscar un punto de encuentro, y la política es esencialmente un diálogo, donde se supone que las partes ven los pro y los contra de la situación, y siempre hay cosas intransables, siempre hay cosas en las cuales uno se aferra, pero hay otras cosas en las cuales se puede ceder. Evidentemente que la clave de la convivencia de los seres humanos en sociedad es la tolerancia, donde las partes conversando, dialogando pueden llegar a ciertos puntos de acuerdo. Esa es la metodología de la política y de la Democracia«.

– ¿Y hay que conversar con todos?

– «Hay que conversar con todos naturalmente, porque de eso se trata para destrabar los conflictos. Si tú vas a conversar solamente con un sector, bueno, vas a dejar a otro fuera del diálogo. Siempre la gente cuando tiene problemas profundos, siempre está disponible para conversar. Cuando yo fui intendente conversé con todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza, también con los sectores de dirigentes de empresarios agrícolas y forestales, conversé con todos, y con el sector mapuche también. Esa es la política, ese es el diálogo. Es lo que hay que hacer«.

– ¿Y con Héctor Llaitul, o Weichan Auka Mapu y las las «O.R.T. descolgadas»?

– «En la Democracia tú tienes que preguntarte porqué existe la violencia de algunos sectores, en todas las sociedades actualmente en el mundo, uno hace un recorrido por todos los continentes y uno ve que en todas partes hay violencia. Entonces en Democracia el método no es la violencia, no se puede justificar la violencia, pero el gobernante tiene que buscar una explicación de porqué en su país y en un determinado territorio, surge la violencia. Tiene que buscar una explicación y a mi juicio esa explicación muchos sectores de la sociedad no la buscan«.

«Aquí hay que explicarse la violencia por la historia que pasó acá, la historia de la creación de este territorio de La Araucanía es la creación de una sociedad violenta, porque el Estado llegó de una manera violenta, usurpándole los territorios que no eran del Estado, ni eran de los particulares, eran de los mapuche … entonces la violencia no hay que justificarla pero hay que explicársela. Y para explicarla el buen gobernante debe buscar las razones y las causas y por eso es que tiene que dialogar con todas las partes en conflicto«.

«Eso lo hizo Nueva Zelanda por ejemplo, un país que a muchos les gusta, pero fue porque la reina dio la orden de que debía conversarse con todos lo sectores en conflicto, había mucha violencia de parte de los maoríes también. Bueno, se conversó con todos y se buscó una solución y hoy día Nueva Zelanda es un ejemplo de convivencia y de integración, de un país próspero, donde se acabó el conflicto étnico y los neozelandeses son muy orgullosos de la mezcla que tienen entre la Polinesia y los descendientes de los ingleses«.

«… acá se comete un error cuando la gente no se sienta a conversar. Para eso se requiere decisión política y no la habido en estos últimos 30 años. De conversar con todos los sectores«

«Esa es la esencia de lo que está pasando en La Araucanía. No hay voluntad política de ir al fondo, para que uno escuche de porqué hay ciertos sectores que han llegado a la violencia, entonces hay que ver las causas, si es posible eso resolverlo, y a mi juicio con altura de miras, con mirada de estadista, con mirada de país, todas estas cosas se pueden resolver, pero para esto es fundamental que el jefe de Estado tenga la decisión de avanzar en esa dirección«.

La pobreza y el paro, el legado de Piñera

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Por Camilo Escalona

Ex presidente del PS

La ministra preocupada de la compra de “plasmas” tendría que prestar atención a la catástrofe social y económica que dejará este gobierno como “legado”, una huella nefasta de inhumanidad marcando la convivencia nacional en los próximos años.

En efecto, en el trimestre móvil abril-junio de este año 2020 se registraron 997 mil personas que no lograron encontrar trabajo, es decir, hay 299 mil cesantes más en relación al mismo período del 2019, en que fueron 698 mil. Pero, lo más grave es que la fuerza de trabajo bajó de 9 millones 621 mil a 8 millones 139 mil, es decir, un millón y medio de personas que, aunque tienen la necesidad de un empleo, al no conseguirlo dejaron de buscarlo. Eso significa 2 millones y medio de personas en paro, que no tienen un empleo aunque lo quieran y lo necesitan.

Además, la cifra de hombres y mujeres que por su empleo suspendido reciben un pago gracias a su propio subsidio de cesantía son 801 mil personas. En suma, sumados a los anteriores son 3 millones 300 mil compatriotas en una angustiosa situación socioeconómica que, cuando concluya la cuarentena requerirán con urgencia un empleo para sobrevivir.

Se trata del 40% de la fuerza laboral sin ingresos estables y suficientes para sostener dignamente el hogar. El resultado práctico de esa cifra tremenda es el empobrecimiento y las penurias, como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, la prostitución y la delincuencia en más de una tercera parte de la población.

Este es el verdadero resultado de las erradas decisiones de Piñera, Briones y el gobierno, de su estrategia de darwinismo social al negar los recursos que las familias requerían durante la cuarentena para mantener su vida en mínimas condiciones, porque la palanca principal para evitar el descalabro social que hoy duele en el alma nacional era la entrega de un Ingreso Familiar Universal, a lo menos desde mayo, de modo que todos los hogares pudieran financiar sus necesidades fundamentales.

Cuando la ministra del Trabajo señala en forma peyorativa que espera no se vea salir a la gente con plasmas de las tiendas no sólo está ofendiendo a las personas que han sufrido por la ineptitud con que Piñera y su gabinete han ejercido su responsabilidad de gobernantes.

Asimismo, está colocando de manifiesto su total ignorancia respecto de la debacle que la mezquindad del régimen imperante ha generado, porque las familias necesitan cubrir deudas y un alivio para comer y abrigarse como corresponde.

Así, sin quererlo está expresando el centro nervioso del error del piñerismo, creer que la gente podría sobrevivir durante tres, cuatro, hasta cinco meses sin ingresos monetarios, que iban a comer aire, esa es la inhumanidad y su error profundo, que revela su absoluto divorcio de la vida cotidiana y su descompromiso con las familias que de ninguna manera podrían resistir la crisis sin ingresos.

El narcisismo del gobernante que se creyó infalible no tuvo la mínima lucidez para advertir esta cuestión esencial.

Por eso, la necesidad de una Renta Básica Universal ante la emergencia continúa siendo esencial.

Lo central de esta demanda y propuesta a la vez es que debe ser auténticamente universal y llegar a todos los hogares. De lo contrario la catástrofe social será inmanejable. En lugar de ironizar con los plasmas, la ministra debiese tomar nota de la terrible crisis social que está delante de sus ojos y que el gobierno del cual forma parte se niega a admitir con soberbia increíble.

La encuesta Ipsos de esta semana no se equivoca, el 84% de los encuestados cree que el país está siendo dirigido en una dirección errada y se definen pesimistas ante el futuro próximo, la intuición de la ciudadanía acierta, con la ceguera reinante, día a día, crece la incertidumbre. Con un pésimo gobierno el horizonte de la nación chilena se ve incierto.

El panorama nacional tendría un inmediato repunte positivo de aprobarse el impuesto al patrimonio de los súper ricos. Se trata de una tasa del 2,5% por una vez.

En Chile, los antecedentes existentes indican qué hay cerca de 9000 contribuyentes con haberes superiores a los 5 millones, pero sólo 263 que tienen más de 100 millones de dólares.

La información disponible señala que serían recaudados 6 mil millones de dólares. Esos recursos podrían financiar una Renta Básica Universal en medio de la crisis y los súper ricos no dejarían de serlo ni quebrarían y, como ya lo indica lo sucedido con el retiro del 10% de las AFP, sería también un fuerte estímulo de reactivación de la economía.

Pero salieron al tiro los obsecuentes a rechazar la idea y cuidarle el bolsillo a su jefecito, el gobernante. Un súper rico o mega millonario, cuyas inversiones se arrastran por el conjunto del sistema financiero.

Es la desgracia de un país cuando tiene instalado el conflicto de interés en la jefatura del Estado. Los funcionarios públicos que con obsecuencia rechazan este impuesto al patrimonio y que, sin decirlo o admitirlo, defienden a Piñera violan claramente los principios básicos de probidad en el ejercicio de sus cargos.

En efecto, consultoras internacionales, como Forbes, calculan la fortuna personal de Piñera en alrededor de 3.000 millones de dólares, un impuesto de 2,5% le significan unos 75 millones de dólares que a todas luces no tiene previsto dentro de sus objetivos “altruistas”. Queda claro la médula de profunda mezquindad que encierra la conducta del gobierno.

Mayor es la importancia de la unidad y el entendimiento de los demócratas chilenos, con el propósito que se levante una opción que de verdad pueda dirigir al país, sacarlo de la crisis y gobernar de acuerdo al interés de las mayorías nacionales hoy postergadas.//ELF