Por Iván Flores

Diputado DC por la Región de Los Ríos

Tal como ha sido inspirado y aplicado el modelo de organización administrativa de nuestro Estado, los tres Poderes son piezas complementarias de una organización que protocolarmente se ordena a partir de los poderes políticos del Ejecutivo y Legislativo. En el orden, en tercer lugar, el poder Judicial, que administra el marco normativo generado en los dos primeros poderes y que regula y genera los espacios de libertad en la cotidianidad de nuestra sociedad.

En este contexto, es importante señalar que las autoridades del Ejecutivo y del Poder Legislativo tienen sobre sí una serie de instituciones o mecanismos de control, fiscalización y sanción a partir de su propia estructura o de otro Poder del Estado. Así, resulta curioso que el Poder Judicial, en sus principales niveles jerárquicos, no sea alcanzado por los mismos mecanismos de fiscalización de los otros dos poderes. Tal vez por esa razón es que ha generado tanto revuelo el que la Cámara de Diputadas y Diputados (nuevo nombre oficial), haya decidido aplicar “el único instrumento efectivo y de ultima ratio” de fiscalización aplicable a un alto miembro del Poder Judicial en el bullado y doloroso caso del brutal asesinato de Ámbar Cornejo, de apenas 16 años, a manos de un asesino reincidente liberado contra todos los informes previos a la decisión.

Ante la indignación nacional y dado que la misma autoridad judicial había sido duramente cuestionada con anterioridad por la misma razón y con resultados tristemente similares en la región de Valparaíso y cuyos efectos aún se resienten, se generaron muchas interrogantes relacionadas con la efectividad del Poder Judicial sobre la fiscalización y sanción de actos de sus propias autoridades.

Por ello y ante la indignación que generó este error o negligencia garrafal, un grupo de diputados(as), nos unimos para iniciar una Acusación Constitucional que permita revisar exhaustivamente el caso y, eventualmente enviarlo al Senado para que resuelva la destitución de la Ministra Donoso por tomar nuevamente una tan errada decisión.

Durante el proceso que se iniciará esta semana, espero se aclaren los hechos que hoy generan dolor y molestia, y donde la Ministra tendrá el derecho a defenderse y los diputados(as), a sumar acusaciones.

Nadie puede sentirse inmune a la fiscalización y sanción cuando se cometen tamañas faltas. Todos debemos entender que somos parte de un Estado donde la responsabilidad de los actos realizados en ejercicio del cargo, deben ser sometido a la medición “con las mismas varas”. Ni más Ni menos. //ELF