En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnas

¿Por qué homicidio y no femicidio?

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Por Waleska Castillo López

Asistente social, ex directora Sernameg Región de Valparaíso

La violencia de género en nuestra sociedad es estructural, las brechas, barreras y violencias que vivimos las mujeres a lo largo de nuestras vidas y en todos los espacios, se normalizan en la cotidianidad y se visibilizan en la violencia extrema, como es el día de hoy con el feminicidio de Ámbar. Nos impactamos decimos cómo es posible que esto ocurra nuevamente, salimos a la calle a tocar cacerolas prender velas a pedir justicia, hoy por Ámbar ayer por Antonia, expresamos la rabia y nuestra desesperación porque sabemos que mañana será otra niña, otra mujer con el mismo destino, el feminicidio.

El 3 de enero de 1991 se crea el Servicio Nacional de la Mujer, luego que la década anterior movimientos de mujeres y feministas exigíamos “democracia en el país y la casa”, se puso énfasis el vínculo entre lo “privado” y lo “público” de aquella época, donde existía una separación entre la familia y la política, hoy imposible pensar en esta diferencia.

El avance de la legislación en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres en estos 29 años ha sido así, mujeres luchando por sus derechos sumando sororamente a otras mujeres logrando un despertar masivo el 8 de marzo del 2018 bajo la convocatoria de la coordinadora 8 Marzo con la huelga feminista más masiva de la historia de Chile, los lemas #niunamenos #metoo son parte del lenguaje de las mujeres y de una sociedad que dice basta las queremos vivas.

Hugo Bustamante fue condenado por homicidio de su ex pareja y no femicido, porque en aquella época no estaba en vigencia la ley 20.480 que fue promulgada el 14 diciembre del 2010 y sus últimas modificaciones con la ley Gabriela, de haber estado en vigencia no podría haber accedido a solicitar libertad condicional antes de los 40 años de privación de libertad efectiva.

Desde el 5 de enero del 2017 se despacha desde el Ejecutivo al Congreso un proyecto de Ley denominado ´Vivir una vida libre de violencia´, legislación integral que muestra a la violencia de género de manera amplia, que deja en claro las responsabilidades de los distintos órganos del Estado, dando atribuciones en materia de promoción, prevención, investigación y sanción de la violencia, junto con ello entrega recursos frescos a estos organismos en el presupuesto de la nación.

Necesitamos voluntad política de todos y todas para promulgar con urgencia esta ley integral que permita cumplir con los compromisos internacionales firmado por nuestro país en materia de violencia de género, para transformar esta cultura de la violencia hacia las mujeres es elemental que los organismos del Estado tengan recursos y atribuciones para cumplir con su función, porque no queremos olvidar a Verónica y su hijo asesinados por el mismo agresor de Ámbar.

En Chile, aún no se reconoce la figura de feminicidio, este último delito sería caratulado como homicidio nuevamente, a menos que en el proceso investigativo se encuentren más pruebas. Sin miedo y con más fuerza, las mujeres decimos “si tocan a una respondemos todas”. //ELF

Cómplices

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Por David Pellizzari Ossa

Muchos creen que los extremos políticos, particularmente aquellos que radicalizan sus posiciones, incluso hasta el uso de la violencia, son diametralmente distintos entre sí, antagónicos, opuestos, sin embargo, la historia nos demuestra recurrentemente, que el espectro político mas que lineal es casi circular, con extremos que se acercan peligrosamente hasta casi fundirse, se necesitan, justifican la existencia del otro, son los principales causantes de la polarización y degradación del debate político, son los padres de la intolerancia, y son también los responsables finales del reinado del populismo, son, en definitiva, cómplices, lo quieran o no.

Los grupos fundamentalistas islámicos justifican su accionar con las decisiones de Presidentes estadounidenses como George W. Bush o Trump, y estos, a su vez, justifican sus políticas en la existencia de los grupos fundamentalistas… La Derecha justifica la represión con la violencia de grupos radicalizados de izquierda, y ésta justifica sus acciones con esa misma represión… es decir, un perfecto circulo vicioso, y una patente demostración de que ambos extremos son perfectamente complementarios y, de hecho, subsisten gracias al otro, construyendo una curiosa simbiosis política.

Por todo el mundo y en toda época podemos encontrar ejemplos de extremos políticos que se enfrentan en ácidas polémicas, que confrontan visiones del mundo teóricamente opuestas, que incluso llegan a la violencia, pero que comparten una metodología, un dogmatismo, y un discurso que divide el mundo artificialmente entre buenos y malos, y que termina por hacer que se definan en relación u oposición a un otro mas que en base a una doctrina especifica, lo que termina en una complicidad implícita.

Los recientes hechos de violencia en la Región de la Araucanía nos recuerdan esta paradoja política y social de un modo trágico y preocupante, mientras grupos radicalizados de mapuches intentan reivindicar legitimas aspiraciones mediante actos de fuerza, el Estado, que lleva casi dos siglos abusando de la violencia institucionalizada como única respuesta al problema, se ve completamente superado por el problema, y, finalmente, civiles organizados decidieron terciar en el conflicto extremando aún mas la discusión y dificultando una eventual solución transformándose en cómplices de una espiral de violencia de sombrío pronóstico.

Los extremos, nuevamente, alimentan y justifican mutuamente su existencia, y un Estado culposo e impotente, solo atina a ser testigo privilegiado de los odios desatados y la violencia larvada en décadas de un enfrentamiento escasamente contenido.

La tentación de los extremos es atractiva, ofrece un culpable, un némesis que da sentido a la existencia de una organización para resistir, para oponerse a aquello que se odia o que se teme, los “fachos”, los comunistas, los migrantes, el Estado, los ricos, los mapuches, los empresarios, los sindicalistas y un largo etcétera de enemigos a quienes enfrentar dan sentido a la vida política de grupos que buscan entregar respuestas integrales que no admiten oposición o discrepancia.

El riesgo de los extremos es que nos tratan de arrastrar a un mundo artificialmente binario, en que, primero el lenguaje, y luego las acciones, llama a la confrontación y, con el tiempo, a la violencia. Sus dogmatismos pueden disfrazarse electoralmente, pero mas temprano que tarde, se evidencian en sus acciones. Si algo tienen en común Izquierdas y Derechas es su concepción utilitaria de la democracia, a la que no le asignan un valor en si misma, sino solo como instrumento para conseguir sus fines, por lo que, tarde o temprano, cuando la democracia se transforma en una traba para sus aspiraciones, es desechada y reemplazada por autoritarismo sin el menor remordimiento, y, en ese proceso, no importa cual de los dos ejerza el poder, son irremediablemente cómplices. //ELF

Las Mipymes en la emergencia y la reactivación

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Por Ana María Correa López

Investigadora, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Las empresas de menor tamaño constituyen la gran mayoría de nuestra economía real, sus empresarios y empresarias se concentran en generar bienes y servicios, no en operaciones financieras de fácil ganancia. Las PYMES son indispensables para un desarrollo justo y sostenible en nuestro país. Su presencia creciente, aseguraría un crecimiento incluyente, donde la innovación y la transformación productiva serían posibles, ellas aportan una proporción importante del empleo y generan redes territoriales y circuitos económicos locales a lo largo de todo Chile. Detrás de cada una de estas empresas hay personas y familias.

De qué hablamos

Bajo la etiqueta de Empresas de Menor Tamaño o MIPYMES, se agrupa un heterogéneo conjunto, desde aquellas que venden menos de 10 UF al año hasta las que venden 100.000 UF en igual período. Estas diferencias se aprecian también en el capital que poseen, las formas de comercialización, el acceso al sistema financiero, el manejo de información y conocimiento y el acceso a programas de fomento e innovación.
Las empresas de menor tamaño necesitan políticas e instrumentos diferenciados para cada segmento, según sus características y condiciones. Por ejemplo, las microempresas necesitan subsidios y asesorías en su proceso de desarrollo, las pequeñas requieren créditos de mediano plazo, capacitación y asistencia técnica para su integración a cadenas de proveedores, las medianas requieren transferencia tecnológica, programas de encadenamiento productivo y créditos de largo plazo. Existe también un sector de empresas informales, el que se verá acrecentado producto de la crisis, ellas requieren un acompañamiento especial.
Ausencia de instituciones de fomento en la crisis

Nuestro país cuenta con una red de instituciones de fomento productivo y financiamiento, que podrían atender a estos diferentes grupos de empresas en forma focalizada, según sus necesidades específicas. Sin embargo, en esta crisis, que ha afectado fuertemente a nuestro tejido productivo, estas entidades de fomento han estado ausentes, inmovilizadas, sin ninguna proactividad.

El gobierno ha centrado su apoyo en la provisión de liquidez a través de dos mecanismos: el primero, la ampliación del FOGAPE, cuya meta inicial fue atender a un millón de empresas. El último reporte de Hacienda informa algo más de 190 mil créditos otorgados. El segundo mecanismo es un conjunto de medidas tributarias, algunas ya implementadas, con efectos marginales en las PYMES, y otras, propuestas en un proyecto de ley que se verá esta semana en esta sala.

Desfocalización de los instrumentos. Beneficios para grandes empresas

Un aspecto de gran preocupación es la desfocalización observada en la asignación de los recursos en ambos mecanismos de apoyo. En el caso del FOGAPE, se amplió el otorgamiento de garantías a empresas con ventas anuales hasta 1 millón de UF, elevando cerca de 10 veces el límite. Se incorpora así a los dos primeros tramos de grandes empresas entre las posibles beneficiarias. El resultado hasta la fecha es que el 44,2% de los recursos ha sido otorgado a estas grandes empresas, con ventas anuales superiores a 300 mil UF anuales, es decir más de 8 mil 600 millones de pesos de venta anual cada una.

Por otra parte, el Proyecto de Ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y el empleo, está enfocado básicamente a las medianas y grandes empresas. El informe financiero de este proyecto indica que, de ser aprobado, solo en lo que queda de este año, el Estado dejaría de percibir ingresos por cerca de 134 mil millones. Estos recursos tienen sin duda un uso alternativo más provechoso para las MIPYMES.

La situación de las PYMES en este segundo semestre 2020

Empresas paralizadas, semiparalizadas, cerradas o convertidas en informales
La mayor parte de las empresas de menor tamaño no están operando, o sufren fuertes restricciones a su operación, con ventas mínimas y problemas de liquidez que no les permiten cubrir sus costos fijos, ni las obligaciones financieras contraídas con anterioridad y más las nuevas exigencias de operación. Una cantidad no menor de estas empresas está cerrando o pasa a la informalidad con los problemas adicionales que esto significa, y la mayoría que intenta sobrevivir, enfrenta situaciones angustiosas. Los sectores más afectados son el comercio, turismo, restoranes y hoteles, actividades recreativas y culturales, transporte escolar y autos colectivos, casinos, entre otros.
Costos adicionales de operación

Las empresas que han podido seguir operando por ser de primera necesidad, enfrentan nuevos costos por las necesarias exigencias sanitarias, tanto en la producción, como en la distribución de sus productos y adquisición de insumos.

Nuevas empresas por necesidad u oportunidad

La experiencia indica que en las crisis económicas muchas empresas de menor tamaño mueren, algunas porque ya venían debilitadas, otras con un buen desarrollo se afectan mortalmente por estos factores exógenos, ya enumerados. Pero al mismo tiempo, nacen nuevas empresas por necesidad de subsistencia (alimentos a domicilio, servicios de encargos, entre otras) y también por oportunidad (transporte de trabajadores de empresas, importación de insumos médicos, asesoría en ventas digitales, limpieza especializada).

¿Cuáles son las necesidades reales y qué oportunidades se presentan hoy para la política pública?

-Es necesario y oportuno un programa de reentrenamiento para empresarios y trabajadores de empresas que no pueden seguir operando y mueren. Más de dos millones de personas que hoy están sin trabajo, podrían utilizar su tiempo en programas de estas características.

-Es urgente mejorar las condiciones crediticias y postergación de deudas al menos por 6 meses más.
La banca y en particular el BancoEstado puede y debe cumplir un rol mucho más activo, mejorando los procesos de renegociación de deudas y reprogramaciones. Así mismo se deben implementar programas de subsidios para enfrentar costos fijos y capital semilla para financiar procesos de transformación y creación de nuevas empresas.

-Se necesitan programas de capacitación, asistencia técnica y subsidios para el retorno seguro y apoyo a las nuevas empresas. También se necesitan subsidios y créditos blandos para enfrentar la expansión de la demanda, producto del retiro del 10%.

-El pago oportuno a 30 días de entidades del Estado efectivamente debe funcionar. Al parecer no se ha materializado, especialmente en el sector salud. Se debe establecer prioridad de pagos para las MYPES. Las compras públicas deberían discriminar positivamente a las MIPYMES a través de ponderaciones positivas expresadas en las bases de llamados a licitación.

Se requiere un apoyo concreto hoy, mañana será demasiado tarde.

Las PYMES en la reactivación
Otro desarrollo es posible y necesario

Las PYMES mediante un mayor acceso al financiamiento interno de largo plazo, transferencias tecnológicas, capacitación empresarial y laboral, pueden ser un eslabón relevante en este proceso de reconversión, mejorando su capacidad de conquistar nuevos mercados o convertirse en proveedores de Clústeres de los grandes productores.
Para recuperar el crecimiento y con reducción de la desigualdad, se requiere una recuperación vigorosa de la capacidad instalada de las PYMES e iniciar un proceso de inversión productiva creciente y sostenida. Las empresas se deben adaptar a la nueva realidad, en aspectos tan concretos, como nuevo diseño de planta que permita el distanciamiento necesario, condiciones sanitarias básicas, transporte de trabajadores, exigencias a proveedores, embalaje y cadena de distribución apropiada, entre otras.

¿Cuáles son las necesidades y qué oportunidades se presentan en la reactivación?

• Un Programa Nacional de Capacitación permanente destinado a trabajadores y empresarios que nivele su formación y productividad hacia arriba y Subsidios al reentrenamiento para la transformación productiva de empresas, en tópicos como digitalización y uso Tic´s, industria 4.0, economía circular, eficiencia energética entre otros.

• Programas de asistencia técnica, extensionismo y transferencia tecnológica para la modernización productiva.

• Mejorar el acceso y condiciones del sistema financiero para el financiamiento de inversiones de las MIPYMES. El funcionamiento de nuestro mercado de capitales ha sido un gran obstáculo para el desarrollo de las MIPYMES. Ellas tienen acceso limitado, incierto y muy sensible a los altibajos macroeconómicos tan frecuentes en nuestra economía; además, a plazos cortos y tasas de interés excesivas. El financiamiento de sus inversiones requiere un mejor acceso, plazos más largos y costos razonables. Para lograr esa transformación, es necesario efectuar una profunda reforma estructural del mercado de capitales, creando una Banca de Desarrollo.

Los fondos requeridos existen y corresponden a los ahorros de largo plazo de los trabajadores, acumulados en los fondos previsionales en las AFP. Más allá de los que suceda con ellas en el futuro, esos recursos pueden dirigirse, gradualmente, a la banca de desarrollo para financiar el desarrollo productivo de las PYMES. Actualmente, cerca de la mitad de esos recursos están depositados en el extranjero y debieran ser reingresados a Chile, para que ahorros de los trabajadores chilenos contribuyan al desarrollo de las empresas y a la generación de empleo productivo en Chile. Así mismo las grandes empresas podrán invertir sus recursos en este Banco, para contribuir al desarrollo y mayor productividad de sus proveedores. Así se completa un circulo virtuoso que beneficia a Chile.

La reconstrucción post pandemia es una oportunidad de modernización, innovación y transformación productiva, con criterios de desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, con foco en generación de empleo y aumento de productividad en las empresas de menor tamaño, aprovechando nuestras ventajas competitivas, e incorporando criterios de economía circular para el mejor uso de los recursos y mejores formas de organización empresarial que dignifiquen a las personas.

Apoyar a las PYMES no es una obra de beneficencia, es una oportunidad para el desarrollo justo y sostenible del país.

Sin AFP

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Por Manuel Riesco

Economista

Han culminado dos semanas bien extraordinarias en la historia de Chile. El Parlamento Democrático avanzó más que en sus tres décadas de existencia, para acabar con el ahorro forzoso. Uno de los grandes abusos que viene desde la dictadura. Recuperó en dos semanas parte de su legitimidad, que había perdido casi por completo. Precisamente por no haber cumplido con su deber secular de plantar cara y frenar los abusos de los poderosos. Como el ahorro forzoso que, por el contrario, había contribuido no poco a agravar.

Ahora el Parlamento tiene el deber y el poder para acabar de una buena vez con el ahorro forzoso. Aprobando el proyecto que deroga el DL 3.500 que le dio origen. Y reconstruyendo el Sistema Público de Seguro Social, que así se llama en Chile. Este fue destruido por la dictadura en 1981. Para escamotear el dinero de las cotizaciones que trabajadoras y trabajadores activos destinaban a las pensiones de sus padres y abuelas. Y traspasarlo al cogollito de la oligarquía restaurada el 11 de septiembre de 1973.

En dos semanas se ha develado y el pueblo ha comprendido el carácter abusivo del ahorro forzoso. Principalmente gracias al rechazo histérico de los poderosos a devolver siquiera una pequeña parte de los fondos acumulados, a sus supuestos dueños. Como demostró el abogado Fernando Atria, pusieron así en evidencia quiénes eran sus verdaderos dueños.

En dos semanas quedó al desnudo, asimismo, la ceguera o cinismo del vocinglero coro de defensores del ahorro forzoso. Desde los desfachatados y charlatanes hasta los sibilinos y solapados, pasando por los ingenuos y mal informados. Inexplicablemente, se los encuentra a través de todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ahora todos ellos han quedado completamente aislados. Del pueblo, y también en esta ocasión del sistema político. Ni uno ni el otro les hicieron esta vez el menor caso.

Raya en lo ridículo que muchos de estos “expertos” se opusieron a la restitución del 10% aduciendo que era “una mala política”, dañina para la economía, regresiva e irresponsable desde el punto de vista fiscal.

Al cabo de dos semanas todos aceptan, quizás porque lo reconoció el departamento de estudios de un banco, que devolver a los trabajadores el 10% del fondo, nada menos veinte mil millones de dólares, será un estímulo extraordinario para la economía justo cuando más lo requiere.

La afirmación respecto a que se trataría de una política regresiva será recordada como uno de los errores de apreciación más monumentales de los economistas chilenos. Arguyeron que los “ricos” iban a retirar 4,3 millones de pesos libres de impuestos. Sin decir que el sistema les permite retirar de ese modo al jubilar “excedentes de libre disposición” mucho mayores.

Pero lo peor es que estos calificados personajes pasaron por alto el detalle de que la medida obliga al puñado de grandes empresarios que tienen el grueso del fondo en su poder, que se pueden contar con los dedos de las manos, a devolver veinte mil millones de dólares a once millones de trabajadoras y trabajadores activos y menos de un millón de jubilados. Solo quedan excluidos —de modo muy injusto, que amerita una compensación, dicho sea de paso— quienes reciben rentas vitalicias. Ellos fueron forzados a traspasar la totalidad de sus fondos a las compañías de seguros, por lo cual sus supuestos “ahorros” se reducen a cero.

Esta gigantesca redistribución del ingreso significa elevar de 32% a 40% del PIB, la participación de la masa de salarios de los cotizantes AFP, por un año completo. Nunca hubo medida más progresiva en tres décadas de democracia. Al parecer, una pulga no les dejó ver un elefante.

La afirmación que la medida es irresponsable desde el punto de vista fiscal es asimismo completamente falsa. Muy por el contrario, constituye un gran avance al inevitable y pronto fin del ahorro forzoso, lo cual tendrá un efecto extraordinariamente positivo sobre las finanzas públicas.

La mejor manera de comprobarlo es analizar lo que hubiese sucedido con las cuentas fiscales de no haber impuesto la dictadura el ahorro forzoso en 1981. En ese caso y según cifras de IMACEI-CENDA (ver cuadro anexo), los 148 mil millones de dólares en cotizaciones recaudados por las AFP hasta mayo pasado, habrían ingresado a las arcas fiscales. Dicha suma equivale a un 77% del fondo de pensiones, que a fines de mayo pasado alcanzaba a 192 mil millones de dólares.

A ello hay que sumar los 38 mil millones de dólares que el fisco ha gastado en subsidios monetarios directos a las pensiones AFP, solo considerando bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios pagados en el periodo.

En otras palabras, sin AFP, el Estado habría contado con un flujo neto de ingresos adicionales de 186 mil millones de dólares, cifra casi igual al valor del fondo de pensiones acumulado a mayo.

Ello le habría permitido costear con holgura las pensiones que pagó el sistema AFP, que significaron un gasto de 61 mil millones de dólares en el período, y aún así quedar con un superávit de 125 mil millones de dólares, que equivale a dos tercios del fondo de pensiones.

Dicho superávit habría permitido al Estado, por ejemplo, duplicar el monto de esas pensiones, que es más o menos lo que se hubiese requerido para elevarlas a un nivel aceptable. Pero aún así habría acumulado un superávit de 64 mil millones de dólares, cifra significativamente superior al total de ingresos fiscales de los últimos 12 meses, o el doble del endeudamiento fiscal actual.

En cambio, el excedente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema AFP, que suma 125 mil millones de dólares desde 1981 a mayo pasado, se traspasó al sistema financiero, en su mayor parte a un reducido grupo de grandes empresarios, en forma de comisiones y primas cobradas por la gestión del sistema, e inversiones del fondo de pensiones.

La tajada del león se la embolsaron cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados con AFP, quienes se embolsaron primas brutas equivalentes a una cuarta parte de las cotizaciones, no menos de 35 mil millones de dólares. Por otra parte, según ha constatado Fundación Sol, los mismos cuatro grupos son depositarios de una cuarta parte de las inversiones del fondo en empresas nacionales.

Todo ello a costa de la miseria de millones de jubilados y jubiladas a lo largo de cuatro décadas, y un importante déficit y endeudamiento fiscal.

Tal abuso e irracionalidad fiscal va a continuar si no se acaba ahora con el ahorro forzoso. Aunque en dimensiones cada vez mayores, puesto que el excedente corriente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas, alcanzó a dos tercios de las cotizaciones, unos 6.600 millones de dólares, solo en los últimos 12 meses. ¡Y por añadidura algunos insisten en aumentar las cotizaciones en 50 por ciento!

En cambio, al derogar el DL 3.500 y acabar ahora el sistema de AFP, las cotizaciones se destinarán en lo sucesivo exclusivamente a pagar pensiones, en lugar de financiar empresarios.

Ello permite duplicar las pensiones actuales, puesto que lo recaudado es el doble de lo que se paga, y el fisco se ahorra más de 1.500 millones de dólares anuales en subsidios directos. Sin contar una cifra al menos similar en subsidios monetarios indirectos, tales como incentivos al retiro.

Ello es sostenible a futuro sin cambios en la tasa de cotización por largo tiempo, ni la edad de jubilación. Sencillamente porque el PIB crece más rápido que el número de adultos mayores. Esa es la evidente y elegante regla de sostenibilidad de los sistemas de seguro social.

Por otra parte, si los grandes empresarios que han recibido inversiones del fondo de pensiones, las devuelvan íntegramente a los afiliados activos y jubilados, y al fisco, ello significa reparar en parte el enorme abuso infligido.

De hecho, si los trabajadores y el fisco lograsen recuperar ahora el fondo en el valor que tenía a mayo pasado, lo que es altamente improbable, dada la situación de los mercados financieros, ello significa que los aportes netos de afiliados y fisco al sistema de AFP a lo largo de cuatro décadas habrían logrado una modesta tasa interna de retorno (TIR), de poco más de 2% anual.

Si además el Estado se hace cargo del esquema de rentas vitalicias, y recauda en lo sucesivo las primas que hoy van a las compañías de seguros, las pensiones vitalicias adeudadas por estas se pueden considerar también un activo, lo que eleva dicha TIR al menos en un punto porcentual adicional.

Todo esto es lo que se logra derogando ahora el DL 3.500, acabando el ahorro forzoso. Y solo así, puesto que en caso contrario los aportes netos mensuales de trabajadores y fisco serán siempre negativos, hasta el día del juicio final.

Quizás aún más importante, al hacerlo, el Parlamento consolida la relegitimación del sistema democrático que ha logrado con la devolución del 10%, “venciendo al lobby AFP”, como dijo el H.D. Matías Walker.

La clase empresarial en su conjunto, por su parte, habrá empezado a reconocer la piedra angular del pacto social moderno: los salarios son sagrados, no se tocan. Deben destinarse íntegramente al bienestar de las familias trabajadoras, incluidos sus viejos. Jamás desviarse a financiar empresarios.

Es lo que logra un pueblo y trabajadores alzados, encabezados en esta lucha por el movimiento No+AFP.//ELF

¡No basta!

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Por David Pellizzari Ossa

Tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación es común hoy el uso del llamado lenguaje inclusivo… todos y todas, todes, amigues, y otras palabras y expresiones “neutras” están siendo adoptadas por gran cantidad de personas como el lenguaje normal. En ese mismo sentido, el discurso políticamente correcto incluye términos como “perspectiva de género”, paridad, discriminación positiva y una, en el papel, potente batería de conceptos e ideas tendientes a generar mayor igualdad entre hombres y mujeres, pero, no basta, si solo se trata de la adopción vacía de un lenguaje por la mera conveniencia… no basta.

Si bien es cierto, el lenguaje construye realidad, y, por tanto, es un aporte el uso de uno inclusivo, la simple repetición de formulas verbales “adecuadas”, “políticamente correctas” o como parte de un diseño comunicacional intencionado e interesado, pero carente de contenido real y un correlato en los hechos, no pasa de ser una pobre representación puede terminar por vaciar de contenido y matar la magia de las palabras.

Vivimos los estertores de un modelo patriarcal agonizante, sin embargo, la resistencia cultural al cambio sigue estando profundamente arraigada en un porcentaje no menor de nuestra población, y desde luego, en la clase dirigente (compuesta mayoritariamente por hombres como el buen lector ya adivinó). En ese contexto, asistimos, con estupor, a un triste baile de mascaras, en que prácticamente todos los dirigentes políticos de nuestro país confluyen en un discurso pródigo en modernidad e inclusión, pero sus actuaciones delatan sus verdaderas convicciones, su atávico temor a la creciente influencia femenina en las esferas de decisión, su machismo antes evidente y hoy solapado, e, incluso, su misoginia. Partidos políticos que se declaran “feministas” y lo gritan a los cuatro vientos, pero que en sus estatutos y estructuras internas, discrimina brutalmente la participación de la mujer en sus cuadros dirigenciales y un Estado que se vanagloria de tener un ministerio dedicado al tema, pero que, en la práctica, no pasa de ser una repartición pública sin mayor peso en las grandes decisiones gubernamentales, son ejemplos evidentes de esta tendencia.

No basta con una justicia que corrige a último minuto un ultraje como permitir que un violador en serie de mujeres enfrente un juicio con arresto domiciliario, no basta ministras de la mujer con una visión del mundo y el feminismo propias del siglo pasado, no basta con los PMG de género en la administración pública, que los diversos ministerios cumplen solo para obtener un bono, no basta con una Ley de cuotas en el congreso y nada en las municipales, no basta con paridad solo en la Convención Constituyente.

No basta con acuerdos incompletos a última hora para permitir a las mujeres quedarse con sus hijos pequeños durante una pandemia feroz, a los que se llega no por convicción sino por conveniencia, porque la indolencia inicial es la genuina visión de una clase política empantanada en dogmas ideológicos que se “venden” renovados y modernos, pero que no pasan de ser caras amables y jóvenes atrapadas en recetas anacrónicas y prejuicios culturales internalizados como un cruel orden natural.

Simplemente, no basta

Construir una sociedad igualitaria no es una moda pasajera o una estrategia política rentable, es un imperativo ético ineludible y una reparación de justicia elemental, y, por tanto, requiere generar un profundo cambio cultural, un proceso de concienciación que vaya mas allá de las declaraciones y la retórica vacía, y que se traduzca en una verdadera toma de conciencia, un convencimiento individual y colectivo de la necesidad de concretar el sueño de una sociedad sin la sombra opresiva del patriarcado reinante hasta hoy, y eso, se demuestra, no se declara.

En este sentido, lo esperable sería que los Partidos Políticos, nuestros representantes y nuestro gobierno, tomaran decisiones que afecten el corazón del equilibrio de poder en nuestra sociedad, como paridad real en los órganos internos de los Partidos, en los Directorios de las empresas Públicas y Privadas, igualdad salarial y en todas las prestaciones previsionales, profundas reformas que permitan la real inserción de la mujer en el trabajo, sin que la maternidad sea considerada un “costo” que solo la ellas deban “pagar”, y finalmente, un real compromiso con la igualdad de género debiera implicar el construir un nuevo pacto político, económico y social cuya alma sea la restauración del verdadero orden natural… uno dual y equilibrado, ni patriarcal ni matriarcal, sino genuinamente igualitario, y eso, requiere un cambio radical en nuestra política y sociedad.

Chile necesita paridad real en las próximas elecciones municipales, regionales y parlamentarias, Chile necesita paridad real en el próximo y sucesivos gabinetes, Chile necesita mas mujeres tomando decisiones, Chile necesita una Constitución que consagre la igualdad de género de un modo nítido y definitivo, Chile necesita mas de su clase política, porque lo que ha hecho hasta ahora, aunque represente un avance significativo… no basta.//ELF