En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnas

El rechazo de Longueira

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Por Andrés Palma

Economista del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible 

Uno de los principales problemas que tenemos y que originó el estallido social es que a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes y mientras tanto tenemos políticos, generales, curas que han cometido otro tipo de abusos, tenemos empresarios… en el fondo hay un robo a los chilenos que no ha sido sancionado suficiente ni por los tribunales, ni por Contraloría, ni por ningún partido y es difícil construir cualquier cosa en Chile porque las instituciones se han venido abajo en su credibilidad”.

Esta frase no fue dicha por un analista de oposición ni por un político de izquierda, sino por Pablo Longueira en entrevista con Radio Cooperativa. Claro que pasó desapercibida porque, en la misma entrevista catalogó de “comunista” a la Consejera de Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, afirmación lamentable y sin fundamento que pretendió descalificar a la abogada con un lenguaje propio del Siglo XX.

En ambas afirmaciones, la citada y la que la ocultó, se refleja la contradicción que viven quienes, desde la derecha, se dan cuenta de los problemas del país, pero no logran romper con su dependencia ideológica del modelo autoritario impuesto por la dictadura cívico militar, de la que fueron parte. Y el caso de Pablo Longueira es paradigmático de ello.

No hago un juicio sobre el proceso que se ventila en los tribunales y que afecta al líder de la UDI. Hago un juicio político sobre sus dichos. Si la frase que cito hubiera sido dicha por una persona opositora al actual gobierno, o un partidario del Apruebo, seguramente hubiera sido calificada de “comunista”, tal vez por el mismo Longueira, pero con seguridad por muchos de sus seguidores, especialmente los que hoy no le entienden y apoyan el Rechazo.

El fantasma de la guerra fría, del comunismo tomando La Moneda, palacio al que han entrado muchos comunistas -como parlamentarios y parlamentarias y como ministras y ministros de Estado- sin que se altere en un ápice la institucionalidad democrática, sigue vivo en la derecha, y es avivado con el objetivo de mantener el escenario en que “que a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes y mientras tanto tenemos políticos, generales, curas que han cometido otro tipo de abusos, tenemos empresarios…”

Pero en lo que sí es consistente Pablo Longueira es en que si el que describe como uno de los principales problemas sociales efectivamente lo es, entonces lo lógico es votar Apruebo para cambiar esa realidad, porque con la actual Constitución “es difícil construir cualquier cosa en Chile porque las instituciones se han venido abajo en su credibilidad”, y se hace necesario alcanzar un nuevo pacto social que inicie el camino de recuperar la confianza en las instituciones y de resolver “uno de los principales problemas que tenemos”. 

Es lamentable que esto no sea comprendido por toda la coalición de gobierno, ni por el gobierno mismo que en su aparente neutralidad está avalando la opción del Rechazo, como si fuera posible volver al 17 de octubre de 2019, y …que no hubiera día 20. 

Es cierto que fue el movimiento desatado a partir del 18 de octubre el que impuso el proceso por el que nos daremos una nueva Constitución, pero esas movilizaciones no fueron por un voluntarismo “comunista”, sino porque “a la mayoría de la gente en Chile le cuesta una enormidad llegar a fin de mes”, y también es cierto que una nueva Constitución, por si, no va a resolver aquello, pero abrirá el camino para que retomemos la confianza en las instituciones, lo que no se conseguirá si triunfara el Rechazo.

Hace algunos años, en un momento de crisis, con la derecha sin rumbo, escribí en twitter: “hace falta Longueira”. Con su Rechazo al discurso predominante en la derecha creo que me da la razón.//ELF

 

Leonardo Soto (PS) busca inhabilitar a Longueira del plebiscito por causa de cohecho

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El diputado Leonardo Soto (PS) afirmó que “Pablo Longueira está inhabilitado para la vida política por tener suspendido su derecho a sufragio al ser acusado por el Ministerio Público por delitos que merecen pena aflictiva, en consecuencia, él no puede ser candidato a un cargo de elección popular, no puede ser militante de un partido político y ni siquiera puede votar en el plebiscito del 25 de octubre”.

El parlamentario pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizar todas las acciones correspondientes para hacer efectiva esta inhabilidad, en el marco de la causa por cohecho contra Longueira.

Soto aseguró que el ex ministro “está gozando a sabiendas de un error de parte de nuestro sistema. El tribunal que revisa este juicio de corrupción debiera haber informado al Servel que este sujeto está acusado por estos delitos que merecen pena aflictiva. Si el tribunal lo hubiera hecho evidentemente estaría en el padrón de los inhabilitados”.

Asimismo aseguró que “Longueira carga con una mochila pesada llena de basura que se fue llenando a través de muchos años donde participó de esta manera de financiar la política, a través de maletines negros y por eso hoy día está en la justicia”.

El legislador señaló, ad portas del juicio oral fijado para el 5 de octubre, que “Longueira está siendo acusado por el Ministerio Público, el CDE y querellantes particulares por haber cometido graves delitos, entre ellos, delitos reiterados de cohecho, un delito gravísimo particularmente cuando se trata de su comisión por personas que representaban a la gente”.

“Ese delito tiene asociado una pena que es pena aflictiva, él está acusado y así formalizado por un delito que merece la pena de 5 años y un día de inhabilitación para cargos públicos, esa pena de crimen se asimila a pena aflictiva y -por lo tanto- de acuerdo a la Constitución se produce un efecto que está establecido en el artículo 16 número 2 de la Constitución que es suspender el derecho a sufragio del ciudadano afectado por esa acusación”, detalló Soto.

“Vamos a pedir al CDE -que representa los intereses de todos los chilenos y que trabaja para el cumplimiento irrestricto de la ley y que también es querellante en el juicio- que le pida al tribunal que envíe el informe respectivo al Servicio Electoral para que margine de la actividad política a alguien indigno de mantenerse en ella, como es Pablo Longueira”, anunció el diputado PS.

Asimismo, pidió “poner una muralla que excluya completamente a aquellos que destruyeron gran parte de la confianza de la gente en las instituciones políticas y que hoy quieren volver y ensuciar el proceso constituyente, no se lo podemos permitir”.

El legislador sostuvo que “en una democracia una persona que comete graves delitos, que defrauda la fe pública, que incurre en actos de corrupción política, que traiciona el juramento que hace como senador ante todos los chilenos, recibiendo dinero de empresas y promulgando o consiguiendo leyes a la carta para ellas, evidentemente no puede estar integrado a la democracia, debe ser excluido”.

Todo lo anterior, agrega el oficio enviado por Soto, se refuerza con el dictamen N°8013/2016 de Contraloría General de la República, que indica que “basta la sola formulación de la acusación por un delito que merezca pena aflictiva para que se genere la suspensión del derecho a sufragio y, consecuencialmente, por el solo ministerio de la ley, la incapacidad temporal para el desempeño de los cargos de alcalde y concejal”.

La Constitución como biografía

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Por Luis Cordero

Director de Espacio Público

«No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias», dice el columnista.

Montesquieu escribió en 1748 ‘El espíritu de las leyes’, una obra que marcaría la manera en que comprendemos el sistema constitucional. Concluye que no existe una Constitución ideal, pues esos textos expresan la historia de un pueblo. Aunque mucho tiempo ha pasado desde entonces, esa explicación todavía tiene sentido, en la medida que las constituciones reflejan las biografías de los países.

Por eso, comparar textos prescindiendo de esos factores es engañarse. Este ejercicio, que de tanto en tanto exponen escépticos de nuestro proceso constituyente, tiene por finalidad contraponer la amenaza de un texto ‘extenso’ en derechos frente a otros ‘clásicos’ supuestamente breves. Para ellos valgan algunos recuerdos.

No es posible entender las constituciones al margen de sus coyunturas históricas, las que habitualmente han sido resultado de turbulencias. Por ejemplo, los textos del siglo XIX en América solo se pueden entender en el contexto de las luchas por la independencia, y las de principios del siglo XX como consecuencia de la crisis social provocada por la industrialización. Tampoco es posible comprender las constituciones de la segunda parte del siglo pasado sin el trauma de la Segunda Guerra. Sería imposible entender la Constitución española de 1978 sin la transición a la democracia luego de la muerte de su dictador. Por eso, solo se puede percibir el constitucionalismo latinoamericano desde 1990 a partir de la progresiva consolidación democrática en nuestros países; la de Sudáfrica de 1996 por el fin del apartheid, la de Finlandia de 2000 tras su incorporación a la Unión Europea, o el proceso constituyente de Islandia como efecto de la crisis financiera de 2008.

Quienes gustan de hacer comparaciones antojadizas tampoco deberían olvidar que la democracia constitucional no ha sido precisamente algo normal. Como ha explicado Loughlin, al final de la Segunda Guerra Mundial solo existían doce democracias constitucionales estables en el mundo. En 1987 eran 66, de 193 miembros de Naciones Unidas. En 2003 ese número fue de 121. A su vez, la mayor cantidad de casos de nuevas constituciones se encuentra después de 1990: nada menos que 103.

De este modo, hablar de constituciones mínimas o máximas, comparando derechos con textos de mediados del siglo veinte o anteriores, es en algún sentido tramposo. Las constituciones operan como biografías nacionales, tienen un sentido original que las explica y siempre desean proyectar un legado.

Pese a ello, todo proceso constituyente debe tener cuidado de no imponer rígidamente hacia el futuro las convicciones del presente. Y, para eso, la Constitución debe garantizar, ante todo, que la democracia funcione como el medio que facilite un diálogo entre generaciones.

*Publicada en La Segunda, el 24/08/2020

Los invisibles

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Por David Pellizzari Ossa

Están entre nosotros, son nuestros hijos atrapados en una adicción, son nuestros padres afectados de demencia, son nuestros parientes, vecinos o incluso nosotros mismos que vivimos una enfermedad mental, pero en silencio, abandonados por el Estado, invisibilizados por una sociedad que prefiere no ver… y, pese a que esto, ya es suficientemente violento: hay violencia directa, discriminación, desprecio, indolencia para con su sufrimiento y el de su familia.

Año a año (a excepción de aquellos con elecciones, o estallidos sociales), el país asiste emocionado a una especie de espectáculo de caridad, una, a estas alturas, tradición que permite que sigamos autocalificándonos de los “campeones de la solidaridad” y otras loas completamente desproporcionadas, pero que se afirman en eventos como la Teletón. Sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar, por décadas, a otras discapacidades que no sean la física, en especial la mental.

El espectáculo televisivo y la organización benéfica privada que nació a su alero, son un ejemplo paradigmático de como entiende la “solidaridad” la sociedad neoliberal que hemos construido: dando una dádiva, entregando dinero, la misma Teletón lo mostró hace algunos años con el testimonio de un joven con dificultad de desplazamiento que pedía ayuda para cruzar la Alameda frente al paseo Ahumada en Santiago, pero la gente solo le ofrecía dinero…

Nadie puede desconocer que, para las personas con discapacidad y sus familias, que han sido beneficiadas por la Teletón, esta institución ha representado un apoyo invaluable, que ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte o la posibilidad de desarrollar sus capacidades o no, y, por tanto, no se trata de enjuiciar su labor, sino solo el efecto colateral no deseado, de poner el foco de la atención pública en una discapacidad en particular, y los métodos para enfrentar las dificultades que acarrea.

La imagen de la discapacidad en Chile es la de un niño en silla de ruedas, no importa que la preeminencia de la discapacidad sea mayoritariamente de adultos en Chile, y por el proceso de envejecimiento de nuestra población sea cada día mas marcada esa tendencia estadística, no importa que haya otras discapacidades, personas sordas, ciegas, y muy especialmente, personas con discapacidad mental. No importa, porque las personas parecen querer mantenerse ignorantes de una realidad escandalosa; y no importa, porque el Estado es el principal interesado en mantener esta imagen que fomente la caridad, para no hacer evidente su abandono total de esta dolorosa realidad, y en particular, de la salud mental de los chilenos.

Además de algún pseudo reportaje en televisión de vez en cuando, o algún mensaje desesperado de los profesionales del área que se cuela en algún medio de comunicación, nadie en Chile habla de salud mental y la profunda crisis humanitaria en que está sumida en nuestro país. Desde luego las políticas públicas en materia de discapacidad, pese a los avances, siguen centradas en un modelo asistencialista ocupado de entregar ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, y un largo y muy necesario etcétera) y no de generar el imprescindible cambio cultural que permita la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y, además, en esa política la discapacidad mental es casi inadvertida.

Los Derechos Humanos de las personas que tienen una discapacidad mental, sea esta cognitiva o psíquica, son vulnerados a diario en Chile y a nadie parece importarle demasiado. El Estado, con su ausencia e incapacidad, permite que personas sean mantenidas en sus hogares en condiciones casi infrahumanas, no necesariamente por la crueldad de quienes las mantienen, sino por su imposibilidad material de entregarles mejores condiciones de vida considerando su condición, la inacción estatal trunca las capacidades de miles de chilenos que no están debidamente incluidos en el sistema educacional chileno que sigue segregando y discriminando abiertamente, nuestro sistema legal priva de capacidad jurídica a las personas denominadas “dementes”, una especie de cruel bolsillo de payaso en que caben muy disimiles afecciones mentales y se mezclan con condiciones como el síndrome de down, en un esquema de “blanco y negro” que no admite los necesarios matices en la materia.

Por si fuera poco, los medios de comunicación contribuyen a la estigmatización de las enfermedades mentales sin el menor remordimiento, y, por último, la red publico-privada de establecimientos dedicados al tratamiento y estadía prolongada de personas con discapacidad mental, además de desesperadamente insuficiente, tiene un triste historial de malas practicas, vejaciones, restricciones innecesarias a la libertad individual de los internos, abusos, violencia y un desgarrador y largo etcétera.

Nuestro Estado simplemente abandonó hace décadas la salud mental de sus ciudadanos, no hay políticas públicas contundentes en la materia, y peor aún, aspectos esenciales como el consumo de drogas, son abordados con una lógica fracasada de represión. La llamada “guerra contra las drogas” es un despilfarro descomunal de recursos en una política destinada invariablemente al fracaso mas absoluto, en vez de abordar los alcances desde el punto de vista de la salud pública y las razones estructurales que afectan a una sociedad en que sus individuos son empujados al consumo de sustancias peligrosas (que incluyen al alcohol y el tabaco también), preferimos la respuesta violenta y fútil de alimentar la fantasía del control total, con más policías, helicópteros y demás recursos destinados a enfrentar a un narcotráfico creado y potenciado por esa misma lógica enferma.

Chile necesita un nuevo trato político, social y económico, que incluya una revisión profunda de la sociedad que hemos construido y sus valores, qué entendemos por solidaridad y qué valor le damos a la dignidad humana, son preguntas que nos ayudarán a redefinirnos como una sociedad verdaderamente inclusiva, y nuestros ojos podrán abrirse a una nueva realidad, en la que no pueden haber invisibles.//ELF

Fenpruss llama a retomar el camino por una nueva Constitución para Chile

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La llegada del COVID-19 a nuestro país en el mes de marzo cambió radicalmente no solo las vidas de muchas personas en todo Chile, sino también las discusiones y prioridades políticas que se venían instalando principalmente a partir del estallido social del mes de octubre. El proceso de elaboración de una nueva Constitución Política, que se iniciaría con el plebiscito de abril, se vio truncado por el impacto del virus ante unas autoridades que cometieron todos los errores posibles en el manejo de la pandemia.

Pese a los anhelos de sectores conservadores por anular el proceso constituyente y postergar indefinidamente el plebiscito, éste finalmente quedó programado para el 25 de octubre. Ante ello las organizaciones sindicales y sociales que impulsamos durante años la necesidad de un cambio de Carta Fundamental, nos hemos vuelto a activar para lograr que la consulta tenga una participación masiva y se impongan las opciones Apruebo y Convención Constitucional.

Desde el Comité de Jóvenes Fenpruss nos hemos dado la tarea de abordar el proceso constituyente desde nuestro espacio, dado que es fundamental que los y las dirigentas jóvenes de la organización se empapen de la mirada estratégica de la Confederación Fenpruss respecto de la necesidad política de promover el votar por el Apruebo y la Convención Constitucional, cuestión que zanjamos el 15 de noviembre y luego fuese ratificado en Asamblea Nacional de nuestra organización. Hemos visto que han surgido posiciones que van desde proponer el silencio a la interna de la organización, a causa de la actual exigencia que la pandemia realiza a los equipos de salud; así como opiniones que plantean que hoy más que nunca existe un escenario propicio para demostrar con la experiencia empírica el camino trazado en nuestra propuesta “La salud que soñamos es posible”.

¿Por qué la nueva Constitución es una necesidad política? Porque no se trata de estar a favor o en contra del proceso constituyente solamente por interés individual, creencias particulares o factores volitivos, sino que es menester entender cómo impacta en la salud pública, en nuestros socios y socias, en nuestro trabajo y en nuestra condición de sindicato de profesionales de la salud. Por ello es necesario analizar tanto la actual Constitución y sus principios, como también visibilizar posibles nuevos textos constituyentes a la luz de los consensos que internamente tenemos en materia de nuestras propuestas de sistema de salud universal, de carrera personalizada, de cobertura de brechas, de situación del sector privado, de modelo de previsión social en salud, de defensa de la salud pública, entre otros.

Desde la Fenpruss hemos planteado una serie de necesidades para el sistema de salud chileno que solo son realizables bajo una constitución no neoliberal, que no se encuentre regida por el principio de subsidiariedad y que permita el pleno desarrollo del potencial de los equipos que atienden al 80% del país bajo un sistema de salud universal, gratuito y de calidad. Esto, básicamente, porque los principios que rigen a la actual Constitución, y que se encuentran en el Capítulo I sobre bases de la institucionalidad, priorizan por una parte a la persona individual aislada de la sociedad, limitan la acción de los sindicatos y sus dirigentes a sus fines “particulares”, impidiendo a los dirigentes ser candidatos de elección popular y regulando en extremo los procesos de negociación sindical, como también instalando el principio de subsidiariedad en la acción del Estado, que señala que éste debe hacerse parte solo en aquellas iniciativas en que el mercado no ofrezca cobertura. Esta idea también abrió al mercado áreas que en principio eran estatales.

Dichas disposiciones explican los traspasos de recursos públicos a privados en salud, educación, previsión social, entre otros; y justifican las privatizaciones, concesiones y demás prácticas tendientes a desmontar el Estado como protector del bien común.

En Chile el 8,9% del Producto Interno Bruto es destinado a salud. De esto, solo la mitad se utiliza en la salud pública, siendo este sistema el que atiende al 80% de la población. Mientras tanto, el sistema privado atiende al 19% de la población y el 1% restante tiene sistemas particulares financiados por el Estado pero de uso restringido (Fuerzas Armadas). Los privados reciben a través de vías directas e indirectas el otro 50% de los recursos, principalmente a través del cobro estratosférico a la cobertura de las necesidades derivadas de la red pública que se pagan muy por sobre el valor declarado por FONASA a través del GES. En términos de cobertura territorial, el sistema público de salud está presente en el 95% del territorio nacional, mientras que el sistema privado se ha desarrollado solo en las metrópolis y grandes ciudades del país.

En el marco de la pandemia quedó al descubierto el progresivo desmontaje del sistema de salud público derivado de los principios antes nombrados, lo que derivó en una escasez crónica de equipos clínicos, expresada en falta de cargos, precaria estabilidad laboral y ausencia de derechos que existen para el sector privado. También se notó en la enorme ausencia de implementación tecnológica en muchos establecimientos, lo que se limita gravemente las opciones de resolutividad de los mismos, privilegiando nuevamente al sector privado.

Dicha situación de coexistencia generó que para poder abordar la pandemia del COVID-19 se haya tenido que construir un sistema único de salud “de facto”, donde si bien el sistema privado se sumó a la gestión de la red asistencial con sus camas y equipos, se mantuvo una lógica de pago por sobre el valor que FONASA asigna para las diversas prestaciones requeridas, y se evidenció aún más el desfinanciamiento que ya se vislumbraba en el presupuesto 2020 del sector salud.

Es gracias a la lógica subsidiaria y la defensa irrestricta del mercado que no pudo haber control respecto de los precios que se definieron para los elementos de protección personal e insumos básicos, así como tampoco un enfrentamiento a tiempo de la escasez de mascarillas. En este sentido, es decidor que el primer acto del Ministerio de Salud una vez declarada la pandemia, fuera ponerle precio al test PCR. Es también gracias a dicha lógica subsidiaria que los regímenes contractuales de los profesionales derivados de la pandemia han sido principalmente a través de honorarios y compras de servicio, desprovistos de una serie de derechos básicos como descanso, protección de la maternidad y pago en base a jornada, además de retrasos de hasta cuatro meses en cancelar remuneraciones.

El producto de dicho énfasis es también la lógica de proteger el factor económico por sobre la vida de las personas, lo que se ha notado en las estrategias de contención del virus que ha tenido el Minsal. La autoridad desde un inicio se cerró a transparentar los criterios de determinación de cuarentenas para algunas áreas y provincias, y tuvo que hacerse cargo de las enormes diferencias en las cifras de fallecidos, lo que provocó una importante pérdida de credibilidad en las autoridades políticas del país.

Estos y otros factores han llevado a que más del 60% de la población esté de acuerdo con llevar adelante, de cualquier manera, el plebiscito por una nueva constitución el 25 de octubre, mientras que entre el 65% y el 77% estaría marcando la opción Apruebo, según diversas mediciones realizadas entre enero y julio de este año. Por eso se hace más necesario que nunca, desde nuestra vereda, reforzar las razones que nos impulsan a tomar posición por el Apruebo en esta coyuntura, y reforzar la necesidad, producto del descrédito a la clase política, que dicha opción se canalice principalmente por una Convención Constitucional, para efectos de asegurar que sea la ciudadanía quien construya la nueva Carta Fundamental.

🔴Características del proceso constituyente:

-Plebiscito de entrada (voto voluntario) y de salida (voto obligatorio).

-Quórum de dos tercios para aprobaciones en general al interior del organismo redactor de la nueva Constitución.

-Representación de independientes que compiten en igualdad de condiciones con partidos bajo el mismo sistema de elección de los diputados (D’Hont), con los mismos distritos, regulados por las mismas normas de publicidad y propaganda que las elecciones regulares. Se redujo el requisito de firmas establecido para presentar candidaturas de 0,5% a 0,4%. de las firmas de la última elección.

-Incluye paridad de género expresada en listas tipo “cebra”, encabezadas por una mujer y con sistema de corrección para asegurar paridad en el resultado final.

-Hasta ahora sin cupos para pueblos originarios, se habla de un 15%.

-Con “hoja en blanco”, que implica no tomar como base la Constitución de 1980 ni en fondo ni en forma.

-De ganar el Apruebo, el tiempo de trabajo sería de nueve meses con posibilidad de extenderlo por otros tres una sola vez.

-De escogerse una Convención Mixta, esta es integrada en partes iguales por ciudadanos/as electos/as y parlamentarios/as electos por el Congreso pleno en número de 86 (172 totales).

-De escogerse una Convención Constitucional, serán 155 los convencionales constituyentes, electos únicamente para ese propósito.

-Se incorporó una retribución para los convencionales de 50 UTM mas asignaciones.

Una voltereta para adaptarse

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Por Camilo Escalona

Ex presidente del PS

El alcalde Joaquín Lavín logró aumentar la cantidad de comentarios que genera en los medios de comunicación al señalar que su actual mirada política propone “incorporar muchos de los conceptos de la social democracia europea”.

Esto significa que Lavín, autor de “la revolución silenciosa”, otrora texto de cabecera del neoliberalismo chileno intenta borrar, una vez más, la repulsiva cicatriz de su pasado como difusor de la dictadura, esa etapa de intransigencia libre mercantilista en que se definió como “gallo de pelea” en la campaña de candidato a diputado de la UDI, en 1989.

Después ajustó la mira y en 1999, levantó la vaga idea del “cambio”, no se sabía cual pero le acarreó un buen apoyo electoral, luego se volvió a redefinir, esa vez, como “aliancista-bacheletista”.

Es decir, es una figura adaptable, cuya retórica se ajusta a lo que desea le escuchen para rehacer su imagen política dado que su temprana pasión pinochetista es un lastre adverso. Así para sacudirse esa mochila de plomo, dijo que de haber sabido las violaciones a los Derechos Humanos, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, habría estado con la opción del NO.

Su etapa pinochetista lo hace ser lo que es, alguien “controvertido”, un ex ideólogo que quiere ser “cosista”, light, nada denso, huye las profundidades conceptuales, con todo se ha mantenido como una opción en la derecha, lo que no es poco, pero no logró alcanzar la Presidencia de la República.

Ese objetivo le ha sido esquivo, lo tuvo cerca en 1999, cuando la diferencia con el triunfante Ricardo Lagos fue en promedio menos de un voto por mesa, pero luego la posibilidad de instalarse en La Moneda, lo ha tratado con el mal sabor de la lejanía.

Su antiguo rival Sebastián Piñera le copó un sitial que Lavín creía le aguardaba, liderar la derecha para entrar a La Moneda de terno y corbata, sin destruir la democracia como el 11 de septiembre de 1973, sin recurrir al terrorismo de Estado, ni tanques, corvos, bayonetas y bombardeando el edificio, incendiándolo.

Cuando el mega millonario Piñera tuvo el favor de la división de los demócratas y ganó la Presidencia, Lavín perdió la senaduría en Valparaíso, tuvo que aceptar ser ministro de Educación y reprobó el examen. Así volvió a la Alcaldía, al cosismo de “laskondesburgo”.

Ahora el vacío de liderazgo en la derecha y la debacle piñerista le ha dado un espacio para rehacer la fama y la opción presidencial lo vuelve a ilusionar.

Que en democracia, sin aventuras golpistas, quiera llegar a Presidente es legítimo, ese propósito no es objetable, pero para alcanzarlo fue adquiriendo la manía de decir a todo que sí, se sube en todas las micros sin importarle dónde se dirigen y a cada uno de sus interlocutores acomoda el mensaje, por eso, se ha ido deformando en tal grado que puede ser un recipiente en que cabe cualquier cosa.

Hoy no se sabe que es “el lavinismo”. Quiere ser el candidato de la UDI sin las ideas de la UDI, pretende ser el candidato de la derecha aunque desea vestirse como de “centro”. A la postre puede ser que la afición de Lavín por los matinales televisivos obedezca a que le agrada ser un maniquí, un objeto inocuo que no molesta y que se adapta a la moda, indiferente a quienes no gustan andar a la moda, pero con ese “programa” no se puede gobernar el país, sería condenarse a la prolongación indefinida de la crisis actual.

Le encanta el libre mercado pero habla de derechos sociales, tiene que apoyar a Piñera, pero cada día hace fintas para desmarcarse del gobierno porque ahí ve el “abrazo del oso”.

Sin duda que esa es la pesadilla de Lavín, la fatalidad de ser la candidatura del continuismo piñerista, sabe que ahora el cambio es inaplazable, porque Chile no soporta más de lo mismo, eso sería dejar inmediatamente de ser competitivo e intenta camuflarse. Piñera y su gobierno son un salvavidas de plomo, así se lo confirman los análisis de sus asesores.

Ahora bien, hay que examinar con más detalle su último acomodo, el querer ser “socialdemócrata”. No cabe duda que para quienes en la izquierda postulan articular y materializar la justicia social en una potente institucionalidad democrática, con un Estado social y democrático de derechos, está incursión lavinista de exaltar el fuerte Estado social de Europa les da la razón.

Es cierto que sus cálculos apuntan a mejorar su caudal electoral y eso causa el malhumor en muchas personas de centroizquierda e izquierda por el desenfadado oportunista de los malabares retóricos del edil, de eso no cabe duda, pero también es cierto que Lavín está confesando que el neoliberalismo a ultranza que el mismo ayudó a implantar con la dictadura se agotó totalmente y como opción y/o proyecto de sociedad para Chile fracasó, resistió cuatro décadas y el estallido social desplomó su imagen de imperturbable indiferencia al descontento y la desafección social y política.

La derecha, el continuismo piñerista y quien sea la candidatura del bloque dominante carece de una alternativa sustantiva, cuyos contenidos estratégicos saquen al país de la crisis, por eso, la ansiedad lavinista lo lleva a vestirse con las ideas de sus rivales porque como candidato de la derecha inhumana cuyo gobierno abandonó a su suerte a las familias durante la pandemia no tiene como ganar, así va a ser el perdedor, entonces se presenta como lo que no es y quiere disfrazar el mercantilismo salvaje como espíritu solidario.

Como el pragmático Lavín, la derecha, que no es fundamentalista de mercado hasta la irracionalidad, sabe que viven un dilema moral profundo, comprobar que tanto crimen, dolor y amarguras no tienen justificación histórica alguna. Han sostenido un modelo de dominación que carece de legitimidad y perdió sustentabilidad.

La idea de un nuevo “estallido” los sobresalta, perdieron la tranquilidad. Hay demasiada desigualdad y la estabilidad dada por la resignación social ya no está asegurada.

Por tanto, más razones fundamentan y exigen la construcción de una alternativa unitaria desde la oposición porque el libre mercantilismo, el consumismo y el individualismo no son la bandera para ganar en las presidenciales del 2021.

De allí que el camaleón deba arriesgarse al escarnio o el ridículo con tal de adaptarse a las nuevas circunstancias. El estrés lo impulsa a robar las ideas ajenas para cubrir la ausencia de proyecto político estratégico.

La izquierda debe levantar su propuesta de un Estado social y democrático de derechos, con vistas al ejercicio de la justicia social con plena libertad y progreso económico. La derecha fracasó. Hay que darle un nuevo horizonte a Chile.

Tantos años acusados de “estatistas”, incluso encarnizadamente perseguidos y descalificados por esa caricatura que satanizaba la izquierda en los tiempos en que el mismo Lavín – el que desea ser socialdemócrata – era operador del régimen castrense, son muchos miles los que ahora son indirectamente reconocidos.

Por eso, en los aprontes lavinistas de viraje hacia “el centro” falta lo más importante, esto es que rechace el Estado subsidiario, la demoníaca criatura neoliberal pinochetista que ha sido el instrumento usado para desbaratar el Estado, jibarizarlo e impedirle cumplir su objetivo de cautelar el bien común.

El Estado subsidiario es un Estado impotente, intencionalmente debilitado para que no cumpliera sus tareas fundamentales y que la fuerza económica del país se concentrara en los mega conglomerados que deciden la acción de la economía y el Estado en su propio beneficio. Esta es una definición esencial del proceso constituyente y la adaptabilidad de Lavín es incalculable, pero no se le puede permitir que eluda esta definición medular.

El dilema está planteado. El Estado futuro podrá tomar definiciones y adoptar decisiones que reorienten en un sentido solidario y de sustentabilidad el modelo de desarrollo o deberá conformarse con ajustes que no corrijan el agravamiento de la desigualdad y los abusos estructurales en contra de los trabajadores y la clase media.

Por eso, lo que finalmente ocurra en el Plebiscito del 25 de octubre será decisivo. Esa es la gran responsabilidad de los luchadores por la justicia social en la actual encrucijada que está frente a Chile.//ELF