Columnas

Por Camilo Escalona

Ex presidente del PS

Hace dos años, el mortífero disparo de un arma de guerra causó la muerte al comunero mapuche, Camilo Catrillanca, procedía del fusil de un carabinero del “Comando Jungla”, una unidad policial militarizada, cuyos efectivos atacaron a la joven víctima por la espalda y sin posibilidad alguna de protegerse para salvar su vida.

Esos carabineros fueron enviados por orden presidencial a la Araucanía como parte de una estrategia de violenta confrontación con el pueblo mapuche, el pueblo originario que luchó indómito contra la implantación del régimen colonial, que preservó su identidad, pero que también interactuó y mezcló con los ocupantes de su territorio y después de la Independencia Nacional sufrió por el avasallamiento en sus tierras por la acción del Estado oligárquico que se impuso y configuró hasta llegar al Chile actual.

El asesinato de Camilo Catrillanca conmovió a Chile y cuestionó en su raíz la militarización de la Región que, usando a Carabineros como fuerza de choque, ha implementado el gobierno, por orden del Presidente de la República, el que actúa imbuido del criterio extremista de la oligarquía agraria.

En efecto, con su habitual simplificación de la realidad chilena y de los hechos políticos, económicos, sociales y culturales, a fines de Junio del 2018, Piñera fue a instalar como gran solución a la demanda histórica del pueblo mapuche, el llamado “Comando Jungla”, principal fuerza de choque de esa perversa estrategia que solo aumentó la violencia estatal en la región.

En esa ocasión, el gobernante dio abundante material audiovisual, filmándose delante de los uniformados armados como si fuesen a combatir en una zona del mundo devastada por aquellas contiendas bélicas sin control, con miles o decenas de miles de víctimas. Su irrefrenable afán mediático lo hizo avalar un equipamiento y preparación totalmente ajenos a la función policial.

Con esa puesta en escena cometió un error garrafal, autorizó la violencia policial, por generar un clima bélico, totalmente artificial que alimentó en los efectivos allí emplazados, el impulso represivo con que fue acribillado a mansalva, arriba de su tractor de trabajador del campo, Camilo Catrillanca.

En las horas y días siguientes hubo intentos de ocultar la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, sobrevivió el joven mapuche que estaba junto a la víctima el que gracias al apoyo que le brindó el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo imposible el montaje de las fuerzas represivas. Así se derrumbaron las falsedades que se fraguaron sobre la marcha y los involucrados empezaron a reconocer lo acontecido. La verdad se impuso, pero los culpables y sus defensores han estado retardando la justicia.

El gobernante no estaba en Chile, en su galopante autocomplacencia fue de viaje pretendiendo codearse con figuras de peso global en un evento internacional, pero el crimen del comunero mapuche frustró tales devaneos, en cosa de minutos se vio en la obligación de volver a toda prisa, porque el gabinete de sus incondicionales hacía agua.

La decisión de militarizar la Araucanía se convirtió en un boomerang y el Comando Jungla se tuvo que retirar, pero el plan de militarización continúa, por eso, la derecha ha insistido una y otra vez en involucrar al Ejército en la represión a las comunidades, lejos de aceptar que se necesita un nuevo trato con el pueblo mapuche, que reconozca sus derechos históricos.

Asimismo, al desnudarse las falsas versiones de los involucrados se derrumbó la autoridad del Alto Mando de Carabineros lo que fue usado por Piñera para su descabezamiento y la imposición de su ex edecán como Director General. El “gustito” que se dió Piñera con esa promoción arbitraria y “amiguista”, fue otra andanada en contra del profesionalismo en Carabineros y su crisis institucional ha llegado a su máxima expresión.

Desde entonces la violación de los Derechos Humanos pasó a ser práctica habitual en la Institución. En los hechos, ante las movilizaciones sociales, hacen lo que quieren. Cuando lo deciden actúan sin freno alguno y si no lo quieren dejan las custodias, sin explicación alguna, como pasó con las abandonadas Iglesias incendiadas en las cercanías de la plaza de la Dignidad.

El dolor por el crimen de Camilo Catrillanca cambió profundamente la situación en la Araucanía y suscitó una solidaridad en el pueblo chileno, de tal magnitud, tan amplia y masiva que, en el estallido social, en octubre del 2019, la bandera mapuche tuvo un lugar esencial. El reconocimiento de sus derechos, el respeto a sus raíces ancestrales y la devolución de las tierras usurpadas, el acceso a las aguas, la preservación de su cultura y el estudio de su lengua se han instalado en el centro de la agenda del país.

El martes de esta semana, Piñera volvió a la Araucanía, ya no tiene el Comando Jungla para hacer noticia y perdió toda autoridad por su incompetencia. Su gobierno se acabó, no tiene más que un plazo de término que no ha cumplido.

Al cumplirse dos años del crimen de Camilo Catrillanca, Piñera no tuvo la estatura política para encontrarse con su familia o los lonkos que representan las comunidades que han debido soportar el impacto de la violencia estatal instigada por intereses ultraconservadores, cuya defensa es lo único que rompe la inercia burocrática del gobierno.

Pero, azuzado por el berrinche de un sector político que lo respalda, Piñera viajó con el fin de hacer otro anuncio parafernalico: la designación de un “coordinador de seguridad” para lo que llamó “Macro Zona Sur”, o sea una fanfarria burocrática que no significará nada. Tan pomposa denominación ni siquiera tenía quien la ejerciera. Otro más de una lista interminable de voladores de luces, a la espera que la represión o un milagro puedan hacerse cargo de su ineptitud política.

Chile y el pueblo mapuche deberán seguir a la espera de un nuevo gobierno que, con auténtica vocación nacional, reabra el diálogo, aborde los temas de fondo y formule una vía de solución.

Al aprobarse, en el Plebiscito del 25 de octubre la redacción de una nueva Constitución, nacida en democracia, a través de una Convención Constitucional, floreció la causa mapuche y de los pueblos indígenas. Así Camilo Catrillanca vive, su presencia vuelve a latir en la demanda histórica que pretendía ser acallada cuando fue vilmente asesinado.

La Convención Constitucional es un órgano único, político e institucional, para avanzar en la puesta al día del carácter democrático, en el reconocimiento de la pluriculturalidad y diversidad, que conforman el Estado de Chile hoy y en las próximas décadas.