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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnas

¿El dinero no importa? Accountability de la técnica

diciembre 16, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Fernando Araya, abogado y socio de Estudio Lewin

Si durante los próximos años en Chile seremos testigos de una industria de medios de pago con tarjeta con cambios cosméticos, o bien de un ecosistema moderno de soluciones de pagos minoristas, es algo que está en manos tanto de los reguladores de libre competencia como financieros.

A mediados de noviembre, diversos intervinientes expusieron ante el TDLC (Tribunal de Libre Competencia) en la audiencia pública relativa al procedimiento de consulta de Transbank sobre un sistema de autorregulación tarifaria para el margen adquirente, uno de los elementos –pero no el más importante– que pagan los comercios (y los consumidores) por la utilización de tarjetas como medios de pago.

Esta semana, adicionalmente, el TDLC dio inicio a un procedimiento para la dictación de instrucciones de carácter general que deberán considerar las empresas al determinar las tasas de intercambio en el mercado de medios de pago con tarjetas, hasta que las mismas se regulen por ley.

Una cuestión tan importante para el bolsillo de todos los consumidores está siendo resuelta por lo más sofisticado del conocimiento técnico del país, al margen de un control democrático. En buena hora, dada la profunda crisis que afecta a gran parte de nuestra clase política.

El operador dominante, la FNE (Fiscalía Nacional Económica), grandes comercios, recaudadores, proveedores de servicios de pago, desafiantes en adquirencia, marcas de tarjetas, consumidores, son todos parte de un debate que nos mantendrá en un juego de suma cero –con meras distribuciones de excedentes entre los participantes- o bien nos llevará a un incremento de la torta, es decir a soluciones de pago innovadoras y que estén a disposición de más comercios y más consumidores. Sin embargo, éstos son sólo nuevos capítulos de debates que se estarán verificando en los próximos meses.

La falta de control democrático en gran parte del esquema regulatorio a ser diseñado, implementado y -luego de un tiempo- evaluado, impone a los reguladores los más elevados estándares de accountability y calidad normativa en las decisiones que adopten en los próximos meses. Muy probablemente, implique recomendaciones de cambios en el diseño institucional con un hipotético nuevo órgano regulador a cargo de sistemas de pago minoristas.

El dinero plástico, el dinero digital, el dinero móvil, hacen posible el e-commerce. El período de pandemia ha mostrado que el futuro va hacia allá: hacia un ecosistema moderno de soluciones de pagos minoristas. Los reguladores vuelven a tener la llave. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Abogado, columna, Columnista, Fernando Araya

Alcaldes presidenciables, inaceptable

diciembre 11, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pablo Jaeger

Concejal por Providencia y candidato a alcalde DC por esta comuna

La Sra. Matthei ha informado recientemente por la prensa que podría ir de candidata a la reelección en Providencia y después, si gana, ser candidata a Presidenta de la República, renunciando al cargo de alcaldesa. Lo haría porque no habría “impedimento legal” y “todos lo hacen”.

Antes, el 30 de agosto pasado, había declarado que era “inaceptable” ir de candidata a alcaldesa y renunciar después para ir por la Presidencia. Ahora, tres meses más tarde, ha dejado de ser “inaceptable”.

Yo sigo pensando que es inaceptable, y agrego que sería inmoral, grosero e ilegal, además de una grave falta de respeto a los vecinos de Providencia.

Veamos cómo podrían ser las cosas: la alcaldesa se presenta de candidata a alcaldesa; en las elecciones de abril de 2021 eventualmente es electa; en mayo asumiría el cargo; ese mismo mes, o en junio, renunciaría al cargo de alcaldesa si decide ser candidata a Presidenta; el Concejo de Providencia tendría que elegir entre sus integrantes al nuevo alcalde, que estaría en funciones hasta el final del período.

Así, los vecinos de Providencia tendrían de alcalde por 4 años a una persona que nunca fue candidato a ese cargo. ¿Qué les parece? ¿Es aceptable?

Por otra parte, que la Sra. Matthei les informe a los vecinos que puede presentarse de candidata a alcaldesa, pero pensando en ser candidata a Presidenta, también es inaceptable. Es un engaño, pero además demuestra falta de compromiso con la comuna. Nos dice, «puedo ser esto o lo otro, según mi propia conveniencia».

Asimismo, creo que esta oscura maniobra es ilegal. Nos preguntamos si se ajusta a la probidad administrativa una acción como esta, que pudiera devenir en un “notable abandono de deberes” de la alcaldesa presidenciable. El artículo 8 de la Constitución señala al respecto que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que según la ley significa “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Así las cosas, juzgue usted si competir en una elección sabiendo que podrá renunciar si resulta electa, para ser candidato a otro cargo, es una actitud honesta y leal. O, peor aún, no se hará evidente que la candidata está anteponiendo su interés personal por sobre el interés general. Los vecinos de Providencia tienen la palabra.

De más está decir que todo lo aquí señalado también es aplicable a los alcaldes Lavín y Jadue.//ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columinista, columna, Pablo Jeager

Organizaciones sociales, parlamentarios y representantes de la cultura se unen para exigir libertad para los presos de la revuelta

diciembre 8, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

A través de comunicado de prensa el “Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos” solidariza con las organizaciones de familiares de las y los presos del estallido social que se encuentran en ayuno y huelga de hambre.

Las organizaciones exigen libertad para los detenidos que llevan más de un año encarcelados afectando su salud integra. También piden que se termine con las leyes represivas que criminalizan la legitima expresión de protesta y la utilización de testigos falsos que mantienen encerrados a niños y jóvenes. Al respecto, proponen la redacción de un nuevo proyecto de ley que permita, “la libertad de todos los presos y presas del estallido social”.

Finalizan realizando un llamado a la sociedad a solidarizar con la causa exigiendo su libertad e invitan a participar de una masiva jornada de movilización, en el día internacional de los derechos humanos, el jueves 10 de diciembre desde las 11 horas en la Plaza de la Constitución.

⏹️Algunos de los firmantes de la declaración👇:

Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos

-Senador Juan Ignacio Latorre (RD)

-Senador Alejandro Navarro (PRO)

-Diputada Emilia Nuyado (PS)

-Diputado Amaro Labra (PC)

Diputado Boris Barrera (PC)

-Diputada Camila Vallejos (PC)

-Diputada Carmen Hertz (PC)

-Diputado Daniel Núñez (PC)

-Diputado Guillermo Teiller (PC)

-Diputado Hugo Gutiérrez (PC)

Diputada Karol Cariola (PC)

-Diputada Marisela Santibáñez (PC)

-Diputada Maite Orsini (RD)

-Fanny Pollarolo. Ex diputada (PS)

-Álvaro Ramis. Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Felipe Berríos del Solar

Benito Baranda Ferrán

Elicura Chihuailaf. Premio Nacional de Literatura

María Paz Santibáñez. Pianista

Jorge Coulón L. Músico Intillimani

Roberto Márquez. Músico Illapu

Ana María Gazmuri. Fundación DAYA

Raquel Torres Guerrero. Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre

Carlos Margotta. Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos

Isabel Mayorga. Comisión Ética Contra la Tortura

Enrique Correa Jaña. El Desconcierto

 

Parlamentaros Adherentes

 

Senadora Adriana Muñoz

Diputada Camila Rojas

Diputada Natalia Castillo

Diputada Claudia Mix

Diputada Gael Yoemans

Diputado Marcelo Diaz

Diputado Pablo Vidal

Diputado Gonzalo Winter

Diputado Giorgio Jackson

Diputado Jorge Brito

Diputado Diego Ibáñez

Diputado Gabriel Boric

Equipo Parlamentario, Senador Alejandro Navarro Brain

 

Organizaciones Adherentes

Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre

José Pérez Debelli. Presidente ANEF

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF

Fundación DAYA

Central Unitaria de Trabajadores CUT

Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud. CONFUSAM

Agrupación Nacional de Usuarios y Consejos de Salud. ANCOSALUD

Mario Aguilar. Colegio de Profesores de Chile

Luis Messina. Coordinadora No + AFP

Jonatan Díaz, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos

Comisión Chilena de Derechos Humanos

Comisión Ética Contra la Tortura

Comité Derechos del Pueblo CODEPU

FENATS Barros Luco Trudeau

Coordinadora 8 de Marzo

Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre

Coordinadora de DDHH de Colegios Profesionales

Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos

Movimiento Furiosos Ciclistas

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP

Coordinadora Víctimas y Familiares de Trauma Ocular

Comisión de Derechos Humanos QueChiledecida Extranjero

AEFEN. Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública

Asamblea por el Pacto Social

Frente Cacerola

Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno

CORPADE

Coordinadora 18 de Octubre Austral

Diane Alméras. Coordinadora Humanity´s Team Chile

Movimiento Social Aguirrino (PAC)

Partido Alternativa Feminista en Formación

Colectivo “No era depresión, era capitalismo”

Unidad Social Providencia

Bloque de Culturas en Lucha de Unidad Social

Úrsula Eggers Coordinador de Derechos Humanos Providencia

Centro Cultural Conarte

Centro Cultural “Luchín” Comuna El Bosque

Roberto Rivera Vicencio. Presidente Sociedad de Escritores de Chile

CONES Coordinadora Nacional de estudiantes Secundarios

Brigada Ramona Parra BRP

Mujeres Autoconvocadas de Macul

Asamblea Florida Sur

Vecinos Autoconvocados La Reina

Agrupación de Mujeres Democráticas

Coordinadora Territorial Ñuñoa

Fundación Gente de Calle

Junta de Vecinos Blas Cañas

Escuela Permanente PRAIS

Acción Social y Articulación Ciudadana de la Reina

Unidad Social Arica. Bloque Territorial

Velatón Permanente Plaza Ñuñoa

 

Teatro y cultura

Malucha Pinto

Grimanesa Jiménez

María José Bello

Francisco Pérez Bannen

Loreto Valenzuela

Daniel Muñoz

María Izquierdo

Amparo Noguera

Alejandro Goic

Carlos Martínez

Paulina Zúñiga

Jaime Lorca

Claudia Hidalgo

Lía Maldonado

Claudio Arredondo

Marcela Shultz

Paulina Hunt

Malú Jiménez

Iván Álvarez

Luis Uribe

Virginia Silva Ponce

Marcela Paz Silva

Valentina Pávez. Bailarina

Manuel Peña

RACH Red de Actrices Chilenas

Compañía de Teatro El Riel

Centro de Formación Memoria y Futuro

Teatro Cinema

Aracataca Teatro

Sindicato de Actores Filial Coquimbo

SIDARTE Filial Los Lagos

Gerardo Cáceres. Dramaturgo

Daniela Lillo. Dramaturga y guionista

Javiera Blanco. Cuentista política

Escritores y Académicos

Elicura Chihuailaf

Pía Barros

Jorge Montealegre

Raúl Zurita

Mario Amorós

Lorena Díaz Meza. Directora Editorial Scherezade

Nora Fernández

Diamela Eltit

Claudio Nash

Eugenia Brito (Poeta)

María Fernanda Otilia. Artista Visual

Marcelo Leonard

Dante Cajales. Poeta

Mónica Musalem

Claudia Apablaza. Escritora y Editora

María Eugenia Morales. Diseñadora Gráfica

Gabriela Aguilera V. Escritora. Codirectora Proyecto Internacional Basta!

Hilda Carrera. Escritora

María Eugenia Letelier

Jorge Martínez. Académico U. de Chile

Rodrigo Rojo. Escritor

Carolina Cepeda. Escritora y Actriz

Solange Ordax. Arteterapeuta

Paloma Griffero. Poeta Investigadora del Ciela, U de Chile

Alejandra Holzapfel Picarte

AUCH Autoras Chilenas

Jaime Ahumada. Periodista

 

Músicos

 

Anita Tijoux

Roberto Márquez (Illapu)

Villa Cariño

Quilapayun Europa

Felipe Zurita Eltit

Isabel Parra

Indoamérica

Fundación Violeta Parra

Manuel Araya

Cristóbal Berrú

Fabiola González. Chinganera

Matías Malinaric. Músico. Ingeniero de Sonido

Nora Blanco

Manuel Merino

César Jara

Camilo Lema

Cristian González

Marcelo Coulon

Daniel Cantillana (Inti Ilimani).

Alexis Venegas.

 

⏹️Acá link completo👇:

Declaracion Grupo Iniciativa

[pdf-embedder url=»https://diarioenlafontana.cl/wp-content/uploads/2020/12/Declaracion-Grupo-Iniciativa-1.pdf» title=»Declaracion-Grupo-Iniciativa (1)»]

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: estallido social, independientes, Revuelta

Colectivo Nacional por la Discapacidad exige un 5% de candidaturas reservadas en la próxima Convención Constitucional

diciembre 6, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

El derecho a la participación política de las personas con discapacidad se encuentra escrito en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la cual está ratificada por el Estado de Chile hace más de doce años.

La organización «Colectivo Nacional por la Discapacidad» realizó este sábado una manifestación para exigir un 5% de candidaturas reservadas en listas nacionales para personas con discapacidad en la próximas elecciones para constituyentes constitucionales.

Miembros del colectivo, que agrupa a más de 180 organizaciones, fueron hasta la puerta del ex Congreso Nacional, en Santiago, a expresar que «a menos de 40 días de la inscripción de candidaturas para la Convención Constituyente, aún no exista claridad de la participación que tendrán las personas con discapacidad».

Pablo Selles, miembro del Colectivo Nacional por la Discapacidad, argumenta que «manifestamos nuestro malestar ante la dilatación de la aprobación de las candidaturas reservadas para personas en situación de discapacidad, que se encuentra entrampada en la comisión mixta del Senado». Luego, el grupo realizó una marcha hasta La Moneda, donde fueron difundiendo la necesidad de «una Constitución inclusiva, y que las personas en situación de discapacidad se incorporen en este proyecto constituyente de manera activa», explica Selles.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: #NuevaConstitucionParaChile, discapacitados

Negocio redondo

diciembre 6, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera

“La dilatada trayectoria política del exsenador Jaime Orpis, reconocida por sus pares en el Congreso, y su incansable labor social por rehabilitar a jóvenes de la adicción a las drogas”.

Así parte el editorial de ayer de El Mercurio, que también destaca que “en un hecho poco habitual, el mismo parlamentario, en un gesto valioso, reconoció conductas ilícitas -si bien negando la acusación de cohecho-, ofreció disculpas y señaló, en una emotiva declaración, que después de este proceso ya no sería un hombre digno de confianza”.

Leyendo ese encendido homenaje cuesta entender que el editorial habla de la condena a dos políticos corruptos -el exsenador Orpis y la exdiputada Isasi- que recibieron dinero de un gran grupo económico a cambio de seguir instrucciones para favorecer los intereses de esos millonarios financistas.

Es un doble estándar habitual en Chile. A quien comete un lanzazo o hurta una gallina se le llama, sin ningún eufemismo, “delincuente”. Pero cuando es un miembro de la élite quien delinque, lo relevante es su historia de vida, su “gesto valioso”, su “emotiva declaración”, o como tituló esta semana La Segunda: su supuesta condición de “político ejemplar”.

Incluso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró su “plena confianza en Jaime Orpis”, quien ya estaba confeso de fraude al fisco, y se ofreció “con todo gusto” a declarar en su favor en el juicio (ofrecimiento que retiró tras las críticas).

¿Cuántos minutos duraría en su cargo un ministro de Justicia que apoyara así al autor de un portonazo o un robo? ¿Y por qué, en cambio, se acepta que lo haga cuando el culpable de un grave delito es miembro de su mismo grupo social?

Los ejemplos sobran. Hablando de delincuencia común, Libertad y Desarrollo (LyD) critica duramente el “garantismo” de los jueces que “con tal de no decretar prisión preventiva”, llegan a “límites propios del realismo mágico”. Pero cuando los acusados son los dueños de Penta, LyD advierte que la prisión preventiva contra ellos “pisotea garantías básicas” y constituye “una dinámica de caza de brujas” (Penta era uno de los financistas de LyD).

Lavín y Délano libraron con clases de ética. Aún no sabemos si Orpis purgará su condena en la cárcel o quedará, también, libre. Sí sabemos que el corruptor en este caso, el exgerente general de Corpesca Francisco Mujica, fue indemnizado con más de $300 millones y reubicado en puestos gerenciales por el mismo grupo Angelini. Luego negoció con la Fiscalía una pena de multa y firma mensual.

También sabemos que la empresa fue condenada como persona jurídica por los sobornos. La Fiscalía pide una multa de U$1.370.000 y la inhabilitación por cuatro años para celebrar contratos con el Fisco.

¿Será cierto, entonces, que la corrupción es un mal negocio?

 

Veamos la evidencia. La Ley de Pesca entregó, según cálculos de su propio impulsor, Pablo Longueira, cuotas anuales estimadas en US$743 millones a las grandes empresas. Un solo día de estas cuotas vale más que la multa que se está pidiendo para la empresa corruptora. El gobierno ya advirtió que bloqueará en el Tribunal Constitucional la anulación de la ley, por lo que las rentas regaladas a Corpesca y otras empresas no corren peligro.

 

Otro ejemplo: en el caso Cascadas, se acreditó que Julio Ponce obtuvo utilidades fraudulentas por US$128 millones. Ahora se está discutiendo si deberá pagar una multa de US$3 millones o U$6 millones. Ponce deberá devolver una fracción mínima de lo que ilícitamente se embolsó.

 

La sanción social tampoco opera. Basta recordar el caso de Pedro Velásquez, destituido como alcalde y condenado por fraude al Fisco en 2007. Tras cumplir 300 días de pena remitida, Velásquez fue elegido diputado en 2009, y nuevamente en 2017. Su regreso ha sido gentilmente auspiciado por la clase política en pleno: ex DC, fue candidato por el PRI y los regionalistas, elegido segundo vicepresidente de la Cámara con el voto de RN y la UDI, y ahora es parte del FRVS, formando bancada con los humanistas y acuerdo electoral con el Partido Comunista.

 

¿Y del lado empresarial? Tras conocerse la condena contra una de sus empresas miembro por corrupción, la Sofofa declaró que “condena con fuerza” los hechos. ¿Cuál es, en la práctica, esa condena? “Citar” a Corpesca “para contrastar la información entregada por la empresa” y “verificar no sólo que mantenga vigentes las recomendaciones formuladas, sino también su fortalecimiento”.

La Sofofa confirma así su política de tolerancia infinita a la corrupción empresarial. Cuando la Papelera se coludió, Sofofa la liberó de toda sanción juzgando que “la empresa afectada (sí: ¡afectada!) procedió a implementar un conjunto de medidas” para reparar el daño causado. Poco después, eligió como presidente a uno de sus directores durante la colusión, Bernardo Larraín Matte.

El código de ética de la Sofofa obliga a sus miembros a “resguardar los intereses del consumidor” y “respetar las leyes y sus reglamentos”. Pero violar esas normas, coludiéndose o sobornando a parlamentarios, no conlleva sanción alguna. Vaya concepto de la ética.

Y estos son los casos en que sí hay fallos. Porque las pesqueras no sólo pagaron a Orpis e Isasi. A través de distintas vías, desde aportes reservados hasta supuestas asesorías, han financiado campañas o bolsillos personales de presidentes, senadores, diputados, alcaldes y concejales, tanto oficialistas como opositores.

La condena a Orpis, Isasi y Corpesca es una bienvenida luz de esperanza. Pero también es la excepción que confirma la regla: en Chile, cuando es cometido por ciertas personas y dentro de ciertos círculos, el crimen es un negocio redondo.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Columnas, Daniel Matamala

Limitar intereses por mora no perjudica al sistema financiero

diciembre 2, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

 

Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Las últimas semanas, desde la industria financiera, se ha hablado mucho sobre «retrocesos en inclusión financiera», a raíz de indicaciones aprobadas por la Cámara a un proyecto de ley que está en discusión en el Senado. Se ha afirmado que de aprobarse dichas disposiciones se produciría una desbancarización y se las ha calificado como “buenas intenciones con malos resultados”, entre otras alusiones.

Las reformas, que han sido propuestas por parlamentarios de diversos sectores políticos, apuntan a fortalecer, transparentar, hacer más justo y alinear los incentivos en el sistema de créditos en Chile.

Una de ellas tiene por fin regular o limitar los intereses que pueden ser cobrados en caso de mora del deudor; otra, con la posibilidad de crear un sistema en tiempo real y automático de consulta de seguros que les permita a los titulares de los mismos conocer efectivamente aquellos seguros que tienen vigentes, ya sea para hacer uso de ellos o para no incurrir en una nueva e innecesaria contratación sin tener conocimiento, como suele ocurrir.

Regular o limitar los intereses por mora no significa perjuicio para el sistema financiero, ya que no impide que este sea mayor al interés corriente, sino sólo consiste en terminar con una práctica que se origina en una relación desigual entre el deudor y el acreedor, al igual como ocurre cuando existe más de un seguro para cubrir un mismo eventual siniestro, dando origen a un “sobre aseguramiento” que no tiene efecto práctico.

Ambas son prácticas abusivas que contribuyen a dar origen al malestar ciudadano que prevalece en nuestra sociedad, y su corrección no afectará el funcionamiento del sistema financiero y mejoraría la convivencia social.

La norma que ha generado mayores controversias propone que las entidades financieras paguen igual parte de la prima de los seguros que deben contratarse.

Esta norma es del todo justa, ya que el beneficio de los seguros favorece tanto a la parte deudora como a la acreedora, los bancos e instituciones financieras (disminuyendo el riesgo del préstamo y recibiendo prestaciones directas en caso de siniestro), y no tiene otra razón que la desigual relación, para que la parte más débil deba correr, como hasta ahora, con la totalidad del costo.

Por otra parte, la norma intenta alinear los incentivos en el sistema financiero, al establecer que no debe haber premios por la contratación de seguros, que normalmente constituyen un requisito para otorgar un crédito y no tiene sentido un premio si ese requisito no existe.

Lo anterior no es solo deseable y justo tomando en cuenta que, además, hay vínculos de propiedad entre las compañías de seguros y las entidades financieras, por lo que adoptar estas disposiciones contribuye a que el sistema financiero completo se vuelva más transparente, robusto y estable, y que sus utilidades se generen por la legítima gestión eficiente de su negocio.

Se señala, para contraargumentar, que de aprobarse estas disposiciones las entidades financieras traspasarán todos los costos a tasas de interés.

Esto puede ocurrir, pero tiene dos límites claros, por una parte la competencia y transparencia que se logra limita dicha posibilidad y por otra, al transparentar todas las condiciones por la vía del sistema centralizado de registro de seguros, y eliminar las comisiones por venta de seguros, habrá una rebaja efectiva de costos.

Adicionalmente, y por lo antes expresado, ninguna de estas medidas disminuiría el acceso al sistema financiero, y posiblemente lo aumente.

Coautor Francisco Meneses, Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Chile; Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile; Master en Economía Agricultural y Aplicada, University of Wisconsin-Madison, USA y Master en Políticas Públicas, Harvard University, USA.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Andrés Palma, columinista, columna

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