En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Columnas

El mismo barco

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera. 

Este barco llamado Chile hoy es más pobre, y sus pasajeros también: tienen menos trabajo y menos ahorros que cuando la pandemia comenzó a golpearnos, en marzo. Para unos pocos, en cambio, este fue un año lucrativo.

En abril, el presidente Piñera destacaba que “todos los chilenos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que unirnos para enfrentar estas aguas turbulentas con seguridad, y llevar a este barco a buen puerto”.

En septiembre, la metáfora se repetía. “Esta pandemia nos ha enseñado una vez más que nadie puede salvarse solo, que todos vamos en el mismo barco y sólo si remamos unidos, llegaremos a buen puerto”, decía el Presidente.

La tormenta es tremenda. Nuestra economía se contrajo cerca de 6% en 2020, la mayor caída desde 1982. Y los chilenos viven la peor crisis socioeconómica en una generación. Según la Encuesta de Empleo de la Universidad Católica, en el invierno el desempleo real llegó al 31%, sumando cesantes, inactivos por la crisis y sueldos suspendidos: unos 2,7 millones de personas en total. El INE cifra en cerca de 1 millón los empleos que aún no se recuperan.

Los chilenos sobrevivieron con sus propios ahorros: tras los dos retiros, cerca de 4 millones de trabajadores quedaron con sus cuentas para la jubilación vacías.

Este barco llamado Chile hoy es más pobre, y sus pasajeros también: tienen menos trabajo y menos ahorros que cuando la pandemia comenzó a golpearnos, en marzo.

Para unos pocos, en cambio, este fue un año lucrativo. Según el Diario Financiero, los seis chilenos que eran parte de la lista de multimillonarios de Forbes 2020 (publicada el 18 de marzo) aumentaron notablemente su riqueza.

Este es un fenómeno mundial. Forbes estima que los 2.200 mayores multimillonarios terminaron el año un 20% más ricos que cuando empezaron, sumando 1,9 billones de dólares adicionales a sus bolsillos, mientras el planeta en que viven sufría su peor catástrofe económica en casi un siglo, con una caída del PIB mundial de 4%.

Y en Chile esta tendencia se agrava por dos particularidades: la concentración de la riqueza, y la falta de legitimidad de nuestros multimillonarios.

La desigualdad de Chile es un caso extremo. Según la World Inequality Base, el 1% más rico se lleva el 27,8% del ingreso, lo que nos pone, junto con México, como los campeones de la desigualdad en el hemisferio occidental, y muy lejos de países con un PIB per cápita similar al nuestro, como Uruguay (16,9%) o Kazajistán (12,7%).

A ello se suma la falta de legitimidad de esas fortunas. A nivel mundial, los dos mayores billonarios son también los dos que más ganaron en 2020: el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el creador de Tesla, Elon Musk. No es difícil entender por qué: más allá de lo que cada uno opine de estos controvertidos personajes, ambos son innovadores cuyos emprendimientos están cambiando la faz de la economía, en el comercio online (Amazon) y la electromovilidad (Tesla).

Entre nuestros multimillonarios, en cambio, no hay ningún Bezos ni ningún Musk.

Lidera la familia Luksic (listada a través de su matriarca Iris Fontbona), cuya fortuna, centrada en el cobre, casi se duplicó, pasando de US$ 10.800 millones al inicio de la pandemia en Chile, a US$ 19.800 millones al terminar el año. Para dimensionarlo: con lo que solo una familia ganó desde marzo, se podría haber pagado íntegro el segundo retiro de las AFP. O se le podría haber enviado un cheque por 1 millón de pesos a cada hogar de Chile.

Segundo aparece Julio Ponce, quien más que dobló su fortuna durante la pandemia, pasando de US$ 1.700 millones a US$ 3.500 millones. Controla el litio, privatizado en la dictadura de su exsuegro Pinochet, y se benefició de utilidades fraudulentas en el Caso Cascadas. Esta semana, el ministro de Hacienda reconoció que Ponce “en Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda”.

Tercero está Sebastián Piñera y su familia, cuya fortuna, administrada por fideicomisos, creció de US$ 2.600 a US$ 2.900 millones.

Luego aparece Roberto Angelini, cuya riqueza aumentó de US$ 1.300 millones a U$1.700 millones, mientras su empresa Corpesca era condenada por coimear a parlamentarios.

También aumentaron sus patrimonios Álvaro Saieh, dueño entre otras empresas del diario La Tercera; y el inversionista radicado en Hong Kong Jean Salata.

¿Cómo podemos hablar del “mismo barco” cuando las seis mayores fortunas del país, lejos de sufrir el temporal, se benefician de él?

En otras latitudes, ese debate está en el corazón de esa élite. En julio, 84 ultrarricos firmaron “Millonarios por la Humanidad”, para solicitar “a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. Desde entonces, otros como Bill Gates y Warren Buffett han pedido lo mismo. El FMI urge aplicar “impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables” para enfrentar la crisis.

Pero este debate no existe entre nuestros multimillonarios. Y a los números se suman símbolos irritantes. ¿Qué señal se da cuando se prohíbe viajar a Cartagena y Los Ángeles, región del Biobío, pero en cambio se le pone alfombra roja al turismo a Cartagena de Indias o Los Ángeles, California? ¿Cuándo se permite turistear en Dubai, y en cambio se prohíbe salir a un parque en fin de semana? ¿Es equitativo cerrar el Metro a las 20 horas a los trabajadores que tratan de volver a sus casas? ¿Ayuda a la cohesión social que la Primera Dama (y parte de la tercera familia más rica de Chile) vaya de vacaciones a Miami, mientras miles de familias deben guardar cuarentena los sábados y domingos en sus hacinados departamentos?.

Y todo esto, en un año en que las muertes fueron un 49% más que lo normal en Alto Hospicio, un 47% en San Ramón, y un 46% en La Pintana, contra sólo 9% en Providencia y 16% en Vitacura.

Cuando las ganancias, los privilegios y hasta las muertes se distribuyen tan desigualmente, ¿estamos en el mismo barco? ¿Remamos unidos? ¿Nadie puede salvarse solo? Por favor.

Desde hoy las licencias médicas deberán emitirse de forma electrónica

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Solo podrán tramitarse estos documentos en papel bajo circunstancias especiales, por ejemplo en aquellas localidades del país que no tengan conexión a internet.

Para emitir licencias médicas, los médicos, matronas y cirujanos dentistas facultados deberán hacerlo de forma digital a partir de hoy 1 de enero de 2021, mediante operadores que actualmente tramitan dichos documentos electrónicamente. Esto según lo instruido en el decreto Nº 46 que modifica el Decreto Supremo Nº 3, el cual indica que será obligatorio para todos los prestadores la emisión en este formato, salvo en casos especiales donde no se cuente con los medios tecnológicos adecuados.

Las excepciones para continuar entregando estos documentos en papel serán circunstancias referidas a la falta de medios tecnológicos o a incompatibilidad de estos en el lugar donde se requieran, por ejemplo, que la zona no tenga acceso a internet. Ante esto último la Compin, entidad encargada de vender talonarios de licencias médicas, solamente pondrá este formato a disposición de aquellos emisores que se encuentren bajo este tipo de circunstancias especiales.

Según indica la directora del Departamento Compin Nacional, Victoria Campos, “dado los beneficios que trae este sistema para el flujo digital de tramitación de licencias médicas, será fundamental que tanto el médico tratante como el empleador estén adscritos a uno de los operadores de licencias médicas electrónicas como Medipass, IMED y el portal de Fonasa www.lmempleador.cl”.

Cabe estacar que la emisión de licencias médicas electrónicas se inició en el año 2007 para cotizantes de Isapre y a fines de 2011 se amplió para trabajadores afiliados a Fonasa. Estos últimos -al 30 de noviembre de 2020- registraron un 87,1% de uso de licencia médica digital. De este porcentaje, el 78,1% corresponde a licencias médicas electrónicas full, es decir, que el empleador está adscrito a operador, mientras que el 21,9% restante no. Es por ello que desde el Departamento Compin Nacional se insta a que adhieran a este nuevo sistema para agilizar el proceso de tramitación.

 

Para que la Constitución no sea letra muerta

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Por Cecilia Valdés

Vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana (DC)

Asustada esta la oligarquía que piensa que puede perder poder con el despertar, sin tener conciencia de que perdió hace ya un tiempo el poder que le dio el propio pueblo una y otra vez, con la secreta esperanza, cada vez, de que fueran considerados en esa nueva patria que siempre anunciaban. Este mundo mezquino que hace que los privilegios se concentren en unos pocos, que se engañe al pobre con caridad, no pudo sostenerse y las calles se rebelaron y nacieron nuevos niños y niñas de la esperanza.

Escalofrío da pensar que por primera vez en la historia de Chile, y por única vez en nuestras vidas, se podrá construir una nueva Carta Magna con participación popular.

El temor que inunda los corazones de todos los que sacrificaron vidas, piernas, brazos y ojos es que la clase política traicione al pueblo, le vuelva a dar la espalda, vuelva hacerse el sordo y negocie todo por pequeños y miserables espacios que les rindan votos carroñeros y que no permitan avances. Eso por lo que los jóvenes entregaron todo por la revolución hermosa que nos hizo despertar, nos gritaron “no son 30 pesos, son 30 años”, juegos de palabras más o menos, lejos de preguntarnos el porqué de esa frase, nos ofendimos. Un genuino sentimiento que emana de la soberbia que cree que todos le deben gratitud, eternamente.

Lejos de la Violeta Parra que con su canto nos dijo “que vivan los estudiantes”, los ignoramos, no hicimos esfuerzo alguno por comprender su desgarrador grito.

Asustada está la oligarquía que piensa que puede perder poder con el despertar, sin tener conciencia de que perdió hace ya un tiempo el poder que le dio el propio pueblo una y otra vez, con la secreta esperanza, cada vez, de que fueran considerados en esa nueva patria que siempre anunciaban.

Este mundo mezquino que hace que los privilegios se concentren en unos pocos, que se engañe al pobre con caridad, no pudo sostenerse y las calles se rebelaron y nacieron nuevos niños y niñas de la esperanza.

Ahora está en manos de algunos que la Constitución no sea letra muerta; no es aceptable que se valoren más los cupos que los principios que necesitamos plasmar en este nuevo trato. No puede ser que cada feudo partidario prefiera tener un resultado pequeño, aunque mayor que el resto y que sacrifique por ello los sueños, las esperanzas de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas.

Frases como “la gente no sabe”, pese a que el pueblo ha demostrado ser más sensato que las autoridades, una y otra vez. O como “esto será el caos”, no lo fue y no lo será, por lo menos por los que reclamamos justicia social.

Los que creen ser los salvadores en forma arrogante solo se han convertido en un lastre que no permite la evolución. Es de esperar que se deje el espectáculo simple, el que ya no es creíble aunque lo maquillen con una intensa retórica, porque ya sabemos que es solo eso: re-tó-ri-ca.

Hay que dejar que el pueblo busque su propio destino, confiar en la sabiduría que siempre ha tenido, no se puede manipular más con palabras lindas pero vacías, frases sin espíritu y grandilocuencia inútil para la gran mayoría de los que esperan que algo de este país les pertenezca, pues hoy solo unos pocos lo poseen.

Señores y señoras, ustedes que nunca escucharon, no nos hagan creer que ahora sí lo harán, pues el pueblo es paciente, mas no estúpido.//ELF

El Imperio del Mall

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Por Daniel Matamala

Periodista de CNN Chile y columnista de La Tercera 

En los primeros días del estallido social, cuando la clase dirigente usaba el “no lo vimos venir” como expresión a la vez de perplejidad y sospecha, el Presidente de la República solía citar un dato que a él le parecía clave. El consumo, comentaba Piñera, había sido alto en las semanas previas. Las compras dieciocheras y los viajes por Fiestas Patrias habían crecido. Y poco antes del estallido, el CyberMonday había batido récords con más de dos millones de transacciones.

“¿Quién podía anticipar esto?”, se preguntaba Piñera. O realmente las multitudinarias protestas eran obra de “alienígenas”, o había una profunda contradicción en esas masas que gozaban de las bondades del mercado un día, para luego protestar contra el modelo al siguiente.

Esa misma lógica se repitió esta semana. Las largas filas a la entrada de los malls para hacer compras navideñas parecieron prueba de inconsistencia y frivolidad. El presidente del consejo asesor de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, se quejó de estas “multitudes en los malls los últimos días, horrorizadas por la posibilidad de que las tiendas cerraran, dejándolas sin poder gastar su dinero”.

“Cuando la dignidad murió en un mall”, “el mall es la nueva Iglesia de Chile”, “después de pedir dignidad terminan en el mall”, “después (de las marchas) acabaron en el mall validando la sociedad de consumo”, fueron algunas de las viralizadas quejas, muchas de ellas desde la izquierda.

Quejas, todas, que demuestran cómo algunos siguen sin entender nada sobre la protesta que estalló hace ya 14 meses.

Porque una cosa es que ciertos exaltados hayan querido atacar centros comerciales. Pero, en su expresión masiva, este nunca fue un reclamo contra el consumo, el capitalismo o el mercado, sino contra los contornos extremos que esos fenómenos, bases de la modernidad, han tomado en Chile.

El primer mall del país abrió en 1982, en el cénit del poder de los Chicago Boys, cuando, como recuerda la doctora en Estudios Urbanos Liliana De Simone, “para los defensores del régimen militar, la llegada de Parque Arauco fue el símbolo perfecto del triunfo del modelo neoliberal”.

En su libro propagandístico de 1987, La revolución silenciosa, Joaquín Lavín celebraba cómo malls y supermercados “se han transformado, para la familia, en un verdadero paseo. Lejanos están los días en que compraba la empleada doméstica o sólo la dueña de casa”.

Por contraste, esta “catedral del consumo”, como la llamó Tomás Moulian, se convirtió en un símbolo repelente para cierta élite socialcristiana y de izquierda, admiradora de la cultura europea. “Nunca he ido ni pondré un pie en un mall”, dijo el entonces Presidente Patricio Aylwin, como forma de “repudio hacia ese mall (que es) una ostentación del consumismo”.

Pese a ese desprecio en la élite, múltiples investigaciones muestran cómo la clase media y los sectores populares resignificaron el mall, convirtiéndolo en parte de su vida cotidiana. Ante el abandono del Estado, graficado en la falta de áreas verdes y zonas de encuentro social, “muchos usuarios asumen al mall como un espacio público más, tal como lo es la plaza o la calle”, destacan De Simone y Rodrigo Salcedo.

El malestar de la sociedad chilena no rechaza al consumo ni al mall, ni pide el regreso a un pasado más austero. Lo que exige es un capitalismo que lime sus tres características más indignantes: la deuda, el abuso y la mercantilización de lo social.

La deuda es la espada de Damocles que ahoga a los chilenos. El retail se ha especializado en vender dinero antes que productos, con un incesante bombardeo de ofertas exclusivas para tarjetas e intereses usureros disfrazados de comisiones. Esto, en un país con ingresos medianos de 401 mil pesos y jubilaciones miserables, en que alimentos y medicamentos se compran masivamente a crédito. El resultado es que, en los 16 años previos al estallido, la deuda de los hogares pasó del 36,5% de sus ingresos a un máximo histórico de 74,5%.

El abuso es una experiencia cotidiana, que no sólo engloba robos como los de las farmacias, los pollos o el confort, sino también el cotidiano desprecio de empresas que parecen tener por lema “el cliente nunca tiene la razón”. Es una consecuencia de mercados oligopólicos, en que los clientes están cautivos, la competencia es la excepción y no la regla, y los organismos de defensa de los consumidores son gatitos amaestrados antes que leones con dientes.

Finalmente, está la pregunta por los límites del mercado. Como plantea el famoso ensayo de Michael Sandel Lo que el dinero no puede comprar, es el dilema entre tener una economía de mercado o ser una sociedad de mercado, en que el dinero desplaza cualquier otra forma de construcción de comunidad.

Y los chilenos han repetido una y otra vez, tanto en las encuestas como en las calles, que hay ciertos aspectos de nuestra sociedad, como la educación, la salud y las pensiones, que no deben quedar librados sólo al poder del dinero. Que no deben ser, como dijo Piñera sobre la educación, “un bien de consumo”.

No es casualidad que la gran ola de protesta haya partido en 2011 por la educación superior, un ámbito en que explotaron simultáneamente la conciencia de la deuda (el castigo del CAE), el abuso (por las coimas en la acreditación y el engaño de la Universidad del Mar), y la mercantilización de un derecho social.

Los chilenos entienden que el consumo es parte fundamental de la vida moderna, y que no hace menos dignas a las personas, como creen algunos nostálgicos del marxismo. Tampoco los convierte en cómplices de los abusos, como sugieren ciertos propagandistas neoliberales.

Entienden que sus ideales y esperanzas no se consumen en el consumo.

¿Cuántos pobres se necesitan para hacer un rico?

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Por Alejandro Marcó del Pont

Lic. en Economía y Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata).

La pregunta con la que abre este texto es un tanto complicada. Responderla no es lineal como fue el caso de otro artículo, ‘Las dimensiones del infierno’. En ese momento equiparé el mundo y sus pobres con el averno, por lo que las dimensiones se limitaban a la tierra. Un poco más complejo le resultó a Galileo, debo reconocer, cuando la Iglesia le solicitó las magnitudes del inframundo para precisar cuántos demonios podía albergar.

La solución es compleja, decía, porque más allá de la estrechez de los datos hay que tomarlos con gran cautela. Por ejemplo, si lo restringimos a las personas que viven con menos de un U$S 1 por día habría 1.000 millones de pobres en el mundo; con menos de U$S 2, unas 2.800 millones y con menos de U$S 2.5, sería pobre la mitad de la población mundial, 3.700 millones. Así que, acompañando el último dato, necesitaríamos 1.687.853 personas sentenciadas a la miseria para producir un rico en el mundo. Para entrar en la lista de 2208 multimillonarios de Forbes es necesarios tener al menos U$S 1.000 Millones.

Pero no todos los países son homogéneos en su producción de opulencia. Consideremos a Brasil. El gigante sudamericano tiene 41 multimillonarios (con unos U$S 175 MM) y gracias a las gestiones del gobierno golpista de M. Temer, los pobres rondan los 52 millones, el 25.4% de su población. Es decir, que para generar un rico en Brasil necesitan condenar a la pobreza a 1.238.095 personas.

Si el caso fuera la Argentina, que según Forbes tiene 9 multimillonarios (U$S 15.6 MM), las cifras difundidas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) nos dicen que hay 13.2 millones de personas en condición de pobreza, el 33.6% de la población. Estos números nos llevan a constatar que el índice productor de opulencia (IPO) es de 1.466.666 personas, relación que, intuitivamente, nos conduce a pensar que la distribución del ingreso en la Argentina es más conveniente que en Brasil, porque se necesitan sacrificar más personas a la miseria para crear un rico (¿o somos menos productivos?).

Unos 600 millones de jóvenes en el mundo actualmente no trabajan, no estudian ni participa en ningún programa de formación. De los mil millones de jóvenes que entrarán en el mercado laboral en la próxima década, se prevé que sólo 40 por ciento logrará encontrar un empleo disponible. Pero, extrañamente, 218 millones de niños de 5 a 17 años están ocupados en la producción económica mundial, en África uno de cada cinco, en América uno de cada diecinueve. Aparentemente el problema necesita otro abordaje.

Si vemos los datos de Forbes acerca del crecimiento de multimillonarios a los largo de los últimos dieciocho años notaremos que la mayor aceleración se encuentra después del colapso económico del 2008. Y sorprende el reparto sectorial del incremento de riqueza. Por ejemplo, en Brasil, de los 41 multimillonarios que tiene, hay once que guardan relación con las finanzas (U$S 57.6MM). Es decir, que en la distribución de riqueza casi el 40% de los ricos de Brasil son banqueros o cerveceros (productores de cerveza U$S 56.6MM).

Al parecer el contrato social de la posguerra se rompió, “se sabía que unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la torta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente” (https://goo.gl/9j9WhP).

La prosperidad económica desde los ochenta ha aumentado, pero el bienestar de la mayoría no, al menos así se expresa en las encuestas mundiales (https://goo.gl/v3mFwp). La ruptura del contrato social generó mayor desigualdad, se fracturó el pacto generacional, lo que se dio en llamar la curva del Gran Gatsby, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio­económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Y la democracia es instrumental, es buena si me soluciona los problemas, cualquiera de estas realidades no fueron siempre así.

 

Tenemos una gran capacidad para innovar los nombres de lo que no podemos modificar, o refinarla, como el insumo pobreza para generar un rico. La pobreza es multidimensional, está ligada con la salud, la educación, las condiciones de vida (gas, luz, agua potable, cloacas, transporte, etc), según la definición del Índice Multidimensional de Pobreza del PNUD, que contiene, a su vez, la desigualdad del ingreso, indicador que ha dejado pasmado al mundo por su concentración durante los últimos 10 años.

 

De igual modo, no nos olvidamos que hemos innovado, ya que según el Banco Mundial la pobreza extrema se mide con U$S 1.90 por día, otra cifra por encima de esta produciría pobres, pero menos extremos. Lo cierto es que si tomáramos este dato para Argentina, y para un integrante de la canasta básica alimentaria (CBA), daría unos U$S 2.20 por día, los datos serían ostensiblemente mayores a los BM (https://goo.gl/6xfj6K).

 

Es cierto que ante el crecimiento de la población mundial, la pobreza ha disminuido, pero también es cierto que vivimos peor. En el año 2005, la ONG Oxfam en su informe anual, y dando cuenta de la gravedad de la desigualdad mundial, anunciaba que el 1% de los más ricos del planeta se quedaba con el 48% de la riqueza mundial. Vaticinaba con profunda preocupación predicciones siniestras donde en el año 2016 el 1% de los ricos se almacenarían el 50% de la riqueza y el 2019 podrían llegar a la impensable cifra de 54%. Las peores profecías se quedaron cortas, en el 2017 el 1% de los más ricos se apoderó del 82% de la riqueza mundial.

 

No crean que es el peor de los datos, la mitad de la población mundial, 3.700 millones de personas, no se benefició en nada, “0”, de la riqueza generada. Desde el 2010 las ganancias de los ricos aumentaron a una tasa del 13%, mientras que los sueldos lo hacen al 2%. Sólo en el 2017 la riqueza de los multimillonarios se incrementó en U$S 762.000 millones, cifra que sería suficiente para terminar seis veces con la pobreza extrema.

 

Sólo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo, 3.700 millones; la relación aquí sería 462.500.000 de miserables para generar un rico. No es sólo la diferencia desmedida de la riqueza lo que ha provocado esta perpetua degradación, sino el empobrecimiento colectivo, ciudades arruinadas, pueblos abnegados, escuelas destruidas, hospitales destrozados, desempleo juvenil, fracaso colectivo de la voluntad, y todo es austeridad, ahorro, abstinencia, privación debido ¿a qué? Desde mucho antes convivimos con la sobriedad y lo único que generamos fue una mayor tasa de crecimiento de la riqueza para los más ricos.

 

Toleramos sumisamente aumentos de los combustibles, de los servicios, aceptamos tener una mala salud, una pésima educación, que se interrumpa la movilidad intergeneracional, la depresión, el alcoholismo, el juego, la falta de futuro. Y en el mismo rumbo, admiramos a los ricos, naturalizamos la desigualdad. “Esta disposición a admirar, y casi a idolatrar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde [… ] [es] la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales” (Adam Smith; Teoría de los Sentimientos Morales).

 

Nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales en apariencia racionales. Ser receptor de asistencia pública, tanto en forma de ayuda para los hijos, bolsas de alimento, seguro de desempleo, o de cualquier otro tipo se transformó en una marca de Caín: un signo de fracaso personal, la muestra de que, de alguna forma, esa persona se había escurrido por las grietas de la sociedad. Se equiparan a políticas de caridad del siglo XIX que, durante 150 años, la humanidad trató de abolir por degradantes y hoy estamos en el mismo punto.

 

Devolver el orgullo y la autoestima a los perdedores de la sociedad fue una plataforma central de las reformas sociales que marcaron el progreso del siglo XX. Hoy las hemos perdido por poco. No importa la cantidad de pobres para crear un rico, importa que estamos llenos de pobres con lentes de opulencia.

 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

 

Por Alejandro Marcó del Pont – Lic. en Economía y Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata). Analista de economía. Columnista y comentarista en varios periódicos, radios y televisiones internacionales. Bloguero en El Tábano Economista.

 

 

 

 

 

Los presos políticos de la democracia

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Por Rodolfo Fortunatti

Sociólogo DC

El director de HRW, José Miguel Vivanco, pretendiendo ofrecer una mirada objetiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, y censurando el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social, afirma que quienes permanecen en las cárceles desde hace más de un año no son presos políticos. Sin embargo, los hechos analizados en Chile, y que dan pie a esta conclusión, son los mismos que en Venezuela fundamentaron su informe de 2020.

No existen presos políticos en Chile, entona un coro de detractores del indulto promovido por senadores de oposición. Pero negar su existencia es tan propio de la política, como lo es del demonio propalar la noticia de su muerte. Al menos hay que sospechar de sus intenciones. Porque, presos políticos hay en la democracia tutelada y semi-soberana que nos rige. Y si no se les ve, o no se les quiere ver, pronto se harán visibles, conforme se conozcan los fallos de la justicia en contra suya. Entonces pasarán a ser los héroes de Primera Línea, sobre el fondo de un régimen político que no ha sabido resolver las flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Es una discusión bizantina exhortar la libertad de los presos políticos del estallido social, como negar la existencia de presos políticos en Chile. No tienen consecuencias para el debate. Una y otra convocatoria puede ser defendida hasta el infinito sin dar origen a un consenso entre ambas. Y esto lo saben los legisladores que iniciaron el proyecto de ley de indulto y, por eso, no aluden en el texto a presos políticos, y excluyen explícitamente del beneficio a funcionarios policiales. Lo sabe también la senadora Carolina Goic, que refuta la existencia de presos políticos para no verse forzada a dar su aquiescencia al proyecto de indulto, aunque ella no estará en el Senado cuando los efectos de su negativa se hagan visibles.

Y lo sabe también Human Rights Watch, HRW, que no aceptará igualar la represión del gobierno de Sebastián Piñera con la desplegada por los gobiernos de Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Bolivia, respecto de los cuales la oenegé estadounidense ꟷen un particularismo incompatible con la defensa universal de los derechos humanosꟷ ha denunciado el encarcelamiento de opositores y la sistematicidad de las violaciones de los derechos fundamentales; lo que no ha hecho en Chile.

El particularismo de Human Rights Watch (HRW)

Tiene sentido detenerse en esta digresión, pues HRW se ha convertido en un participante activo de la política nacional, pero en un indiscutible alineamiento con el Ejecutivo y con sectores de derecha.

Pretendiendo ofrecer una mirada objetiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, y censurando el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social, afirma que quienes permanecen en las cárceles desde hace más de un año no son presos políticos. Sin embargo, los hechos analizados en Chile, y que dan pie a esta conclusión, son los mismos que en Venezuela fundamentaron su informe de 2020, donde se señala que: «en noviembre, había casi 400 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia de Venezuela…» Y donde se describe lo mismo que ha sucedido en Chile, pero que, tratándose del país caribeño, le merece una condena más severa, al subrayar que «integrantes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a personas que no mostraban resistencia y llevaron a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos. Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.»

En Chile HRW se abstiene de reconocer la violación sistemática de derechos y garantías. Pero, a la hora de juzgar a Nicaragua, el juicio es diferente. Ahí, dice el informe de HRW, «los casos documentados por Human Rights Watch son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el gobierno y opositores que ha sido reportado por la CIDH y la Oficina de la ACNUDH.»

Igual patrón aplica HRW a Guatemala. Sostiene que «las autoridades guatemaltecas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad, además de los actos de violencia atribuidos a manifestantes, y garantizar el derecho a la protesta pacífica». No obstante, en Chile, la misma medición de la oenegé arroja resultados distintos.

Teóricamente, la persecución política debería dar por resultado eventual, la prisión política de la víctima. Asimismo, la prisión preventiva podría convertirse en arma política del gobierno contra los adversarios. Esto lo percibe HRW en Bolivia, pero no lo ve en Chile. Un informe de 53 páginas La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por cierto, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, como dice el director de HRW. El caso de Norín Catrimán vs. Chile (2014) ante la Corte Interamericana de DD.HH. expuso, entre otras vulneraciones, el arbitrario uso de la prisión preventiva con fines de instrumento para la paz social o la seguridad interior del Estado que se hace en nuestro país. Además desde el 2009 está vigente la Ley N° 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, de guerra y el genocidio en nuestra jurisdicción, imponiéndonos márgenes de menor tolerancia ―distintos al horror y las atrocidades de la Dictadura―ante los abusos del Estado. Por ello, hoy la prisión preventiva deviene en prisión política, toda vez que la Justicia no logra argumentar su mantención en base a los estándares de la doctrina internacional de DD.HH.

Por último, hay que decir que RHW, a diferencia de su director europeo, que prefiere no intervenir en asuntos de política interna de los Estados, como fue con el referéndum secesionista catalán, ha planteado sus objeciones a una ley de indulto, como antes formuló su oposición a la penalización del negacionismo. Por consiguiente, es controvertible como cualquier actor político nacional, y debe asumir esa consecuencia.

Ese enemigo cruel, implacable y poderoso

La irreductible ambigüedad de un término metajurídico como éste se debe a que, teóricamente, un preso político es aquel que ha cometido un acto delictivo con motivaciones explícitamente políticas. Sin embargo, para la autoridad, representada por las atestaciones de los agentes del Estado que practicaron su detención, el imputado es solo autor de un delito, con independencia de sus intenciones políticas: agresión de obra a la policía, destrucción de mobiliario público o daños a la propiedad privada. Por el contrario, para la víctima de reclusión, su acción es esencialmente política y, definitivamente, no delictiva: reunirse, desplazarse y protestar contra el gobierno, e incluso ejercer la autodefensa legítima frente a los abusos policiales.

Es evidente que entre los miles de detenidos hay una minúscula porción de oportunistas carentes de la más mínima persuasión política, que no sea, claro, la de servirse de la protesta para propósitos individualistas, lucrativos o hedonistas. Lo cual no cambia el objeto de la movilización social. Pero es evidente que con ellos comparten la misma celda personas que emplearon la violencia como instrumento para un fin político, y también personas que se manifestaron pacíficamente con un propósito igualmente político.

¿Quién debía hacer la distinción entre tales tipos de acciones y de agentes? Desde luego, la Justicia. El ministerio público, la magistratura y las defensorías. Y el caso es que aún no lo hace, lo cual importa un antecedente político coadyuvante y funcional de la excepcionalidad que grava a los recluidos desde el año 2019.

La Justicia ha tomado el atajo de la prisión preventiva, del disparo a la bandada, de echar todo en el mismo saco, porque en esto, cual más cual menos, todos serían culpables hasta que cada uno pruebe su inocencia. Es lo que se desprende de la advertencia formulada por el ministerio público cuando declara que «un proyecto de ley de indulto como el presentado en el Congreso Nacional en los últimos días podría constituir una gravísima señal para la convivencia social, pues plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a once años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas». ¿Esta admonición significa que los miles de recluidos en prisión preventiva son como John Cobin? ¿Que sus condenas podrían sumar sobre 50 mil años de cárcel?

La Fiscalía notifica al Congreso. Pero, ¿cuántas causas se acumularon en sus despachos tras el estallido? ¡Alrededor de diez mil! Luego, el ministerio público mira hacia la magistratura. Y ésta ¿qué hace? Se satisface con un sucedáneo de eficiencia, como aquel donde dicta veredicto condenatorio de I.A.C. por el lanzamiento de tres bombas molotov contra personal de Carabineros el 26 de octubre de 2019, cuya sentencia se conocería el próximo sábado… Después de catorce meses.

Los presos políticos existen. Y no por propia pretensión suya. Fue el Estado quien les asignó la calidad de presos políticos al definir su comportamiento, sus objetivos y las circunstancias de la lucha que emprendía contra ellos. Fue el jefe de Estado, Sebastián Piñera, quien la noche del estallido social afirmó: «Estamos en guerra ante un enemigo cruel, implacable y poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos». La definición no es penal, sino política. Del mismo modo, a principios de los años setenta, el general Gustavo Leigh Guzmán, miembro de la junta de gobierno, había tipificado políticamente a sus adversarios reservándoles el calificativo de «cáncer marxista» para, luego, reprimirlos fría y brutalmente empleando las instituciones políticas, militares y policiales. Y el general Pinochet veía al enemigo político en el comunismo internacional que debía ser exterminado en el país.

A fines del siglo diecinueve el alemán Franz von Liszt definía a los movimientos de la clase obrera como «células cancerosas del proletariado», y Jiménez de Asúa en España, contribuía a las primeras normas anti-terroristas para combatir al anarquismo. Cesare Lombroso y Rafaelle Garófalo, en Italia, inventaron la reclusión perpetua y la eliminación de los sediciosos y rebeldes.

En Chile, la dictación de la ley de seguridad del Estado vino a coronar las décadas de emergencia y represión del movimiento obrero. Miles de trabajadores y sus familias murieron víctimas de la violencia estatal. Arturo Alessandri Palma gobernó a fuerza de estados de excepción. Y, como ahora, siempre se negó la existencia de presos políticos. Las almas del Seguro Obrero lucharon por ideales políticos, así hayan muerto vilmente asesinados.//ELF