Por Jaime Abedrapo
Dr. en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Académico de la Universidad San Sebastián.
Ha sido sorpresiva la decisión presidencial de sumar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, en una labor de apoyo y colaboración con las policías. El giro en la política de defensa nacional trae interrogantes relevantes, sobre todo si comprendemos que estamos frente a políticas de Estado y de seguridad nacional.
Los argumentos expresados por el gobierno tras la decisión, son básicamente el aumento del consumo de drogas en el país y la proximidad de nuestro país con centros de producción mundial de drogas, tales como la cocaína y la marihuana, en un contexto de fronteras marítimas y terrestres fáciles de penetrar por razones geográficas, sobre todo por el norte.
Al respecto, primeramente, cabe preguntar ¿qué tan efectivas pueden ser las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico?, la respuesta la podemos encontrar desde los estudios comparados, ya que países en Latinoamérica han debido reconocer que sus fuerzas policiales han sido superadas por el narcotráfico o crimen organizado, ya sea por la capacidad de fuego, adiestramiento, logística o simplemente porque las policías habían sido corrompidas o chantajeadas por los narcos.
En términos generales el caso mexicano es muy ilustrativo al respecto, en el cual, ante la evidencia de una falta o vacío de Estado de Derecho sobre una parte de su territorio, decidieron dar un combate militarizado al narcotráfico. Ello antes de que este flagelo corrompa más profundamente las bases de institucionalidad democrática, dañando – corrompiendo- irreparablemente a la República.
En dicha situación, no existe evidencia acerca de la eficacia de esta política militar en México. En efecto, las lecciones más bien apuntan a la necesidad de mejorar los niveles de inteligencia y las políticas preventivas, las cuales requieren de una policía altamente especializada en estos asuntos.
Debemos recordar el antiguo plan Frontera Norte que se impulsó durante el primer gobierno del Presidente Piñera, el cual intentó principalmente a través de invertir en mejor tecnología para las policías, aumentar el control en el acceso de droga al país, sin que ello pudiera ejecutarse según el proyecto original debido a que no se asignaron los recursos que ello demandaba.
En esta ocasión el Presidente optó por apostar por las capacidades estratégicas que tienen las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, en vistas a mejorar la vigilancia de las fronteras, la inteligencia, la logística y la tecnología.
No obstante, la sorpresiva decisión escapa de lo que recientemente se había fijado (2017) para el país como política de defensa y, dentro de ella, las funciones de las fuerzas armadas, es decir, la formulación de la política de defensa se ha roto tras el decreto presidencial.
Por otro lado, el decreto que otorga estas nuevas tareas y funciones a las fuerzas armadas requiere de la presentación de un diseño que permita comprender los alcances de la nueva normativa, y así valorar de mejor manera lo que se busca con este golpe de timón, el cual ojalá no responda a un interés de corto plazo como sería un cambio en agenda comunicacional del país o simplemente busque sintonía con algún estudio de opinión.
En tal sentido, quedamos a la espera de una política consistente y sostenible en un asunto de Estado complejo que en general no acepta improvisaciones, ya que sus secuelas pueden ser muy perniciosas en el tiempo.
Por último, la decisión presidencial también ha sorprendido a los migrantes venezolanos que están en Chacalluta, ya que ciertamente existen narcotraficantes que están entrando ilegalmente al país, sin embargo también están por razones humanitarias cientos de venezolanos. ¿Serán los militares capaces de discernir entre quienes por afán de lucro buscan comercializar su veneno entre los que habitan en Chile (droga), y quienes buscan un refugio tras la persecución política y el hambre?