Ejército de Chile

La Fiscalía Centro Norte solicitó una condena de 15 años de cárcel para el ex comandante en Jefe del Ejército de Chile Juan Miguel Fuente-Alba, quien es acusado de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Además, el Ministerio Público pidió 10 años de cárcel para la esposa del militar en retiro, Ana María Pinochet.

Ambos delitos, que se enmarcan dentro del denominado “Milicogate” sobre la desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre por parte del Ejército, están en grado de consumados y reiterados por parte de Fuente-Alba y su esposa.

Según la información, además de los quince años y diez de presidio respectivamente, el Ministerio Público solicita la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, para ambos imputados.

Además, desde la fiscalía piden que se decomise distintos bienes a la pareja, que compensarían el valor del dinero defraudado al Estado.

Estos bienes serían una parcela o Lote G, cuatro de la subdivisión del Proyecto de Parcelación del Fundo Santa Filomena de Colina, y la parcela ubicada en el Conjunto Las Brisas de Chicureo, comuna de Colina; tres departamentos ubicado en Cerro Colorado, Las Condes, y otro departamento ubicado en Avenida Kennedy. Fuente-Alba era conocido al interior del Ejército como «el señor de los anillos» por usar sólo vehículos marca Audi que tiene varios anillos como logotipo, parecido a los de los juegos olímpicos.

En febrero de 2019, y tras la segunda ronda de declaraciones de Fuente-Alba ante la ministra en visita Romy Rutherford, el ex comandante en Jefe del Ejército quedó detenido por la investigación que derivó por el aumento injustificado de su patrimonio y su presunta responsabilidad en la gestión de viáticos y compra de pasajes al extranjero para oficiales del Ejército y que habrían sido destinados para uso personal de los funcionarios.

A través de un oficio, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ejército realizar un sumario interno para determinar responsabilidades por la muerte de Romario Veloz, joven ecuatoriano que recibió un disparo en La Serena el 20 de octubre de 2019, en el marco del estallido social. La rama de las Fuerzas Armada tendrá 10 días para iniciar la investigación.

Recordemos que la institución castrense había anunciado no realizar el sumario después de argumentar que no se cumplían los requisitos legales suficientes. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado pidió el pronunciamiento a la Contraloría

Además, la madre del fallecido, Mery Cortez, también había solicitado el sumario administrativo en el Regimiento 21 Coquimbo para esclarecer al autor del disparo y para dar de baja al capitán José Faúndez, único formalizado en el caso y comandante de la Unidad de Orden Púbico en la jornada donde falleció el estudiante.

Sindicado como quien entregó la orden de disparar, Faúndez está en prisión preventiva por los delitos de homicidio simple y frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

El pasado 22 de octubre de 2020, el Ejército había argumentado que no podía hacer el sumario debido a que los hechos no ocurrieron dentro de la unidad militar, por lo que no se podía aplicar en el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también objetaban que no querían entorpecer la investigación por la muerte de Veloz en la Fiscalía local de La Serena, donde estaba involucrado el capitán Faúndez.

Sin embargo, Contraloría argumentó que «la sanción administrativa o disciplinaria es independiente de la responsabilidad civil o penal, la cual no obsta para instruir la correspondiente investigación sumaria administrativa».

La resolución fue emitida el 19 de mayo, por lo que el Ejército deberá efectuar el sumario administrativo como máximo el próximo miércoles 2 de junio.