Por Rodolfo Fortunatti

En más de cuatro mil palabras de un discurso sobreidelogizado, uno de los expresidentes de la Democracia Cristiana firmantes de la carta a favor de la libertad de acción, Ignacio Walker, expone sus razones para votar Rechazo.
Procurando aliviar de la pesada carga de leerlo, podría asegurar que su relato se resume en la siguiente frase: «el texto constitucional que se nos ofrece contiene una disolución de la nación chilena entendida como unidad en la diversidad, una dinámica de fragmentación institucional, un germen de ingobernabilidad, y unas instituciones que comprometen las bases del desarrollo económico y social».

Pero la argumentación para sostener cada uno de estos epígrafes bebe del discurso ideológico y doctrinario exhibido por la derecha durante el último año de funcionamiento de la Convención Constitucional. Es, francamente, un discurso de derechas, pero, sobre todo, es la defensa supremacista de la Constitución de 1980, de su Código de Aguas, de su Plan Laboral, de su Reforma Educacional, de su sistema previsional, de su visión neoliberal de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales.

Un supremacismo que lleva a concluir con desprecio que el reconocimiento de los pueblos indígenas entraña la disolución de la nación chilena, la de los no mapuche, no diaguitas, no pehuenches, blancos: «Chile se disuelve en un conjunto de pueblos indígenas o naciones pre-existentes representativos del 12% de la población», ha escrito Walker. Y cuestiona la identidad y autonomía de aquellos pueblos, en una tesis reñida con los valores y principios de la Democracia Cristiana.

Pero que, como en Italia y España, con gobiernos autonómicos, la historia enseña que en Chile también existía una presencia de imperios, dominios, etnias y culturas que fue asfixiada por la tradición centralista reivindicada por Walker, y correctamente reemplazada en un grado superlativo de pluralismo democrático, por la Cámara de las Regiones.

Se especula sobre las secesiones que ocurrirían en la macrozona sur al proyectar los actuales focos de conflicto, algo sin asidero en la realidad porque la nueva Constitución mantiene la autoridad del Estado sobre un solo territorio. Se cuestiona como sobrerrepresentación la justa participación de los pueblos originarios en las asambleas deliberantes. Y, desde luego, reniega de las garantías de derechos que aseguran la exigibilidad y judicialización de su ejercicio.
Por eso, dice que la nueva Constitución divide. La profecía autocumplida de quienes vienen polarizando al país desde sus posiciones de poder y de riqueza. Son ellos los que no se han resignado a su derrota y culpan de su fracaso a un país que ha elegido cambiar las injusticias latentes.

La octavilla, como toda propaganda política que se precie de tal, parte por identificar a un enemigo contra el cual volcar las odiosidades, agravios y segregaciones políticas. Parte con una falacia ad hominem, a saber, que el texto que recibirá el Presidente de la República, es una Constitución partisana de izquierda porque ha sido escrita por la izquierda, lo que, además de desautorizar a sus autores y no a sus contenidos, es un engaño y un agravio a tantos aliados que han contribuido a forjar el desarrollo de nuestro país.

Con ello, desconoce la legitimidad democrática del proceso constituyente, incluida la voluntad soberana del país que eligió a los 155 convencionales, y las normas de quórum impuestas desde el Congreso para satisfacer las expectativas del acuerdo del 15 de noviembre de 2019.// ELF