Por Rodolfo Fortunatti
Sociólogo DC
La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación.
El abogado defensor del general Ricardo Yáñez, ha declarado a la prensa que los fiscales que pidieron su formalización están motivados por enemistad, odio o resentimientos hacia el uniformado. Ha dicho que la fiscal Ximena Chong se ha manifestado en contra de la policía chilena, participando en actividades de las mismas partes querellantes en esta causa y, además, favoreciendo la acción de Primera Línea. Y ha afirmado que el fiscal Xavier Armendáriz ve en la institución de Carabineros una cueva de encubridores.
La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación. Algo que hace algunos años reparó en la cultura española el filósofo materialista Gustavo Bueno plasmándolo en el libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas, y que nos ofrece un modo de desnudar la falta de lógica formal y de método analítico de ciertas elucubraciones, como lo veremos a continuación:
Piensa el abogado defensor: las imputaciones contra el general Yáñez son infundadas porque los fiscales que las emiten carecen de autoridad para sostenerlas.
Paráfrasis: el abogado defensor supone que las acciones y opiniones personales de Ximena Chong y Xavier Armendáriz respecto de las conductas de funcionarios policiales, le restan, si no le quitan, valor de prueba a los argumentos que fundan la petición de formalización de Yáñez. De acuerdo con este predicado todo lo que se le imputa respecto a su deber frente a las vulneraciones de derechos cometidas por sus subordinados y a su responsabilidad de mando, son falsas.
Análisis: lo que afirma el abogado defensor es que la imputación de los fiscales al general no es válida porque lo que digan de los policías es fruto de su propia animadversión y, en consecuencia, son especulaciones que no constituyen prueba. La del abogado es a todas luces una falacia, un fallo o error de razonamiento con apariencia de argumento creíble, pero realmente falso en su totalidad. Específicamente, se trata de la falacia ad ominem, locución latina que significa literalmente 'al hombre, a la persona'. Según la Real Academia de la Lengua Española, dicha falacia “se aplica al razonamiento o argumento que trata de confundir al adversario oponiéndole sus propias opiniones o actos, o, más frecuentemente hoy, al argumento que va dirigido contra la persona y no contra sus tesis”.
Crítica: el abogado defensor y el propio general Yáñez que, en palabras de la querellante Karinna Fernández se ha negado a colaborar con la Justicia, atacan al Ministerio Público por las ideas y comportamientos civiles de sus funcionarios. De esta manera se engaña a la opinión pública al desviar el foco de atención desde los argumentos de fondo del proceso judicial, los mismos que dan lugar a la petición de formalización del general Yáñez, hacia las que ellos consideran reprochables características personales de los fiscales Chong y Armendáriz, que, desde luego, no son de su agrado. En último término, pretenden sacar del juicio a los persecutores por la vía de inhabilitarlos, pero sin hacerse cargo de las graves acusaciones sobre violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
Piensa el abogado defensor: por sus ideas y conductas, en ocasiones de abierto apoyo a la demandas civiles y políticas del estallido social, los fiscales Chong y Armendáriz están en contra de Carabineros de Chile, lo cual les resta credibilidad, cuando no anulan, los argumentos que sostienen su solicitud de formalización de Yáñez.
Paráfrasis: supone el abogado defensor que las imputaciones hechas por los fiscales al general Yáñez —y a los generales retirados Mario Rozas y Diego Olate— constituyen un ataque a toda la institución de Carabineros, hecho por adversarios de la policía, como serían todos los que participan en las protestas y, en especial, los de Primera Línea, con quienes se identifican los fiscales. Ello le restaría peso y legitimidad a las pruebas que ofrecen.
Análisis: lo que afirma el abogado defensor son dos cosas erróneas pero semejantes en su especie. Por una parte, alega que toda censura a los policías que se apartan de sus deberes es un ataque a la institución de Carabineros en su conjunto y, por otra parte, señala que todo ciudadano que se manifiesta públicamente, sobre todo, los miembros de Primera Línea, son adversarios de la institución de Carabineros. Esta forma capciosa de razonamiento se conoce con los nombres de falacia de composición y falacia de generalización apresurada. Por la falacia de composición erróneamente se deduce que Carabineros sería una institución que vulnera los derechos de las personas, sólo porque algunos de sus funcionarios, como los generales Yáñez, Rozas y Olate, omiten su función. O, también colegir que quienes participan en manifestaciones públicas, o empatizan con sus demandas, son adversarios de Carabineros. Por la falacia de la generalización apresurada inferiríamos que la salida del general director de Carabineros agudizaría la crisis de seguridad del país.
Crítica: el abogado defensor confunde a la opinión pública cuando asimila las conductas de los imputados Yáñez, Rozas y Olate, a las de todos los funcionarios de Carabineros. En igual sentido, el Presidente de la República equivoca su investidura cuando entrega su absoluto respaldo al general Yáñez —lo que no ha sido desmentido—, traduciendo a través de él su apoyo a la institución policial, pues al hacerlo, no sólo incurre en las falacias precedentes, sino que deja en la duda si también apoya absolutamente lo que ha venido haciendo otro poder del Estado por las víctimas del estallido social.
En cuatro meses, el 7 de mayo, se realizará la audiencia de formalización de los generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por su responsabilidad institucional en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
En los siguientes cuatro meses viviremos una aguda confrontación ideológica que alineará a los defensores y detractores de las víctimas. Los fiscales y abogados querellantes serán desdeñados y desprestigiados para hacer caer las causas e instalar una nueva versión de la secular impunidad histórica de Chile.
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