Por Rodolfo Fortunatti

Podríamos asumir que no existe culpa, ni tampoco inocencia de todo un pueblo. Que la culpa y el perdón no pueden ser colectivos. Que toda la sociedad no puede ser inculpada por actos que no cometió. Pero que quienes vivieron la experiencia del golpe de Estado ―nunca antes más conscientes que entonces de la realidad política del país―, no pueden ignorar todo lo que ocurrió, embriagando su conciencia en un falso olvido.

Con ocasión de conmemorarse cincuenta años del golpe de Estado en Chile, el presidente Gabriel Boric ha propuesto una convención entre partidos políticos que, en lo sustantivo, rechace la acción violenta de grupos sediciosos para apoderarse del gobierno, y reafirme la vigencia y respeto de los derechos humanos considerados anteriores y superiores al Estado.

La iniciativa ha generado críticas en sectores de izquierda y derecha, y reticencias en las colectividades políticas nacidas y herederas de la colaboración con la dictadura.

La investidura de jefe de Estado

¿Es necesario el beneplácito de los partidos políticos para confirmar la adhesión del país a los principios y valores de la república, la democracia, la convivencia pacífica y la dignidad inherente a la persona humana, que sugiere el presidente?

Es bueno que los partidos apoyen un compromiso semejante, pero su sola adhesión no es suficiente para darle solemnidad y representatividad a la promesa. Antes bien se precisa que ésta sea refrendada por la investidura del jefe de Estado, que es la representación de los intereses permanentes de Chile.

No otra fue la magnificencia y sobriedad que exhibió el presidente de Alemania, el democristiano Richard von Weizsäcker, en su discurso ante el Parlamento Federal al conmemorar el cuadragésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y no menos que ésta es la expectativa que deberíamos abrigar sobre la memoria del golpe de Estado.

No es un día de celebración, dijo el presidente, y no debemos separar el 8 de mayo de 1945 del 30 de enero de 1933, cuando el fascismo arribó al poder. Y si hubo quienes creyeron que luchaban y sufrían por una buena causa, prosiguió el mandatario, todo aquello sirvió a los propósitos inhumanos de un liderazgo criminal.

Parafraseando el discurso del presidente von Weizsäcker, también nosotros podríamos declarar que, junto a los miles de muertos, se levanta una montaña de sufrimiento humano por los desaparecidos, por los torturados, por los exiliados, por los relegados, por los exonerados, por el hambre y la miseria, por el miedo al arresto y la muerte… y por las mujeres, tantas veces omitidas e ignoradas.

Podríamos asumir que no existe culpa, ni tampoco inocencia de todo un pueblo. Que la culpa y el perdón no pueden ser colectivos. Que toda la sociedad no puede ser inculpada por actos que no cometió. Pero que quienes vivieron la experiencia del golpe de Estado ―nunca antes más conscientes que entonces de la realidad política del país―, no pueden ignorar todo lo que ocurrió, embriagando su conciencia en un falso olvido. Deberían admitir lo que vieron, oyeron o supieron.

Los hechos y la voluntad política

Es posible que la declaración de la Democracia Cristiana del 12 de septiembre de 1973 encienda nuevas controversias respecto de lo que en ella se describe como desastre económico, caos institucional, violencia armada, crisis moral y peligros de destrucción y totalitarismo del gobierno de Allende.

Por sí o por no, seguirá suscitando polémica la carta del expresidente Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor del 8 de noviembre de 1973, ensayo histórico sobre el gobierno de Allende estructurado sobre la hipótesis general de que la Unidad Popular buscaba establecer en Chile una dictadura marxista totalitaria que, combinada con Cuba, permitiría el control del hemisferio sur americano.

Resultará, en todo caso, fútil la pretensión ideológica de forzar el consenso en torno a dichas tesis y a sus opuestas.

Con todo, no hay justificación moral ni política para el golpe de Estado.

No hay excusa para el bombardeo de La Moneda, el primer acto de agresión a los derechos humanos. No hay descargo que valga para el cese de las instituciones democráticas.

Algunos, como el Grupo de los Trece, lo supieron desde el primer momento. Otros, por la comprensión universalista que brinda el ejercicio diplomático, lo combatieron sin ambigüedades. Y hubo quienes, refugiándose en el ostracismo y la colaboración, dejaron hacer.

Muchos hasta hoy afirman que no sabían ni sospechaban nada. Sólo décadas después, cuando fueron desclasificados los archivos secretos, se habrían enterado de que la CIA financió operaciones de propaganda de sus dirigentes. ¿Debería imputárseles complicidad con quienes se lo ocultaron? Von Weizsäcker diría que ninguna persona inteligente esperaría que se vistieran la camisa de penitente solo por ser democratacristianos.

Soberanía, condición irrenunciable

Sin que sirva de atenuante a la intervención norteamericana, también sus rivales de izquierda habrían sabido de los ingentes recursos procedentes del campo socialista recién cuando, tras la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, se abrieron los registros de la KGB y de la Stasi, como lo revela la fecunda obra de la desaparecida escritora de origen ruso, Olga Ulianova.

Aquel era el mundo de la Guerra Fría. Un lugar donde el realismo cínico relativizaba la libertad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos.

Sin embargo, culpables o no, contemporáneos o no, todos somos afectados por las consecuencias del golpe de Estado y debemos hacernos responsables de ellas. Es por eso que el deber de la memoria y la promesa de mañana están representados en la investidura del jefe de Estado.

Alemania, Italia, Francia y los países invadidos, podrán explicar que la causa del ascenso y expansión del fascismo fue la debilidad de las democracias europeas, pero nunca ello supondrá prestar legitimidad a la regresión moral y humana que significó su implantación. La misma distinción es aplicable a los hechos de nuestro pasado.

En los últimos cincuenta años se ha escrito más sobre las causas que condujeron al golpe de Estado de 1973, que todo lo registrado y publicado sobre las circunstancias que desembocaron en la Guerra Civil de 1891. Con seguridad, el debate político y académico de aquellos sucesos continuará su marcha, pero no podrá justificar la naturaleza intrínsecamente violenta y contraria al progreso civilizatorio de ambas rupturas. //ELF