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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnista

La importancia de las Acusaciones Constitucionales en democracia

diciembre 13, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ricardo Hormazábal

Abogado y expresidente de la DC

La Cámara de Diputados rechazó una Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera gracias a 8 diputados de oposición y el Senado aprobó, por 23 votos a favor y 17 en contra, la Acusación Constitucional contra el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ambos estaban acusados por su responsabilidad en las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas a partir del 18 de noviembre de 2019.

Me parece injusto atacar a la DC y al PR por la decisión de una minoría de sus parlamentarios de sumarse a la derecha. En todo caso, es otro reflejo de la crisis de los partidos, pero debemos distinguir para no polarizar todo sin bases serias.

Tampoco comparto los argumentos respecto que estas acciones le hacen mal a la democracia. La institucionalidad democrática no se debilita por hacer uso de sus mecanismos ni por las opiniones personales dadas con respeto y argumentos. El Senador Andrés Allamand tenía la misma opinión el 2008: “En primer lugar, estimo fundamental dejar sentado que es una falacia sostener que una acusación constitucional pone en riesgo la estabilidad institucional del país” (voto por destituir a la Ministra Yasna Provoste).

Con las decisiones adoptadas sólo nos queda como salida a la crisis institucional, la posibilidad de participar en dos plebiscitos y a una elección de una Convención Constituyente para abril del 2019. Por ello quiero aportar algunas reflexiones sobre diversos aspectos humanos, jurídicos y políticos para facilitar un dialogo creativo y para aprender en conjunto cómo funciona el sistema político y que cambios se harían indispensables.

El factor humano

A mis 73 años tengo claro que las personas debemos ser respetadas en nuestros derechos y compelidas a cumplir con nuestros deberes para preservar y fortalecer una sociedad democrática, solidaria, participativa y pluralista. Sin ser muy beato, me guio por enseñanzas evangélicas como “amar al prójimo como a mí mismo” y “odiar el pecado no al pecador”. Los que me conocen saben que defiendo con pasión y argumentos mis ideas, pero que también, escucho con mente abierta lo que promueven otros y que soy respetuoso de los acuerdos mayoritarios.

Me enseñaron que así se podía construir un país para todos. Lo aprendí en mi familia, en la DC y en las organizaciones estudiantiles, sindicales y culturales en que he participado. Con ese espíritu participo en debates y lo seguiré haciendo cuando el tema constitucional esté en las prioridades.

La crisis política, moral y económica actual

He sido muy crítico de mi partido y los aliados, incluyendo al PC, fuerza política que debería pagar honorarios al Presidente Piñera y a los poderosos, porque los colocan detrás de todas las legítimas demandas sociales. Es un anticomunismo viejo, alejado de la realidad, pero potenciado por conductas ambiguas de ese partido, que no se condicen con la madura respuesta social de muchos de sus militantes. Pero esas consignas aún le sirven a la derecha.

Por mis posiciones y la destrucción de la militancia en los partidos, no represento en la actualidad fuerza política alguna, aunque sigo militando en la DC, pero sin participar en sus instancias. Desde hace casi 18 años no ocupo cargo político alguno, pero sí en el mundo social, al que pertenezco. Son los costos de decir lo que se piensa y tratar de vivir como se cree. Los he pagado con gusto y los seguiré pagando.

Desde 1990 hasta 1998, integré el primer Senado post dictadura y tuve una relación muy cordial en lo humano y muy franca y frontal en las posiciones políticas, con el entonces senador Sebastián Piñera. Votamos casi siempre distinto, juntos muy pocas veces.

Más allá de sus innegables condiciones intelectuales, creo que el Presidente Piñera no ha estado a la altura de su cargo. No basta ser inteligente, se requiere usarla al servicio del país, con vocación de servicio público, privilegiando el Bien Común y, lamentablemente, el Presidente no cree en esos conceptos. Decide supuestamente por algoritmos en muchos ámbitos y se olvida de las exigencias éticas. Penosamente, hoy es posible liderar en nuestro país y ser sancionado por uso de información privilegiada o por no pagar los impuestos o llevar su fortuna fuera de Chile.

Espero que el Presidente no siga proclamando guerras y rechace convertirse en instrumento de autoritarismos uniformados o civiles. Si se da cuenta que ya el país ya no le reconoce “la autoritas”, el fermento moral de la autoridad, requisito indispensable para gobernar, espero que no se tiente por la fuerza. Bordaberry sirvió a los uniformados en Uruguay y luego lo echaron.

Si no acepta adelantar las elecciones de parlamentarios y de su cargo, lo entiendo y acepto, pero debe apoyar el acuerdo para modificar la Constitución y dar respuestas nuevas a problemas viejos. Los chilenos de clase media no nos merecemos el sistema de AFP, ISAPRES, Colusiones, Finanzas y la cultura de corrupción que nos han impuesto transversalmente.

Incluso si quiere postular de nuevo al cargo, que lo haga. Yo defiendo el derecho del pueblo a decidir. En todo caso, jamás me sumaré a maniobras que desconozcan la institucionalidad elegida, a pesar de su creciente pérdida de legitimidad. Las salidas al margen de la institucionalidad son las peores.

El ex ministro acusado

No soy amigo de Andrés Chadwick. Podría decirse que siempre hemos estado en posiciones distintas. El integró el MAPU, definido entonces como marxista leninista y yo me mantuve en la DC. Él sirvió a la dictadura cívico militar y yo la combatí pacíficamente, sin embargo, mantuvimos una relación mutuamente respetuosa en los años en que fui Senador y Embajador y él Diputado.

Creo que su conducta en dictadura fue muy reprochable, con excesos de distinto tipo incluso contra autoridades religiosas, contra Obispos a quiénes los atacó violentamente con objetos contundentes, luego que éstos asistieran a una reunión internacional donde se decía en un informe…que en Chile se violaban los derechos humanos en dictadura. En democracia ha sido injusto, arrogante, incluso agresivo con adversarios e incluso con sacerdotes como el querido Alfonso Baeza, Vicario de la Pastoral Obrera y Social, a quién acusó injustamente de ser protector de terroristas.

El doble estándar político

El ex Ministro advirtió al Senado, el martes 10 de diciembre, que “se puede estar causando un grave daño a una persona o a su familia sobre las cuales ustedes no tendrán responsabilidades ni controles” Por su experiencia personal Andrés Chadwick sabe que hay graves daños a las personas y a sus familias.

Lo sabía entre 1973 y 1989, pero no le importaba, él defendía y promovía la dictadura de Pinochet. También conocía el tema por su experiencia en democracia como diputado y especialmente como Senador. En este último cargo, votó a favor la Acusación Constitucional contra la entonces Ministra de Educación, hoy Senadora, Yasna Provoste.

Para él, hoy el Senado debía considerar el daño a su persona y a su familia, pero nada de eso era válido para la Ministra acusada el 2008. Dijo el acusado, en esa ocasión como Senador: “Estamos convocados a cumplir el deber constitucional de pronunciarnos única y exclusivamente, y actuando como jurado y en Derecho, acerca de si la Ministra de Educación es o no responsable de haber infringido la causal del artículo 52, número 2), letra b), de la Carta Fundamental, única por la cual la acusa la Cámara de Diputados. O sea, debemos determinar si cometió o no una infracción constitucional por haber dejado sin ejecución el Texto Fundamental o la ley.”

Me molesta esa conducta del acusado, por injusta. Una mujer chilena, honesta y capaz, educadora de corazón, descendiente de uno de nuestros pueblos originarios y acusada por un tema administrativo realizado por terceros, no merecía ese trato y ese castigo. Ah, y un tema no menor. Él fue acusado por violar los Derechos Humanos, Yasna Provoste, jamás.

Los 5 años de prohibición de desempeñar un cargo público, afectaron gravemente la vida familiar y profesional de la ex Ministra y actual Senadora, situación que no ocurrirá con el señor Chadwick, vinculado política, familiar y socialmente con gente de mucho poder económico. Incluso es de mal gusto que la defensa del señor Chadwick haga uso de la fundada presentación que Yasna hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto el acusado, cuando tuvo la oportunidad, se negó a respaldar los cambios legales que permitirían eliminar esa muerte cívica de 5 años para todos. Este es un tema a revisar en la nueva constitución.

Como jurado el señor Chadwick razonaba: “Los hechos expuestos dan cuenta de la existencia de un importantísimo desorden administrativo, contable y financiero al interior de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que ha impedido hasta la fecha la consolidación de las cuentas corrientes bancarias -elemento básico de la administración de un organismo público- a lo menos durante 2004 y 2005”.

¿Culpable la Ministra por actos de subalternos, administrativos y contables? ¿Y las violaciones a los derechos humanos ejecutados por algunos de los subalternos del ex Ministro no merecen esa sanción?

Las normas constitucionales, legales y administrativas fueron latamente citadas en el debate del Senado. No hay duda alguna, el Ministro del Interior tenía el mando de las fuerzas policiales y no actúo para impedir esos abusos. Hasta un militar, Jefe de Plaza, declara que él nunca tuvo a Carabineros bajo su mando, ya que por norma legal le correspondía al Ministro del Interior.

La conducta doble inaceptable

El año 2008, el Senador Chadwick hizo tres preguntas al fundar su voto: 1.- ¿Cuáles son la gravedad y relevancia de los hechos?

“Nos hallamos en presencia de la Secretaría de Educación de la Región Metropolitana, repartición pública que tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la distribución de la mayor cantidad de recursos públicos que el Estado entrega a particulares, a través de la subvención escolar, para llevar a cabo una de las más importantes y significativas acciones dentro de la sociedad: la educación”.

¿Y los excesos de la fuerza policial en buena parte del país con miles de víctimas, no revisten seriedad o no son graves? 2.- ¿Puede alguien en este Senado negar los hechos? ¿Puede alguien en este Senado negar la gravedad de ellos?

El señor Chadwick no pudo negar los hechos y su gravedad. Estaban los informes del INDH, de las postas, de las entidades internacionales como AI y HRW, y ahora, el informe de la ONU en Derechos Humanos, cuyos informes críticos contra el gobierno venezolano han sido usados profusamente por este gobierno; las grabaciones de celulares y algunos informes serios de la TV. Vidas humanas, ojos de jóvenes y viejos, denuncias de las propias instituciones contra los que se excedieron. Y el dolor de miles de familias afectadas por los excesos, también de uniformados, cuya integridad física y mental debe ser respetada.

¿Estaban los hechos en conocimiento oportuno de la Ministra acusada? La defensa del señor Chadwick no pudo negar que sabía lo que pasaba. La evidencia era abrumadora. Y se probó que nada apropiado hizo para corregir esos excesos. Hoy su sucesor anuncia reestructuración en Carabineros. Esa acción es positiva y contrasta con la falta de soluciones del ex Ministro. Estaba acostumbrado a la impunidad.

Tampoco pudo negar el ex ministro su participación en el descabezamiento del Alto mando de Carabineros. 51 generales expulsados en menos de dos años. ¿Todos por actos de corrupción que venían sucediendo hace años? No. Sacaron mandos honorables y experimentados para poner a un amigo en el cargo. Al que había sido Edecán del Presidente Piñera en su primer gobierno.

¿Va a negar este gobierno que esa salida masiva afectó la moral interna de la institución, la calidad de los aportes y la experiencia de los mandos superiores? No puede. Los decretos llevan sus firmas. ¿Los corruptos para fuera, por cierto, pero eliminar la experiencia? Este gobierno tiene el nepotismo como bandera, al costo que sea. Total, paga el país.

Finalmente, si el Ministro no era responsable de nada, ¿Por qué su primo Presidente le aceptó la renuncia? No lo hizo en la oportunidad vergonzosa en que se manipularon los hechos y los medios de prueba para encubrir el cobarde asesinato del señor Catrillanca.

El máximo reconocimiento de su responsabilidad política fue la decisión del Presidente de sacarlo del cargo. El entonces Senador Chadwick predicaba el 2008: “los deberes constitucionales tienen que ser cumplidos en conciencia y, en este caso, de acuerdo a Derecho. Y si algún Senador siente cinismo frente al ejercicio de sus funciones o hipocresía ante el juramento que prestó, resulta difícil comprender por qué tanto esfuerzo en ser parte de esta Corporación. Yo no lo siento”.

La Cámara de Diputados y el Senado sólo cumplieron con su deber constitucional.

Publicado en: Columnas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Crisis en Chile, Manifestaciones sociales, Ricardo Hormazábal

Chile, el cisne negro y el anti príncipe

diciembre 10, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Joaquín Orellana Calderón

El 18 de octubre de 2019 pasará a la historia como el inicio de la “Revolución de la Dignidad”,para los maximalistas o de la “Revolución de los 30 pesos”, para los minimalistas.

Más allá de la futura denominación, podríamos indicar que vivimos en ciernes un fenómeno sociopolítico catalogado como “Cisne Negro” por la literatura, es decir, un hito de fractura que, más allá de haber tenido conciencia previsora, es sorpresivo y contiene una profunda incertidumbre para los observadores e involucrados.

La incertidumbre instalada deviene en crisis y éstas se solucionan o administran. En ambos caminos se requiere de un aparataje de toma de decisiones.

Cuando las crisis involucran al modelo de Estado, esto comprende tanto al sistema político como también la arquitectura económica y de mercado, y sobre todo en un régimen presidencial, hiperpresidencial en el caso chileno, las principales respuestas y decisiones le son exigidas al Presidente, en la nomenclatura de Maquiavelo al Príncipe.

Hago alusión al texto del florentino, porque es en contextos de crisis donde la lectura de los clásicos se vuelve fundamental. Así, en este espejo de príncipe, escrito originalmente para aquellos que queriendo ser gobernantes no podrían serlo, se despliega una batería de conceptos y elementos que nos ayudan a analizar y comprender la realidad del Chile actual.

Más de un mes de crisis y la aprobación de Sebastián Piñera ha caído estrepitosamente, las encuestas le dan un 10% de respaldo. En lógica de movimientos telúricos, cada día que pasa es un día en donde la magnitud de la crisis crece exponencialmente.

La matriz de solución de la crisis va mutando en la medida que avanza el calendario. Si en la primera semana hablábamos de medidas inmediatas y urgentes en aspectos sociales acotados, a la quinta semana hablamos de violación a los derechos humanos, nueva Constitución y recuperación del Estado de derecho en el contexto de orden público y seguridad.

Con base en lo anterior, la percepción de la opinión pública es que el presidente forma parte del problema y no de la solución.

En esta línea, ha tomado fuerza, en los sectores de izquierda del Congreso, la idea de que prospere la acusación constitucional contra Piñera. Fenómeno que también chorrea a sus ministros.

En consecuencia, no parecen haber decisiones acertadas por parte del ejecutivo en el escenario crítico, dependiendo en buena forma del trabajo que realiza el poder legislativo en el avance de proyectos de ley que apuntan a la solución del problema. La Moneda entró en la marcha de la estupidez.

Sebastián Piñera, el mismo que era ungido por el electorado como príncipe hace dos años, hoy hace carne a la figura del anti príncipe.

La antítesis de la virtud en la lógica de Nicolás Maquiavelo, aquel gobernante que posee fortuna, en la acepción que corresponde a la suerte, en su actuar y que, además, cumple con la regla de todos los males: no ser temido ni tampoco amado, sino más bien odiado.

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Construir una nueva comunidad en tres actos

diciembre 10, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Mauricio Castro

Ha transcurrido más de un mes del estadillo social en nuestro país que desató rabias, protestas, sueños, visiones y propuestas. Todo lo anterior para cambiar Chile, cambios que debiesen ocurrir en tres actos.

Primer acto. Ya quedó establecida la necesidad de que, en el mediano plazo, se realice un cambio en la institucionalidad con una nueva Constitución, a través de un proceso participativo y decisivo por parte de la ciudadanía. Lo cual se refleja de mejor manera mediante una asamblea constituyente, donde falta por definir el número de asambleístas y que se considere paridad de género y participación de etnias originarias, como también se asegure igualdad de participación de los independientes respecto a los partidos políticos.

Segundo acto. Se debe enfrentar las urgencias sociales en forma inmediata asegurando por parte de la sociedad y del Estado un aumento en el gasto base sobre las personas. Un pacto por la justicia social que implique, entre otros; i) laboral: un sueldo mínimo de $500.000 en forma gradual a partir de los $350.000 propuestos por el gobierno y la aprobación proyecto de ley de 40 horas laborales con flexibilizada y gradualidad, ii) pensiones: aprobación de una pensión base universal equivalente al sueldo mínimo, aumentado pensión básica solidaria y las pensiones derivadas de las AFP e iniciar el proceso de reforma estructural al sistema de pensiones, iii) salud: definir un plan único de salud y establecer una nueva Ley de Fármacos que permita una rebaja significativa de los remedios, iv) educación pública: financiar en forma significativa el fortalecimiento y aumento de la calidad de la educación pública, así como extender gradualmente la gratuidad en la educación superior a todos los estudiantes y eliminando el CAE, v) servicios básicos: congelar tarifas servicios básicos (luz, agua, telecomunicaciones, etc.) y establecer una banda que permita un cobro justo, vi) transporte: congelación de la tarifa de transporte público y entregar Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para todos los alumnos y Tarjeta Nacional del Adulto Mayor (TNA) para todos adultos mayores con una rebaja igual a la de los estudiantes. Todas estas medidas por un pacto por la justicia social deben aprobarse previo a abril de 2020, fecha del plebiscito de entrada para cambio de la constitución.

Tercer acto. Es necesario tener una mirada de largo plazo en un modelo de desarrollo basado en una economía social y solidaria, que priorice la satisfacción de las necesidades de las personas sobre el lucro y que coloque el trabajo por sobre él capital. Todo orientado por principios de humanismo, democracia, solidaridad, inclusividad, bienestar social, diversidad, sustentabilidad, cooperativismo, comunitarismo, seguridad alimentaria, feminismo, gestión territorial, bien común, entre otros.

Estos tres actos son la oportunidad del parlamento de recuperar su rol representativo y articulador, aliado con los movimientos sociales y la ciudadanía, como de las organizaciones empresariales. Esta obra de tres actos permitirá construir esta nueva comunidad, un Nuevo Chile.

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La profunda derechización de la Concertación

diciembre 8, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Felipe Portales

Y, si la aceptación del veto de la derecha para impedir una Constitución que refleje la opinión mayoritaria de los chilenos en orden a sustituir el modelo de sociedad legado por la dictadura, va unida a una total carencia de autocrítica por haber consolidado dicho modelo, no podemos más que concluir que la profunda derechización del liderazgo de la ex Concertación continúa plenamente vigente y que puede perfectamente continuar, con la política de los “consensos” que le permitieron consolidar el “modelo chileno”. Y con la misma lógica con que le regaló a la derecha, en 1989, la mayoría parlamentaria, hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en la elaboración de una ¿nueva? Constitución.

La aceptación del veto de la derecha por parte de la ex Concertación –a través del aberrante quórum de 2/3 para aprobar una nueva Constitución- no nos debiese sorprender, a la luz del profundo proceso de derechización experi-mentado por el liderazgo de dicho conglomerado político desde fines de los 80.

En efecto, como lo reconoció en 1997 con toda crudeza Edgardo Boeninger, el principal ministro de Aylwin (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago), el liderazgo concertacionista experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Ibid.; p. 369) y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación, se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Ibid.; pp. 369-70).

Lo anterior explica una de las acciones más insólitas en la historia política de la humanidad: el deseo de una coalición política de tener minoría parlamentaria en lugar de mayoría. De este modo, la Concertación –a través del acuerdo de reformas constitucionales concordado con Pinochet a mediados de 1989- ¡le regaló a la futura oposición de derecha la mayoría parlamentaria que habría tenido segura de mantenerse el texto original de la Constitución del 80! En efecto, pensando obviamente en que Pinochet sería ratificado como presidente en 1988 y teniendo en cuenta la histórica minoría electoral de la derecha, la Constitución estipulaba que el Gobierno a establecerse en 1990 tendría mayoría parlamentaria con la mayoría absoluta en una cámara y un tercio de la otra. Y en ese contexto, Pinochet habría tenido el tercio de los diputados -más que asegurado con el sistema electoral binominal- y mayoría en el Senado, gracias a los senadores designados.

A su vez, connotados intelectuales, economistas, políticos y empresarios de la derecha nacional e internacional han planteado grandes elogios a los líderes concertacionistas por su completa derechización y, particularmente, de quien menos lo esperaban: Ricardo Lagos. Así, tenemos al cientista político RN y ex embajador de Piñera, Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación, en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Como Pinochet perdió el plebiscito de 1988, dicho prospecto le iba a ser plenamente favorable al inminente Presidente, Patricio Aylwin, y a la Concertación. Esta iba a tener, naturalmente, la mayoría en la Cámara de Diputados e iba a alcanzar de todas maneras el tercio del Senado, pese a los senadores designados. Esto último, dado que el Senado original estaba compuesto por 26 senadores electos (dos por cada una de las entonces 13 regiones) y 9 designados, es decir, 35 senadores. El tercio de 35 es 12 y la Concertación tenía completamente asegurado elegir al menos uno en cada región, es decir, 13. Sin embargo, en el “paquete” de 54 reformas del 89 se incluyó solapadamente una que subía los quórums a mayoría absoluta en ambas cámaras -hecho que, hasta el día de hoy, la generalidad de la población chilena ignora- manteniendo los senadores designados, con lo cual el evidente efecto práctico iba a ser que la Concertación perdería su mayoría parlamentaria.

La explicación de este acto, aparentemente demencial, la encontramos perfectamente razonable con el reconocimiento posterior que hizo Boeninger: que la Concertación había llegado a una convergencia con la derecha que políticamente no estaba en condiciones de reconocer. Por lo que, si hubiese tenido mayoría parlamentaria no habría tenido excusas válidas para no cumplir con sus bases los compromisos programáticos de transformación del sistema neoliberal heredado de Pinochet. Como no la tuvo, en los años 90 pudo recurrir siempre al argumento de que no tenía las mayorías parlamentarias para hacerlo. Lo que era cierto, ¡pero ocultando decir que no la tenía porque la había regalado!

De tal manera que a lo largo de los 90 le fue políticamente posible al liderazgo de la Concertación ir legitimando, consolidando y “perfeccionando” poco a poco el modelo y las estructuras económico-sociales impuestas por la dictadura. Ello, además, pudo hacerlo más fácil dado el contexto económico internacional favorable y la gran afluencia de capital extranjero, que permitió hasta 1998 un extraordinario crecimiento de la economía, con el consiguiente “chorreo” y disminución significativa de los niveles de pobreza. De este modo, se consolidaron todas las estructuras y políticas económico-sociales que dejó en herencia Pinochet: El Plan Laboral, las AFP, las Isapres, la LOCE, maquillada por la LGE, las universidades privadas sin (con) fines de lucro. No solo eso, además la ley minera que permitió la creciente desnacionalización de la gran minería del cobre; el sistema que ha permitido la elusión tributaria de las grandes fortunas y que les ha brindado gigantescas formas de exención impositivas; la privatización de los servicios públicos, las concesiones de autopistas a través de contratos leoninos, la carbonización de la matriz energética, la existencia cada vez más grave de “zonas de sacrificio”, junto con el virtual monopolio de la venta de medicamentos a precios escandalosos por tres cadenas de farmacias, la concentración del poder económico en pocas decenas de grandes grupos económicos; la atomización social de los sectores populares y medios, a través de la pérdida de poder de los sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y de los colegios profesionales y técnicos.

Ya a fines de los 90, diversos líderes concertacionistas se permitían expresar públicamente su adhesión al neoliberalismo e, incluso, grandes elogios a la obra económica, social y cultural de Pinochet. Especialmente ilustrativos fueron los casos del destacado intelectual PPD, Eugenio Tironi y Alejandro Foxley, quien fue el ministro de Hacienda de Aylwin, ex senador, expresidente del PDC y excanciller de Bachelet. Así, el primero escribió en 1999 que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de ésto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de Siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Y Foxley expresó en una entrevista en 2000 que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) que ha terminado siendo aceptada prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, connotados intelectuales, economistas, políticos y empresarios de la derecha nacional e internacional han planteado grandes elogios a los líderes concertacionistas por su completa derechización y, particularmente, de quien menos lo esperaban: Ricardo Lagos. Así, tenemos al cientista político RN y ex embajador de Piñera, Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación, en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Por otro lado, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de Asia Pacífico) como acá (en Chile), porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque, además, se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).

A su vez, el destacado empresario y economista, César Barros, sostuvo el día final del gobierno de Lagos que “las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor’ que le hiciera la cúpula empresarial una vez finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo «El Príncipe» -tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República- han optado en llamarlo, de ahora en adelante «el Zar de todos los Chiles’ (…) Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado. Y por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).

Por su parte, el dirigente de la UDI, Herman Chadwick, señaló que el gobierno de Lagos “fue muy bueno y que el ex Presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar” (El Mercurio; 21-3-2006). Y el destacado empresario pinochetista, Ricardo Claro, declaró en lo que probablemente fue la última entrevista de su vida, que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008).

Pero el reconocimiento más relevante y universal fue el que le hizo el número 2 -luego de Milton Friedman- de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, quien en 2007 señaló “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia y quien habló inmediatamente antes de mí fue el expresidente, Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica, es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007). Y en 2010, el mismo Harberger dijo en una visita a Chile: “Yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin, con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores y eso ha seguido hasta hoy día” (El Mercurio; 19-12-2010).

Y, si la aceptación del veto de la derecha para impedir una Constitución que refleje la opinión mayoritaria de los chilenos en orden a sustituir el modelo de sociedad legado por la dictadura, va unida a una total carencia de autocrítica por haber consolidado dicho modelo, no podemos más que concluir que la profunda derechización del liderazgo de la ex Concertación continúa plenamente vigente y que puede perfectamente continuar, con la política de los “consensos” que le permitieron consolidar el “modelo chileno”. Y con la misma lógica con que le regaló a la derecha, en 1989, la mayoría parlamentaria, hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en la elaboración de una ¿nueva? Constitución.

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El camino para reencontrar a los chilenos

diciembre 6, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

 

 

 

Por Fuad Chahín

Presidente de la Democracia Cristiana (DC)

Se equivocan quienes creen que la solución a la crisis se agota con una salida de los militares a poner orden. La solución opera en clave política y de liderazgos que dejen egoísmos, miopías ideológicas y se sienten a una mesa no solo para acordar los términos de un proceso constituyente refundacional, sino sobre todo para abordar respuestas estructurales, y eventualmente dolorosas para toda una élite, a las demandas por dignidad. Nosotros estamos disponibles, pero el Presidente Sebastián Piñera tiene la última palabra.

Hoy, qué duda cabe, hay una demanda claramente establecida por dignidad.

¿Pero cuál es su trasfondo y contenido?

Primero es una demanda por un cambio radical de las relaciones de poder, del uso del Estado y del mercado como espacios generadores de oportunidades y libertades y no perpetuadores de abusos y asimetrías.

Una demanda que pide hacerse cargo del alto costo de vida (uno de los más altos de Latinoamérica), ello como resultado de una estructura de relaciones económicas convenientemente ideologizadas y permisivas con intereses y beneficios concentrados en pocos. Estructura que por lo demás ha atentado contra las bases teóricas del propio sistema: lo vuelve ineficiente y políticamente vulnerable.

Es un contrasentido sostener el costo de vida actual en Chile, que no se condice ni con la calidad de lo ofertado ni con su precio en el mercado internacional –algunos productos de primera necesidad son más caros que en Europa–. El actual estado de cosas no permite el acceso a grupos emergentes a bienes básicos como salud, vivienda y educación y solo encarece el gasto público y subsidios estatales (basta ver, por ejemplo, las millonarias e ineficientes transferencias desde el sistema público de salud hacia las sociedades médicas privadas).

También se trata de una demanda concreta por una mayor eficacia del Estado. Nuestro Estado no ha sido capaz de adaptarse y dar respuestas a los cambios del entorno (economía mundial, conflictos emergentes, diversificación de demandas ciudadanas). Lo que tenemos hoy es un Estado ausente, ineficiente, si no, capturado por ciertos intereses.

Hay además una frustración frente a la incapacidad, indolencia y juicio de realidad de buena parte de la élite (clase política y empresarial) que se niega a un cambio de las reglas del juego, que a la fecha, y salvo el ítem dietas, no muestra mayores sacrificios para avanzar en equidad. Las grandes empresas y altos patrimonios aún no se pronuncian respecto a cómo aumentar considerablemente su aporte para financiar pensiones, salud o educación dignas y terminar con los abusos, y en cómo alivianar la carga de la clase media.

El Gobierno tampoco parece presionar por este ejercicio a propósito de la reciente discusión del presupuesto público. Aquí, ni el Presidente o el ministro de Hacienda parecieron preguntarse qué proporción de los 70 mil millones de dólares que componen dicho presupuesto recaen sobre lo tributado por la clase media (contribuciones, IVA, impuesto a los combustibles), y qué aporte entrega esta clase social de las utilidades de industrias como la banca, el retail, las AFP o las múltiples concesionarias de servicios públicos. Menos consideraron ampliar el gasto público (que en el caso de Chile llega al 10.9 % del PIB frente al 20.1 % de la media OCDE), en un escenario de menor crecimiento, aumento de desempleo y explosión social.

Por último, es una demanda por ser parte de algo más importante que uno mismo y un acto de consumo. Manifiesta un sentido de trascendencia, una creciente necesidad por reconstruir la comunidad como un espacio indispensable para el pleno desarrollo de la persona, dejando atrás el culto al individualismo, al exitismo y una competencia desenfrenada que a la postre segrega a millones.

¿Qué hacer entonces para avanzar en dignidad, salir del estado de violencia y reencontrar a los chilenos?

Como Democracia Cristiana, creemos que se debe establecer una agenda de reformas estructurales y culturales que ponga un dique de contención a los populismos y contenga la creciente polarización y escalada de delincuencia. Hoy es evidente una renuncia del Gobierno a gobernar y aprovechar esta crisis social como una gran oportunidad para liderar y convocar con urgencia a actores políticos, económicos y sociales a trabajar sobre una agenda de cambios estructurales más allá de medidas parche.

No obstante esa renuncia, la Democracia Cristiana tiene un compromiso con el país y opera sobre una ética de la responsabilidad. Entendemos que la única fórmula para terminar con las movilizaciones, aislar a los subversivos, y sintonizar con una mayoría moderada que se expresa en la calle y apoya las demandas antes expuestas (hoy se mantiene en el 70%), es asegurando respuestas de fondo a sus demandas.

Se equivocan quienes creen que la solución a la crisis se agota con una salida de los militares a poner orden. La solución opera en clave política y de liderazgos que dejen egoísmos, miopías ideológicas y se sienten a una mesa. No solo para acordar los términos de un proceso constituyente refundacional, sino sobre todo para abordar respuestas estructurales, y eventualmente dolorosas para toda una élite, a las demandas por dignidad. Nosotros estamos disponibles, pero el Presidente Sebastián Piñera tiene la última palabra.

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El medicamento como un bien social

diciembre 3, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Patricio Gilbert

Académico de la Usach

Ya instalada en la discusión diaria, el acceso a los medicamentos para toda la población, es un tema que no se puede evitar y que se debe profundizar, ya que su solución implica realizar cambios profundos en nuestra sociedad y modelo de desarrollo.

Cuando el 29 de diciembre de 1989 se promulga la Ley 18.899, se deroga el Decreto 70/1791 de 1942 el cual establecía una serie de restricción a la venta de medicamentos; se dijo que al introducir “más mercado” al mundo farmacéutico, los precios bajarían y toda la población podría tener acceso a los mismos, ya que la “iniciativa privada” permitiría que “todos” pudieran acceder a los medicamentos.

De esa promesa estamos a días de cumplir 30 años y cómo podemos ver, los efectos de la derogación de la regulación al mercado farmacéutico existente desde los años 40, solo trajo colusión de precios, particas monopólicas y aumento de los precios, así como un menor acceso a los medicamentos.

La primera conclusión que podemos sacar es que la introducción de “más mercado” en el tema farmacéutico solo generó efectos negativos que hoy día debemos revertir.

Uno de los primeros efectos negativos, fue la mayor concentración del negocio de distribución de medicamentos; rápidamente, las llamadas “Farmacias de barrio” fueron reemplazadas por las nuevas y agresivas “Farmacias de Cadena” quienes con la posibilidad de negociar mejores precios por volumen de compra y una política agresiva de captura de cuotas de mercado, hicieron que las Farmacias de Barrio fueran desapareciendo, hasta hacerlas insignificantes ante el poder de negociación que tenían estas cadenas (más del 80% de las ventas de medicamentos se realizan en 3 cadenas de farmacias); logrando concentrar en 3 actores, las decisiones respecto de cómo se debía comportar el precio de los medicamentos.

El segundo efecto negativo fue la distribución geográfica de las farmacias; al no existir la regulación de la ubicación de las farmacias, se estableció una competencia entre los tres actores mayoritarios, con el objeto de copar todos los espacios que eran “rentables para el negocio” a fin de maximizar las ganancias. Esto generó que hoy día la mitad de las farmacias de Chile se encuentren ubicadas en la Región Metropolitana, distribuidas de acuerdo al nivel socio económico de la población, más que por la cobertura de población que se requiere; generando esto que en ciertas comunas de la Región Metropolitana tengamos una alta concentración de farmacias y en otras una muy baja densidad, lo que dificulta el acceso a los medicamentos.
El tercer efecto negativo corresponde a la integración vertical del negocio, ya que de acuerdo a la visión los negocios de “venta al por menor” la forma de maximizar las utilidades está dada por acortar la cadena de distribución, teniendo la producción, distribución y expendio integrados, es así como la existencia de Cadenas de farmacias dueñas de laboratorios, hizo que los precios de sus productos disminuyeran, aumentando sus utilidades y haciendo más difícil la sobrevivencia de las farmacias que no tenían esta posibilidad.
El cuarto efecto negativo corresponde al más pernicioso de todos y corresponde a la colusión de precios de los medicamentos, hace pocos años nos enteramos que las tres cadenas de farmacias, durante al menos 6 años, estaban coordinadas y concertadas para aumentar o disminuir el precio de los medicamentos, con claros objetivos de manejar las utilidades de las cadenas, eliminar a la posible competencia que eran las farmacias de barrio y finalmente generar un poder comprador ante los laboratorios, a fin de que estos entregaran los precios que a ellos les interesaban más que para mejorar el acceso a la población. Esto trajo consecuencias nefastas para el acceso a los medicamentos, ya que lo que se logro es el aumento de los precios, sin mejorar el acceso y solo aumentando las utilidades de las cadenas.

Estos cuatro efectos negativos, que desmienten la premisa con la cual se implementó esta nueva forma de mejorar el acceso, hacen necesario replantearse y hacer un cambio estructural en la forma de ver el medicamento.

Hemos visto que las ideas del Libre Mercado, no aplican para este tipo de productos, ya que por una parte no resuelven necesidades sustituibles o la población no cuenta con la posibilidad de intercambiar productos para satisfacer sus necesidades, tal y como sería un auto, un televisor o un kilo de pan; la génesis del medicamento está en la necesidad de reestablecer o mantener una condición de salud, por lo cual, el costo alternativo de su no uso es la no salud o más bien dicho, la enfermedad que en algunos casos puede significar la muerte del paciente.

Este simple detalle hace necesario tener una mirada distinta respecto del fármaco y sus implicancias en el acceso a la población; haciendo necesario que el Estado garantice, promueva y realice acciones para que toda la población tenga acceso a ellos; es decir, debemos dejar la lógica subsidiaria, donde el estado solo provee de instrumentos que permitan “tener la posibilidad del acceso a los medicamentos” y pasar a un estado el cual debe realizar acciones para asegurar el acceso de toda la población, de los medicamentos que requiere para mantener y recuperar la salud.

Esto es lo fundamental para comenzar a trabajar y lograr que en el mediano plazo, toda la población tenga acceso seguro y oportuno, a las terapias necesarias que deba utilizar, para solucionar sus problemas de salud.
Una vez realizado este cambio de mentalidad, podremos recién comenzar a analizar, las vías por las cuales se realizará este acceso, el origen de los medicamentos, cuales son los esenciales y que el estado debe asegurar su acceso y como regulamos que nuestros pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos, con los menores efectos secundarios y al menor precio posible; permitiendo de esta manera hablar del medicamento como un bien social, parte de la seguridad social de la población más que un simple bien de consumo, que es como se ha tratado en los últimos 30 años.

Es necesario mirar desde otra óptica, el estatus con el que se analiza el medicamento, pasando, necesariamente desde un bien de consumo a un bien social, parte de la seguridad social del país.

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