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Por Mauricio Castro

Ha transcurrido más de un mes del estadillo social en nuestro país que desató rabias, protestas, sueños, visiones y propuestas. Todo lo anterior para cambiar Chile, cambios que debiesen ocurrir en tres actos.

Primer acto. Ya quedó establecida la necesidad de que, en el mediano plazo, se realice un cambio en la institucionalidad con una nueva Constitución, a través de un proceso participativo y decisivo por parte de la ciudadanía. Lo cual se refleja de mejor manera mediante una asamblea constituyente, donde falta por definir el número de asambleístas y que se considere paridad de género y participación de etnias originarias, como también se asegure igualdad de participación de los independientes respecto a los partidos políticos.

Segundo acto. Se debe enfrentar las urgencias sociales en forma inmediata asegurando por parte de la sociedad y del Estado un aumento en el gasto base sobre las personas. Un pacto por la justicia social que implique, entre otros; i) laboral: un sueldo mínimo de $500.000 en forma gradual a partir de los $350.000 propuestos por el gobierno y la aprobación proyecto de ley de 40 horas laborales con flexibilizada y gradualidad, ii) pensiones: aprobación de una pensión base universal equivalente al sueldo mínimo, aumentado pensión básica solidaria y las pensiones derivadas de las AFP e iniciar el proceso de reforma estructural al sistema de pensiones, iii) salud: definir un plan único de salud y establecer una nueva Ley de Fármacos que permita una rebaja significativa de los remedios, iv) educación pública: financiar en forma significativa el fortalecimiento y aumento de la calidad de la educación pública, así como extender gradualmente la gratuidad en la educación superior a todos los estudiantes y eliminando el CAE, v) servicios básicos: congelar tarifas servicios básicos (luz, agua, telecomunicaciones, etc.) y establecer una banda que permita un cobro justo, vi) transporte: congelación de la tarifa de transporte público y entregar Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para todos los alumnos y Tarjeta Nacional del Adulto Mayor (TNA) para todos adultos mayores con una rebaja igual a la de los estudiantes. Todas estas medidas por un pacto por la justicia social deben aprobarse previo a abril de 2020, fecha del plebiscito de entrada para cambio de la constitución.

Tercer acto. Es necesario tener una mirada de largo plazo en un modelo de desarrollo basado en una economía social y solidaria, que priorice la satisfacción de las necesidades de las personas sobre el lucro y que coloque el trabajo por sobre él capital. Todo orientado por principios de humanismo, democracia, solidaridad, inclusividad, bienestar social, diversidad, sustentabilidad, cooperativismo, comunitarismo, seguridad alimentaria, feminismo, gestión territorial, bien común, entre otros.

Estos tres actos son la oportunidad del parlamento de recuperar su rol representativo y articulador, aliado con los movimientos sociales y la ciudadanía, como de las organizaciones empresariales. Esta obra de tres actos permitirá construir esta nueva comunidad, un Nuevo Chile.

En mayo de 2015 fue promulgada la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, que presentaba tres principios básicos: fin al copago, fin al lucro y fin a la selección escolar. Este último criterio, se consigue mediante un sistema de admisión único y centralizado, que busca asegurar un proceso justo, equitativo y transparente para todas las familias, y que acabe con los procesos de selección discriminatorios y arbitrarios. Para ello se utiliza una plataforma de postulación y algoritmo que asigna los cupos de acuerdo a ciertas restricciones y la relación entre oferta y demanda.

Por Mauricio Castro

Jefe del área de Educación

Lagos & Asociados Abogado

Los resultados han sido los siguientes desde su implemtación; el 2016 se desarrolló en la región de Magallanes, donde 86,7% fue admitido en algún colegio de su preferencia, el 2,4% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 3,8% se mantuvo en su colegio de origen, para el año 2017, se realizó en Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Magallanes, teniendo como resultado que un 88,9% fue admitido en algún colegio de su preferencia, el 0,3% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 4,4% se mantuvo en su colegio de origen y en el 2018, se implementó el sistema de admisión en todas las regiones (exceptuando la Región Metropolitana), un 82,5% fue admitido dentro de sus preferencias, un 4,8% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 8,6% se mantuvo en su colegio de origen. Lo que comparado con otras paises y/o cuidades donde se ocupa el mismo sistema, poe ejemplo Nueva York, Boston, Amsterdam, etc., tienen rangos de porcentaje similares.

Por lo anterior, surge la interrogante de qué hacer para disminuir el porcentaje de familias que no logran quedar en los establecimientos de su preferencia, teniendo presente que siempre existirá un porcentaje insatisfecho y considerando, además, que el 2019 ingresan al sistema de admisión escolar alrededor de 240.000 nuevos postulantes que corresponden a los primeros niveles (pre-kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio) de la región metropolitana y a todos los niveles de las demás regiones que ingresaron el año 2018.

En este contexto, el Mineduc deberiá; a) Proyectar la demanda y conocer la oferta de cupos por nivel y, en aquellas regiones o comunas donde existan brechas importantes intentar buscar soluciones que permitan acotar dichas brechas antes de iniciar el proceso de admisión, b) Desarrollar un proceso de información y capacitación amplio territorialmente que permita llegar a todos los sostenedores y en particular a los padres y apoderados, con una fuerte interacción de los servicios públicos, c) Que padres y apoderados se comprometan a conocer los proyectos educativos y los establecimientos antes del proceso de postulación, reforzando la idea de postular a más de tres opciones que es el promedio de postulaciones actual, d) Revisar y mejorar la plataforma respecto a las sugerencias que entregan de cupos disponibles cuando el estudiante no queda en un colegio de su preferencia, que éstas sean en la comuna donde la familia escoja o en la comuna de residencia, y así no altere la planificación familiar, e) Corregir el concepto de familia, evolucionar el concepto de “familia” erradicando el vocablo “tradicional”, respecto a los cupos reservado para hermanos (para el caso de familias constituidas con hermanos no consanguíneos).

Ahora bien, buscar mejorar el sistema de admisión, a través del cambio en la forma de selección de los establecimientos de alta exigencia y el porcentaje de alumnos que pueden seleccionar, no genera ninguna mejora real, sino todo lo contrario. Este camino sólo aumenta la segregación. En primer lugar, son muy pocos los establecimientos que cumplirían con la condiciones que la Ley 20.845 señala para ser un Liceo de Excelencia, por tanto no tiene una condición de universalidad. Asimismo, el desarrollo de pruebas o seleccionar por notas, en el largo plazo va en contra de la igualdad de oportunidades, haciendo discriminatorio el proceso. Como se ha mencionado: no es mérito, es privilegio. Por ejemplo, poner una prueba en sexto básico para ingreso a séptimo, tiene un sesgo socioeconómico y cultural inmenso, discriminando a los más pobres, tal como sucede con el Simce y la PSU.

En consecuencia, se deben realizar cambios que ayuden a mejorar el sistema de admisión escolar y disminuir el porcentaje de familias que no quedan en los colegios de su preferencia. Lo demás son construcciones sesgadas que se alejan e implican un retroceso de los principios de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección.

Construir una nueva comunidad en tres actos

Mejorar el Sistema de Admisión sin restituir la Selección