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Financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Una oportunidad para Chile?

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Por Andrés Palma

Economista y militante DC

Hay oportunidades que a veces no se repiten. Una unanimidad inesperada en el parlamento puede serlo.

La discusión sobre el financiamiento del mayor gasto público que representa el proyecto de Pensión Garantizada Universal(PGU) no es banal, refleja el estado de los compromisos que el actual gobierno entregará al próximo.

Está claro que lo que propuso originalmente no alcanza para cubrir el gasto que la PGU representa. El gasto en pensiones es necesario y justo, pero es lo que en economía se denomina gasto corriente o gasto del gobierno. Si lo llevamos a la economía doméstica es un gasto en consumo, es decir uno que no genera beneficios adicionales. Además, el gasto en pensiones – por ejemplo, a diferencia del IFE – constituye un compromiso permanente para el Estado, es decir, hay que pagar las pensiones mes a mes y año a año, y para ello hay que tener recursos suficientes… mes a mes y año a año.

El principio básico de la economía doméstica es que no se puede gastar lo que no se tiene, eso en la economía del gobierno se traduce en el aforismo que los gastos permanentes se deben financiar con ingresos permanentes, así, como las pensiones son permanentes se deben financiar con ingresos permanentes.

Ello no ocurre con la propuesta del gobierno, tal como lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que no es de oposición.

Al igual que en la economía doméstica, si los gastos permanentes son mayores que los ingresos, para financiarlos hay que endeudarse, pero no por una vez, sino de manera permanente, y todos sabemos qué consecuencias tiene eso: cuando las deudas suben mucho ya no hay como pagarlas y hay que vender algo o irse preso. Los países no se van presos, pero pueden verse obligados a vender algo. Esa fue la propuesta del llamado Consenso de Washington que estableció como regla las políticas neoliberales en todos los países pobres o de ingresos medios.

Durante años Chile ha sido responsable en el manejo de su economía pública, lo que permitió generar ahorros para enfrentar situaciones como la pandemia, pero este gobierno no lo está siendo a fines de su mandato dejando una pesada herencia a su sucesor.

Todos queremos que mejoren las pensiones, pero hay que hacerlo responsablemente.

Dado que el gobierno ha hecho una mala propuesta han surgido otras alternativas. Algunos proponen reducir el tamaño del Estado, pero no dicen en qué área realizarlo, demostrando que ese es un discurso más ideológico que resolutivo.

En el parlamento se ha propuesto establecer un impuesto a los más ricos, lo que es una buena propuesta, pero tal vez insuficiente. Se habla de fijar un royalty, lo que no sería adecuado dado que este tipo de obligación debe destinarse a recuperar las capacidades disminuidas por la explotación de los recursos naturales.

Aparentemente el país se enfrenta a una situación imposible: Subir las pensiones sin generar mayores deudas.

Si a esto agregamos las listas de espera en salud y la pérdida de años escolares, especialmente en la educación pública y particular subvencionada gratuita, más los problemas de vivienda y la necesidad de impulsar la inversión, la situación parece imposible.

Una vez Alejandro Foxley fue invitado con otros economistas latinoamericanos, a Ecuador, a una reunión con líderes políticos de diferentes tendencias para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas de ese país. El relato posterior de Foxley fue dramático: “todos sabían lo que había que hacer, pero nadie estaba dispuesto a pagar los costos de hacerlo”, se ratificó así que la situación que parecía imposible lo fuera.

Muy distinto a lo que ocurrió en las reuniones de Mont Fleur que dieron origen al fin del Apartheid en Sudáfrica. Allí los líderes de las distintas comunidades se reunieron para imaginar nuevos escenarios a partir del fin de la política de dominación de los blancos sobre las comunidades mayoritarias, asumiendo que era necesario entenderse y que los blancos debían renunciar a su poder para construir una comunidad democrática.

¿Se podrá aprovechar esta coyuntura en que una solución parece imposible para encontrar un entendimiento en que los poderosos entiendan que deben ceder poder para que todos estemos mejor? ¿O terminaremos repitiendo las soluciones que no resuelven el problema y enriquecen más a los poderosos?

Este verano puede ser la oportunidad de un gran acuerdo nacional por la equidad. El proyecto en discusión está abriendo puertas. //ELF

«Presidencialismo», un sistema equivocado

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Por Genaro Arriagada

Es cierto que el sistema puede funcionar bien cuando el Presidente cuenta además con mayoría en ambas cámaras; pero esa es una posibilidad que en Chile se mostró imposible.

Se ha hecho frecuente decir que el presidencialismo asegura una mayor estabilidad en los gobiernos. No es lo que indica la república del 25. Entre 1932 y 1973 hubo ocho Presidentes cuyas administraciones las caracterizó una extrema inestabilidad al punto que esos 41 años registran 45 ministros de Hacienda y 60 de Interior; vale decir secretarios de Estado que duraron, en promedio, 11 y ocho meses, respectivamente.

Es cierto que el sistema puede funcionar bien cuando el Presidente cuenta además con mayoría en ambas cámaras; pero esa es una posibilidad que en Chile se mostró imposible. En esas cuatro décadas (A. Valenzuela) solo en tres años (1961-63) el Presidente encontró una coalición mayoritaria y con la excepción de Jorge Alessandri y Eduardo Frei, todos los Presidentes entre 1932 y 1973 tuvieron gabinetes que duraron menos de un año y cuatro de ellos menos de siete meses. Un presidencialismo de minoría, donde el gobernante, enfrenta a una oposición que es mayoría en el Congreso, es un mal sistema político que arriesga la polarización e incluso la parálisis del Estado.

Cuando el país enfrenta problemas gravísimos —el orden público, el reclamo de justicia social, la sequía, La Araucanía— no deja de sorprender que se postule un sistema que de acuerdo a nuestra historia ha conducido a gobiernos débiles e inestables.

Pero además de evitar la inestabilidad, la nueva Constitución debe procurar aminorar —porque es utópico pensar que una buena norma pueda terminar con ellos— tres males que han perseguido a los gobiernos de este país por un siglo.

Uno, buscar un mecanismo institucional que habilite una salida a un mal gobierno, asunto ocurrido en el pasado pero cuya posibilidad se acrecienta en el mundo de constantes crisis en que vivimos. Otro, que trate de morigerar los excesos de un Parlamento que tenga una conducta irresponsable y desaforada. Y tres, que busque superar la pugna que de modo invariable ha existido entre el Presidente y el Parlamento.

De los sistemas políticos el que peor responde a estos tres desafíos es el presidencial pues en él tanto el Presidente como el Parlamento duran un término fijo, ni un día más ni un día menos, aunque el gobierno se vaya a los perros, el Parlamento se haga irresponsable y el conflicto entre poderes escale hasta arriesgar un quiebre constitucional. Se cumple el plazo…¡aunque perezca el mundo!

Los sistemas parlamentario y semipresidencial, en cambio, procuran enfrentar estos tres temas. En cuanto al primero, establecen un modo no traumático de poner fin a un gobierno que no da para más, a través de su censura por el Parlamento lo que obliga a su sustitución por uno nuevo. Dicho con sorna, permiten acortar un mal gobierno… «antes que perezca el mundo».

En lo que respecta a los excesos e irresponsabilidades del Parlamento no se conoce mecanismo más eficaz que, primero la amenaza, y luego su efectiva disolución por decisión del Ejecutivo, lo que se ha mostrado como un enérgico mecanismo para imponer su moderación. Finalmente, el conflicto entre Ejecutivo y Parlamento, que acompaña como una peste al presidencialismo, lo resuelven los sistemas semipresidencial y parlamentario de un modo indubitadamente democrático, mediante el recurso, disponible para ambos poderes, de forzar un llamado anticipado de elecciones, con lo cual es el pueblo —el soberano— el que decide quién ha de predominar.

Por supuesto no hay gobierno —ni presidencial, semipresidencial, ni parlamentario— que pueda funcionar con un sistema de partidos altamente fragmentado y con una legislación electoral que ayuda a esa multiplicidad. Tampoco con un Parlamento que alcance los niveles de mal funcionamiento e irresponsabilidad (y desprestigio) que registra nuestro actual Congreso y en especial su Cámara de Diputados. Pero pretender que la reforma de la legislación electoral basta para que el sistema presidencial funcione es un error tal vez mayor.

La Convención debe enfrentar la reforma o revisión no de uno sino de todos los elementos que componen “la sala de máquinas”. No hacerlo sería avanzar hacia un inevitable fracaso.

Hoy también hay tantas formas de decir

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Por José Valencia Castañeda 

Periodista, Diseñador y Dibujante

En el marco del plebiscito de 1988, pero casi un año antes, un grupo de personas integrado por Geraldine Gillmore, Leonardo Ahumada, Paola Cantergiani, Paulina Veloso y Ezio Mosciatti, dieron vida a un afiche en apoyo a la opción NO cuyo diseño trasciende hasta hoy, tanto así, que todavía es posible encontrar réplicas en algunas tiendas del ramo. La gráfica de la pieza publicitaria titulada “HAY TANTAS FORMAS DE DECIR…” contenía una compilación de bocetos de manufactura propia y otros que ya circulaban de mano en mano entre los adherentes del NO, que fueron plasmados en forma de un lúdico collage, cuya pregnancia cautivó a quienes abrazaron esa causa en esos trascendentales momentos.

En estos días, cuando estamos inmersos en un proceso electoral que cambiará los destinos del país, hice este modesto diseño, como un pequeño homenaje a estos innovadores que casi en el ocaso de la década del 80 expresaron de múltiples formas su valiente opinión y a quienes hoy, han tenido la inquietud y la osadía de expresar visualmente sus ideas y sus decisiones políticas.

 

José Valencia Castañeda

Periodista, Diseñador y Dibujant

No son treinta años son treinta pesos

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Hay distintas maneras de medir los “pesos” y de valorar los “años”, habitualmente se mide más con la emoción que con la razón. Así se hace la política y se estructura la sociedad.

Este martes se cumplieron 33 años desde el triunfo del NO en el plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar que rigió en Chile desde 1973 hasta 1990, para ratificar o no, la continuidad del mando de su líder, Pinochet, por ocho años más.

Hace tres años, con motivo del 30 aniversario de ese momento decisivo para nuestra patria, convocamos a un acto público en Santiago. La convocatoria resultó masiva, pero el proceso de convocar fue dificultoso, unos queríamos celebrar y otros solamente conmemorar.

La discusión no era semántica, sino tenía un trasfondo de gran profundidad, tal como se reflejó en el acto mismo y, con mucha mayor energía en los acontecimientos que el país vivió a partir del octubre siguiente. El tema era si los treinta años siguientes al plebiscito habían sido positivos para el país o si habían sido frustrantes.

Tal vez, si analizamos con un intento de objetividad, ambas posiciones tienen razón, pero una de ellas niega la otra.

Me explico, se puede afirmar que los treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura han sido positivos para el país, lo que se refleja en múltiples indicadores políticos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo reconocer que simultáneamente hay cosas que no se hicieron y que se cometieron errores.

Pero si afirmo, apelando a las frustraciones, que “no son 30 pesos son 30 años”, estoy negando los avances e, implícitamente, asimilando la democracia a la dictadura, lo que no es real.

Porque no es lo mismo que todas las autoridades nacionales, locales y regionales sean designadas por un autócrata, que poder elegirlas.

No es lo mismo privilegiar con impunidad y cargos públicos a los violadores de derechos humanos, que someterlos a juicio y encarcelarlos.

Porque hay una ley de medio ambiente y una legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas, cuando antes no las había.

Porque la pobreza se redujo de ser la condición de vida de más de un 60% de las familias a menos de una sexta parte, antes de la crisis de la pandemia.

También es un cambio que hermanos de otros países de América quieran venir a nuestro país, cuando en la dictadura éramos nosotros los que emigrábamos.

Pero, al mismo tiempo hay grandes frustraciones, algunas que tienen explicación en las expectativas no cumplidas, y otras que son producto de los mismos avances.

Las pensiones entregadas por un sistema que concentra la riqueza, las AFP, no corresponden a lo prometido y los cambios en el sistema no han sido suficientes para resolverlo.

El acceso, inimaginable en su volumen, a la educación superior no tiene relación con los limitados campos ocupacionales ni con las expectativas de mejoras de remuneraciones.

Aunque ya no hay que llevar sábanas para hospitalizarse, no se resuelven las listas de espera y sigue habiendo proporcionalmente más recursos para la salud privada que para la pública.

Puede que no se haya cambiado lo suficiente, porque sigue existiendo más de un país en este mismo territorio, un país en que muchos se acostumbraron a la segregación y a no respetar al otro. En que sigue siendo mejor saltarse la fila acudiendo a un amigo, adelantar por la berma en la carretera o no pagando el pasaje de la locomoción colectiva, porque hay gente que lo hace y le va bien, o no tiene sanción.

Entonces cabe la pregunta, ¿son 30 pesos o son 30 años?

De alguna manera son 30 pesos.

Son los pesos que acumulan los hiper ricos, aún en período de pandemia, pérdidas de empleo y recesión.

Son los pesos asociados a los casos Penta, Soquimich y Dominga. Y a las municipalidades de Coquimbo, Vitacura, San Ramón y varias otras.

Son el peso de los Milico gate y Paco gate, el abuso en el uso de recursos por un ex director de la PDI y los contratos de obra con los hermanos del exintendente.

Son los pesos que te cobran por atrasarte un día en tus pagos, asociados a amenazas de embargos y cárcel.

Son el peso de la arbitrariedad con que cualquiera se siente tratado por quienes detentan algún grado de autoridad, desde carabineros hasta jueces, pasando por periodistas y opinólogos.

Son el ser discriminado.

Son treinta pesos y no treinta años porque en muchos aspectos la alegría sí llegó, pero también son treinta años y no treinta pesos porque sigue siendo cierto el que “basta ya de abusos, es el tiempo de cambiar”.

Pero son treinta pesos porque, a fin de cuentas, hay democracia, y la democracia es el espacio para el cambio permanente.

Y lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.// ELF

Salud y nuevo Gobierno: ¿Más urgencias o menos enfermos?

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Por Osvaldo Artaza

Exministro de Salud

El Banco Mundial publicó un oportuno documento que debe llamar a la reflexión a quienes gobiernen a nuestro país: Piezas para El Desarrollo: Notas de Política para Chile. World Bank WDC 2021.

En salud, plantea la desigualdad en el financiamiento, que es casi el doble para quienes están en isapre en relación con los beneficiarios de Fonasa; en el acceso oportuno a servicios de atención de calidad y, en las inequitativas diferencias en las enfermedades con fuertes determinantes sociales y factores de riesgo evitables, que por su naturaleza requieren de un abordaje intersectorial.

Por ello, propone 5 medidas: fortalecer la universalidad (mancomunar el financiamiento en un fondo único) y reducir la fragmentación del sistema; aumentar y mejorar la calidad del gasto público en salud, para así reducir el gasto de bolsillo de las personas y familias; ajustar el modelo de atención y organización de los servicios de salud, a objeto de que la atención primaria (APS) pueda prevenir daño y evitar hospitalizaciones; modernizar la autoridad sanitaria, para un mejor ejercicio de la rectoría sobre todo el sistema sanitario; y, expandir las políticas intersectoriales para enfrentar los principales factores de riesgo de la población. Esta última propuesta cobra particular importancia, ya que Chile ocupa el primer lugar dentro de los países de la OCDE en sobrepeso/obesidad en la población mayor de 15 años, siendo una prioridad para la salud pública y el desarrollo del país, que podría resolverse con acciones intersectoriales efectivas, que posibilitaran el acceso a una alimentación y a estilos de vida saludables, especialmente para las familias de más bajos ingresos.

El consumo de tabaco y alcohol (Chile es el segundo país con mayor consumo de alcohol en Latinoamérica), siguen siendo muy altos, generando impacto en salud y costos económicos, que podrían evitarse mediante políticas de reducción de consumo que privilegien la salud y no los intereses de la industria. Chile resolvió hace varias décadas, líder en Latinoamérica, los principales causas de morbimortalidad de la infancia con medidas tales como vacunas, agua potable y saneamiento, control de niño sano y alimentación complementaria en APS, y aumento del nivel instruccional de la madre, todas acciones y políticas preventivas exitosas de carácter intersectorial. En los adultos, con los padecimientos metabólicos y los derivados del envejecimiento, se debe actuar de la misma forma.

Desafortunadamente, desde el paradigma biomédico y desde los intereses de la industria se reduce la mirada a lo curativo. El tema no es solo más urgencias, siempre al borde del colapso con personas “hospitalizadas” en sillas, sino menos enfermos. Invertir en salud y no solo en la enfermedad, dar poder a las personas y las comunidades para resolver las causas raíz de los padecimientos pareciera ser mal negocio, ya que se sigue insistiendo porfiadamente en más de lo mismo. //ELF

La política del avestruz no sirve

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Por Camilo Escalona

Exsenador y expresidente del PS

Este jueves 18, después de largos e intensos esfuerzos de los comandos y sus adherentes, cerraron legalmente las diferentes campañas electorales a la espera del veredicto definitivo de la ciudadanía el domingo 21.

Este momento decisivo será una jornada de máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular, en concordancia con el principio de igualdad ante la ley, la persona tiene un voto en cada cargo a elegir. Eso es lo esencial, sea trabajador o empresario, deportista o jubilado, no importa el volumen de la cuenta corriente, si tiene o no inversiones ocultas o camufladas en “paraísos fiscales” o exclusivamente sus manos y su trabajo para ganarse el pan y sobrevivir.

En estas circunstancias excepcionales, las élites de oligarcas y tecnócratas, se inundan de ansiedad y tratan de torcer, desviar o manipular la opción a tomar por las personas que concurren a sufragar en los centros de votación, son millones de preferencias individuales que se convertirán en una decisión de envergadura nacional porque determinará las autoridades que dirigirán el Gobierno o instituciones de un rol crucial como el Parlamento o los Consejos Regionales.

Con ese fin, los centros dirigentes de las finanzas, conglomerados industriales o de servicios y otros núcleos de gran poder de decisión, destinan grandes cantidades de dinero a fortalecer, potenciar y arreglar la imagen de las candidaturas que respaldan, así como, tratando de esconder su autoría, desprestigian, alimentan rumores e insidias de aquellas opciones que les desagradan.

Asimismo, financian centros de estudios con personajes de sonoros apellidos y aspecto severo e inquisitivo que dictan cátedra de lo humano y lo divino para excusar o justificar injusticias sociales, también para lamentar cínicamente atroces violaciones de los Derechos Humanos e incluso suavizar o disfrazar crímenes abyectos.

Todos a votar

De modo que las votaciones son una jornada democrática excepcional. No hay otro minuto para el hombre y la mujer de un hogar humilde y de familia trabajadora como el que se vivirá en la elección del próximo domingo. Desde sus orígenes el movimiento obrero, con Recabarren a la cabeza luchó por el voto universal y no sólo de los ricos, en esa vía avanzó la Constitución de 1925 que logró el fin del voto censitario y, en los años 50, se conquistó el derecho a sufragio de las mujeres. Esa es la raíz de la izquierda chilena, con el tenaz liderazgo de Salvador Allende, que forjó una conciencia de enorme valoración del voto de la ciudadanía.

Lamentablemente, la ultra izquierda atacó duramente esa cultura popular, de sumar fuerzas avanzando gradualmente, le llamaron despectivamente “electoralismo” o “entreguismo electoral”, así, en la población Lo Hermida, antes del golpe de Estado el siniestro criminal y torturador “el guatón Romo”, disfrazado de “revolucionario” se dedicó a difamar el sufragio popular. Los provocadores predicaban la “abstención” y se mofaban del “reformismo”, pregonando el “todo o nada“. Después, durante 17 años, la dictadura desacreditó la política dejando una huella que se arrastra hasta hoy.

Ahora bien, el camino democrático que se ha seguido, con sus aciertos, errores y contradicciones, está ante dos rutas totalmente opuestas. El dilema es una caótica regresión autoritaria o reformas que den justicia y estabilidad a Chile. En esta disyuntiva hay que ir a votar para dignificar la democracia y lograr que la institucionalidad sea capaz de evolucionar para llevar a cabo los cambios que tanto se anhelan. Esta ocasión no se puede dejar pasar. No hay omisión posible.

Decir que no se va a votar en la primera vuelta, pero que si se irá a la segunda es una negligencia que ofende gravemente las luchas democráticas y por la justicia social de tantas décadas, así como, socava y deteriora la responsabilidad política y social.

Ahora que asomó su rostro el neofascismo, crece la importancia de cada voto, porque cada sufragio contra la desigualdad y por la justicia social en democracia permite bajar el porcentaje y, por tanto, el peso político del candidato del negacionismo y el mercantilismo, así, es evidente que la política del avestruz no sirve, no hay que quitarle el traste a la jeringa. Hay que ir a votar.

Por eso, el compromiso debe ser activar la base social democrática en un intenso despliegue de cierre, apoyando nuestras candidaturas e ir a las urnas el próximo Domingo, la clave es sumar voluntades y derrotar la regresión autoritaria.

Esas son condiciones necesarias pero no suficientes, los cambios demandan como pilar indispensable la conducción política que los realice, por tanto, hay que lograr que Yasna Provoste pase a la segunda vuelta y asegurar una clara derrota del neofascismo que permita avanzar en reformas democráticas que den gobernabilidad y justicia social a Chile. //ELF