Por Daniel Matamala
Carlos Alberto Délano “no desea seguir siendo empresario (porque) se ha sido injusto con él”, se lee en los informes de Gendarmería, en los que el “Choclo” vuelve a autodenominarse como “una máquina de dar empleo”. Para una máquina como él, tal vez esta pesada cruz se convierta en un emprendimiento. Cuando apruebe su curso podría abrir un instituto especializado en impartir clases de ética. Basta ojear los diarios de esta semana para comprobar que sobran potenciales alumnos.
Cada viernes a las 9 y media de la mañana, por tres horas, hasta diciembre próximo, Carlos Délano y Carlos Lavín deben asistir a un curso de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Esas clases, más una multa, son la condena que purgan los dueños de Penta por evadir 1.714 millones de pesos en impuestos.
Además, claro, de haber inundado de plata negra la política chilena. Pero eso, ya lo sabemos, en Chile es una nimiedad.
Los forzados mechones están molestos. Lavín le dijo a la delegada de Gendarmería que “se siente privado de libertad, ya que no podrá programar ningún tipo de actividad fuera de Santiago o del país por más de una semana mientras se estén impartiendo las clases”.
Las celebraciones en París y los viajes a carreras de caballos en Nueva York que ambos han disfrutado durante su condena tendrán que restringirse, apenas, de viernes en la tarde a jueves en la noche.
El ex paniaguado de Penta, el senador Iván Moreira, acusó “un linchamiento” de Délano y Lavín. Linchamiento. Porque tener a alguien sentado tres horas estudiando a Kant y Aristóteles, es equivalente a asesinarlo sin derecho a defensa.
Délano “no desea seguir siendo empresario (porque) se ha sido injusto con él”, se lee en los informes de Gendarmería, en los que el “Choclo” vuelve a autodenominarse como “una máquina de dar empleo”.
Para una máquina como él, tal vez esta pesada cruz se convierta en un emprendimiento. Cuando apruebe su curso podría abrir un instituto especializado en impartir clases de ética.
Basta ojear los diarios de esta semana para comprobar que sobran potenciales alumnos.
Délano podría partir matriculando al fiscal nacional Jorge Abbot, y al senador PS Juan Pablo Letelier. Según publicó CIPER, Letelier visitó a Abbot para mostrar su preocupación por las indagaciones del fiscal Emiliano Arias contra los ministros de la Corte Suprema de Rancagua, por donde el político socialista es senador. De inmediato, el siempre obediente Abbot sacó a Arias de la causa que ahora ha explotado con un incontrolable reguero de revelaciones escandalosas.
Se sugiere para ellos un curso de separación de los poderes del Estado, con lecturas en profundidad de Montesquieu.
Otra línea docente, sobre corrupción en la política, podría convocar a los ejecutivos de Quiborax, Entel, SQM, GTD, Costanera SACI, Ariztía e Inversiones Santa Macarena quienes, según confesó el lunes Orpis, también le entregaron platas negras. O al intendente Jorge Ulloa, quien, como publicó La Tercera el jueves, recibió 7,6 millones de pesos de las pesqueras de Asipes, además de pagos a una exasesora y a una empresa de transportes fundada por él. Mientras se discutía la ley de pesca, Ulloa llevaba como “asesores” al Congreso a ejecutivos de las pesqueras. O a Pablo Longueira, sobreseído el martes de delitos tributarios por el dinero de SQM, porque el Servicio de Impuestos Internos jamás se querelló contra él. O a Javiera Blanco, sobreseída el mismo día que Longueira, en un perfecto empate político, por las irregularidades en contrataciones en Gendarmería. O a Marco Enríquez-Ominami, acusado de delitos tributarios y fraude al fisco por las platas brasileñas de su campaña presidencial.
Con tantos alumnos, tal vez el emprendimiento de Délano y Lavín necesite refuerzos. Podrían reclutar como profesor a Jovino Novoa, ahora que acaba de cumplir su condena por delitos tributarios: firma mensual y una multa pagadera en cuotas.
Después de todo, Novoa tiene espíritu docente. Preside la Fundación Jaime Guzmán, encargada de “formar jóvenes bajo una inspiración cristiana”, según se lee en su misión. Cuando fue condenado, la Fundación lo ratificó como presidente. “No podemos sancionar a las personas a la proscripción, a una suerte de muerte civil”, zanjó el entonces presidente de la UDI Hernán Larraín.
El mismo que hoy, siendo ministro de Justicia, apoya públicamente a un acusado en pleno juicio por corrupción, y que antes, con un olfato envidiable, respaldó a Paul Schäfer y a los mismos Délano y Lavín (“los sé personas de bien, gente íntegra”).
¿Se dan cuenta? Un Instituto de Ética Los Carlos estaría condenado al éxito.
