contaminación

Este sábado se confirmó que por negligencia en operaciones de la empresa sanitaria Essal, está vertió 1.100 litros de crudo en el suministro de agua potable que administra y que alcanzó al caudal del Río Rahue. 

Por otra parte, desde 16 de mayo a la fecha se han decretado 5 alertas ambientales en Quintero por sobrepasar la concentración máxima de dióxido de azufre permitida con evidente perjuicio para la salud de las personas.

El Secretario Nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, junto a Diputada y Vicepresidenta Nacional DC, Joanna Pérez, exigieron al Gobierno dar suma urgencia al proyecto de delitos ambientales que actualmente se tramita en el Senado, a raíz de nuevos incidentes en Quintero-Puchuncaví y reciente emergencia ocurrida en Osorno.

“Lo que estamos buscando como Democracia Cristiana es señalarle al Gobierno que tiene en sus manos la posibilidad de resolver estos temas de manera rápida. No es posible que en el caso de Osorno la empresa que comete este error gravísimo, que pudo haber costado cientos de vidas, solo tenga que responder con una multa de 500 millones de pesos.No es posible que en el caso de Osorno la empresa que comete este error gravísimo, que pudo haber costado cientos de vidas, solo tenga que responder con una multa de 500 millones de pesos. La verdad que eso es reírse de los ciudadanos y de la gravedad de temas como este, por lo mismo señalamos que el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de declarar suma urgencia al proyecto que regula estos temas”, señalo David Morales.

Desde la DC solicitaron explicaciones por indicación ingresada la semana pasada por el Ejecutivo donde no se consideraron normas de atribución de responsabilidad penal para los directivos de empresas, lo que deja al proyecto de ley con una pata coja. Por tanto, solicitaron al Gobierno enmendar esta omisión en el marco de la tramitación de esta ley.

“Estos episodios ya los hemos tenido otras veces e inclusive con la misma empresa, por lo tanto, acá claramente hay que endurecer la legislación y en eso le pedimos al Gobierno que reponga las indicaciones que van esa línea (…) No puede ser que en una semana la gente no cuente con algo tan básico como es el agua. Esto también complica la actividad turística, el comercio y claramente hay que visibilizar estas problemáticas y no porque ocurra en regiones no son importante, si esto pasara en Santiago estarían pidiendo la cabeza de esos directores”. Agregó la Diputada Joanna Pérez.

Asimismo, volvieron a poner en el foco la situación de Quintero y Puchuncaví, esto luego que se conociera que desde el 16 de mayo a la fecha se han decretado 5 alertas ambientales en Quintero por sobrepasar la concentración máxima de dióxido de azufre permitida con evidente perjuicio para la salud de las personas. Con esos antecedentes los dirigentes DC Indicaron que el proyecto de ley que tipifica delitos ambientales castiga específicamente a quienes contaminan las aguas o el medio ambiente de la manera en que lo están haciendo algunas empresas del cordón industrial de Quintero-Puchuncaví, o empresa Essal en Osorno

SITUACIÓN MIGRANTES EN LA FRONTERA:

En la ocasión también reiteraron el llamado al Gobierno a dar status de refugiados a cientos de inmigrantes venezolanos que viajan en calidad de desplazados políticos por la Dictadura de Nicolás Maduro.

“Nosotros queremos una regulación ordenada, regular y segura, pero que también mire que afuera en el consulado hay personas durmiendo en el suelo y sin condiciones sanitarias. Le pedimos al Gobierno acelerar el proceso. El Gobierno dice que ellos estaban en Perú y que Perú se haga responsable, pero la verdad es que estaban en Chile y Chile para invisibilizarlos los traslado al consulado y eso no lo podemos permitir, nosotros debemos hacernos cargo, esta es una crisis humanitaria y no solo hoy será Venezuela, serán países y debemos estar preparados como región. La Migración es un proceso que está y llegó para quedarse y Chile no tiene una ley de migración adecuada”, enfatizó la Diputada Joanna Pérez.

En función del informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual da cuenta de violaciones de derechos humanos, se solicitó al Gobierno, dar un tratamiento de carácter humanitario a los venezolanos que se encuentran en la frontera norte de nuestro país, entendiendo que son personas desplazadas y no son simples turistas o migrantes.

LOS DIRIGENTES DC PROPUSIERON:

1. Aplicación Ley de Refugio: Dar tratamiento humanitario a los venezolanos. Estas personas no son migrantes ni turistas, por tanto, se requiere la aplicación de la Ley de Refugio.
2. Tarjeta de movilidad regional: Fuad Chahin y Guarequena Gutiérrez coincidieron en la implementación de una tarjeta de movilidad regional, la que fue propuesta por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y que busca que los venezolanos puedan desplazarse de un país a otro sin mayores restricciones.
3. Salvoconducto: A fin de resguardar los derechos e integridad de los niños y familias, y evitando además vulneraciones tales como el tráfico ilícito de migrantes, se propone otorgar un salvoconducto para los venezolanos que se encuentran en el consulado esperando ingresar a nuestro país.

Sesión de la Comisión de Gobierno Interior: Promover la realización de una sesión de esta comisión -presidida por la Diputada y Presidenta de la Comisión Joanna Pérez- en la que se invite a expertos y venezolanos para abordar este tema y a partir de allí empezar a presionar al parlamento. En esta línea, Guarequena Gutiérrez propuso que como bancada DC se invitara a un grupo de la OEA que explicar en detalle la Tarjeta de movilidad regional.