columna

Ortíz: Por qué no firmé el protocolo tributario con Piñera

junio 27, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por José Miguel Ortíz

Diputado DC

Hace ya más de dos meses concurrí con mi voto a aprobar la idea de legislar en el proyecto tributario y ahí señalé que lo hacía porque habrían más recursos para las regiones, menor pago de contribuciones para los adultos mayores y se perfeccionaría el 14 TER para las Pymes pero que no estaba disponible para rebajar impuestos a las grandes empresas ni para debilitar las facultades fiscalizadoras del SII, lo que seguiré reafirmando.

A propósito del Protocolo propuesto por Hacienda señalé la semana pasada que ya no era la hora de Protocolos, sino que lo urgente era conocer las indicaciones y el Informe Financiero que concretizan esos beneficios, por eso anuncié que no firmaría ningún Protocolo.

Conocido el documento quiero expresar mi preocupación por la vaguedad y las generalidades que en él se contienen. En concreto

Sobre el tema PYME resulta llamativo que se señale que “se buscarán mecanismos que permitan otorgar a las PYMES un régimen simplificado”, cuando justamente como lo hemos dicho, desde un principio, más que crear nuevos sistemas como propone el Ejecutivo (que incluso exigían contabilidad completa) lo que corresponde es perfeccionar el actual 14 TER –incluyendo aumento de su cobertura a 75.000 UF-, evitando así los costos de transacción asociados a la creación de nuevos sistemas.

Preocupa igualmente que no haya una sola línea en el protocolo sobre la estimación fiscal de los menores ingresos proyectados producto de la ampliación del régimen de las PYMES a 75.000 UF de ventas anuales, así como tampoco medidas que permitan evitar que empresas grandes se “disfracen” de Pymes para acceder a este sistema de tributación simplificada.

En materia de compensaciones fiscales progresivas sigue el listado de una serie de medidas sin detalle alguno cuya aplicación –teóricamente- permitirán US$ 400 millones de recaudación permanente (limitar market maker, controlar operación back to back, limitación a retiros desproporcionados se señala).

Es preocupante que Hacienda a la fecha sea incapaz de fijar el contenido de las indicaciones, y sigamos en un listado de medidas, que entre marzo y ahora mutan y respecto de las cuales resulta imposible conocer su real impacto en los objetivos perseguidos, esto es, que efectivamente graven a quienes ganan más y que permitan no afectar la recaudación fiscal.

Así, por ejemplo, mientras hace unos meses el Ministro de Hacienda proponía como medida compensatoria gravar los retiros totales en los seguros de vida lo que ya hoy está operando por resolución administrativa del SII hoy esa medida se omite.

Algo similar ocurre, en materia regional donde si bien se ratifica que los proyectos que superen US$10 millones serán gravados con un 1% destinado a la inversión regional, se agrega la exigencia de que los proyectos “generen externalidades negativas”, lo que puede ser leído como un acotamiento del número de proyectos de inversión afectados por este impuesto sin que se conozca el real alcance de lo que se está realmente proponiendo.

Me surge la duda si este acotamiento permitirá mantener la recaudación inicial señalada por el Ministro Larraín (US$ 170 millones que se pagaban en 5 años). Si se mantiene esa condición creo que está fórmula no será solución para el tema regional.

En el beneficio para adultos mayores se dan más pistas señalando que se mejoraran los beneficios de la ley N° 20.732 ampliando los avalúos de los inmuebles beneficiarios de 89 a 108 millones en la cota baja y de $118 a $144 millones en la cota alta, pero aún no conocemos la cobertura del beneficio ni menos su impacto en menor recaudación a compensar. Tampoco hay información sobre el impacto fiscal sobre la exención de las contribuciones de predios forestales.

Se mantiene la vaguedad ante nuestra petición de extender al Servicio de Aduanas las facultades para combatir la evasión en el comercio internacional ya que sólo se señala que “se estudiará”, cuando es una materia que hemos reiterado insistentemente en los últimos meses sin que aún exista definición gubernamental al respecto.

Y me preocupa la omisión del Gobierno que quiera perseverar en una mala idea como es la repatriación de Capitales que se propone por 2ª vez. Esto debe ser excepcional y ya se hizo en reforma del 2014

Por último, no puedo dejar pasar el hecho que se haya incorporado en el Protocolo una materia que es propia de la Comisión de Hacienda como es fijar los tiempos legislativos para el despacho del proyecto.

La sede de esta definición es la Comisión de Hacienda y sus miembros y nadie puede arrogarse investidura para fijarle plazos para despachar un proyecto de ley largo y complejo –que lleva ya 10 meses de tramitación- y donde aún Gobierno no presenta estas nuevas indicaciones ni un adecuado Informe Financiero que lo respalde.

Chile requiere seguir incrementando sus bienes públicos; por tanto, es relevante contar con una mayor recaudación fiscal en el mediano plazo, así como avanzar hacia un sistema tributario con mayor progresividad; sobre la base de estas convicciones políticas evaluaré las indicaciones y el Informe Financiero que espero lleguen la próxima semana a la Comisión de Hacienda.

Ley Nacional del Cáncer: Una promesa incumplida

junio 21, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Carolina Goic

Senadora DC

El problema que tiene el Presidente Piñera es que quedó preso de su promesa al firmar la ley y no preocuparse de que esta tuviera asociados los recursos necesarios para su correcta implementación. Seamos claros, la Ley Nacional del Cáncer sin recursos es letra muerta y así se lo planteamos al exministro Emilio Santelices, durante la discusión de las indicaciones en la comisión de Salud del Senado y así también se lo diremos al nuevo ministro Mañalich cuando asista al Congreso. De la decepción vamos a pasar a la acción. Las redes de pacientes a lo largo de todo Chile se sienten engañadas y así lo han hecho saber a través de las redes sociales y la intención es volver a las calles, si es que el Gobierno sigue sin cumplir aquello que prometió.

Esta semana el recién asumido ministro de Salud, Jaime Mañalich, debutó en su cargo siendo fiel al estilo que ya le conocemos. Cual elefante irrumpiendo en una cristalería, no dudó en tildar a las agrupaciones de pacientes y a los senadores de oposición –que hemos pedido que la Ley Nacional del Cáncer cuente con financiamiento permanente– de “ignorantes”.

Más allá de lamentar el tono de declaraciones que más bien parecen una cortina de humo, lo que reflejan las palabras del secretario de Estado es que el Gobierno no tiene la voluntad política de cumplir la promesa que el Presidente, Sebastián Piñera, les hizo a las y los pacientes de cáncer y sus familias cuando firmó –en diciembre del año pasado– el proyecto de ley, en una ceremonia con bombos y platillos realizada en el Salón Montt Varas de La Moneda. Muchos de quienes lo aplaudieron en aquella oportunidad, como el doctor Claudio Mora, ya no están con nosotros.

La realidad es que tres personas mueren cada hora en Chile debido a un cáncer y al menos una de ellas se podría salvar si la ley –que técnicamente está bien diseñada– contara con los recursos que se requieren. En este sentido, se ha tratado de confundir desde el Ejecutivo, lanzando al ruedo una serie de cifras y mecanismos poco claros, cuando lo que se requiere es muy simple: un informe financiero asociado a la ley.

Según todos los expertos, probablemente el próximo año el cáncer se convertirá en la primera causa de muerte en nuestro país y, de hecho, ya lo es en seis regiones. Esta patología llegó para quedarse y resulta incomprensible que el Presidente Piñera, que dijo que iba a proteger a la clase media, se tarde tanto en autorizar los recursos permanentes para una enfermedad que puede llevar a una familia promedio a la ruina económica.

¿Con cuántos recursos cuenta hoy la ley? Lo que hemos logrado que quede por escrito actualmente son $20 mil millones destinados a equipamiento y $54 millones para implementar un registro de pacientes. ¡Nada más! Sabemos, además, que se requieren en 8 años $310 mil millones para la ejecución de la red de centros oncológicos, los que quedarán solo en anuncio si no se aseguran los recursos para su ejecución. Pero lo más importante que queda por garantizar son aquellos tratamientos de cáncer que hoy no se garantizan ni por la vía del Auge ni por la Ley Ricarte Soto, como el de pulmón o páncreas, por ejemplo.

Solo como referencia, en la Ley Ricarte Soto dejamos en forma permanente $100 mil millones anuales.

Probablemente no vamos a lograr el ideal, pero sí aspiramos a un piso de financiamiento que podrá ser complementado por los gobiernos regionales y aportes privados. Para un país con el nivel de ingresos de Chile, son perfectamente abordables las cifras señaladas.

Pero si el Gobierno estima que la situación económica no da el margen necesario, le hemos propuesto vías alternativas de financiamiento.

Hace un par de semanas, junto a la presidenta de ACHAGO (Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas), Piga Fernández, presentamos un proyecto que eleva los impuestos al tabaco, el alcohol y los alimentos altos en azúcares. Si el Gobierno tiene otros mecanismos, bienvenidos sean, pero pongan las propuestas sobre la mesa, que es algo que aún no han hecho.

No niego que toda esta situación decepcionó a las agrupaciones de pacientes y a quienes hemos acompañado ese proceso de empoderamiento ciudadano, que se vio plasmado en las calles durante la multitudinaria marcha que hicimos el año pasado en Santiago y varias ciudades del país, porque lo que hay detrás no es algo improvisado, sino un trabajo serio de mucho tiempo y que, creímos, había culminado en la ceremonia en La Moneda.

Pero de la decepción vamos a pasar a la acción. Las redes de pacientes a lo largo de todo Chile se sienten engañadas y así lo han hecho saber a través de las redes sociales y la intención es volver a las calles, si es que el Gobierno sigue sin cumplir aquello que prometió.

Con una evaluación ciudadana a la baja, es evidente que en este tema el Gobierno tiene un problema que resolver. Nosotros estaremos dispuestos a colaborar en lo que sea, pero sobre la base de propuestas concretas. Esta discusión nos plantea un dilema ético que tiene que ver con el cáncer, pero también con el tipo de sociedad que queremos construir para el futuro de nuestros hijos e hijas.

Las dos trampas del debate previsional: la irrelevancia del “ente público“ y el falso paradigma de la “libertad de elegir”

junio 11, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Raúl Soto

Diputado DC

La primera trampa consiste en centrar el debate en quién administra, pero sin abordar el tema de cómo se administra o, más claro, separar el tema del «ente público» del debate sobre la solidaridad. De esta manera se resguarda el sistema actual y su lógica individualista, evitando los cambios de fondo y estructurales que se requieren. Si el debate es solamente quién administra, las AFP o un nuevo «ente público», ¿qué justifica la ausencia de libertad de elegir del cotizante respecto a dónde quiere tener sus ahorros? Esta es la segunda trampa.

A partir de la aprobación de la idea de legislar y el cuestionado acuerdo del Gobierno con parte de la Democracia Cristiana, el debate en torno a la Reforma Previsional se ha centrado en quién va a administrar el 4% de la cotización adicional. La primera trampa es justamente centrar el foco comunicacional, el trabajo técnico y el objetivo político en quién administra y no en cómo se administran los ahorros previsionales de los chilenos.

Los problemas del sistema de AFP son mucho más estructurales, la capitalización individual en cuatro décadas de aplicación ha sido incapaz de generar pensiones dignas. Tampoco lo hará con la reforma de este Gobierno, cualquiera sea la tasa de cotización que se aumente, porque la realidad del mercado del trabajo, donde hay bajos salarios, alta informalidad, inestabilidad y brechas de género, impide que los trabajadores tengan la capacidad de ahorro que un sistema de estas características requiere.

Por lo tanto, si hacemos más de lo mismo, el resultado no cambiará y se terminará profundizando y legitimando un sistema fracasado y obsoleto a costa de perpetuar las condiciones de vida indigna, la pobreza y la miseria en la vejez.

Nada cambia si, en lugar de una AFP, la cotización adicional es administrada por un “ente público” bajo la misma lógica de cuentas individuales y con las mismas reglas del juego. Eso no garantiza ni contribuye a solucionar el problema de fondo que es cómo mejoramos las pensiones. Es irrelevante, la idea de un administrador estatal debe estar supeditada a que funcione bajo una lógica distinta, con criterios de seguridad social o solidaridad, es decir, que administre un nuevo componente de reparto en el pilar contributivo que permita redistribuir una parte de los ahorros de forma más justa y equitativa, para lograr un impacto mucho más significativo en el aumento de la pensión de los actuales jubilados.

Esto es lo único que garantiza avanzar hacia un sistema mixto que contemple ahorro individual y colectivo, como lo hacen casi todos los sistemas previsionales del mundo.

Entonces la primera trampa consiste en centrar el debate en quién administra, pero sin abordar el tema de cómo se administra o, más claro, separar el tema del «ente público» del debate sobre la solidaridad. De esta manera se resguarda el sistema actual y su lógica individualista, evitando los cambios de fondo y estructurales que se requieren.

Si el debate es solamente quién administra, las AFP o un nuevo “ente público», ¿qué justifica la ausencia de libertad de elegir del cotizante respecto a dónde quiere tener sus ahorros? Esta es la segunda trampa. Parece razonable, pero supongamos que se logra tener un sistema público-privado donde cada trabajador pueda elegir entre las AFP o un «ente público» para administrar sus ahorros previsionales bajo el mismo esquema de capitalización individual. ¿Cambia en algo la lógica individualista y mercantilista del actual sistema? ¿Garantiza mejores pensiones? La respuesta a ambas preguntas es categóricamente NO. La capacidad de ahorro de los chilenos sigue siendo la misma y las reglas del juego no cambian, entonces, no esperemos un resultado distinto: bajas pensiones y mala calidad de vida en la vejez para la gran mayoría de los chilenos.

Si en el debate previsional del Gobierno anterior el argumento de la derecha y los grupos económicos para no avanzar en cambios estructurales fue la “propiedad sobre los ahorros», en el proyecto actual es el “falso paradigma de la libertad de elegir”.

Así como a los chilenos se les negó la oportunidad de elegir entre quedarse en el sistema antiguo o pasar al sistema de AFP en los años 80, así como hoy se obliga a los trabajadores a cotizar en una AFP, mañana podrá ser un nuevo «ente público», pero, si se mantienen las mismas reglas del juego, la verdad es que no existirá una real libertad de elegir, sus ahorros seguirán en la misma lógica individual y mercantilista.

Detengámonos un minuto en este falso paradigma. La libertad individual es un valor muy importante para las sociedades democráticas modernas. Sin embargo, se olvidan, quienes utilizan este argumento para impedir un cambio más profundo y estructural al sistema previsional, que no se trata de un valor o derecho absoluto, sino muy por el contrario, es propio de la vida en sociedad organizarse de tal manera que permita la convivencia y el bienestar social en condiciones de igualdad de oportunidades, lo cual implica justamente renunciar –o más bien establecer excepciones– a algunas libertades individuales en beneficio del bien común.

Un muy buen ejemplo es la Seguridad Social. La sociedad entendida como un colectivo de individuos organizados se da cuenta de que hay ciertas contingencias que las personas no están en condiciones de resolver por sí solas y, por tanto, crea mecanismos de protección social para garantizar condiciones de vida mínimas para todas las personas que la componen.

En consecuencia, es un error conceptual entender un sistema previsional desde la simple lógica de la “libertad”. Se trata justamente de lo contrario: ¿estamos dispuestos a ceder en libertad para garantizar mejores grados de protección y seguridad?

Aquellos pocos afortunados que han logrado bienestar de forma individual no necesitan protección y seguridad de parte de la sociedad y, en consecuencia, nunca estarán por ceder un milímetro de su libertad. Pero los miembros de aquella gran mayoría de desafortunados con bajos salarios, informalidad, inestabilidad y brechas, que simplemente no lograron por sí solos el más mínimo grado de bienestar, ¿se les puede negar la posibilidad de una protección y seguridad social que los resguarde de una vejez indigna? ¿Acaso ellos tienen realmente libertad? Yo creo que no.

Para el real ejercicio de las libertades individuales, se tienen que desarrollar sobre la base de un mínimo de igualdad de oportunidades. Sin esta, la libertad de elección no es más que un falso paradigma utilizado antojadizamente en el contexto de un debate donde deberíamos estar hablando de solidaridad, protección y seguridad social.

La discusión de fondo es cómo la sociedad en su conjunto –y no solo la persona individualmente considerada– garantiza pensiones que alcancen para tener condiciones de vida dignas en la vejez. Y la respuesta está precisamente en renunciar o limitar las libertades individuales para alcanzar una verdadera protección y seguridad social.

Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar en esa dirección si ponemos el foco comunicacional, el trabajo técnico y el objetivo político en lo realmente importante: ¿cómo administramos los ahorros previsionales de los chilenos?, ¿cómo transitamos a un sistema más justo que entregue pensiones dignas no solo a los futuros jubilado.

Tenemos que volver a centrar el debate en romper la lógica individualista y mercantilista, para avanzar a un sistema basado en los principios de la Seguridad Social. Los esfuerzos deben estar en la necesaria solidaridad, en el ahorro colectivo o en nuestro componente de reparto. El resto es música.

COLUMNA: La DC cada vez que se acuesta con la derecha termina pringada

junio 5, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

No hay caso: ni siquiera con todas las ventajas posibles la Democracia Cristiana es capaz de pactar con la derecha o con la izquierda, y su único camino para dejarla contenta es la soledad y el aislamiento del camino propio.

Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

Cuando pacta con la izquierda, cual dama coqueta, manifiesta su descontento, pues este marido, a pesar de los múltiples regalos y concesiones, no le permite mandar a su gusto. Cuando fue dueña del ministerio del Interior y la jefatura de la totalidad de las empresas públicas gracias a la generosidad de la alianza de los partidos políticos de izquierda, los democratacristianos estaban descontentos y sostenían que no habían leído el contrato matrimonial del programa de gobierno y que no podían enriquecer a sus militantes con los buenos sueldos de las empresas públicas.

Los “príncipes y los guatones”, descontentos con este matrimonio plebeyo, amenazaban con pactar con la derecha; por el momento, sabiendo que ir a la oposición significaba mantenerse a dieta de pan y agua, había que conformarse con el que – según ellos – era un mal matrimonio, pero criticando y ronroneando permanentemente, así fueran dueños de la mayor parte de los puestos del gobierno.

Un buen día, a los democratacristianos se les presentó la oportunidad de ser consecuentes con su identidad y proclamaron una candidata propia, (según ellos, se liberaban de los maltratos de la izquierda y les daba espacio para coquetear con la derecha sin necesidad de ir al lecho).

La Candidata, Carolina Goic, logró la ridícula votación de un 5%, y muchos de sus señores feudales perdieron sus dietas. La coqueta Democracia Cristiana soñaba con tálamo dorado que le había construido la izquierda, y a pesar de que sus dirigentes habían reducido el Partido a su mínima expresión, se negaba a morir.

La derecha, a causa de la traición de los democratacristianos, logró un triunfo espectacular, pero a pesar de contar con mayoría en el Parlamento, la oposición demostró ser incapaz de criticar y fiscalizar al gobierno de la derecha.

Los democratacristianos estaban felices de haber roto la alianza con los comunistas que, según ellos, eran los culpables de la mala vida que tenían actualmente, y a la Democracia Cristiana sólo que quedaba aliarse con el Partido Radical.

La Democracia Cristiana estaba consciente de que en su posición de centro tenía el poder de inclinar la balanza en favor del gobierno. Por lo demás, no era una mala idea, pues de los poderosos se podría recibir algunas prebendas, y podían decirse opositores sin necesidad de ser acusados de derechistas y cómplices del mal gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto de reforma del Sistema de Pensiones es el más importante y sentido por la ciudadanía, pues afecta directamente en la vida diaria: es sabido que la mayoría de los ciudadanos rechaza las AFPs, sin embargo, El Presidente Piñera pretende favorecer a las administradoras del ahorro forzoso que, esta vez, no sólo se quedaría con el 10% obligatorio de los cotizantes, sino que aumentaría al 14%, es decir, las AFPs estarían encargadas de administrar el 4% del aporte empresarial.

Los democratacristianos, que siempre se han caracterizado por siúticos y arribistas, cada vez que pactan con la derecha están dispuestos a hacerle concesiones que jamás lo harían con la izquierda. En 1973, cuando tenían la sartén por el mango, permitieron que la ultraderecha hegemonizara la oposición al gobierno de Salvador Allende e impusiera el golpismo. A poco andar, los democratacristianos de derecha fueron expulsados del gobierno militar y sus dirigentes progresistas exiliados, mientras que otros traidores siguieron apoyando a la Junta Militar, por ejemplo, William Thayer y Juan de Dios Carmona.

Los democratacristianos nunca se enmiendan: contradiciendo a su líder y profeta, Radomiro Tomic, terminan aliándose con la derecha, sabiendo que esta es la que gana, y aunque los derechistas se rían de ellos y los usen como compañeros de ruta, es tan fuerte su pasión arribista que una y mil veces tropiezan y caen en el mismo hoyo.

Antes del discurso del 1º de junio último, la derecha de la Democracia Cristiana había pactado con el gobierno el apoyo de la idea de legislar sobre el proyecto de reforma al Sistema de Pensiones, con la condición de que el 4% de las cotizaciones empresariales no fuera administrado por las AFPs. Los democratacristianos estaban convencidos de que “los caballeros de Chile” eran capaces de honrar su palabra.

El carácter alocado y mete pata del Presidente siempre le juega una mala pasada y, abandonando la diplomacia requerida en un buen mandatario, termina por expresar lo que verdaderamente piensa. En el caso del proyecto de Reforma de las Pensiones, como es un fanático individualista, sostiene que el dinero ahorrado pertenece a las personas, por tanto, ninguna institución comunitaria puede administrarla. Para Piñera – al igual que para el Presidente Reagan – la sociedad no existe, y el mundo sólo está compuesto de individuos.

Los democratacristianos por enésima vez se dieron cuenta de que los derechistas hacían y deshacían con ellos, engañándolos para atraerlos a su red y, una vez, violados, dejarlos en la vera. Los derechistas, hoy conscientes de la metida de pata de su jefe, tratan de recular con mil excusas, pero ya nadie les cree.

Cambios sustanciales en el Poder Judicial

junio 5, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Soledad Piñeiro Fuenzalida

Presidenta Asociación Nacional de Magistrados de Chile

La progresiva avocación de los jueces a tareas exclusivamente jurisdiccionales es un imperativo para la modernización del Estado, pues apunta a garantizar de manera efectiva una exigencia fundamental y basal a todo sistema de justicia: contar con tribunales independientes en los que los jueces no tengan como incentivo, por ejemplo, fallar de una determinada manera para agradar a sus superiores, los mismos que en la actualidad –junto con eventualmente revisar sus resoluciones– deciden también sobre su carrera.

El reciente anuncio presidencial, de proponer una reformar al sistema de nombramiento de jueces y juezas, es de suma importancia para el país y apunta en la senda correcta. El ministro de Justicia ha precisado que se propondrá la creación de un órgano autónomo encargado de los nombramientos, excluyendo a las Cortes (de Apelaciones y Suprema) de la función no jurisdiccional de confeccionar ternas.

El mismo ministro de Justicia ha resaltado el déficit que exhibe esta organización judicial en Chile en cuanto a garantizar la independencia interna de jueces y juezas, manifestado esto en las amenazas y presiones que por décadas se han observado al interior de ella, que de manera impropia ha detentado dicho poder, con múltiples mecanismos de control funcionario respecto de los jueces, en el contexto de un diseño institucional vertical y jerárquico que percibe a estos como subordinados.

Ahora bien, la cuestión del nombramiento de jueces y juezas es un tema sensible para una democracia por la función de garantes de los derechos que estos cumplen y la necesidad de asegurar su independencia para que sea el derecho aplicable al caso (y solo el derecho) el que se exprese en cada decisión.

Como hemos dicho antes, el sistema de nombramientos entronca a su turno, con otros aspectos igualmente importantes de la organización judicial, tales como la carrera, el régimen de responsabilidad (disciplinario), las calificaciones regulares y un haz de instituciones que conforman, con sus particularidades, el llamado “gobierno judicial”, radicado actualmente en la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.

Al diagnóstico que sirve de sustento a la voluntad política manifestada en el anuncio presidencial, han concurrido diversas instituciones. Dentro de las más elocuentes, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) –órgano de irrefutables credenciales en el tema– nos ha recordado que “Chile ha implementado transformaciones profundas e integrales de todos sus sistemas de justicia (pendiente solo el civil)”, manteniendo las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema las mismas antiguas estructuras y lógicas del gobierno judicial, que han permanecido prácticamente intocadas.

Señala enseguida que “la esquizofrenia del sistema hace daño y da señales contradictorias; diseños procesales modernos, oralidad, adversarialidad, inmediación, organización ad hoc, gestión profesional de causas y tribunales en la primera instancia y –paradójicamente– ausencia de ello en los tribunales superiores”.

Y luego de demandar una “reforma sistémica” del gobierno judicial, plantea que “la función de selección, formación y nombramiento de jueces debiera radicarse en un Consejo de Nombramientos y Formación Judicial, separando de dichas funciones a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema”, al tiempo que indica, respecto de este órgano, que “especial atención en el diseño debe prestarse a sus atributos de independencia y de capacidad técnica, para lo que se requiere regular adecuadamente la representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la judicatura y el mundo jurídico”.

A la luz de acontecimientos recientes, puede calibrarse la importancia de que los jueces se avoquen exclusivamente a su labor propia de resolver conforme a derecho, excluyendo a las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, de nombramientos y tareas de gobierno.

Junto a la ventaja de eliminar las distracciones que a la labor de juzgar generan tales labores impropias, quienes postulen al máximo tribunal podrán demandar exclusivamente que se examine la calidad de sus argumentaciones, los méritos de su carrera, sus credenciales profesionales o sus esfuerzos de perfeccionamiento y no su injerencia en labores gerenciales –precisamente uno de los aspectos escrutados recientemente–.

Ese escenario claramente perfilará los concursos para resolver los cargos vacantes hacia un enfoque de mérito –mediante parámetros conocidos y bien definidos por ley–, eliminando o al menos acotando a una mínima incidencia, la discrecionalidad y el oscurantismo que rige hoy. Un salto relevante en materia de transparencia en la provisión de cargos de tan importante función pública.

Valoramos este anuncio, y abogamos por que se materialice a la brevedad el proyecto de ley y se abra un amplio debate público, pues se aviene con una reforma institucional relevante para reforzar una garantía procesal y mejorar la calidad de la justicia en beneficio de las propias personas.

*Ver video de magistrada:

La oposición efectiva

mayo 27, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia. Se busca lograr el efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos.

Por Daniel Verdessi

Diputado DC

En política, como se ha dicho, cuando el objetivo es obtener metas en beneficio del pueblo, el arte está en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Cuando el objetivo es nublado por el objetivo electoral inmediato, el aplauso fácil, es evidente que quienes buscan la ruptura, la disrupción, tienen más éxito comunicacional en desmedro de las que tienen un sentido más de consenso y colectivo.

La prudencia es la virtud intelectual que dispone a comprender y ajustar la actuación a la complejidad de las circunstancias en cada momento.

Lo contrario de la prudencia es lo que los clásicos griegos llaman hybris, esa suerte de falta trágica en que incurren algunos de los principales personajes de las tragedias, tales como Agamenón, Creonte, Edipo Rey entre otros.

Se podría traducir por obcecación, una especie de ceguera causada por la obstinada, jactanciosa y altanera fijación del personaje en una norma de conducta.

El enfrentamiento de estos estilos no es algo nuevo en política. Recordemos las discusiones que hubo al interior de la Oposición a la dictadura de Pinochet cuando se planteó el participar en el plebiscito, el que finalmente unió a toda la oposición.

Se podía ser moderado y sin embargo triunfar.

Es difícil al interior de un partido el coordinar una estrategia que unifique todos los estilos, pero es indispensable, justo y necesario.

No solo el tema ideológico es importante. También el estilo. Una política efectiva se evalúa por los resultados en beneficio al pueblo, y no una serie infinita de señales. Cuanto avanzamos en equidad, en justicia social.

Nuestra diferencia fundamental debe estar en la efectividad de la política. Resultados, no señales.

Hoy, lejos, la DC es el partido más efectivo de la oposición. Y esa efectividad se ha expresado con muchos triunfos que van desde la renuncia del Intendente Luis Mayol, a la obtención de la exclusión de las AFP de la administración del 4% adicional de cotización. Y siempre ha sido porque se ha logrado un mayor o menor alineamiento estratégico, la potencia de la Unidad frente a la diversidad legítima.

Nuestra propuesta es ejercer con fuerza nuestro liderazgo con Efectividad y Unidad.