En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

columna

La deuda

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Por David Pellizzari Ossa 

Nuevamente, tal como ha ocurrido por décadas de hecho, se habla en el ambiente político de un “gran acuerdo” para la temática mapuche… se discute como “intervenir” la Araucanía… como dar una solución al “problema”… llenan los medios de comunicación grandilocuentes declaraciones de personeros políticos sobre el fracaso del Estado en la mantención del orden público, sobre la falta de desarrollo de la región, sobre “gestos” necesarios de reparación… de la deuda con el pueblo mapuche.

Ante este escenario desalentador cabe preguntarse si el “problema mapuche” es solo eso… o más bien es un síntoma más de una enfermedad mucho más grave y profunda en nuestra sociedad. 

Coincidentemente asistimos a un extraño espectáculo mediático en una pequeña comuna fronteriza de nuestro país, “invadida” por una migración irregular de desesperados ciudadanos mayoritariamente venezolanos, que atravesaron medio continente para llegar a Chile y hoy son rechazados y hasta expulsados de nuestro territorio. 

A la luz de estos hechos, la triste conclusión es que la sociedad que hemos construido simplemente no acepta la diversidad, no la entiende, no la respeta y mucho menos la valora. No reconoce sus raíces étnicas y reniega de su herencia cultural y, en ese contexto, no resulta extraño que se discrimine brutalmente al que es distinto, se menosprecie a quien no cumple los estándares resultantes de una sociedad centrada en el valor del dinero y la posesión de bienes, y, por tanto, un problema esencialmente moral, social y cultural, como el “conflicto” mapuche, tiene una respuesta “mercantil” y se use tan libremente la expresión “deuda”.

Es cierto que muchos entienden que la expresión resulta adecuada debido a las décadas de abandono, al negacionismo sistemático del Estado respecto al genocidio, eufemísticamente denominado “pacificación de la Araucanía”, que sufrió el pueblo mapuche, por lo que, Chile le “debería” a ese pueblo, desde una explicación, hasta una reparación.

Sin embargo, por qué hablar de deuda con el pueblo mapuche…? Acaso tienen un crédito por cobrar…? Se solucionan sus dificultades con una indemnización…? Necesitan una compensación? La dignidad no se puede «pagar» como se hace con las deudas, el respeto y reconocimiento no son avaluables… Nuestro Estado no le «debe» al pueblo mapuche… Debe asumir su responsabilidad y construir una relación distinta con ese y otros pueblos originarios de este Territorio, debe crear las condiciones para el desarrollo de una sociedad que valore la diversidad cultural… Y eso no se logra pagando deudas, cómo si con un acto se saldaran las cuentas pendientes, se logra con un profundo cambio estructural y cultural, de concienciación, y eso requiere un profundo compromiso estatal y, lamentablemente… tiempo.

Muchos hablan hoy de gestos y acuerdos, pero pocos entienden la profundidad cultural de la temática, que evidentemente exige de nuestra sociedad y nuestro Estado algo mas que gestos, pero que demanda algunos mínimos e inmediatos a efectos de avanzar en el proceso general.

El territorio mapuche está hoy “intervenido”, con una lógica militar, no porque el ejercito esté presente y activo en la zona, sino porque nuestra fuerza policial uniformada es esencialmente una institución militar, y eso influye grave y determinantemente en el modo en que enfrenta la temática agravándola desde todo punto de vista.

El fracaso de esa policía en el restablecimiento del orden público y el Estado de Derecho no es exclusiva de esa zona del país, pero si más evidente, y demuestra el enfoque obtuso del problema, buscando que la “intervención” de una fuerza que se despliega desde el exterior logre reprimir estallidos de violencia, sin entender siquiera un poco el contexto y la lógica del pueblo mapuche.

Tampoco tiene sentido alguno el reduccionismo pueril que habla de desarrollo económico tanto como causa y solución del problema, como si la cosmología mapuche, su relación con la tierra y sus ancestros simplemente puedan compensarse con recursos económicos, dinero, tierra, o cualquier otro bien avaluable en dinero.

El proceso constituyente que vivimos es la oportunidad histórica de reparar los errores que hemos cometido como sociedad las últimas décadas y sentar las bases de un significativo cambio cultural, una toma de conciencia colectiva e individual que dignifique nuestra historia y nuestra herencia cultural, y se extrañan propuestas en ese sentido.

Chile y el pueblo mapuche merecen algo mas que reducir el tema a la seguridad o al desarrollo económico. Merecen un enfoque integral que devuelva a la dignidad del ser humano al centro de cualquier plan o política pública en la materia, merecen respeto.//ELF

Estado de sitio en Wallmapu

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Por Pedro Cayuqueo

Periodista y escritor

La idea de aplicar el estado de sitio en el país mapuche marcó nuestra semana. Lo exigieron a La Moneda, “pantalonazo” incluido, diversos gremios que añoran en la intervención del Ejército una especie de segunda “Pacificación de la Araucanía”. La idea, por absurda que sea, copó los medios y nuevamente puso el conflicto en el tope de la agenda del gobierno. Al menos por un rato, como sabemos suele suceder.

Lo del estado de sitio es una idea apoyada por Evópoli. Su mandamás, Andrés Molina, ex intendente regional, llegó a advertir del peligro inminente de una “guerra civil”. Curiosos debieron resultar sus dichos para los miles de turistas que de mar a cordillera estaban recorriendo la región. No eran pocos. Sucede que la habitual afluencia de visitantes no se ha perdido, pese a la pandemia y la posible guerra civil.

Lo de Molina fue un exabrupto peligroso

De un político profesional, autoridad electa y timonel de un partido de gobierno uno esperaría más bien responsabilidad, mesura, templanza. Nada de ello tuvimos de su parte. Habló desde la rabia y la desesperación de su grupo familiar. Su cuñada es la dueña de la casa patronal incendiada en Lautaro a comienzos de semana. Y su suegro, el empresario Mario García, el posible blanco político de dicho ataque.

Pero gobernar un país, diputado Andrés Molina, no debería tratar de asuntos familiares, menos en el Chile de hoy. Por lo demás lo suyo, se lo digo respetuosamente en esta tribuna, es un grosero conflicto de interés, uno que debieran transparentar todos los políticos –tanto de oficialismo como de oposición– que pretendan muy sueltos de cuerpo dictar cátedra sobre el conflicto y sus posibles soluciones.

¿Cuántos de ellos tienen intereses creados en el conflicto? ¿Cuántos son propietarios de tierras reclamadas por comunidades mapuche o accionistas de empresas madereras, inmobiliarias o de energía que hoy lucran con el despojo a las grandes jefaturas mapuche de antaño? Me temo que la lista es larga.

Por suerte hay personas mucho más sensatas que Molina y los dirigentes gremiales de la Araucanía. Uno de ellos es el general (R) Eduardo Aldunate Herman, boina negra y ex Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, además de ex vicecomandante de la Fuerza Multilateral de Naciones Unidas en Haití.

En sus regulares Cartas al Director de El Mercurio, Aldunate ha venido advirtiendo de lo errado de utilizar militares en labores de orden público, así como del “desatino” de querer ahogar con represión el conflicto no resuelto del Estado con el pueblo mapuche. La solución, ha subrayado el militar en todos los tonos, debe ser política y negociada, a la usanza de los Parlamentos.

Esta semana se sumó a su posición el oficial naval en retiro Richard Kouyoumdjian Inglis, analista y directivo de la Liga Marítima de Chile.

“Una solución militar requiere voluntad política y validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy”, señaló lúcidamente, subrayando que “a nivel mundial ya no se practica el uso de la fuerza militar para pacificaciones o resolver conflictos sociales”. “Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona”, agregó.

El conflicto, créanme, tiene solución: es política y surgirá de un diálogo de alto nivel entre el Estado chileno y las distintas jefaturas mapuche, incluidas aquellas que defienden la violencia política o el “weichan” como estrategia de lucha. Un diálogo sin exclusiones ni vetos odiosos es el único camino capaz de conducirnos a una paz duradera y con justicia en Wallmapu. Y esa tarea es política, no militar.//ELF

El toque de queda o el sitio a la Convención Constituyente

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Por Rodolfo Fortunatti

Analista político y sociólogo DC

Al cabo de meses de su entrada en vigor ―bajo los estados de emergencia y de catástrofe―, el balance que deja el toque de queda revela una involución en materia de libertades y derechos, y ningún avance imputable al mismo en lo relativo a seguridad humana. El toque de queda ha servido para que militares y policías ingresen a hogares y recintos privados, recluyan personas, propinen apremios ilegítimos y se cobren víctimas fatales.

Nada justifica el toque de queda. Y nada autoriza volver a extender en marzo su vigencia. El control militar y policial, tal y como se ha ejercido hasta ahora sobre las libertades de movilidad, de reunión y de opinión de la población, evoca los peores recuerdos de la represión, de los tiempos en que se hacía desaparecer personas, se torturaba y se perseguía a los opositores por sus ideas. Aún palpita en la memoria colectiva que desde 1973 hasta 1987 el toque de queda fue el instrumento empleado por el régimen civil militar para facilitar las operaciones encubiertas, practicadas primero por la DINA y después por la CNI, destinadas a desactivar a la disidencia y, de este modo, consolidar el gobierno de facto, recurso que sin embargo no impidió las protestas nacionales y tampoco evitó la internación de armas de Carrizal Bajo o el atentado a Pinochet.

«Cómo, señor González —preguntaba en 1998 el escritor Luis Sepúlveda al expresidente del gobierno español—, no ver la fractura de una sociedad que durante 13 años soportó el toque de queda, el casi estado de sitio permanente en el que toda reunión de más de tres personas era un delito de subversión, el miedo como una constante reguladora de cualquier expresión de vida, el silencio como la mejor forma de sobrevivir, la delación como valor patriótico, la impúdica apatía del “por algo será”, “algo habrán hecho” que servía de manto para cubrir a las víctimas degolladas en las calles de Santiago».

La naturalización del toque de queda implicó que durante esos trece años la gente vivió enclaustrada en sus domicilios. Al principio, en los días siguientes al golpe de Estado, la medida se impuso con breves interrupciones para permitir a las personas hacer compras y trámites de urgencia. Posteriormente, la restricción se instaló como una institución regular y cotidiana de nueve horas de duración cada día. Se llegaba a las fiestas “de toque a toque”, como por entonces se las llamaba, antes de las nueve de la noche, y solo se las abandonaba después de las seis de la madrugada.

Desde esa época el toque de queda ha sido declarado en 2010, con ocasión de los actos de saqueo que se produjeron en ciudades como Concepción y Talca tras el terremoto del 26 de febrero de aquel año; en 2019, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, para sofocar/encender el estallido social; y en 2020, como medida adicional a los controles sanitarios dispuestos por el gobierno para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

El toque de queda implantado a propósito del estallido social duró más de dos meses, desde el 19 de octubre hasta el 26 de diciembre de 2019, mientras que el toque de queda que le siguió tras un receso de tres meses, el impuesto a raíz de la calamidad pública acarreada por el coronavirus, cumplirá un año de vigencia el próximo 18 de marzo.

Un discrecional uso de la fuerza

El toque de queda es una herramienta excepcional en una sociedad libre, democrática y respetuosa de los derechos y garantías individuales. Así lo han entendido tras largas luchas y sufrimientos las naciones más evolucionadas de Europa. Un tribunal de Holanda, donde no se instituía el toque de queda desde la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, dictaminó en medio de fuertes protestas y de violentas represiones, que el gobierno debía levantarlo. La corte de La Haya concluyó que ―al igual que en Chile― no se había podido justificar la medida que viola las libertades de movimiento y la privacidad y restringe los derechos de reunión y de manifestación.

Pese a que la inobservancia del toque de queda constituye no más que una falta que se sanciona con multa, su mantención ha dado origen a persistentes abusos de agentes del Estado que se conducen con discrecionalidad frente a los civiles. Al cabo de meses de su entrada en vigor ―bajo los estados de emergencia y de catástrofe―, el balance que deja el toque de queda revela una involución en materia de libertades y derechos, y ningún avance imputable al mismo en lo relativo a seguridad humana. El toque de queda ha servido para que militares y policías ingresen a hogares y recintos privados, recluyan personas, propinen apremios ilegítimos y se cobren víctimas fatales.

Durante el estallido se sucedieron numerosas denuncias contra militares por la represión desencadenada, como documenta Alberto Mayol en Protestas y disrupción política y social en Chile 2019. La coacción ejercida contra la población civil llegó a tales extremos que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saltó «fuera de las normas y estándares internacionales de derechos humanos». Victoria Flores y Daniel González confirman en su tesis de periodismo Estallido social en Chile 2019, que «los datos de las lesiones varían según las fuentes de 3.449 que contabiliza el Instituto Nacional de los Derechos Humanos hasta las 12.738 atenciones médicas de urgencias que indica el Ministerio de Salud que se prestaron durante las movilizaciones. De las que tiene constancia el INDH, “51 sufrieron heridas de bala, 1.554 por perdigones, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 180 por balines”. A esto se le suman 1.446 que sufrieron golpes, inhalaciones de gas…» Observadores, como Miguel Vicuña en Revolución plebiscitaria en Chile, sostienen que tales excesos se dieron en el contexto de un coup d’état dirigido a frenar a la oposición y a clausurar las investigaciones en curso sobre corrupción y violencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Pero la represión amparada en el toque de queda no cesó con el estallido de 2019, sino que se reeditó a lo largo de la pandemia de coronavirus, generando efectos colaterales a la violencia discrecional que en sí misma entraña la medida. El toque de queda ha provocado aglomeraciones en el transporte público, las que han alterado la vida laboral de los ciudadanos y mermado sus ingresos en tiempos de catástrofe. De hecho, el Ministerio del Trabajo entendió y así lo hizo saber, que los empleadores no estaban obligados a pagar salarios a los trabajadores impedidos de concurrir a sus labores por efecto del toque de queda. Muchas profesiones y actividades económicas no pueden ejercerse ni realizarse a raíz de las barreras impuestas por el toque de queda.

No se necesitan militares en las calles

¿Qué valor agrega el toque de queda al denominado Plan Paso a Paso? ¿Por qué limitar la movilidad nocturna de la gente? ¿Por qué hacerlo cuando, con independencia del toque de queda, el Plan jerarquiza los territorios y actividades sociales y económicas conforme a las categorías restrictivas de Apertura, Preparación, Transición y Cuarentena?

¿Por qué el toque de queda cuando la condición más extrema, que es la Cuarentena, prohíbe salir de casa, las reuniones sociales, la práctica de oficios, ritos y ceremonias, el funcionamiento de restaurantes, cafés, cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasios, clubes de adulto mayores y centros de día? Actualmente hay 40 comunas del país en esta situación, que corresponde al Paso 1.

¿Por qué el toque de queda cuando la Apertura Inicial, que es el control más blando, impide las reuniones de más de 30 personas en casas particulares, y las públicas al aire libre de más de 300 asistentes, el trabajo de pubs y discotecas y el traslado a localidades en Cuarentena y Transición? De manera redundante el régimen de Apertura Inicial suprime, asimismo, todo tipo de eventos durante el horario de toque de queda, que es la causal invocada por las policías para irrumpir y practicar redadas en cumpleaños, celebraciones familiares o juntas de amigos, todas las cuales reciben el mal pensado título periodístico de “reuniones clandestinas”. La sociología policial nativa, sin embargo, ha reservado el concepto únicamente a aquellos eventos donde se cobra la entrada y el consumo, es decir, donde se da una relación de mercado, lo que lo convierte en un término económico.

El caso es que nada más que 11 comunas han quedado clasificadas en el Paso 4, de Apertura Inicial, en los momentos que hay 128 comunas en el Paso 3, de Preparación, y 166 comunas en el Paso 2, de Transición. Dicho de otra forma: la movilidad de las personas ha quedado prácticamente restringida en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo celebra ―y con razón tras largos meses de errores y desaciertos― la vacunación de cuatro millones de personas hacia fines de febrero. Tal satisfacción debe ser valorada en su mérito, que lo tiene. Como lo tienen los municipios y el personal asignado a dicha tarea. Del mismo modo que lo tienen los funcionarios de la salud. Pero también lo tiene la población que ―a excepción de los “vacunados VIP”, apenas el 1%― ha concurrido disciplinada y cívicamente a los lugares de atención siguiendo el calendario de grupos específicos. Luego, si el proceso está siendo exitoso, sólo puede significar que estamos ad portas del fin de la pandemia o, a lo menos, de una drástica reducción de las hospitalizaciones. Y el proceso solo puede estar siendo exitoso para la autoridad sanitaria, si se lo juzga por la aprobación de funcionamiento de cines y casinos. Sin ir más lejos, el ministro de Economía, que parece hablar por el de Educación, ha exhortado a los profesores a volver al trabajo. Y el presidente de la ANFP ha dicho que «estamos muy cerca de que vuelva el público a los estadios». ¿Por qué entonces sería necesario prolongar la excepción constitucional de catástrofe y consigo la facultad presidencial de reinstaurar el toque de queda?

La mayor paradoja de este cuadro regresivo es que mientras el país está empeñado en ampliar sus libertades y garantías de derechos, en profundizar su democracia, y en hacer retroceder a sus institutos castrenses y policiales desde la frontera de guardianes de campo en que los dejó la dictadura, la presencia de estas sombras del pasado pretende sitiar y condicionar el proceso constituyente que se inaugura en abril, como no podrían hacerlo mejor los arrestos insurreccionales atribuidos a los comunistas.

El toque de queda no es solo una rémora del pasado; es el instrumento coercitivo que busca capturar el futuro y confinar las esperanzas de justicia y libertad depositadas en la nueva Constitución. El Congreso es uno de los pocos contrapesos democráticos al actual gobierno que podría impedir el asedio de soldados, camiones militares y armamento de guerra en las calles de Chile al intervalo constituyente que se avecina.//ELF

Ignacio Briones: medias verdades, grandes falacias

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Así con nuestro exministro que nos dejó hace pocos días para emprender su carrera política, ni más ni menos que a la Presidencia de la República. Aquel que, en cada una de sus prédicas públicas con Portales de inspirador, nos contó cómo supuestamente funcionan los países que él admira, los que todos y todas debemos admirar, y que nos ilustró, con sus medias verdades, que no eran otra cosa que grandes falacias. Solo cabe esperar y ver con qué nos sorprenderá el nuevo Briones candidato presidencial.

Por Christian Torres C. 

Desde la merecida salida de Andrés Chadwick del gabinete del Presidente Piñera no ha habido ministro del Interior, si entendemos por tal uno que ejerza la jefatura del gabinete y le dé un sentido político y estratégico a sus acciones.

En ese escenario, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no sabemos si por autodesignación o por encargo del Presidente, intentó durante el tiempo en que nos acompañó asumir ese rol. Imbuido de una especie de espíritu portaliano en versión seudoliberal, en cada declaración el ahora exministro de Hacienda trató de mostrar cómo sobre sus hombros se sostenía la estabilidad y supervivencia de la República y, como una especie de manual de autoayuda de ciencia política, nos explicó diaria o semanalmente en los medios de comunicación cuáles son las reglas que no podemos, por ningún motivo, pasar a llevar para que nuestro país crezca de manera sana y no ponga en riesgo todo lo alcanzado.

En esta gesta personal dirigida a evitar que los chilenos erráramos tomando decisiones equivocadas, Briones prometió un nuevo tipo de presupuesto público; diseñó e implementó las “mejores políticas de la región y equivalentes a Alemania y Austria” para hacer frente, social y económicamente, a los efectos de la pandemia. Nos advirtió, pero no le hicimos caso la primera ni la segunda vez, sobre los efectos demoledores del retiro de fondos de las AFP. Efectos que, por cierto, nunca ocurrieron.

Poco antes de abandonarnos –haciendo uso del “autobombo”– señalaba en CNN haber encabezado el acuerdo de 12 mil millones para hacer frente a la crisis, aunque hasta entonces entendíamos que fue el Colegio Médico el promotor de la iniciativa. Todo ello, con lo que él mismo dijo ser su sello y que declaraba poco después de asumir en su cargo: “Mi sello será el diálogo, la apertura y no casarme con soluciones escritas en piedras”. Un constructor de acuerdos.

Para explicar cada uno de sus hitos, Briones no ahorró palabras. Con el presupuesto base cero veríamos –según nos dijo– lo importante que serían las evaluaciones de los programas, con el fin de determinar su continuidad. Sin embargo, durante la tramitación nos encontramos con que nunca se conoció la relación que existía entre las evaluaciones y la continuidad o disminución de los programas; se presentó un supuesto crecimiento del 9% respecto de 2020 que nunca fue. Se mostraron incrementos presupuestarios en varios ministerios y servicios, que no eran más que ejercicios y traspasos contables para evitar mostrar las disminuciones. Nos invitó una y otra y otra vez a “levantar la mirada”, pero nos propuso un presupuesto para 2021 que rebajaba ciencias, educación superior y cultura.

En las políticas para enfrentar la pandemia la historia fue parecida, con bonos insuficientes y tardíos. Un seguro de desempleo reforzado, pero que no fue otra cosa que los mismos trabajadores retirando sus propios recursos del seguro. Un bono clase media regresivo y mal implementado en que los culpables terminaron, a juicio del exministro, siendo los funcionarios de Impuestos Internos. Un Fogape diseñado para las pymes, pero que aprovecharon las grandes empresas, pasando por el lado de sus supuestos beneficiarios originales.

Para la Navidad 2020 e inicio de 2021, nos sorprendería con su última creación: dinámicos bonos navideños en que el monto del beneficio dependía de la fase de COVID-19 en que se encontraba la comuna de residencia del beneficiario el mes de noviembre. Para enero y febrero, IFE y Bono COVID, a los que hay que postular mensualmente y dar en el clavo con una fórmula pitagórica de asignación, de racionalidad imposible de dilucidar.

Podemos seguir con el permanente anuncio de una nueva reforma tributaria antievasión, pero la negativa de avanzar en el registro de los dueños finales de las empresas.

En la reforma de pensiones, defendió un sistema de seguridad social (que no existe en Chile). Pidió sincerar el debate, acusando a quienes quieren un sistema de solidario de “populistas” y de querer volver a un sistema de reparto pregolpe (que tampoco existió). Pero nada dijo nunca sobre el fracaso total del sistema de capitalización individual para entregar pensiones, ni menos reconocer que es un sistema hecho para capitalizar las grandes empresas y no para entregar pensiones.

En el debate del proyecto de ley de reajuste del sector público, que llevó acompañado un contundente proyecto misceláneo “de un cuanto hay”, defendió cuestiones tan extrañas como la autorización de contratar seguros de defensa jurídica para carabineros activos y en retiro, bajo el argumento de que sería con aportes de los propios policías uniformados con un pago adicional. Sin embargo, nada dijo respecto a que el servicio del bienestar institucional a través del cual se contrataría, se financia en más de un 40% con recursos públicos, ni menos que esto permitiría la defensa –con cargo al mismo fondo– de eventuales violadores a los DD.HH., aun después de salir de la institución.

La guinda de la torta, su defensa de recurrir al Tribunal Constitucional contra el proyecto de segundo retiro de fondos de las AFP. Briones argumentó una cuestión de principios. Poseído nuevamente del espíritu portaliano, con el peso de la sobrevivencia de la República en sus espaldas, nos advirtió del peligro que amenazaba la democracia si se aceptaba esta iniciativa parlamentaria. Cuando se le consultó por qué no se recurrió al TC en el primer retiro, argumentó “cuestiones de contexto”. Entonces, en opinión del hoy exministro, los principios dependen del contexto. Curioso argumento.

Luego de confirmada la esperable decisión del TC, como guardián de la democracia dijo estar sorprendido con los cuestionamientos de la oposición ante tan jurídica decisión del Tribunal Constitucional, alejada de argumentos políticos, rematando con el ejemplo de que el antiguo presidente del organismo falló con voto dirimente en más de 30 ocasiones a requerimientos de los gobiernos de centroizquierda. Esto, por supuesto, sin mencionar la relevancia de los temas resueltos, ni menos que se trataba de un TC funcionando bajo un sistema electoral binominal, que desvirtuaba la voluntad popular y que nada tenía que ver con la realidad actual. Y en esto sí que el contexto importaba.

Para finalizar, en agosto pasado en entrevista en The Clinic, el entonces ministro respondía entre otras preguntas:

-“¿No hay que quedarse pegado en la política…?

-Yo no voy a tener una carrera política, así que no ando haciendo cálculos.

-¿Cómo? ¿No va a tener una carrera política?

-No.

Así con nuestro exministro que nos dejó hace pocos días para emprender su carrera política, ni más ni menos que a la Presidencia de la República. Aquel que nos habló de la importancia de la participación y la ciudadanía, y que dejó el gabinete sin siquiera ser proclamado por su partido, pero sí por 3 o 4 amigos controladores del nuevo conglomerado que vino a transformar la política nacional. Aquel que, en cada una de sus prédicas públicas, con Portales de inspirador, nos contó cómo supuestamente funcionan los países que él admira, los que todos y todas debemos admirar, y que nos ilustró, con sus medias verdades, que no eran otra cosa que grandes falacias.

Solo cabe esperar y ver con qué nos sorprenderá el nuevo Briones candidato presidencial.

Convención Constitucional: No hay peor lucha que la que no se da

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Por Patricio Serendero

Como ya se sabe, la situación política actual en la perspectiva del proceso por una nueva Constitución es de una correlación de fuerzas totalmente favorable a la Derecha económica y política. Desde el Acuerdo por la Paz, la legislación posterior estableciendo los mecanismos de elección hasta la últimas maniobras – con la colaboración abierta del Servel – para impedir que personas fuera de la clase política pudiesen candidatearse a la Convención Constituyente (CC). Ningún peso ha salido del bolsillo de las grandes empresas para ayudar en la pandemia, a pesar que sus representantes repiten frecuentemente que “en esto estamos todos juntos y solo juntos podemos salir adelante”. Un objetivo imposible de cumplirse en el capitalismo neoliberal. Esto explica porqué el Gobierno de Piñera gobierna solo para los ricos. Y por esta misma razón la única ayuda que han recibido los trabajadores, es el de su propio bolsillo, ya sea con los retiros sucesivos del 10% de los fondos de pensiones o con los pocos pesos que el Gobierno ha ido dando a gotas, dinero por lo tanto de los contribuyentes. Y ya sabemos quien paga impuestos.

Para conseguirlo, la Derecha política ha contado como siempre desde los últimos decenios con la colaboración y asociación de esa otra derecha en el Parlamento, formando una casta política sólida defensora del neoliberalismo. Esta clase política copa al mismo tiempo todo el aparato administrativo del Estado donde los funcionarios de jefaturas son ideológicamente afines al sistema establecido.

Asegurada en su flanco electoral para la CC, la Derecha prepara ya su campaña presidencial para Noviembre próximo. Algunos de sus candidatos dicen que “tienen calle” como se dice hoy – a pesar que tener calle aquí se entiende por pasearse con unos cuantos fotógrafos y saludar a cuanto transeúnte desprevenido se aparezca en el camino – como es el caso de los alcaldes representados por el “socialdemocrata” o “socialcristiano” Lavín (según el estado de la meteorología) o la dura Sra. Matthei que dispara a diestra y siniestra reclamando contra candidatos de “los poderes fácticos”. Como si ella fuese antagonista de esos mismos poderes fácticos. Ambos son representantes por las comunas donde vive la clase dominante en Chile como se podía esperar. Otros candidatos vienen de un gobierno en fase de hundimiento tales como Desbordes o Briones, o el “tapado” de las empresas Sichel, quien contó generosamente con el salario del Banco del Estado para preparar su lanzamiento a la campaña presidencial. El señor Briones se presenta para hacer cosas nuevas nos dice. El, que ha sido un fiel seguidor y ejecutor de las políticas neoliberales del Gobierno, presentándose para ofrecer algo nuevo.

Verdaderamente hay que tener la piel muy gruesa para no darse por enterado que el Pueblo rechaza con todo la política económica que él precisamente defiende. Estos últimos tres candidatos vienen de liceos con número como le gusta repetir mil veces a Desbordes que sus apellidos no hacen parte del catálogo de los burgueses chilenos. Se une a ellos el señor J.A. Kast, cuya virtud consiste en confesar abiertamente su adhesión al liberalismo más duro – por decir lo menos de este personaje fascista – y la defensa de los ricos, que los otros candidatos no se atreven a confesar y que causará más de algún dolor de cabeza entre ellos a la hora de contar los votos. La Derecha sabe muy bien cuando hay que unirse para defender los intereses económicos de la clase social que representa. Toda una lección. En el caso que la carrera electoral presidencial de sus candidatos originales tenga algún tropiezo y el futuro se vea incierto, ella podrá eechar mano de las candidatas de la “oposición”, las señoras Rincón y la escogida desde Nueva York la Señora Narváez. Ambas dos dan plenas garantías que lo esencial del sistema neoliberal no cambiaría con ellas en la Presidencia.

Parece casi increíble que un gobierno de Derecha como este, que ha despojado al pueblo de la riqueza creada, que lo ha asesinado, mutilado, torturado y violado y que ha demostrado una total inepcia e irresponsabilidad para administrar el Estado, se prepare sin cualquier pudor para darnos más de lo mismo convencidos que volverán a repetirlo. En un año pasaron de estar acorralados desde el 18-O a la perspectiva casi cierta que obtendrán un cupo más que suficiente de constituyentes que se encargarán de dejar la “nueva” Constitución tal como está hoy en su esencia. Pasar del 20% de Rechazo a ser ya casi seguramente los ganadores del proceso. Y de yapa colocar otro defensor suyo en el sillón de O’Higgins en Noviembre próximo. Victoria total hasta aquí.

Y la Izquierda

Tal es el estado de dominación económica, política e ideológica de la clase dominante chilena hoy día. Quienquiera que se declare de Izquierda, debe reconocer su derrota independientemente de mil errores achacados a alguien que no los propios. Aquí entendemos por Izquierda a los militantes y no militantes que estamos por poner fin al neoliberalismo y al capitalismo para construir en un proceso una sociedad socialista. Al respecto no hay que dejarse engañar por el término “centro-izquierda”. Son ellos los que han co-gobernado con ese nombre durante 30 años juntos con la Derecha profundizando el neoliberalismo.

La trágica paradoja es que la urgente necesidad de unidad de la Izquierda es torpedeada sistemáticamente, no por la Derecha y sus medios de comunicación sino que por sectores de la propia Izquierda tanto partidaria como independiente. Para la primera de estas, las acusaciones y consiguiente justificación para la falta de unidad estaría en que no puede haber unidad sin programa. Un argumento poco creíble pues existen pocos partidos, pero existen, cuyos programas mínimos son suficientemente parecidos. (Al menos en el papel a pesar que todo el mundo sabe que el papel aguanta todo.) La reciente alianza electoral para la elección constituyente del conglomerado Chile Digno Verde y Soberano[i] es una prueba que en el futuro no muy lejano una unidad de la Izquierda en un plano superior puede ser conseguida. Y esto, independientemente que esperamos ver que pasa entre el discurso y la acción con esta alianza electoral, que es lo único que cuenta. Pero esta es apenas una alianza electoral. Cada cual defiende lo suyo intransigentemente. Ideología, tradiciones, banderas, historia, desconfianza, mucha desconfianza. Las razones de la falta de unidad orgánica más allá de una elección puntual como esta, parecieran estar más en la disputa por saber quien dirigirá la lucha unitaria y el posicionamiento futuro de cada cual para su propia sobreviviencia política. El sectarismo parece estar en el ADN de la Izquierda.

De otra parte, en alguna Izquierda no militante o de micro partidos de Izquierda se dispara contra la unidad utilizando la generalización fácil – y por lo tanto lejos de una correcta interpretación de la realidad – de que todos los parlamentarios(as) de partidos políticos son vendidos a la Derecha por dinero o por ideología o por ambas. Se echa igualmente en el mismo saco a muchos de las y los concurrentes independientes a la CC, a los cuales se les tacha de querer pasar a la Historia en la foto, o de ser operadores encubiertos de la clase política, o farandurelas y faranduleros procurando ganar popularidad. En el mejor de los casos, son tachados despectivamente de “ingenuos”, contemplando con pena el inútil esfuerzo desplegado en una lucha sin cualquier futuro según ellos. Es verdad que todas esas categorías de personas existen, al igual que en cualquier conglomerado humano. Pero no son todos(as) y sus ideas no están tampoco fijas. Muy por el contrario. No solo existen contradicciones en la realidad material del Universo. También existen contradicciones en nosotros mismos. En nuestra propia conciencia. Tenemos ideas y práctica contradictorias muchas veces. Lo que significa que nuestras ideas pueden cambiar. O aceptar algunas ideas que son nuevas para nosotros. Si esto no fuera así, no habría necesidad de la propaganda política. Tampoco de la publicidad comercial. Si estas existen, es porque las personas pueden cambiar de opinión. De eso se trata.

Toda esta crítica de la propia Izquierda a la que nos referimos es como para desalentar a cualquiera causando frustración y abandono de todo intento de hacer algo para cambiar el futuro. Particularmente a aquellas y aquellos millones de desempleados que ven su futuro y el de sus hijos sin esperanza alguna de mejorar. Pareciera que hemos quedado en un interregno entre la correcta y justa denuncia del engaño de la CC que se prepara ya completamente planificado y en ejecución, y la frustración y consiguiente conclusión que no tenemos mucho que hacer mejor que esperar otra situación como esta y no participar ahora.

Como no hay peor lucha que aquella que no se da, vale siempre la pena, mismo en la actual situación de confusión y desorientación de la Izquierda, luchar por nuestros objetivos si acaso entendemos que los procesos sociales maduran o no dependiendo de nuestra acción. De nuestra práctica política. No es solo con ideas que se puede cambiar el mundo. La práctica es la herramienta al servicio de las ideas para la transformación de la realidad social. Y por su vez esta influencia las ideas.

Sobre la nueva constitución

Respecto de la Constitución, es posible por ejemplo pensar que se podrían coordinar los esfuerzos entre los elegidos (as) de Izquierda para la CC y que de esa coordinación desde muy temprano se raye la cancha al resto de los 155 elegidos y pueblos originarios. De un lado, los militantes declarados del Rechazo, que en justo rigor ni siquiera deberían participar en un proceso que al menos en la letra dice que se trata de redactar una nueva Constitución. La Sra. Marcela Cubillos es el mejor ejemplo de esto. Ella dirigió la campaña del Rechazo. Por lo tanto, nada tiene que aportar para una nueva Carta Fundamental. ¿Cómo es posible que ella y muchos otras y otros como ella sean candidatos(as)? Este aparente absurdo es la mejor denuncia contra la casta política que organizó este monumental engaño histórico al Pueblo. Sus políticos no tienen empacho en decirnos que pretenden ir allí para asegurarse que nada cambie, demostrando con esto una vez más que a la Derecha nunca le importó la opinión mayoritaria y democrática de las mayorías que dice defender.

De otro lado, deberán estar quienes se reconocen de Izquierda defendiendo propuestas esenciales para terminar con el neoliberalismo y el capitalismo. Estas propuestas ya han sido gritadas por el Pueblo en todas las calles de Chile. Repitámoslas brevemente. En el nuevo texto constitucional tal vez el cambio más esencial sea el de terminar con el principio de subsidiariedad del Estado que impregna toda la actual Constitución, esto es, permitir la participación activa del Estado en la economía, fundamentalmente en los sectores declarados como estratégicos; establecer el que los principios de la Constitución se sobreponen en Derecho a aquellos establecidos en cualquier tratado internacional existente o futuro donde Chile es firmante en tanto pueblo soberano ( el actual proyecto de ley que la Derecha urge de aprobar al Parlamento, el tratado internacional TPP11 es precisamente la negación de nuestra soberanía nacional); declararnos un Estado Social y Económico que garantice derechos universales en Salud, Educación, Pensiones y Vivienda; un Estado democrático que asegure efectivamente el respeto a los DD.HH. que ilegalice los Partidos y movimientos fascistas; un Estado Plurinacional con todo lo que eso conlleva de respeto a derechos de los pueblos originarios; un Estado Feminista, donde toda la legislación pertinente debe tener ese sello; un estado que protege y defiende el Medio Ambiente donde este debe ser una prioridad como palanca de cualquier modelo de desarrollo que de adopte. En fin, una Fiscalidad que tenga como meta la justa contribución de todos al desarrollo nacional.

Estos y otros principios deberían servir para la propaganda y sobretodo la educación política en el proceso electoral del 11 de Abril, algo fundamental en un país que ha estado desinformado y despolitizado institucionalmente por décadas de dominación burguesa. Serviría igualmente para identificar y agrupar los y las escogidos(as) en la CC para organizarse al interior de esta. Y serviría también como lo proponen algunos, y en última instancia si todo estuviese perdido, para obteniendo un tercio de los votos, trabar cualquier articulado peor que el correspondiente de la Constitución actual.

Este debería ser uno de los elementos de la lucha futura inmediata. El otro, y tal vez el más importante pilar por sus potenciales efectos sobre el primero, es el que se debe dar simultáneamente con el proceso constituyente tanto en la calle, la asamblea, el cabildo, el sindicato, el movimiento social, el lugar de trabajo la escuela o la Universidad. Lugares de discusión y educación interna al mismo tiempo que centros de acción práctica. Educando, explicando, ganando más adeptos. Todo esto ya ocurre en el momento presente. Se trata de multiplicarlo y reproducirlo en cada lugar de Chile para galvanizar las conciencias de millones de compatriotas. Será preciso mantener una presión permanente durante todo el proceso constituyente, publicitando cada una de los principios esenciales que deberían queden en el nuevo texto constitucional, educación no solo dirigida a la población que votará sino a los propios escogidos en la CC. No es imposible proponerse convencer algunos miembros indecisos de la CC de la razón y justicia de estos argumentos. Su solo intento habrá valido la pena. Ellos deberán estar conscientes en todo momento que el Pueblo estará vigilante de sus deliberaciones y decisiones. De que las votaciones de cada artículo serán públicas y donde cada cual deberá responder políticamente por sus decisiones. Todo este esfuerzo desplegado, al interior de la CC y fuera de ella durante los dos años que dura el proceso tendrá otra fecha de lucha importante en el Plebiscito de salida para confirmar la nueva Constitución. Allí nuevamente estos principios deben ser el punto esencial en la dirección del voto que se pida a la población. Un voto masivo por ejemplo en contra del nuevo texto propuesto caso la Derecha gane, tendrá la fuerza moral de un no rotundo de la gente que no se ha dejado engañar. Un votación masiva en ese sentido sería de un gran apoyo motivador para el futuro de la lucha. Porque esta continuará después en un proceso de más largo aliento, por nuevos y mejores cambios constitucionales exigiendo plebiscito sobre las materias que el Pueblo considere continúan siendo lesivas para sus intereses. No será por decreto que se determinará cuanto tiempo durará la nueva Constitución. No está escrito en la piedra que debamos esperar 40 o 50 años como nos dicen ahora que sería la fecha de la próxima modificación constitucional. Eso nos quiere hacer creer toda la clase política del Partido del Orden. Que ellos aprobarán “su” Constitución y que luego nos olvidemos de ella hasta nuestros tataranietos.

En este largo tiempo político con sucesivas elecciones que se avecinan, los principios arriba indicados pueden servir igualmente para llamar a no votar no solo por los(as) corruptos de siempre sino por todos aquellos que defienden el modelo neoliberal y se oponen a los cambios. Y en este proceso de luchas sociales es posible que surja la necesaria y ansiada unidad orgánica de la Izquierda. Porque habrá que repetirlo mil veces, sin esta unidad de principios y programa en una orgánica no habrán cambios profundos ni permanentes y si se consiguen no será posible defenderlos después.

En resumen, no hay que desechar en el presente una gran posibilidad de lucha y agitación política de los postulados de Izquierda solo porque el enemigo de clase lleva hasta aquí las de ganar. Todo campo de batalla político sirve para la agitación de nuestras ideas.

Vivimos entonces un momento político muy importante, que reclama un gigantesco esfuerzo y sacrificio colectivos para ganar el derecho a comenzar a diseñar una sociedad donde impere la Justicia Social, y una vida digna para todas y todos. La Izquierda ha cometido errores en este proceso y no ha podido canalizar el ímpetu de la rebelión social en curso por una falta de ser sentida como la dirección política natural del movimiento por el pueblo trabajador. Fue suplantada por los muchos movimientos sociales que la sobrepasaron en profundidad, claridad y determinación en la lucha. Errores cometemos todos. También los pueblos. Y la Izquierda con él. Es parte de nuestra condición humana. Pero también es parte de esta condición el estar dispuestos a rectificar y levantarse una y otra vez después de cada caída para continuar la lucha.//ELF

Papelón electrónico de la licencia médica

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Por César Olivares Formas, doctor

El Reglamento de Autorización de Licencias Médicas -que data de 1984- ha sido modificado y, a partir del 1 de enero es obligatoria la emisión electrónica de dichas licencias, lo cual ha generado serios problemas tanto a instituciones como a profesionales de la salud.

Estas dificultades están relacionadas, básicamente con las deficientes capacidades tecnológicas tanto de los proveedores del sistema (sólo dos y privados), como de las instituciones de salud, tanto estatales como privadas, lo que genera fallas constantes en el sistema, que se acentúan más en las postas rurales y/o zonas alejadas del territorio nacional.

Ante esta situación, la respuesta de las empresas proveedoras del sistema no sólo ha sido lenta, sino también, en muchos caso, nula, pues los profesionales que han solicitado adscribirse a este servicio reciben una comunicación automática de: “nuestros ejecutivos de venta se comunicarán contigo a la brevedad” y esa comunicación nunca llega.

Otro de los obstáculos con que se encuentran, tanto los profesionales como las instituciones, están asociados a las bases de datos que contienen las huellas digitales, tanto de ellos como de los pacientes y unido a estos problemas, se reportan además inconvenientes con la compatibilidad con los sistemas operativos, como el de Macintosh así como los de los sistemas de salud de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ya que no están incorporados a esta modalidad de emisión.

Un ejemplo de proceso de informatización exitoso, es el sistema de “Digitalización de Recetas” que, sin dudas, ha facilitado la prescripción de medicamentos en tiempos de pandemia, que incluye hasta los psicotrópicos y estupefacientes, incorporando las tecnologías adecuadas para compatibilizar a los diferentes actores involucrados tales como: médicos prescriptores, usuarios y químicos farmacéuticos, bastando una conexión a internet, Clave Única y la inscripción de éstos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud.

Esta experiencia, sin embargo, no ha sido tomada en cuenta en la modificación para hacer obligatoria la emisión de la licencia electrónica pues, no cabe duda de que, para que el sistema funcione, deben estar incorporados todos los actores involucrados, siendo los empleadores, pieza clave en este engranaje.

Esta deficiencia se manifiesta claramente en el siguiente análisis:

Si el empleador no está “informatizado” (adscrito al sistema), la licencia es emitida electrónicamente pero con copia en papel, enviada por correo electrónico, para luego, en las contralorías, ser transformada en electrónica nuevamente. Estas licencias son catalogadas con el eufemismo y anglicismo de “semifull”, cuando su traducción,  perfectamente válida en español  es: licencia electrónica de papel.

A pesar de todos los problemas señalados, esta modificación es de obligatorio cumplimiento para los emisores, entonces: ¿Por qué no es de obligatorio cumplimiento  para todos los participantes del sistema?

El resultado de estas decisiones apresuradas y sin ningún sustento tecnológico y adecuado desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan su aplicación eficiente y ordenada, ha generado que se siga usando la licencia de papel, hasta tanto sean solucionados los problemas mencionados. Para ello se proporcionará un talonario anual a cada profesional que se enfrente a las fallas del sistema, incluido, y que ya se ha señalado, la dificultad con la huella dactilar y otras excepciones.

Nuevamente estamos frente a una decisión absurda en tiempos de pandemia, que mantiene y perpetúa la alternativa frente a lo dispuesto legalmente, por la improvisación y falta de una estrategia que incorpore a todos los involucrados en el sistema. 

Cabe entonces preguntarse:

¿Por qué si, según las autoridades responsables de este tema y las estadísticas presentadas demuestran que la emisión electrónica ha aumentado año a año, llegando el 2020 a 5.300.592, ahora se hace obligatoria esta forma de emisión a pesar de ser la forma mayoritaria de emisión?

Es obligatorio entonces emitir licencias tanto electrónicas como de papel, o sea, estamos sencillamente frente a un papelón electrónico.//ELF