En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

columna

Lo más grave está por venir: Licencias médicas

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Por Dr. César R. Olivares Formas

No cabe duda alguna que el derecho a una licencia médica es un derecho irrenunciable del cual no pueden disponer ni los empleadores ni los trabajadores, las normativas son muy claras y específicas al respecto.

La licencia médica es el derecho que tienen los/las trabajadores/as para ausentarse o reducir su jornada laboral durante un tiempo determinado, con el propósito de recuperar la salud y su capacidad de ganancia, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, no dando lugar a interpretación posible al respecto.

Por tanto, las licencias médicas constituyen un derecho vinculado a la protección de la salud, cautelado por la Constitución, las Leyes y el Derecho en general.

El reciente Ordinario emitido por la Subsecretaria de Salud Pública que condiciona el acceso a una licencia médica en los casos en que el trabajador acuerde con su empleador la modalidad de teletrabajo es sencillamente inentendible, ilegal y constituye una vulneración de los principios de la Seguridad Social.

A raíz del rechazo generalizado que provocó esta decisión administrativa y política, probablemente basada en cálculos ingenieriles –que hoy parecen aplicables a cualquier esfera de la vida- el Secretario General de la Presidencia afirmó que se “enmendará” la polémica instrucción del Ministerio de Salud y éste a su vez procedió a “aclarar” (no “enmendó”) su contenido y objetivos, reiterando la violación al Derecho, en primer lugar porque es de una informalidad jurídica enorme y en segundo lugar porque de acuerdo a lo dispuesto en el propio Reglamento de Licencias Médicas se prescribe que los únicos que pueden indicar si una persona requiere o no licencia, son los profesionales de la salud autorizados para tal efecto y se mantiene una interpretación amañada de los derechos laborales.

Lo más grave aún está por venir; en este Ordinario y en su “aclaración”, se sientan las bases para relativizar las enfermedades, incluso las laborales protegidas por las ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. No se puede delegar la responsabilidad al trabajador sobre la protección de su salud, más aun cuando queda claro que hay una mirada de control del gasto y del número de licencias que se emiten.

Diversas asociaciones gremiales, sindicatos y ciudadanos han manifestado su rechazo a tal medida por lo que será necesario que la Contraloría General de la República se pronuncie ante este hecho conculcatorio y basado en mendaces argumentos.

Debe procederse a dejar sin efecto esta instrucción, dando tranquilidad y calma a la ciudadanía, cesando estos actos de hostigamiento en estos graves momentos en que enfrentamos la peor crisis sanitaria como nación.//ELF

¿Deben participar los trabajadores de los directorios de las empresas?

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Por Felipe Ossandón 

Socio de Desarrollo y Trabajo Consultores, donde se asesora sindicatos en materias de negociación colectiva y en los ámbitos laboral y estratégico.

En la última semana se ha abierto el debate respecto de la participación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas.

De manera automática, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, ha rechazado las propuestas, afirmando que era una idea que no se practicaba en ninguna parte del mundo. Lo cierto es que ello no es así. En nuestro país tenemos experiencias importantes y exitosas de integración de los trabajadores y trabajadoras en los directorios de empresas, específicamente en las más importantes empresas del Estado.

Codelco, ENAP, TVN, BancoEstado, Ferrocarriles del Estado y todas las empresas portuarias estatales tienen representación de trabajadores en sus directorios. En algunas de ellas, esto corresponde a una tradición de larga data, por lo que tenemos una experiencia y un aprendizaje importante al respecto. Cabe señalar que la propia OCDE recomienda la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas(1).

¿Cómo se determinan dichos representantes? Existen actualmente tres modelos. En el caso de la Corporación del Cobre, corresponde a dos representantes en un directorio de nueve personas. Uno de ellos es propuesto por la Federación de Trabajadores del Cobre y otro por la Federación de Supervisores en conjunto con la Asociación de Supervisores. Son las organizaciones sindicales, entonces, las que proponen a sus directores.

Un segundo modelo se aplica en empresas como TVN, BancoEstado, EFE o las portuarias. En este caso, el o la representante de los trabajadores en el directorio surge de una votación secreta de todos los trabajadores y trabajadoras. En la mayoría de los casos, los representantes sindicales tienen iguales facultades que los demás directores o directoras, salvo en el caso de TVN, donde no tiene derecho a voto.

El tercer modelo, mixto, es el que se consagró en la última reforma a la Ley de Gobierno Corporativo de ENAP, estableciendo una elección que reconoce la titularidad de las organizaciones sindicales, así como la participación de aquellos trabajadores no afiliados a sindicato alguno.

¿Están expuestos los representantes de los trabajadores a conflictos de interés en un directorio de empresa? Por cierto, al igual que todos los directores y directoras que los conforman. Recordemos que los directores no representan los intereses «de» la empresa, sino el interés de sus mandantes «sobre» la empresa, en tanto accionistas o inversores de la misma. No siempre el interés de la empresa es compartido por todos sus accionistas y no siempre el interés de todos los accionistas es coincidente, como hemos visto en infinidad de ejemplos. En ese sentido, la experiencia indica que los directores laborales deben estar sujetos a las mismas restricciones e inhabilidades que la Ley de Sociedades Anónimas establece para los demás integrantes del directorio, en lo relativo a reserva de la información y prevención de conflictos de interés.

Es algo perfectamente practicable y las empresas señaladas, así como sus trabajadores tienen una amplia experiencia en ello.

En lo relevante, la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios es un aporte sustantivo a la gestión empresarial. Muchos de los conflictos laborales, especialmente en tiempos de crisis se intensifican a partir del desconocimiento de la situación de la empresa o de los planes estratégicos de la misma por parte de los trabajadores. Cuando uno no sabe «para dónde va la micro», las posibilidades de identificarse con la gestión se reducen dramáticamente. De las empresas estatales grandes, Metro S.A. es la única que carece de representación laboral en el directorio y ha vivido una conflictividad laboral más intensa que las demás en el marco de la crisis sanitaria.

Por otro lado, en tanto los directores y directoras que representan a los accionistas no forman parte de la gestión cotidiana de la empresa, están sujetos a la información que de ella le entregan las gerencias y los organismos de control. La voz de los trabajadores se transforma en otro canal, calificado y útil, para saber qué pasa al interior de la organización y tomar mejores decisiones. Los trabajadores, por su parte, a veces encuentran en el directorio oídos que no siempre encuentran en sus respectivas gerencias.

Finalmente, las empresas son comunidades. Tienen una organización, una administración y una jerarquía necesaria para la articulación de las mismas. En este marco, la tradicional visión autoritaria o militarizada de una gestión donde a los trabajadores solo les cabe acatar decisiones ajenas ha ido en retirada; de la mano de la acción sindical, de los comités bipartitos y paritarios, así como del reconocimiento de los derechos fundamentales al interior de la empresa. Pretender que los trabajadores no tienen la capacidad o el interés de aportar a las decisiones estratégicas de una empresa no solo demuestra una persistencia de dicha visión autoritaria, sino que una enorme ceguera.

Las relaciones laborales en Chile requieren avanzar en igualdad y en democratización. Las desigualdades y fracturas de nuestra sociedad nacen ahí donde la riqueza se crea y mal distribuye, en la empresa. Propuestas como las del diputado Gabriel Boric, incorporadas también en las formulaciones programáticas de Paula Narváez, pueden ser enriquecidas a la luz de la experiencia chilena y deben ocupar un lugar relevante en los programas de las distintas candidaturas de la izquierda.

El rechazo automático y reflejo de la CPC solo nos muestra lo mucho que tenemos por avanzar en esta y otras materias.

(1) OECD (2015) Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.

https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264244160-en.htm

Trabajo decente: Pilar de la nueva constitución

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Por Juan Somavia

ExDirector General de la OIT Preside el Consejo Asesor Constitucional de la CUT

La franja oficial, debates televisivos y programas de radio, han permitido conocer las opiniones de las y los candidatos a la Convención Constituyente. Mas de alguien resaltó que la promoción de la dignidad del ser humano en el trabajo y su expresión concreta en el derecho al Trabajo Decente, debe tener rango constitucional.

Por cierto, el reconocimiento y la garantía de la dignidad a partir del trabajo, se origina en un constitucionalismo social contenido en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (creada en 1919), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (1968), los valores del Estado de bienestar y, desde luego, en las sostenidas luchas sociales y políticas en todos los países que, con sus duelos, tragedias y éxitos, durante este largo proceso histórico, han logrado avanzar progresivamente en el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Camino sobre el cual queda mucho por recorrer.

Chile llevaba años encaminándose en esta dirección. Sin embargo, la dictadura y su Constitución cortaron ese curso en seco, imponiendo un retroceso del que aun no nos recuperamos plenamente. Su visión neoliberal sobrevaloró el papel del mercado, ignoró su incapacidad para autorregularse y comercializó los derechos sociales; Junto a ello, subvaloró el papel del Estado y sus sistemas regulatorios y devaluó el valor del trabajo y las políticas públicas en materia social. Aumentó aun más el desequilibrio de poder entre capital y trabajo.

Los y las constituyentes tendrán la tarea de reconocer el enorme valor que tiene el trabajo decente, concepto propuesto por la OIT en 1999, en la construcción de una sociedad armónica, con cohesión social y sana convivencia democrática. Porque, finalmente, la vida nos ha demostrado que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. Y hay una gigantesca labor por delante en Chile y en el mundo, particularmente después de los retrocesos sociales producidos por la Pandemia y las transformaciones en el trabajo ligadas a la revolución digital y el tránsito hacia un desarrollo sostenible.

Lo bueno es que no partiremos de cero. Existe un consenso mundial en torno a la necesidad del trabajo decente, gestado progresivamente en las últimas decadas, cuyo más reciente eslabón es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por unanimidad de todos los países al más alto nivel político en Naciones Unidas. Su objetivo 8 nos indica la decisión colectiva de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Hoy, se trata de avanzar desde esa potente aspiración política y social global a la realidad nacional y local. Debemos valorar el enorme significado que tiene para todos y todas el trabajo en nuestra sociedad, lo que implica poner este reconocimiento en el corazón de la Nueva Constitución e incorporar el derecho al Trabajo Decente como principio fundacional de la misma.

En Chile, para avanzar en esta dirección tenemos que reconocer donde estamos; y lo concreto es que no estamos bien, ni en la realidad, ni en los conceptos. La actual Constitución Política considera el trabajo del ser humano básicamente como un costo de producción. Igual que las materias primas, los intereses bancarios, el transporte, la publicidad y otros.

Sin embargo, en la vida real, para las personas, las familias y las comunidades, el trabajo decente es tanto más que eso, tiene un valor social, no es sólo un precio:

Es fuente de dignidad personal y valoración de si mismo. Nos probamos en el trabajo. Hay satisfacción o descontento en función de su calidad. El trato recibido, bueno y malo, tiene un enorme impacto subjetivo.

Es fuente de estabilidad de las familias, tantas de ellas monoparentales, o como la gente decida vivir juntos. Cuando hay uno o más buenos trabajos en casa, sabemos que hay menos violencia intrafamiliar, mas distensión, genera un sentido de progreso, hay más confianza en el futuro. Es fuente de mayor paz en la comunidad y sensación de seguridad cuando el trabajo de calidad se ha extendido en el entorno en que vivimos.

Además, el ser humano que trabaja es también un ciudadano y saca conclusiones de su vida laboral. Es difícil pensar que la enorme manifestación pacífica del 25 de octubre 2019 que congregó cerca de dos millones de chilenas y chilenos en todo el país, no tuviera una relación muy directa con la mala calidad del trabajo en Chile.

Por cierto, hoy ninguna de estas dimensiones se expresa plenamente en la mayoría de los trabajos en nuestro país. Los datos confirman lo dicho: El 50% de los chilenos y chilenas tiene un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos (Fundación Sol, 2019) y el 40,5% de los trabajadores y trabajadoras vive en la informalidad, con toda la inseguridad y precariedad que ello conlleva (OIT, 2019). El monto promedio de las pensiones autofinanciadas recibidas por los jubilados asciende a 159.000 y el 80% de ellas está por debajo del ingreso mínimo (Superintendencia de Pensiones, 2021), el trabajo infantil es un flagelo para 220.000 mil niños, niñas y adolecentes que se ven forzados a trabajar (UNICEF, 2020).

Las múltiples formas de discriminación y desigualdad de género hacia las trabajadoras dramatiza aun más las cifras en materia de empleo. La brecha salarial en trabajos formales asciende en promedio a un 28% menos que las remuneraciones de los hombres, lo que nos posiciona como el 5º país más desigual en materia de género (OCDE, 2020), y el 47% de ellas gana menos que el sueldo mínimo (Universidad de Playa Ancha, 2020). Del total de trabajadores informales, un 57% corresponde a mujeres, en donde el 68,3% gana menos del sueldo mínimo. Lo anterior, se agrava, si observamos que en el 73% de los hogares chilenos son ellas el único sostén económico (Universidad de Playa Ancha, 2020). A ello se agrega la total falta de reconocimiento social, cultural y legislativo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su contribución al bienestar social y a la economía (comunidad mujer 2019).

Por otro lado, existe un evidente déficit en el ámbito del reconocimiento y protección de los derechos colectivos laborales, marcado por una diversidad de limitaciones que los cambios a la legislación y Constitución no han eliminado. Solo el 6,3% de las empresas nacionales tiene organizaciones sindicales y solo un 6% de trabajadores y trabajadoras están cubierto por algún tipo de instrumento colectivo (Encuesta Laboral, ENCLA 2019).

Esta realidad es el fundamento del gran desafío constitucional: reconocer el derecho al Trabajo Decente, individual y colectivo, como un principio fundacional de la Nueva Constitución, acompañado de reglas que garanticen su ejercicio real. Ambas dimensiones deben estar en la Constitución.

Ello nos lleva a la próxima etapa. Las condiciones de ejercicio del trabajo decente se construyen sobre la base del respeto a los derechos fundamentales en el trabajo que postula la OIT: un contrato con salario para progresar no para subsistir, libertad sindical con negociación colectiva a todos los niveles y derecho a huelga multipropósito, fin al trabajo infantil y al trabajo forzoso, no discriminación, igualdad de género en todas las dimensiones del mundo de trabajo y todos los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales. Incluyendo un sistema de seguridad social con pensiones dignas.

Lo anterior se inserta en el reconocimiento del conjunto de derechos sociales que son parte integral del constitucionalismo social: educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y tantos otros. El trabajo decente debe ir acompañado de un piso de protección social que asegure mínimos civilizatorios por debajo del cual ninguna chilena o chileno se debe ver forzado a vivir. Es el momento que la Nueva Constitución reconozca tanto la ciudadanía política como la ciudadanía social.

Este postulado se sitúa en la perspectiva, y la necesidad, de que Chile logre construir una verdadera Estrategia Nacional de Desarrollo Justo y Sostenible con la más amplia convergencia de visiones en torno a la promoción de la dignidad del ser humano y el respeto a la integridad de la tierra. Ello requiere un crecimiento inclusivo, equitativo y eficaz, con cambios profundos en nuestra matriz productiva e inserción internacional, fundado en inversión y consumo sostenibles. Desde ese objetivo situarse en el mundo que viene, pues la velocidad de los cambios tecnológicos, la evolución de los sistemas productivos, la naturaleza de los mercados globales y las tensiones geopolíticas ya nos están planteando enormes desafíos de país que debemos tener la capacidad de enfrentar como nación.

En ese marco, tenemos que profundizar el análisis del significado de esos cambios en los diversos sectores productivos existentes y por crear. Esto, unido a una visión del impacto actual y prospectivo sobre el mundo del trabajo y la estructura del empleo junto a las nuevas necesidades de formacion y capacitacion que ya estan surgiendo. Sabemos que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la economía digital, el trabajo a distancia que se va a generalizar y la automatización, entre otros aspectos, ya están aquí. Analizar el futuro del trabajo post pandemia y en camino al desarrollo sostenible es esencial. En una perspectiva constitucional, debemos saber armonizar la dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

Por estas razones, junto a un grupo de mujeres y hombres hemos aceptado la invitación efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, para discutir y profundizar las ideas y propuestas del mundo sindical que aspiran a poner en el centro de la Nueva Constitución el reconocimiento al valor del trabajo.

Si el trabajo decente contribuye a la cohesión social, es fuente de dignidad personal, estabilidad de las familias, paz en la comunidad, conciencia ciudadana y de “un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible”, sin duda debemos colocar la valoración del trabajo del ser humano en el corazón de la Nueva Constitución. Todo ello nos debe conducir a reflexionar sobre la importancia y la contribución del trabajo de chilenas y chilenos, en la construcción de nuestra sociedad.

Nada de lo propuesto son aspiraciones nuevas. Los chilenos y chilenas sabemos que lo dicho es una realidad que refleja la vida de muchos millones de compatriotas. Sin embargo, no hemos sido capaces de asumirlas como una tarea nacional que fortalece la convivencia democratica. Para finalizar, debo señalar que todo lo propuesto tiene precedentes en otras constituciones y acuerdos internacionales de los que Chile es parte.

Las y los constituyentes, en su gran responsabilidad, van a tener que encontrar una convergencia de voluntades, quizás inédita. Su tarea es difícil, en este y otros temas similares, pero también potencialmente creativa y hermosa. Tendrán que saber abordar con sensibilidad problemas profundamente íntimos, en que detrás de los conceptos, las cifras y la confrontación de intereses, hay seres humanos de carne y hueso. Y ellos nos dijeron en el plebiscito del Apruebo que tenían esperanzas en esta Nueva Constitución. //ELF

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La Constitución en tu barrio

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Por David Pellizzari Ossa

Muchos creen que la discusión sobre una nueva Constitución para Chile es lejana a sus problemas cotidianos, que la elección municipal que se avecina, nada tiene que ver con eso, algunos incluso fomentan interesadamente esa idea, tratando de convencer a la ciudadanía que el rol del municipio, o de un alcalde nada tienen que ver con la Constitución. Pero no es así, y los chilenos lo sabemos.

Desafíos como los que hemos enfrentado como país y sociedad los últimos años han evidenciado los problemas de nuestra institucionalidad, la concepción y distribución del poder y las deficiencias de nuestra democracia.

Hemos sido testigos de como la autoridad central ha tomado decisiones en materias tan sensibles como la seguridad ciudadana o la salud de los chilenos, sin siquiera escuchar a los gobiernos locales, y casi desconfiando de su visión o aporte a la solución de los problemas que enfrentamos. Para ser justos no se trata de un problema solo de esta administración en particular, sino mas bien una grieta institucional, de un modo de entender el ejercicio del poder que francamente ya no resiste mas y que necesitamos urgentemente actualizar, y para ello, debemos construir una nueva carta fundamental que dé cuenta de las necesidades de un nuevo siglo e implique una verdadera revolución municipal.

Chile requiere una verdadera redefinición de su institucionalidad y una profundización de su democracia, y para ello proponemos una revolución municipal, una revolución que acerque a los ciudadanos las decisiones que afectan su vida, una revolución que revalorice la función de los municipios y los dote de los recursos y facultades necesarias para desempeñar su función como sus vecinos merecen, una revolución que descentralice el ejercicio del poder y le devuelva dignidad y autonomía a los territorios, en definitiva, una revolución ciudadana.

Soñamos con una Constitución que invierta la pirámide del poder en Chile y devuelva a los ciudadanos y sus representantes mas cercanos la oportunidad de decidir, sobre como se invierten los recursos, sobre las prioridades sociales, sobre el mejor modo de vivir en barrios mas seguros y mucho mas.

Pero, en este punto surgen preguntas importantes: Cómo hacemos eso? Cómo logramos concretar esos anhelos? Y la mas importante de todas… cómo afecta la calidad de vida de los ciudadanos un cambio tan profundo?

En primer término, debemos construir un nuevo pacto social y político, una nueva Constitución para un nuevo Chile, y ésta debe incluir un nuevo trato para con los gobiernos locales, que establezca un rol protagónico de éstos en el diseño e implementación de las políticas públicas, que ordene una distribución equitativa de los recursos entre ellos y los trate con dignidad. Este nuevo trato permitirá a los municipios desarrollar políticas públicas mas integrales y pertinentes, con los recursos y las atribuciones necesarios para ello. En este sentido, es necesario revisar el financiamiento y la lógica con que se focalizan los recursos del Estado que se destinan a los municipios y su labor, y muy especialmente, la lógica de receptores y meros ejecutores de políticas diseñadas y decididas desde Santiago o la capital Regional respectiva, para pasar a ser protagonistas de éstas junto a la comunidad.

Este cambio puede tener un profundo impacto en su vida, en su barrio, si las decisiones y los recursos necesarios para darles viabilidad están mas cerca de usted, tan cerca que incluso puede participar activamente en ellas, es dable esperar que esas decisiones sean mas pertinentes y coherentes con sus problemas reales… y eso se verá reflejado en su seguridad, en su salud, en la educación de sus hijos. Nuestra democracia requiere devolverle el protagonismo a sus ciudadanos y la mejor manera de lograrlo es acercar las definiciones importantes a ellos.

La revolución municipal demostrará que una nueva Constitución puede cambiar al país, incluso en su barrio.//ELF

Día del agua: El derecho de beber en paz

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Por Pablo Santander

Abogado y ambientalista PPD

No es novedad decir que estamos enfrentando una crisis hídrica histórica, que se viene arrastrando durante los últimos años y que está afectando a más del 40% de la población mundial, en nuestro país, hemos visto los efectos que ha tenido en la pequeña y mediana agricultura y en los campesinos y campesinas que son la base de la producción nacional.

Pero esta crisis también ha afectado a comunidades enteras, es emblemático el caso de Petorca y lo he presenciado personalmente, el cual es visto como símbolo de la gravedad de la situación actual, también he sido testigo en la comuna de Cabildo de la muerte de animales por no tener alimento, el cual es escaso precisamente por la falta de agua para poder cultivar y hoy en pleno año 2021, aún existe gente que no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, situación que se agudiza en el contexto actual de pandemia por covid-19.

¿Cuáles son las causas de este problema?

Algunas personas atribuyen esta sequía al efecto del cambio climático, sin embargo, existen factores que van más a allá de una crisis climática mundial a la hora de determinar las causas, por ejemplo, de que en la región de Valparaíso las reservas del Lago Peñuelas, con una capacidad de 95 millones de m3 y un promedio histórico de 22 millones de m3, haya pasado a un valor cercano a los 0.8 millones de m3 a febrero de 2021, así mismo el embalse los aromos, alimentado por la cuenca del Aconcagua, con una capacidad de 35 millones de m3 y un promedio histórico de 25 millones de m3, esté actualmente en los 5 millones de m3 a febrero de 2021.

Estos factores son atribuibles al actuar de las personas, a las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua y la legislación actual, en primer lugar, tenemos un código de aguas que no le da prioridad al recurso hídrico como derecho humano, menos privilegia a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas que se desarrollan ante su abundancia, en segundo lugar no existe una gestión de cuencas adecuada para la distribución equitativa del agua, lo cual también es efecto de lo primero y tiene estrecha relación, ya que esta distribución no se condice con la cantidad de agua disponible en la cuenca, ni con las necesidades de las personas que habitan el territorio, sino que es producto del poder adquisitivo que tengan los grandes empresarios para adquirir derechos de agua y poder administrar su uso.

Para combatir la crisis climática y los factores antrópicos que causan la escasez hídrica, debemos realizar cambios a nivel local, nuestro país debe avanzar en gestión del agua y saneamiento, como dato, cerca de la mitad de la población que vive en sectores rurales carecen de acceso al agua potable y es una situación en la que el estado debe hacerse cargo.

¿Cómo podemos avanzar?

Primero, estableciendo y concretando metas a nivel territorial y organizacional, en este sentido es que se han definido una serie de metas al año 2030, relacionadas a las contribuciones nacionales determinadas, actualizadas el año pasado a partir de la COP 25, incluyendo la gestión de cuencas, servicios sanitarios, sistemas rurales e infraestructura, entre otras, que deben ser cumplidas para mejorar la gestión del agua y la resiliencia ante el cambio climático.

Pero estas metas no son suficientes si no van acompañadas de fuertes cambios en las políticas relacionadas con el agua, es por esto que es de suma importancia que esta discusión sea central a la hora de redactar una nueva constitución, quienes tengan la oportunidad de participar, deben recuperar las aguas de nuestro país para todos y todas, poniendo como prioridad el derecho humano al acceso al agua y también para el desarrollo de los ecosistemas.
Debemos impedir que se sigan otorgando derechos de agua, tratando este recurso vital como un bien de mercado, que además en nuestro país se sobre explota, entregando más derechos de uso, que agua existente en nuestras cuencas, situación que es claramente una desigualdad e injusticia tremenda.

Es un hecho que la desertificación avanza en nuestro país, de norte a sur y para mitigar este efecto es imprescindible contar con una legislación adecuada y realizar una buena gestión, el agua debe ser para todos y todas, no un privilegio de pocos que pueden pagar por ella, es por esto que debemos unirnos, para proteger nuestra rica biodiversidad y para que cada persona que habita en nuestro país tenga acceso y la tranquilidad de beber en paz el agua que nos da la vida.//ELF

Insistir y seguir insistiendo

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Por Iván Flores

Diputado DC

El martes pasado en la primera sesión de este año legislativo, decidí interrumpir el debate en la Cámara para advertir a todos los parlamentarios la gravísima situación sanitaria que atraviesa el país y la región de Los Ríos.

Ya veníamos advirtiendo reiteradamente el alto riesgo al que la población de las regiones está sometida, por ejemplo en Los Ríos tenemos varios meses con los indicadores de positividad y de contagio más altos del país, por tanto lo diré una y otra vez, estamos en la peor situación desde que se inició la pandemia y esto obliga a que las autoridades hagan la pega de otra forma.

Cuando digo que hagan la pega me refiero a que no pueden seguir hospitalizando la pandemia, hay que salubrizarla. Podrán agregar una, cien o doscientas camas críticas con un tremendo esfuerzo y desgaste del personal de salud, pero ese no es el mejor camino. Para salir de la crisis sanitaria solo existen dos vías. La primera es acelerar al máximo la vacunación, poniendo a disposición toda la vacuna disponible sin esperar a junio para tener el 60% de la población cubierta, ya que necesitamos acelerar para llegar a la inmunidad de rebaño; y la otra vía es insistir a las autoridades y comunidad en prevenir el contagio y para eso hay que entregar las ayudas económicas oportunas para que la gente pueda quedarse en la casa y que el Gobierno haga una comunicación social de riesgo efectiva y en esto los Ministerio de Salud y Hacienda han fallado rotundamente.

Así lo dije el día martes, cuestión que obligó a la Comisión de Salud a sesionar de urgencia con la presencia del Subsecretario de Redes, la presidenta del Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología y otras organizaciones especializadas quienes coincidieron absolutamente con mi planteamiento y sentido de urgencia.

En la región de Los Ríos las autoridades deben retomar el puesto de mando regional en Salud y tener los controles ciudadanos necesarios para evitar aglomeraciones, además de entregar ayudas económicas contundentes como ya emplacé al Gobierno Regional, acelerando además la campaña de vacunación.

Estas medidas junto a un trabajo más efectivo de convencimiento y apoyo a la comunidad que no puede seguir desplazándose sin comprender cabalmente la responsabilidad social que cada uno tiene, son totalmente necesarias. Nunca habrá camas y hospitales suficientes para atenderlos si no evitamos el contagio.

Por estas razones que he advertido desde hace meses, no puedo dejar de insistir e insistir.