columna

¿Transición justa en Chile?

julio 14, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Una mirada desde la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT CHILE)

Por Alejandro Ochoa Gaboardi, Secreatario General Federación de Contratista ENAP Concón.

Teniendo en cuenta que la inclusión del término Transición Justa (TJ) en el Preámbulo del Acuerdo de París (AP) implicó un reconocimiento al mundo del trabajo y sentó precedentes dando impulso a iniciativas para el abordaje de la crisis climática. Sin embargo, el concepto está siendo adoptado y reinterpretado por diferentes espacios, tan diversos como antagónicos, convirtiéndose en un término camaleónico, modificando su contenido en función de los intereses del interlocutor. En este contexto, en la COP 26 en Glasgow, los sindicatos plantearon la preocupación por la reinterpretación que gobiernos y empresas estaban haciendo del término “Transición Justa” como forma de legitimar las promesas de crecimiento y de prosperidad económica basados en la economía verde y las emisiones cero netos.

Sin embargo, con la retórica no basta y la realidad muestra que, a pesar de los distintos pactos, acuerdos e instrumentos (vinculantes o no) que los países y empresas han firmado, los trabajadores seguimos sufriendo las consecuencias del cambio climático y continuamos expuestos a procesos de transición que han omitido sistemáticamente la “justicia”.

En este contexto de auge de las transiciones, donde en muchos casos, la transición justa se utiliza como equivalente a la transición energética, en Chile se están dando tanto procesos de transición energética corporativa como de expansión energética que no son más que Caballos de Troya que intentan perpetuar un modelo anacrónico que pretende ser pintado de verde.

Como ya ha expresado esta Secretaría de la CUT de CHILE, la Transición Justa es más que una transición energética y la transición energética justa es mucho más que un cambio de fuentes de energía. Apunta a garantizar el acceso a la energía como derecho y la democratización de esta.

Por esta razón, resaltamos las experiencias de países como Honduras, que buscan apostar a una transformación del sistema energético pensado en el acceso a la energía como derecho, y se encuentran con diversos obstáculos que reflejan las estructuras de poder que permanecen intactas detrás de los sistemas energéticos en los países. El control privado y transnacional de los sistemas energéticos, sumado a los mecanismos que permiten a las empresas acudir al CIADI, son los principales obstáculos a la hora de diseñar e implementar políticas de transición justa en los países de la región.

En este sentido la Transición Justa, debe formar parte de los procesos de implementación de los acuerdos asumidos, dentro de las NDC, de los Planes Nacionales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de los planes de descarbonización a largo plazo reconociendo a la TJ como un derecho de los/as trabajadores/as y de las comunidades afectadas a contar con un trabajo decente con garantías de protección social que contemple a todos y todas las afectadas por las políticas climáticas y aquello que están padeciendo los impactos de manera más severa para no dejar a nadie atrás.

Por lo tanto, demandan el diseño e implementación de planes de transición justa dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de los países de la región con diálogo social, trabajo decente y respeto de los derechos fundamentales del trabajo y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

Chile es uno de los países donde la transición estaría respaldada por una “Estrategia de Transición Justa en el Sector de la Energía” promovida por el Ministerio de Energía que prevé el cierre de sus termoeléctricas a carbón, pero, que, en la práctica, ha demostrado la falta de previsión y garantías para asegurar el sustento a los/as trabajadores/as directos, subcontratados e indirectos de sectores dependientes de esa actividad.

Sobre esta base, la CUT ha desarrollado una postura para sus diálogos con las autoridades que hasta el momento sigue en desarrollo y se expresa en las páginas siguientes.

Plan de Estrategia de transición justa y sustentable CUT – Chile (expuesto en espacios internacionales)

Para instalar una TJ efectiva en el país con los trabajadores se debe primero que todo, tener una base de antecedentes referidas a:

u Retiro de centrales a carbón, existiendo una primera fase de cierre acordada al 2024, con tal de cumplir la meta de cese de generación eléctrica en base a carbón antes del año 2040.

u El sector energético es el responsable del 78% de las emisiones de GEI del país.

u Resultados de este plan actualmente:

1. Beneficios: socios ambientales a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reducción de contaminantes atmosféricos locales: NOx, SO2, MP10..

2. Consecuencias: Pérdidas de empleos directos, subcontratados e indirectos.

PRINCIPIOS de una TRANSICIÓN JUSTA en CHILE (según CUT)

1. Justicia Social y Buen Vivir.

2. Trabajo digno y significativo.

3. Distribución equitativa de los recursos y el poder.

4. Economías Ecológicas regenerativas.

5. Conservar y proteger la cultura y las tradiciones históricas.

6. Impulsar acciones a nivel local, regional, nacional e internacional.

7. Tener tolerancia y abrazar la diversidad en todos sus sentidos.

8. Solidaridad

9. Equidad e igualdad de género

10. Cruzar las fronteras del Clima.

11. DEMOCRACIA en plenitud de su definición.

Malas experiencias de transición en Chile:

CASO DEL CARBÓN DE LOTA:

En la década del 90 se Intento construir estrategias de desarrollo más permanentes para la deprimida zona carbonífera (ciudad de Lota) Pero no se consideró la complejidad de los factores territoriales y culturales en juego, tampoco se le asignó valor a la historia y patrimonio minero de dichas comunas.

La capacitación para la reconversión de la mano de obra local tampoco estuvo asociada a la instalación de nuevas actividades productivas para lo cual no se realizaron estudios de empleabilidad, ni planes de empleo, en resumen, todos los análisis de dicha transición coinciden en que sus consecuencias fueron lamentables.

Por lo que las conclusiones al respecto es que no existen programas de reconversión exitosos en el país, no existen diagnósticos y propuestas de política pública, no hay una mesa Nacional Tripartita, (Gobierno, Empresarios, Trabajadores); Solo hay un programa de descarbonización, un cronograma de desactivación de industria carbonera. Y hoy no hay intenciones de una transición justa -más allá de este Cronograma- con mediciones a corto, mediano y largo plazo.

Por lo tanto, a nuestro parecer se han omitidos elementos importantes en las zonas donde se instalan físicamente as industrias extractivas, (zonas de Sacrificio), como por ejemplo los Impactos en salud y desafíos de reparación para las comunidades y trabajadores/as expuestos, sobre todo subcontratados e indirectos. La reparación de los daños a la salud, la remediación ambiental y la restauración de los pasivos ambientales. Lo importantes de realizar estudios epidemiológicos que establezcan los daños sobre la salud de la población local y trabajadores propios y subcontratados e indirectos.

Las Comunidades están expuestas a tasas de mortalidad más altas que en otras zonas, con Hospitales sin la clasificación para enfrentar estas realidades. Se niegan aplicar justicia si las industrias contaminantes dejan de operar y se retiran de un territorio, sin remediación. Incluso el proceso no contempla programa público ni privado de reconversión laboral y restauración ambiental, asociada al cierre de centrales, incluso invisibilizando el mundo subcontratado y la relación del trabajo indirecto.

Reconversión Laboral y Protección Social:

Para poder cumplir con estos parámetros importantes en una Transición Justa hay que por lo menos contener los siguientes elementos, debe haber fundamentalmente una transformación de estas industrias y los empleos asociados a ella, y para ello, diseñar, financiar e implementar programas de transición con generación de capacidades laborales, productivas, organizativas y culturales, tendientes a aprovechar las oportunidades que existen en cada comuna. También debe haber un trabajo de identificación de oportunidades y priorización de acciones para la reconversión económica local debe tener carácter participativo, inclusivo y contar con financiamiento, comunicación y promoción para su adecuada apropiación por parte de la comuna y la población local, además de su visibilidad a nivel nacional.

Comentarios finales

Por lo tanto, en Chile, el plan de descarbonización no cumple y no tiene principios de transición justa, pues desconoce factores sociales, políticos, culturales, laborales, etc. No considera la reconversión laboral de TODOS los sectores laborales. El cronograma no considera evaluación de la crisis ambiental, no establece matrices productivas social y ecológicamente sustentables.

Sumando a esto, la omisión deliberada del Gobierno anterior de considerar a los sindicatos y a la ciudadanía está estrechamente ligado a una concepción restringida del concepto cortoplacista de transición justa, y de evitar a entrar a temas de fondo como la autodeterminación de las comunidades sobre el territorio.

Tratando de generar aportes como Central Unitaria de Trabajadores, hemos creado la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, para apoyar en la construcción de una política pública de TJ, y hemos también solicitado al Gobierno actual, una MESA TRIPARTITA NACIONAL.

Por lo tanto, ¿Chile se dirige hacia una transición energética democrática y justa?

Aún no, ya que:

Actualmente tenemos una democracia de baja intensidad que afecta la gobernanza ambiental y energética con deficientes mecanismos de participación ciudadana dentro de un País extremadamente centralizado que posee mucha debilidad de instrumentos de planificación territorial.

Ni siquiera actualmente se ha iniciado un levantamiento serio sobre el daño real que han causado estas industrias en la salud, en lo social, en lo ambiental, etc. En las Zonas de sacrificios, incluso en los niños y niñas, aún hay intoxicaciones en los colegios de Quintero y Puchuncavi.

La Soberbia y lentitud de los Ministerios del gobierno para regular y establecer medidas en políticas públicas para el desarrollo ordenado de transición justa. Todo muy a criterio de las Empresas trasnacionales implicadas.

Institucionalidad ambiental. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

En relación con la institucionalidad ambiental y el SEIA (servicio de evaluación de impacto ambiental), tras el anuncio por parte del MMA (Ministerio Medio Ambiente) de que se reforzará su funcionamiento, aún vemos que es urgente que se aborden puntos y que urge resolverlos a la brevedad para fortalecerla, como, por ejemplo, Permisividad al fraccionamiento de proyectos para que no sea evaluado el impacto de un proyecto en su totalidad, existe deficiente evaluación de los efectos sinérgicos entre proyectos emplazados en un mismo territorio, en tema de Participación ciudadana SEIA, no sólo no es vinculante, sino que tampoco posee una influencia relevante en la toma de decisión final sobre los proyectos y esta participación en la EIA (evaluación de impacto Ambiental). Lamentablemente en la actualidad la ley considera procesos participativos sólo para aquellos proyectos que requieren un estudio de impacto ambiental.

El poder de las grandes Corporaciones y el rol de los tratados internacionales

Aún está al debe abordare de manera efectiva la influencia de las grandes corporaciones y el rol de los tratados internacionales para lograr un real resguardo de los derechos de los trabajadores ante las grandes inversiones,

Inversión extranjera en sector energético. Estatal china State Grid que a principios de 2021 adquirió la distribuidora eléctrica CGE, con lo que pasó a dominar el 57% del mercado de distribución eléctrica chilena.
Poder de las corporaciones. Caso Campiche.
Tratados internacionales de última generación. TPP11 y Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)
Impacto de las leyes y políticas laborales

-Actualmente la Legislación laboral que propicia la precarización de las condiciones de trabajo a través de la subcontratación, límites a la negociación colectiva y acción sindical.

Por ejemplo, las Termoeléctricas. 4.390 empleos directos (37% contratados y 63% subcontratados). En el sector laboral, de acuerdo con sindicatos, los servicios subcontratados representan cerca de un 80% y ha sido utilizado por las empresas principales como un mecanismo para abaratar costos a costa de los trabajadores. Por lo que no se cumple lo planteado por la OIT para un proceso de Transición justa en cuanto a un proceso mediante diálogo social significativo que tenga como resultado el trabajo decente para todos y todas.

La Constitución: Elementos en debate

– Cuestionar el rol subsidiario del Estado y propiedad privada como derecho supremo

– Constitución y modelo de desarrollo

– Constitución como marco de organización social en tiempos de múltiples crisis

– Necesidad de internalizar crisis climática, límites y desigualdades

– Constitución que des mercantilice, que fortalezca lo público, lo común

– Frente a la lógica estado privado privilegiar las comunidades, la democratización y la descentralización.

Finalmente ¿Transición Justa en Chile? Aun NO.

Bibliografía:

Central Sindical de las Américas https://csa-csi.org/. https://csa-csi.org/2022/11/04/cop-27-posicionamiento-del-movimiento-sindical-de-las-americas-frente-a-la-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico/

Las grietas de las izquierdas chilenas

julio 11, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Alfredo Joignant

La primera grieta se arrastra desde hace casi tres semanas: la llamaré una grieta moral. En la región de Antofagasta, se abre paso la noticia de que una fundación (“Democracia Viva”) estableció un millonario convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su estructura descentralizada (la SEREMÍA de Vivienda) con escasos requisitos y, sobre todo, sin mediar concurso público ni menos una decisión colegiada de financiamiento. Pero el problema escaló políticamente ya que el presidente de dicha fundación, Daniel Andrade, era la pareja de la diputada Catalina Pérez, quien fuese hasta hace relativamente poco tiempo presidenta de una de los tres partidos del Frente Amplio (“Revolución Democrática”). A partir de allí, es todo un patrón de conducta partidaria que comienza a ser denunciado, ya que varias de las personas que se vieron involucradas en este financiamiento pertenecen a Revolución Democrática.

Tras varios días de estupefacción y mucha confusión de los dirigentes de dicho partido (partiendo por su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, quien inicialmente blindó a quien fuese su antecesora a la cabeza del partido), se llevó el caso al Tribunal Supremo. Resultado: dos militantes expulsados y la diputada Catalina Pérez suspendida de su militancia, enredando de paso la gestión del ministro de Vivienda socialista Carlos Montes, lo que enturbió gravemente la relación entre Revolución Democrática y el Partido Socialista.

Si se puede hablar de un grieta moral con efectos políticos considerables es porque el Frente Amplio [la coalición del presidente Gabriel Boric] fundó su necesidad desde una escala de valores superior a la de toda la clase política chilena de los últimos 30 años: “nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió”, pudo declarar en serio el entonces ministro secretario general de la presidencia y fundador de Revolución Democrática Giorgio Jackson, desatando una andanada de críticas de las generaciones políticas previas.

La polémica solo pudo amainar con disculpas públicas del ministro: pero el choque intergeneracional ya había producido estragos. Pues bien, con el estallido del “Caso Convenios” que se inició en Antofagasta (ya son 9 regiones investigadas por distintas situaciones de la misma índole), lo que queda en entredicho es la pulcritud moral de Revolución Democrática, en la medida en que se sospecha tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco. Sin embargo, hay algo más profundo en esta oleada de denuncias y que trasciende con creces al Frente Amplio: lo que realmente está en discusión es un antiguo mecanismo de financiamiento de organizaciones de la sociedad civil para acompañar al Estado en la ejecución de programas sociales y de urbanismo que cualquier gobierno, sea este de izquierdas o derechas, no puede realizar por sí mismo.

Se instala así una política de financiamiento de la sociedad civil (en principio algo muy valioso, sino virtuoso), pero a partir de elecciones discrecionales de aquellas organizaciones que merecen ser financiadas, con lo cual se distorsiona tanto la política como su trasfondo ideológico-institucional (es porque la actuación del Estado chileno está restringida por el principio de subsidiariedad que su accionar se externaliza mediante agentes privados, con o sin fines de lucro). Por el momento, la cacofonía del escándalo es tal que no hay espacio para discutir este transfondo, permitiendo que lo que prevalezca sea la grieta moral que retóricamente divide a viejas y nuevas izquierdas.

La última semana vio emerger una segunda grieta, esta vez entre las dos viejas izquierdas comunista y socialista de la cual queda fuera el Frente Amplio. La llamaré una grieta memorial, ya que enfrenta a dos maneras distintas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Tras su participación en el podcast conducido por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, el delegado presidencial para coordinar las conmemoraciones del medio siglo desde que ocurriese la última catástrofe de Chile fue desmedidamente criticado por comunistas y decenas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos bajo los cargos -absurdos- de “negacionismo” y “relativismo”, a partir de un uso descontrolado de dos categorías que se tradujeron en cancelación y asesinato social. Es así como el delegado presidencial Patricio Fernandez sostuvo que “los historiadores y los politólogos podrán discutir” las razones de por qué se pudo desembocar en un golpe de Estado, sin dejar lugar a dudas a que las violaciones a los derechos humanos “son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

La polémica fue tal -se acusaba a Fernández de no condenar el golpe y de derivar en formas intolerables de negacionismo y relativismo- que éste tuvo que renunciar con el fin de no obstruir las conmemoraciones que ya comenzaron sobre algunas de sus estaciones intermedias (como por ejemplo el “tanquetazo”, un primer intento abortado de golpe de Estado que tuvo lugar el 29 de junio de 1973 y que prefiguraba la tragedia que tendría lugar dos meses después.

De esta forma se consumaba la derrota de una aproximación distinta a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en dictadura, aquella que consistía en hablarle al 80% de los chilenos que no vivió el golpe ni sus efectos más abyectos durante los primeros tres años de la dictadura (desde la masacre de 70 campesinos y trabajadores en Paine en octubre de 1973 hasta la desaparición de la dirección clandestina del PC en 1976 (calle Conferencia), pasando por la aniquilación de la dirección clandestina socialista en 1975, sin olvidar todas aquellas ejecuciones y desapariciones que se registraron desde el primer día del golpe).

Es con esa finalidad que Patricio Fernández propuso el guión MEMORIA, DEMOCRACIA, FUTURO, cuya orientación para conmemorar era mucho más universal, con el costo inevitable de una pérdida de carga emocional para los familiares de las víctimas a cambio de comunicarse con quienes no vivieron el periodo, y a quienes lógicamente no se les puede exigir la experiencia del dolor.

Con la salida de Fernández se sella el destino del guión, más allá de si este era viable con una derecha radicalizada por Republicanos, a la que se ha sumado una ola de parlamentarios de la derecha tradicional en una mezcla de oportunismo electoral y de convicción para incursionar en una coyuntura revisionista. En términos concretos, se optó por conmemorar apelando a la subjetividad de un número cada vez más pequeño de chilenos, a quienes sí les hace sentido seguir conmemorando del mismo modo de siempre, hasta que se produzca la extinción de ese mundo. Es exactamente lo mismo que ocurrió en Europa, por ejemplo en Francia, a una distancia temporal simétrica: en 1995 me encontraba en París defendiendo mi doctorado en el año de la conmemoración del fin de la segunda guerra mundial y de sus horrores, y me llamó la atención (que terminé rápidamente por entender) ese tufillo de indiferencia popular ante tamaña tragedia. Pues bien, no se le puede pedir a todo un pueblo lo imposible: conmemorar como si el tiempo no transcurriera.

El cambio demográfico es tan cruel como inevitable, y es lo que se pasó por alto en esta disputa por enmarcar esta segunda grieta, memorial, entre la aproximación particularista y un enfoque más universalista entre las dos izquierdas viejas, comunista y socialista, la última tragedia de Chile.

Estas dos grietas ponen en evidencia distintos tipos de distancias y equidistancias entre dos coaliciones gobernantes sobre temas esenciales, respecto de los cuales la coordinación entre tantas partes y micro-partes es prácticamente imposible. Ambas grietas ocultan una tercera, una grieta de proyecto entre todas las fuerzas aliadas, que bien podría eclosionar con ocasión del ciclo electoral que se inicia en 2024. //ELF

➡️COLUMNA aparecida en El País de España.

A 50 años del Golpe: Lo que tenemos que aprender

julio 11, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

EDITORIAL

Solo faltan dos meses para que rememoremos una vez más el Golpe de Estado, que el país vivió hace cincuenta años. Un hecho histórico que marcó nuestras vidas, la de nuestros padres y de las nuevas generaciones de chilenas y chilenos.

Cincuenta años puede ser mucho tiempo en el pasar de una persona, pero también puede ser un breve suspiro en la historia de un pueblo. Lo que llama la atención en estos días es la instalación desde los mundos conservadores y de las derechas políticas de una visión relativista sobre lo que significó el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende y la dictadura cívico militar que se instaló a sangre y fuego por diecisiete años en nuestro territorio. Lo que nos pasó como nación es algo que nunca más podemos vivir, tenemos que aprender de los errores y los horrores.

El presidente muerto, los y las compatriotas detenidos desaparecidos, los que fueron ejecutados a mansalva y los miles que sufrieron el exilio, la tortura y la persecución política son parte de las heridas que aún no sanan en un Chile que sigue sin reparar ni llevar justicia por todo el dolor vivido. En eso no puede haber dos lecturas, ni relativismo histórico, ni consideraciones a tener en cuenta.

Necesitamos aprender, aprender que nada justifica el asesinato y el exterminio de unos que piensan distinto de otros en el accionar político, nada justifica el arrojar al mar cuerpos de chilenas y chilenos amarrados a un riel de tren para nunca más saber de ellos, nada justifica el silencio cómplice de militares y civiles que cobardemente no han sido capaces de entregar verdad y consuelo a familias que aún siguen esperando por sus seres queridos. Si como sociedad no aprendemos de todo esto lo que hemos vivido en estas cinco décadas será en vano. Quedará abierta la puerta, entonces para que en el futuro aquello que dijimos nunca más, pueda volver a ocurrir.

Será nuestro fracaso, será nuestra derrota. //ELF

Democracia Viva, una cuestión de información

julio 9, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Militante del Partido Demócrata Cristiano. Autor del libro «La Democracia Cristiana y el crepúsculo del Chile Popular».

Todo lo que sabemos desde que Timeline, un diario digital de Antofagasta, publicó los recursos asignados a Democracia Viva no sería noticia hoy si los datos que conocemos hubieran sido tratados del mismo modo que ocurren las transacciones de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, o sea, empleando tecnología de registro de información en bloques encadenados.

Sin embargo, vale preguntarse, ¿qué convierte los asuntos de Democracia Viva en noticia? Los hace dignos de atención el hecho de haber sido revelados como noticia.

Timeline tituló entonces: «En dos meses: fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta». Pero, no es que los datos hubieran estado ocultos, pues la información conocida siempre fue pública o, más precisamente, siempre estuvo disponible para ser conocida por quien se interesara en ella.

Y así lo demuestra el talante inquisitivo de la prensa que, a partir de un mail filtrado por funcionarios del Serviu, a través de WhatsApp, produce el efecto deseado.

Toda la maraña de antecedentes, informes, hechos, circunstancias, cifras, etc., yacía ahí, como cosas improductivas, hasta que las empresas de comunicaciones les agregaron valor, transformándolas en mercancías.

Y nada ha prohibido u obstaculizado este lucrativo emprendimiento capaz de transmutar un suceso administrativo rutinario en un escándalo que, según la definición española, es el “hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos”.

Sin duda ahora todo esto es un escándalo, pero vale preguntarse, si lo difundido se exhibe como algo ilícito. ¿Realmente lo es?

Si desde un principio la información que recibimos hubiera estado sistematizada en bloques encadenados, probablemente nuestras impresiones acerca de los convenios suscritos con corporaciones privadas serían menos dramáticas.

Quizá lo que hoy consideramos un problema de probidad sería visto como un problema político de redistribución. No nos preocuparíamos exclusivamente de las fundaciones, sino que también pondríamos los ojos, por ejemplo, en las universidades privadas.

Tal vez no prestaríamos tanta atención a los lazos afectivos, domicilios y biografías de los involucrados, sino a cómo se reparten los escasos recursos tributarios de nuestro quincuagenario Estado subsidiario.

Desde luego, no dejaríamos que el exhibicionismo periodístico fuera usado como arma arrojadiza contra amigos y camaradas de partido y de coalición.

Todo ello perdería relevancia e interés general a la luz de un registro público al alcance de todos los usuarios acreditados, como ocurre con historiales médicos, cadenas de suministro, contratos de compañías de seguros, procesos electorales, propiedad y enajenación de bienes raíces, y, por cierto, información fiscal del sector productivo nacional y de salud, cual es el caso de Estonia, y de seguridad y logística, por citar el ejemplo de Australia.

Un bloque es una memoria cibernética que contiene tres tipos de datos. Primero, incluye información sobre transferencias financieras, emisor de la agencia estatal, receptor de la agencia privada, fecha de la transferencia, cantidad transferida, reasignación de los recursos por la agencia privada, destinatario, y así por el estilo.

Segundo, provee información sobre la identidad del respectivo bloque, que es un número único e irrepetible. Y tercero, posee información acerca de la identidad del bloque que le precede, a fin de ensamblar con éste y con el bloque que le sucede, y poder integrarse en una cadena. De aquí el nombre de tecnología blockchain con que se le conoce.

El sistema garantiza trazabilidad, conexión e inmutabilidad. Es seguro, y no sólo porque resulta imposible de hackear, sino porque la ilegal manipulación de la información, contenida en un determinado bloque, altera el número que lo identifica impidiéndole volver a encajar en la serie.

Luego, todas las operaciones quedan registradas, son observadas y su es traza verificada, por una multitud de usuarios con acceso autorizado a la cadena de datos. Al ser transparente y participativo se torna igualmente legítimo, porque fortalece las confianzas y ofrece certezas jurídicas.

Pero, contra toda tentación autoritaria ―y esta es una de sus mayores ventajas―, pone a salvo la institucionalidad democrática de las limitaciones de acceso a la información y de la supresión de los controles legales sobre el uso de los recursos públicos. Es, en suma, un libro de cuentas descentralizado.

En la tecnología de bloques encadenados son los usuarios los que certifican la validez de los instrumentos puestos a disposición. Aquí se prescinde de los controladores de medios, de la Contraloría, del Fiscal Nacional, y del Consejo para la Transparencia.

No se necesitan comisiones ad hoc creadas para conciliar caldos políticos de irascibilidad y mala voluntad, que no sirven para enmendar la bizarra relación entre lo público y lo privado.

Las comisiones investigadoras, lo mismo que las acusaciones constitucionales, se tornan infructuosas, pues pierden su eficacia como aparatos de castigo electoral. El gran juez es la ciudadanía democrática. //ELF

Universidad Austral bajo la lupa

julio 7, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Iván Flores

Sendador por Los Ríos

Cuando las instituciones relevantes tambalean, los efectos pueden ser insospechados. Hoy, es la Universidad Austral la que pasa por un momento crítico.

La UACh tiene más de 5.000 funcionarios y docentes, 18.000 estudiantes y administra un presupuesto superior al del gobierno regional. Creada por un visionario, don Eduardo Morales M., para cambiar el destino del sur austral de Chile, hoy enfrenta un panorama complejo.

La UACh ha sorteado dificultades, logrando un espacio relevante en la educación nacional y esencial para el sur austral del país; espacio que no puede perder.

La universidad tiembla y se tambalea, y si ello ocurre tiembla la región, porque no es solamente la institución regional más importante, sino que la mayor empresa respecto del capital o de recursos económicos que mueve, como por el número de trabajadores y estudiantes y su impacto en la comunidad de tres regiones de Chile.

Cuánta falta hacen personajes como Morales, que conduzcan la institución por el cauce para la cual fue concebida: el de la excelencia académica, de institución transformadora, eficiente, valorada por todos y con equipos conductores que sean capaces de colocar a la UACh a la altura del futuro, que será más difícil y desafiante que las certezas del monopolio inicial.

De lo contrario, si no se ajusta y mejora, puede que no le quede otro destino que minimizarse frente a una competencia feroz con las privadas. Es imperativo refrescar los equipos conductores. El directorio, consejo académico y otros estamentos universitarios deben mejorarse y tomar cartas, urgentemente.

La experiencia académica o de investigación nunca ha sido condición aseguradora de buena conducción.

La Universidad Austral está bajo la lupa del Mineduc, del país y de la ciudadanía de la región, o al menos de algunos de nosotros que observamos con mucha preocupación su actual situación y donde esperamos se mejore su calidad y eficiencia, y no sólo se busque despedir trabajadores. //ELF

Golpe de Estado en Chile: Aclarando responsabilidades

julio 5, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Mauro Basaure

Universidad Andrés Bello. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

En relación con el golpe de Estado y, más allá de él, en nuestros propios días el juicio ciudadano no requiere partidismo ni abanderamientos, sino solo una decisión sobre qué es lo correcto, si la continuidad de la democracia o su quiebre.

La tesis que defiendo en esta columna es que la calificación y asignación adecuada de responsabilidades en el golpe de Estado en Chile de 1973 solo es posible si se toman como referencia los esfuerzos de Salvador Allende por buscar una salida política e institucional a la aguda crisis en que se vio sumido el país.

Para sustentar mi tesis es necesario establecer una distinción entre el contexto de la crisis de la Unidad Popular (UP), de una parte, y el contexto de la búsqueda de salidas a la crisis, de la otra. El punto de inflexión que marca la diferencia entre ambos contextos es el temor a la guerra civil, expresado por la gran mayoría de los actores, incluido Allende. Efectivamente, a partir de un determinado momento (sobre todo después del Tanquetazo en junio del 73), la crisis en la que estaba sumido el país adquiere tal gravedad que entró en el horizonte de previsión realista una posible guerra civil. Ello produjo en algunos actores ⎯no en todos, sí en Allende, sí en los golpistas⎯ la consciencia clara de tener que intervenir para evitar ese desenlace.

Para delinear mi argumento no necesito descreer de la justificación de la Junta Militar cuando indica que llevó a cabo el golpe de Estado para evitar una guerra civil. Tal postura es, sin duda, problemática, pero pido por el momento que se me conceda ese crédito. Las razones se harán evidentes con el desarrollo del argumento. El punto relevante ⎯que permite delinear las responsabilidades frente al golpe⎯ es que hubo otra salida posible, que era la que buscó Allende hasta el mismo 11 de septiembre: la salida político-institucional. Hubo dos salidas en el escenario, eso no debe olvidarse por el hecho de que solo conozcamos la que se llevó a cabo, el golpe de Estado.

No hablo aquí de la vía democrática al socialismo (contexto de la crisis), sino de que Allende estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto ⎯terminar su gobierno⎯ para salvar la democracia (contexto de salida a la crisis). Los dos Allende relevantes ⎯ambos en un registro político⎯ son estos y no otros: el Allende en la difícil compañía de los partidos de la UP, y el Allende solitario que rompió con esa coalición buscando salvar la constitucionalidad democrática del país. Los hechos históricos principales y documentados para sostener ello son dos.

El primero consiste en las reiteradas solicitudes de reunión que Allende hiciera a Frei Montalva y Patricio Aylwin, por intermediación del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien estaba completamente al tanto y comprometido con la salida político-institucional buscada por Allende. Jaime Guzmán testificó con temor y hasta desprecio este rol del cardenal. Allende, conversando con la oposición, a instancia de la Iglesia católica, en contra de su coalición, eso es lo que se debe sopesar. Más clave aún son las conversaciones de Allende con los partidos de la UP.

Ampliamente documentado está el hecho de que Allende defendió frente a su coalición de gobierno tres vías concretas para la salida político-institucional: un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano (DC); un plebiscito sobre la continuidad de su gobierno; o un gobierno de Seguridad y Defensa Nacional ⎯acotando que, de no ponerse de acuerdo la UP en torno a alguna de estas alternativas, lo dejasen a él tomar la decisión–. La opción de Allende fue la de llamar a plebiscito sobre la continuidad de su gobierno, a sabiendas de que era muy posible que lo perdiera. El discurso que lo anunciaba estaba organizado para el mismo 11 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Universidad de Santiago de Chile).

Esto suponía una ruptura con la UP, quienes rechazaron todas y cada una de las alternativas, también la de que Allende decidiera entre ellas.

De igual manera, está documentado que el día 10 de septiembre el Partido Comunista (PC) se plegó a la propuesta presidencial de un plebiscito de salida a la crisis, al mismo tiempo que acordó el quiebre con el resto de los partidos de la UP.

Se sabe además que los comunistas le hicieron a Allende la contrapropuesta de acortar a cuatro años su mandato. La respuesta de Allende a esta contrapropuesta nunca se llegó a conocer.

Pinochet contó con esta información privilegiada. Ello detonó que la salida golpista a la crisis se anticipara a la salida institucional. Allende sabía lo preocupante y agudo de la situación, pero no podía saber que su decisión adelantaría el golpe de Estado.

Por simple lógica no tiene sentido decir que su decisión fue tardía, o lo tiene solo si con ello se quiere señalar que fue anticipada por la salida golpista. Lo único cierto es que tomó esa decisión, y esa actuación responsable, agencial y proactiva, pudo haber cambiado la historia de nuestro país.

Si se toman en serio y como referencia estos esfuerzos de Allende, entonces recién ahí cabe calificar y asignar adecuadamente las responsabilidades en el golpe de Estado en Chile de 1973. Sin pretensiones de exhaustividad ni menos de análisis histórico, presento aquí rápidamente dicha delimitación en torno a tres actores fundamentales: los partidos de la UP, los líderes de la DC y las jefaturas militares que acometieron el golpe.

Los partidos de la UP, en especial el Partido Socialista de Chile, tienen responsabilidad culpable tanto en el contexto de la crisis como en el contexto de salida a la crisis.

En el primero se trata de una responsabilidad que cabe llamar sistémica en el sentido de que co-contribuyeron a generar un clima de polarización extrema que configuró a su vez el escenario de una guerra civil, previsto y temido por todos los actores. Esto ha sido ampliamente documentado y no cabe ahondar en ello.

Más importante aquí es su responsabilidad en el contexto de salida a la crisis: ahí tuvieron una responsabilidad culpable que cabe llamar evitativa, en el sentido claro y estricto de haber entorpecido directamente la salida político-institucional buscada por Allende, al punto de que este tuvo que decidirse a romper la coalición para poder llevarla adelante.

Pese a su postura inicial, el PC se libera de esa responsabilidad evitativa, pues terminó por apoyar la iniciativa de Allende.

¿Tuvo algún tipo de responsabilidad la DC en el contexto de la crisis? Eso es algo que no puedo responder sin un análisis histórico más profundo. Digamos que no, pues el punto clave es otro: su responsabilidad en el contexto de salida a la crisis es meridianamente clara. De acuerdo con los antecedentes históricos conocidos, Frei Montalva y Patricio Aylwin no tienen responsabilidad agencial en la salida golpe de Estado, y tiene poco sentido acusarlos de ello. Su responsabilidad culpable viene por otro lado. Ellos optaron clara y decididamente por no comprometerse con la salida político-institucional, a la que los convocaba Allende.

Frei, en particular, argumentó su rechazo a asistir a esta convocatoria en términos de una responsabilidad evitativa; esto es, abstenerse calculando las consecuencias negativas que tendría para su partido el entrar en conversaciones con Allende. En este sentido, Frei y Aylwin tienen una responsabilidad equivalente a la de los partidos de la UP, por haber evitado comprometerse con la salida político-institucional. O Frei y Aylwin siguieron calculando y operando en el contexto de la crisis ⎯es decir, sin el estado reflexivo que requería el contexto de salida a la crisis⎯, o, lo que es más plausible, contrario a su tradición, ya habían asumido el costo institucional de la salida golpe de Estado. En todo caso, juzgado este accionar en términos de sus consecuencias históricas, es evidente una responsabilidad por omisión y, en este sentido, es un accionar no exento de culpa.

Por último, la responsabilidad de los militares que acometieron el golpe de Estado es distinta. En el contexto de la crisis, su responsabilidad sistémica solo puede residir ahí donde fue posible enterarse de prácticas conspirativas y preparativas de lo que luego sería el golpe de Estado. En la medida que ellas fueron conocidas, contribuyeron a la reproducción del fenómeno de la polarización y la agudización de la crisis. No mucho más se puede decir al respecto. Ahora bien, su responsabilidad fundamental se enmarca en el contexto de salida a la crisis.

Como decía más arriba, mi análisis no requiere descreer de la justificación de la Junta Militar cuando afirma que el golpe de Estado se llevó a cabo para evitar una guerra civil. El golpe habría sido un “mal menor” frente a una inminente guerra civil, que es el “mal mayor”; es decir, el derramamiento de sangre de compatriotas. Asumamos que así fue. ¿Es ello razón para considerar, como hasta hoy hacen muchos, que se trató de un acto de responsabilidad agencial en sentido positivo? Hay dos grandes argumentos para responder negativamente.

En primer lugar, hay un argumento que requiere considerar lo ocurrido después del golpe. Los miles de muertos, desaparecidos, torturados, perseguidos, exiliados, y la larga dictadura, son hechos indesmentibles que invalidan esa justificación. Si los militares hubiesen evitado en lo posible el derramamiento de sangre y hubiesen limitado al mínimo el uso de la fuerza, junto con proceder a entregar el poder a instituciones civiles en el más corto plazo (cuestión que era el cálculo y la ingenua esperanza de los democratacristianos que justificaron el golpe de Estado), tal vez hubiesen podido justificarse de mejor manera como quienes asumieron una responsabilidad moral (positiva) frente a un inminente “mal mayor”.

Cuando la salida a una crisis supone cuestiones tan costosas como el quiebre de la democracia y costos en vidas humanas, la acción responsable positiva es buscar mitigar al máximo esos costos. Pero en vez de mitigarlos, se exacerbó la barbarie.

Por ello, los terribles hechos ocurridos desde el mismo golpe y durante la larga dictadura ubica a quienes lo llevaron a cabo en el terreno de la responsabilidad agencial culpable. Ello resulta inapelable.

En segundo lugar, hay un argumento que refiere al golpe de Estado mismo, no a sus terribles consecuencias, y este es el argumento clave aquí. Sabemos que la justificación racional de la violencia supone siempre que ella ⎯la violencia como medio para alcanzar un fin⎯ sea la única alternativa existente. De haber otras alternativas conocidas, la violencia pierde este tipo de justificación, y la validez deviene mera facticidad. Por este motivo, la documentación de los esfuerzos de Allende por lograr una salida político-institucional (repito, esfuerzos conocidos por quienes darían el golpe), es tan relevante histórica y lógicamente.

Su relevancia reside en que la existencia efectiva de una vía alternativa para evitar la guerra civil echa por tierra la justificación del golpe.

Lo hace porque ambas alternativas de salida a la crisis no están al mismo nivel desde el punto de vista moral: el quiebre de la democracia es siempre algo negativo comparado con la continuidad de ella. Puesto que había otra alternativa, la violencia era una vía posible, pero no necesaria para evitar la “guerra civil”.

Por este motivo la salida golpe de Estado se ubica necesariamente en el terreno de la responsabilidad agencial culpable.

🔵COLUMNA publicada en ElMostrador:

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2023/07/05/golpe-de-estado-en-chile-aclarando-responsabilidades/