En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Papelón electrónico de la licencia médica

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Por César Olivares Formas, doctor

El Reglamento de Autorización de Licencias Médicas -que data de 1984- ha sido modificado y, a partir del 1 de enero es obligatoria la emisión electrónica de dichas licencias, lo cual ha generado serios problemas tanto a instituciones como a profesionales de la salud.

Estas dificultades están relacionadas, básicamente con las deficientes capacidades tecnológicas tanto de los proveedores del sistema (sólo dos y privados), como de las instituciones de salud, tanto estatales como privadas, lo que genera fallas constantes en el sistema, que se acentúan más en las postas rurales y/o zonas alejadas del territorio nacional.

Ante esta situación, la respuesta de las empresas proveedoras del sistema no sólo ha sido lenta, sino también, en muchos caso, nula, pues los profesionales que han solicitado adscribirse a este servicio reciben una comunicación automática de: “nuestros ejecutivos de venta se comunicarán contigo a la brevedad” y esa comunicación nunca llega.

Otro de los obstáculos con que se encuentran, tanto los profesionales como las instituciones, están asociados a las bases de datos que contienen las huellas digitales, tanto de ellos como de los pacientes y unido a estos problemas, se reportan además inconvenientes con la compatibilidad con los sistemas operativos, como el de Macintosh así como los de los sistemas de salud de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ya que no están incorporados a esta modalidad de emisión.

Un ejemplo de proceso de informatización exitoso, es el sistema de “Digitalización de Recetas” que, sin dudas, ha facilitado la prescripción de medicamentos en tiempos de pandemia, que incluye hasta los psicotrópicos y estupefacientes, incorporando las tecnologías adecuadas para compatibilizar a los diferentes actores involucrados tales como: médicos prescriptores, usuarios y químicos farmacéuticos, bastando una conexión a internet, Clave Única y la inscripción de éstos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud.

Esta experiencia, sin embargo, no ha sido tomada en cuenta en la modificación para hacer obligatoria la emisión de la licencia electrónica pues, no cabe duda de que, para que el sistema funcione, deben estar incorporados todos los actores involucrados, siendo los empleadores, pieza clave en este engranaje.

Esta deficiencia se manifiesta claramente en el siguiente análisis:

Si el empleador no está “informatizado” (adscrito al sistema), la licencia es emitida electrónicamente pero con copia en papel, enviada por correo electrónico, para luego, en las contralorías, ser transformada en electrónica nuevamente. Estas licencias son catalogadas con el eufemismo y anglicismo de “semifull”, cuando su traducción,  perfectamente válida en español  es: licencia electrónica de papel.

A pesar de todos los problemas señalados, esta modificación es de obligatorio cumplimiento para los emisores, entonces: ¿Por qué no es de obligatorio cumplimiento  para todos los participantes del sistema?

El resultado de estas decisiones apresuradas y sin ningún sustento tecnológico y adecuado desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan su aplicación eficiente y ordenada, ha generado que se siga usando la licencia de papel, hasta tanto sean solucionados los problemas mencionados. Para ello se proporcionará un talonario anual a cada profesional que se enfrente a las fallas del sistema, incluido, y que ya se ha señalado, la dificultad con la huella dactilar y otras excepciones.

Nuevamente estamos frente a una decisión absurda en tiempos de pandemia, que mantiene y perpetúa la alternativa frente a lo dispuesto legalmente, por la improvisación y falta de una estrategia que incorpore a todos los involucrados en el sistema. 

Cabe entonces preguntarse:

¿Por qué si, según las autoridades responsables de este tema y las estadísticas presentadas demuestran que la emisión electrónica ha aumentado año a año, llegando el 2020 a 5.300.592, ahora se hace obligatoria esta forma de emisión a pesar de ser la forma mayoritaria de emisión?

Es obligatorio entonces emitir licencias tanto electrónicas como de papel, o sea, estamos sencillamente frente a un papelón electrónico.//ELF

Alcaldes presidenciables, inaceptable

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Por Pablo Jaeger

Concejal por Providencia y candidato a alcalde DC por esta comuna

La Sra. Matthei ha informado recientemente por la prensa que podría ir de candidata a la reelección en Providencia y después, si gana, ser candidata a Presidenta de la República, renunciando al cargo de alcaldesa. Lo haría porque no habría “impedimento legal” y “todos lo hacen”.

Antes, el 30 de agosto pasado, había declarado que era “inaceptable” ir de candidata a alcaldesa y renunciar después para ir por la Presidencia. Ahora, tres meses más tarde, ha dejado de ser “inaceptable”.

Yo sigo pensando que es inaceptable, y agrego que sería inmoral, grosero e ilegal, además de una grave falta de respeto a los vecinos de Providencia.

Veamos cómo podrían ser las cosas: la alcaldesa se presenta de candidata a alcaldesa; en las elecciones de abril de 2021 eventualmente es electa; en mayo asumiría el cargo; ese mismo mes, o en junio, renunciaría al cargo de alcaldesa si decide ser candidata a Presidenta; el Concejo de Providencia tendría que elegir entre sus integrantes al nuevo alcalde, que estaría en funciones hasta el final del período.

Así, los vecinos de Providencia tendrían de alcalde por 4 años a una persona que nunca fue candidato a ese cargo. ¿Qué les parece? ¿Es aceptable?

Por otra parte, que la Sra. Matthei les informe a los vecinos que puede presentarse de candidata a alcaldesa, pero pensando en ser candidata a Presidenta, también es inaceptable. Es un engaño, pero además demuestra falta de compromiso con la comuna. Nos dice, «puedo ser esto o lo otro, según mi propia conveniencia».

Asimismo, creo que esta oscura maniobra es ilegal. Nos preguntamos si se ajusta a la probidad administrativa una acción como esta, que pudiera devenir en un “notable abandono de deberes” de la alcaldesa presidenciable. El artículo 8 de la Constitución señala al respecto que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que según la ley significa “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Así las cosas, juzgue usted si competir en una elección sabiendo que podrá renunciar si resulta electa, para ser candidato a otro cargo, es una actitud honesta y leal. O, peor aún, no se hará evidente que la candidata está anteponiendo su interés personal por sobre el interés general. Los vecinos de Providencia tienen la palabra.

De más está decir que todo lo aquí señalado también es aplicable a los alcaldes Lavín y Jadue.//ELF

Limitar intereses por mora no perjudica al sistema financiero

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Por Andrés Palma

Economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible 

Las últimas semanas, desde la industria financiera, se ha hablado mucho sobre «retrocesos en inclusión financiera», a raíz de indicaciones aprobadas por la Cámara a un proyecto de ley que está en discusión en el Senado. Se ha afirmado que de aprobarse dichas disposiciones se produciría una desbancarización y se las ha calificado como “buenas intenciones con malos resultados”, entre otras alusiones.

Las reformas, que han sido propuestas por parlamentarios de diversos sectores políticos, apuntan a fortalecer, transparentar, hacer más justo y alinear los incentivos en el sistema de créditos en Chile.

Una de ellas tiene por fin regular o limitar los intereses que pueden ser cobrados en caso de mora del deudor; otra, con la posibilidad de crear un sistema en tiempo real y automático de consulta de seguros que les permita a los titulares de los mismos conocer efectivamente aquellos seguros que tienen vigentes, ya sea para hacer uso de ellos o para no incurrir en una nueva e innecesaria contratación sin tener conocimiento, como suele ocurrir.

Regular o limitar los intereses por mora no significa perjuicio para el sistema financiero, ya que no impide que este sea mayor al interés corriente, sino sólo consiste en terminar con una práctica que se origina en una relación desigual entre el deudor y el acreedor, al igual como ocurre cuando existe más de un seguro para cubrir un mismo eventual siniestro, dando origen a un “sobre aseguramiento” que no tiene efecto práctico.

Ambas son prácticas abusivas que contribuyen a dar origen al malestar ciudadano que prevalece en nuestra sociedad, y su corrección no afectará el funcionamiento del sistema financiero y mejoraría la convivencia social.

La norma que ha generado mayores controversias propone que las entidades financieras paguen igual parte de la prima de los seguros que deben contratarse.

Esta norma es del todo justa, ya que el beneficio de los seguros favorece tanto a la parte deudora como a la acreedora, los bancos e instituciones financieras (disminuyendo el riesgo del préstamo y recibiendo prestaciones directas en caso de siniestro), y no tiene otra razón que la desigual relación, para que la parte más débil deba correr, como hasta ahora, con la totalidad del costo.

Por otra parte, la norma intenta alinear los incentivos en el sistema financiero, al establecer que no debe haber premios por la contratación de seguros, que normalmente constituyen un requisito para otorgar un crédito y no tiene sentido un premio si ese requisito no existe.

Lo anterior no es solo deseable y justo tomando en cuenta que, además, hay vínculos de propiedad entre las compañías de seguros y las entidades financieras, por lo que adoptar estas disposiciones contribuye a que el sistema financiero completo se vuelva más transparente, robusto y estable, y que sus utilidades se generen por la legítima gestión eficiente de su negocio.

Se señala, para contraargumentar, que de aprobarse estas disposiciones las entidades financieras traspasarán todos los costos a tasas de interés.

Esto puede ocurrir, pero tiene dos límites claros, por una parte la competencia y transparencia que se logra limita dicha posibilidad y por otra, al transparentar todas las condiciones por la vía del sistema centralizado de registro de seguros, y eliminar las comisiones por venta de seguros, habrá una rebaja efectiva de costos.

Adicionalmente, y por lo antes expresado, ninguna de estas medidas disminuiría el acceso al sistema financiero, y posiblemente lo aumente.

Coautor Francisco Meneses, Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Chile; Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile; Master en Economía Agricultural y Aplicada, University of Wisconsin-Madison, USA y Master en Políticas Públicas, Harvard University, USA.

Camilo Catrillanca vive

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Por Camilo Escalona

Ex presidente del PS

Hace dos años, el mortífero disparo de un arma de guerra causó la muerte al comunero mapuche, Camilo Catrillanca, procedía del fusil de un carabinero del “Comando Jungla”, una unidad policial militarizada, cuyos efectivos atacaron a la joven víctima por la espalda y sin posibilidad alguna de protegerse para salvar su vida.

Esos carabineros fueron enviados por orden presidencial a la Araucanía como parte de una estrategia de violenta confrontación con el pueblo mapuche, el pueblo originario que luchó indómito contra la implantación del régimen colonial, que preservó su identidad, pero que también interactuó y mezcló con los ocupantes de su territorio y después de la Independencia Nacional sufrió por el avasallamiento en sus tierras por la acción del Estado oligárquico que se impuso y configuró hasta llegar al Chile actual.

El asesinato de Camilo Catrillanca conmovió a Chile y cuestionó en su raíz la militarización de la Región que, usando a Carabineros como fuerza de choque, ha implementado el gobierno, por orden del Presidente de la República, el que actúa imbuido del criterio extremista de la oligarquía agraria.

En efecto, con su habitual simplificación de la realidad chilena y de los hechos políticos, económicos, sociales y culturales, a fines de Junio del 2018, Piñera fue a instalar como gran solución a la demanda histórica del pueblo mapuche, el llamado “Comando Jungla”, principal fuerza de choque de esa perversa estrategia que solo aumentó la violencia estatal en la región.

En esa ocasión, el gobernante dio abundante material audiovisual, filmándose delante de los uniformados armados como si fuesen a combatir en una zona del mundo devastada por aquellas contiendas bélicas sin control, con miles o decenas de miles de víctimas. Su irrefrenable afán mediático lo hizo avalar un equipamiento y preparación totalmente ajenos a la función policial.

Con esa puesta en escena cometió un error garrafal, autorizó la violencia policial, por generar un clima bélico, totalmente artificial que alimentó en los efectivos allí emplazados, el impulso represivo con que fue acribillado a mansalva, arriba de su tractor de trabajador del campo, Camilo Catrillanca.

En las horas y días siguientes hubo intentos de ocultar la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, sobrevivió el joven mapuche que estaba junto a la víctima el que gracias al apoyo que le brindó el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo imposible el montaje de las fuerzas represivas. Así se derrumbaron las falsedades que se fraguaron sobre la marcha y los involucrados empezaron a reconocer lo acontecido. La verdad se impuso, pero los culpables y sus defensores han estado retardando la justicia.

El gobernante no estaba en Chile, en su galopante autocomplacencia fue de viaje pretendiendo codearse con figuras de peso global en un evento internacional, pero el crimen del comunero mapuche frustró tales devaneos, en cosa de minutos se vio en la obligación de volver a toda prisa, porque el gabinete de sus incondicionales hacía agua.

La decisión de militarizar la Araucanía se convirtió en un boomerang y el Comando Jungla se tuvo que retirar, pero el plan de militarización continúa, por eso, la derecha ha insistido una y otra vez en involucrar al Ejército en la represión a las comunidades, lejos de aceptar que se necesita un nuevo trato con el pueblo mapuche, que reconozca sus derechos históricos.

Asimismo, al desnudarse las falsas versiones de los involucrados se derrumbó la autoridad del Alto Mando de Carabineros lo que fue usado por Piñera para su descabezamiento y la imposición de su ex edecán como Director General. El “gustito” que se dió Piñera con esa promoción arbitraria y “amiguista”, fue otra andanada en contra del profesionalismo en Carabineros y su crisis institucional ha llegado a su máxima expresión.

Desde entonces la violación de los Derechos Humanos pasó a ser práctica habitual en la Institución. En los hechos, ante las movilizaciones sociales, hacen lo que quieren. Cuando lo deciden actúan sin freno alguno y si no lo quieren dejan las custodias, sin explicación alguna, como pasó con las abandonadas Iglesias incendiadas en las cercanías de la plaza de la Dignidad.

El dolor por el crimen de Camilo Catrillanca cambió profundamente la situación en la Araucanía y suscitó una solidaridad en el pueblo chileno, de tal magnitud, tan amplia y masiva que, en el estallido social, en octubre del 2019, la bandera mapuche tuvo un lugar esencial. El reconocimiento de sus derechos, el respeto a sus raíces ancestrales y la devolución de las tierras usurpadas, el acceso a las aguas, la preservación de su cultura y el estudio de su lengua se han instalado en el centro de la agenda del país.

El martes de esta semana, Piñera volvió a la Araucanía, ya no tiene el Comando Jungla para hacer noticia y perdió toda autoridad por su incompetencia. Su gobierno se acabó, no tiene más que un plazo de término que no ha cumplido.

Al cumplirse dos años del crimen de Camilo Catrillanca, Piñera no tuvo la estatura política para encontrarse con su familia o los lonkos que representan las comunidades que han debido soportar el impacto de la violencia estatal instigada por intereses ultraconservadores, cuya defensa es lo único que rompe la inercia burocrática del gobierno.

Pero, azuzado por el berrinche de un sector político que lo respalda, Piñera viajó con el fin de hacer otro anuncio parafernalico: la designación de un “coordinador de seguridad” para lo que llamó “Macro Zona Sur”, o sea una fanfarria burocrática que no significará nada. Tan pomposa denominación ni siquiera tenía quien la ejerciera. Otro más de una lista interminable de voladores de luces, a la espera que la represión o un milagro puedan hacerse cargo de su ineptitud política.

Chile y el pueblo mapuche deberán seguir a la espera de un nuevo gobierno que, con auténtica vocación nacional, reabra el diálogo, aborde los temas de fondo y formule una vía de solución.

Al aprobarse, en el Plebiscito del 25 de octubre la redacción de una nueva Constitución, nacida en democracia, a través de una Convención Constitucional, floreció la causa mapuche y de los pueblos indígenas. Así Camilo Catrillanca vive, su presencia vuelve a latir en la demanda histórica que pretendía ser acallada cuando fue vilmente asesinado.

La Convención Constitucional es un órgano único, político e institucional, para avanzar en la puesta al día del carácter democrático, en el reconocimiento de la pluriculturalidad y diversidad, que conforman el Estado de Chile hoy y en las próximas décadas.

Chile-Colombia: inquietantes y tóxicas relaciones en nuestra América

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Por Jorge Vera Castillo.

Analista político 

Históricas, normales y respetuosas relaciones bilaterales chileno-colombianas han sido distorsionadas, en los contextos regional de América Latina y el Caribe y subregional de Suramérica, durante los dos períodos presidenciales de Sebastián Piñera Echeñique y, con particular énfasis, durante su actual gestión, en pleno desarrollo, desde el 11 de marzo de 2018, lo cual constituye una complejidad estratégica sensible, para tenerla muy en cuenta y que, amerita hacerle un agudizado seguimiento permanente.

El anterior y conocido relacionamiento bipersonal de Piñera con el execrable ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, y ahora con el actual, Iván Duque Márquez -“heredero” y súbdito político del anterior-, se ha transformado en un elemento contaminante y perturbador para las referidas relaciones bilaterales, y las decisiones soberanas de la Política Exterior Chilena.

Son públicos los contactos estrechos, personales y políticos del Presidente Piñera, su ex ministro de Defensa (en su segundo período presidencial) y ex senador, Alberto Espina Otero, y su ex ministro de Defensa (en su primer período presidencial), ex senador y ministro de Relaciones Exteriores (en este su segundo período presidencial), Andrés Allamand Zavala, con Uribe Vélez y con su entorno compartimentado, de mayor confianza encriptada, en defensa, información política y seguridad estratégica.

La constatación de esos intrincados vínculos ya se remonta, incluso, con anterioridad a que Piñera iniciara su primer período presidencial, el 11 de marzo de 2010, con la muy publicitada visita que, los tres mencionados, en párrafo precedente, hicieron a ciertos territorios de Colombia, como unos privilegiados invitados de Uribe Vélez, en pleno ejercicio de su segundo mandato presidencial, a mediados de julio de 2008, con toda una exultante logística puesta a disposición, y con traspaso de información acondicionada, y falsa, atentatoria y enjuiciadora, sobre algunos ciudadanos chilenos.

A mayor abundamiento, el ministro Allamand Zavala -que, como es conocido, nunca ocultó sus aspiraciones y deseos de ejercer la cartera ministerial de Relaciones Exteriores-, tuvo y mantiene una aproximación de antigua data con Colombia, ya que su bien ilustrada madre, doña Margarita Zavala Pintos, estuvo encargada de asuntos culturales y de prensa en la Embajada de Chile, en Bogotá, en 1984-1985, por designación del dictador, a través de su entonces ministro en esta esfera, el obediente y sumiso Jaime del Valle Alliende.

En política, y más aún en la Política Exterior, nada es por azar. De allí que, actores, antecedentes, circunstancias, datos, hechos e informaciones, todos concatenados, constituirán una Información Estratégica Procesada (IEP), que siempre será relevante, en perspectiva de Fuentes de Inteligencia, con que debiera contar todo análisis político, que aspire a ser prolijo, responsable, riguroso y serio.

Las actuales relaciones bilaterales de Chile con Colombia no podrían eludir y escapar a lo anterior. Además, realidades colombianas singulares, y trágicas, desde mediados del siglo XX, lo demandan. La condición de Chile como país acompañante, en la consecución de los Acuerdos de Paz de 2016, es algo aleccionador. Ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria así lo comprendió. Sus representantes Luis Maira Aguirre y Raúl Vergara Meneses, titular y suplente, prestigiaron al Estado de Chile, en la especie. Diplomacia y solución pacífica de las controversias fueron una contribución invaluable. Y jugaron roles cardinales, como países garantes, la República de Cuba y el Reino de Noruega. A su vez, la República Bolivariana de Venezuela también fue otro leal y valioso país acompañante.

De allí que, complicidades y silencios, desde Chile, su gubernamental Palacio de La Moneda y su Ministerio de Relaciones Exteriores, ante las atroces realidades cotidianas que sufre y vive el pueblo colombiano, tanto urbano como rural, más cruenta y descarnadamente en ese último caso, resultan vergonzantes. Y Sebastián Piñera, en una de sus ya muy depreciadas puestas en escena, el martes 22 de septiembre de 2020, acompañado de los ministros Allamand Zavala y Couve Correa (de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) -sentados a sana distancia-, tuvo telemáticamente la compañía verbal y visual, en pantalla gigante, del presidente Duque Márquez, con pretexto del anuncio de planes de vacunas para inmunizar de la terrible Covid-19, en unas coincidentes perspectivas.

En ese mismo día, e incluso horas, seguían los asesinatos de líderes sociales y ex combatientes de las FARC-EP, en campos y ciudades del vasto territorio colombiano y, a la vez, se conocían nuevas masacres de grupos de jóvenes, muchachos y muchachas, por parte de los paramilitares, ya nuevamente en destemplado, incontrolado y pleno accionar criminal delictivo. Pero, Piñera y Duque se dedicaron a auto alabarse, bipersonalmente, enfatizando su amistad, risueñamente.

Ahora, Uribe Vélez, estando investigado, agudizaba su conocida astucia sin ética, para recuperar su libertad, después del arresto decretado por la Corte Suprema colombiana, para lo cual no dudó en renunciar a su cargo de senador, el domingo 16 de agosto de 2020. El sábado 9 de octubre logró su objetivo, aunque seguirá denunciado por diversos y graves delitos, como manipulación de testigos, y no ha sido declarado inocente. Sus amigos chilenos, de viajes por territorio colombiano, nada han dicho: mas, seguramente no debieran olvidar privilegiadas atenciones, informaciones y obsequios variados.

El miércoles 7 de octubre de 2020, la ex senadora y ex candidata presidencial de Colombia, Piedad Córdoba Ruiz, enviaba sentida y urgente Carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando: “el asesinato sistemático de jóvenes y adultos, muchos de ellos afrodescendientes, indígenas, estudiantes, campesinos, líderes sociales pertenecientes a familias y comunidades vulnerables, quienes en razón de su condición social y de sus orígenes étnicos han sido victimizados. En los primeros 9 meses del año en curso, van ejecutadas de forma alarmante 61 masacres con cerca de 246 víctimas”. Más: “El pasado mes de agosto fueron ejecutadas 11 masacres con 64 víctimas, que se suman a los asesinatos casi diarios de activistas civiles que luchan por la paz, el medio ambiente, la justicia social y la equidad”. “…el direccionamiento de la muerte en términos étnicos y regionales, toma ya ribetes de etnocidio. Pero en medio de la grave crisis de desequilibrio democrático las masacres han llegado incluso a la capital de la república como pudo evidenciarse tristemente en las luctuosas jornadas del pasado 8 y 9 de septiembre donde violencia policial hoy impune asesinó a discreción 13 ciudadanos y dejó heridos más de 2 centenares.” Y complementó, con: “la ejecución extrajudicial de más de 230 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC-EP”.

Este documento fue enviado con copia al Secretario General de la ONU, al mismísimo Iván Duque y a su inefable ministro de Defensa -ex de Relaciones Exteriores- Carlos Holmes Trujillo. Y téngase presente que António Guterres envió al Consejo de Seguridad, su fundado Informe S/2020/943, de viernes 25 de septiembre de 2020, sobre la agravada situación sintetizada, dando cuenta de la “Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia”, en 19 páginas.

Los gobiernos de Piñera y Duque, amparados y cobijados en el injerencista y demonizador “Grupo de Lima”, son transgresores habituales, en particular, de los Compromisos tercero, cuarto y quinto, de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, en La Habana, el 29 de enero de 2014. Como es bien conocido, con el mayor número de 32 Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno asistentes, Piñera fue el último en firmarla, a regañadientes, manifestando variados desprecios, epítetos e interrogantes sobre sus contenidos, significado y utilidad. Pero, fue firmante, por ende, el sentido del honor y la ética de la responsabilidad, lo obligan a cumplirla y respetarla.

Las complicidades de ambos, y la sumisión en diversas temáticas políticas, medio ambientales y de seguridad regional a dictados, objetivos estratégicos y propósitos intervencionistas, con sanciones, de la Administración Trump, y su pícnico mensajero Pompeo, son demostrables e inocultables. Desde nuestra panorámica integracionista, internacionalista, latinoamericanista, nacional, patriótica y popular, es una afrenta a las mejores tradiciones de la Política Exterior Chilena.

En efecto, se trata del grave incumplimiento de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre otros, el “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”, y, que, “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El gobierno de Chile no debe ser cómplice de gobiernos colombianos que, ya han perdido toda su autonomía soberana, en materia de Política Exterior y de Defensa, con el polémico -hasta hoy- “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, firmado en Bogotá el viernes 30 de octubre de 2009, fechado 03/11/2009, y conocido, forzada y oficialmente, el 10 de noviembre de 2009. En su Artículo IV, establece el “Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”, y punto 1, que “cooperará con los Estados Unidos para llevar a cabo…”.

Debe saberse, aquí, que se trataba, en concreto, de la sigilosa implementación del acceso y uso a todas las instalaciones de: Base Aérea Germán Olano Moreno, en Palanquero; Base Aérea Alberto Powells Rodríguez, en Matambo; Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo; Fuerte Militar Laranda, en Florencia; Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Aplay; Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, y, Base Naval ARC Málaga, en Bahía Málaga. Ergo, 7 bases militares extranjeras, para yankees, nada menos, y sí mucho más, en otros Artículos, del citado “Acuerdo complementario”.

Esta presencia militar sigue en disputa. Nuevos cuestionamientos surgen, de tiempo en tiempo, hacia el gobierno. El 1° julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló y ordenó, en Sentencia 2020-02312, que el Presidente Duque debía “parar cualquier actividad de Brigada del Ejército de EE.UU. en Colombia”, de 53 miembros, para Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, sigla en inglés), sin haber contado con la aprobación previa del Senado, prevista en la Constitución, ni con “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia”.

El viernes 16 de octubre de 2020, el mismo Tribunal decidió “Abrir incidente de desacato contra el señor presidente de la República Iván Duque Márquez, según la solicitud de los accionantes” (25 Senadores, entre ellos Iván Cepeda Castro y Jorge Robledo Castillo), otorgándole, así, “al incidentado el plazo de tres (03) días contados a partir de la notificación personal de esta providencia para que se pronuncie sobre el aludido incumplimiento de la sentencia”, de su fallo ya referido del 1° de julio de 2020.

Pero, inmanente a disputas interinstitucionales, en horas posteriores, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y declaró “la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad”.

Sigue y suma. Otro aspecto a analizar, denunciar y pesquisar es el affaire de creación de “Prosur”, por iniciativa de Colombia y Chile, se dice. Recuérdese que, en su Carta, fechada 27 de agosto de 2018, dirigida a “Señores Secretaría General de la UNASUR”, se notifica “la decisión de la República de Colombia de denunciar el referido Acuerdo, acogiéndose a lo Consagrado en el artículo 24, el cual dispone:…”. ¿De dónde recibió Colombia la “idea” de crear Prosur, y comenzar el desmembramiento de la UNASUR? Es bien conocido, y deducible. El paso siguiente: será mejor pedirle a Chile (Piñera) que, lidere ese Prosur. Este acepta – creyendo avanzar en su muy ridículo y soñado liderazgo (¡desde “su oasis”, antes del 18 de octubre de 2019!) -, la “honrosa tarea”.

Y “la guinda de la torta” colombiana, en lo estratégico, se gesta, por sugerencia desde el -norteamericano-, también, cuando su ex Presidente Juan Manuel Santos Calderón, en ceremonia en Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, el sábado 1 de junio de 2013, con destemplada y eufórica oratoria, afirmó que: “Este mes que comienza, el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el Gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización”. Y arengó mucho más: “Porque Colombia tiene derecho y puede pensar en grande. Porque, como les decía, estamos dejando el miedo a un lado y llenándonos de razones para ser los mejores, ¡y ya no de la región sino del mundo entero! Tenemos con qué. Lo hemos demostrado.” Sus dichos remecieron los ambientes. Apresuradas aclaraciones, confusiones y precisiones hubo en Bogotá, e incluso, desde Bruselas.

En síntesis, esa desatada voluntad política, se tradujo, primero, en la firma de un “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, de solo seis artículos, en Bruselas, el jueves 25 de junio de 2013. Pero, el presidente Santos Calderón persistió, en su mandato, logrando para Colombia, un “Acuerdo que otorga el status de Socio Global a Colombia” (único país de América Latina y el Caribe), que firmó, en la sede de la OTAN, con su Secretario General, Jens Stoltenberg, el jueves 31 de mayo de 2018, como último acto exterior de su gobierno. Y, así, Duque Márquez asumió el 7 de agosto de 2018.

Es con esa Colombia que, los dos gobiernos encabezados por Piñera, y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, desarrollan contactos estrechos, contagiando la Política Exterior Chilena. Con ninguna alusión a todo lo cuestionable, y con total cinismo, se desarrolló la V Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos y Sociales, el jueves 8 de octubre de 2020, en marco del existente Consejo de Asociación Estratégica. Complicidades y silencios, ante los desvaríos y sumisiones internacionales de Colombia y ante las aberrantes y repudiables atrocidades internas en territorio colombiano, violatorias de Derechos Humanos de su agobiado pueblo sufriente, han terminado convirtiendo en inquietantes y tóxicas las relaciones bilaterales de Chile con Colombia, para toda Nuestra América.

Las caras del apruebo

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Por José Valencia Castañeda
Periodista, diseñador y dibujante

La campaña por la opción Apruebo, se ha desarrollado con las dificultades propias de un proceso marcado por las condicionantes que imponen el confinamiento y las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Pero esto no ha sido impedimento para desatar la imaginación en las mentes de los creativos que apoyan esta opción.
A pesar del tiempo y de los cambios tecnológicos, la propaganda desplegada tiene muchas similitudes con las imágenes que pudimos observar en 1988, cuando la opción NO dio origen a un sinnúmero de ideas partidarias y de organizaciones sociales para expresar su referencia.

Es en este sentido, que la inventiva de profesionales y aficionados al diseño han quedado plasmadas en versión digital e impresa para comunicar su preferencia por el Apruebo y la Convención Constitucional. Las coincidencias con la gesta electoral que permitió terminar con la dictadura cívico-militar, tienen su punto de encuentro en la necesidad de cambio y principalmente en una diversidad tan amplia, que no puede ser contenida solamente por un mensaje visual, porque las vertientes ideológicas, sociales y etarias son muchas y disímiles.

El amplio abanico que cobija a esta preferencia tiene eco en todos los partidos políticos de oposición, en las organizaciones sociales y también en los clubes de fútbol. Es así, que también los equipos del balompié nacional adaptaron su insignia o crearon un diseño propio para sumarse a la contienda electoral y convocar a las respectivas hinchadas para que asistan a las urnas el 25 de octubre.

Otro aspecto interesante de este fenómeno, es que se trata de un referéndum cuyo origen surge tras un acuerdo político producto el estallido social, este es otro factor para que las iniciativas ciudadanas tengan muchos rostros y adquieran mayor protagonismo. De este modo, la estética de los volantes y afiches contienen un mismo mensaje, que es esgrimido de manera diferente, independiente y espontánea, por las personas y organizaciones que se manifiestan por el cambio constitucional, produciendo una amplia gama de creaciones individuales, que desde su propia perspectiva expresan su opción con los recursos e ideas que poseen.

Las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre, además convirtieron en héroes a muchos de los principales actores de la agitación callejera, transformándolos en íconos de la propaganda, reemplazando los símbolos partidarios que normalmente se utilizaron en la gráfica electoral chilena, interpretando a las multitudes que se auto convocaron en las calles de las ciudades, como augurando que la transformación social será profunda y que la dignidad llegará para quedarse.//ELF

*Columna publicada en: www.fortinmapocho.cl