Por Andrés Palma
Economista y camarada DC
Las medidas adoptadas por los bancos, los retiros de los fondos individuales de cesantía y las postergaciones de pagos de impuestos, permisos y licencias tuvieron un sentido correcto en esos momentos, es decir, impulsaban la economía familiar y privada cuando ello era necesario, pero eran limitadas a un tiempo que se suponía sería breve, lo que no era realista y quedó demostrado por los hechos. En su diseño, la pandemia estaría bajo control en el mes de julio y, por ello, se podrían pagar contribuciones, impuestos a la renta, se retomaría la normalidad del empleo y las municipalidades recuperarían los recursos. Nada de esto va a ocurrir, ya que la crisis sanitaria está fuera de control y la situación de las familias y de muchísimas empresas es peor ahora que en marzo.
En el mes de marzo, cuando se desató la pandemia, se tomaron numerosas medidas económicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las familias. Todo ello, en el contexto de un anuncio de políticas sanitarias que tendrían efecto en un plazo de tres meses, debido a que sabíamos cómo hacerlo y, según palabras del propio Presidente Sebastián Piñera, nos estábamos preparando desde enero.
Diversos salubristas, incluidos varios convocados por el Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible, dudaban de el escenario descrito por las autoridades del Gobierno, principalmente debido a la postergación de las políticas de cuarentena total que habían sido necesarias en otros países, la opción por las cuarentenas parciales y el contagio de rebaño propuesto por el entonces ministro Jaime Mañalich, y también por el hecho de que, a diferencia del hemisferio norte, estábamos entrando al otoño, por lo que con el frío y el invierno tendríamos simultáneamente las crisis estacionales por la influenza y el virus sincicial. Aún así, las medidas económicas adoptadas se entendieron como un aporte en el sentido correcto, aunque se consideró que eran insuficientes.
Es urgente, por lo tanto, que el Gobierno adopte un nuevo paquete de medidas fiscales que amplíe los plazos, reponga los recursos a los municipios y a los fondos de cesantía que han debido usar los trabajadores, muchos que hoy están siendo despedidos, y establezca un subsidio a las pequeñas empresas para que no se siga perdiendo capacidad productiva, entre otras medidas. Para ello, dispone de un fondo por doce mil millones de dólares, que no tiene sentido guardar para tiempos mejores, que, si se guardan, serán peores.
El principal esfuerzo provino del Banco Central, que extendió la política monetaria con un bajo interés y la apertura de nuevas líneas de financiamiento por miles de millones de dólares y, luego, por el Gobierno, que impulsó una serie de proyectos de ley que incluían: un bono de cincuenta mil pesos para los mismos beneficiarios del bono marzo (el Bono COVID) y que las empresas pudieran suspender los contratos de sus trabajadores y estos cobraran el seguro de cesantía, ampliar la operación del Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa tanto en montos como su extensión a un grupo de grandes empresas.
Además, se estableció la supresión del impuesto de timbres y estampillas para las operaciones que se realizaran entre marzo y septiembre –más de cuatrocientos millones de dólares, principalmente en favor de los contribuyentes de más altos ingresos– y postergaciones de pago de permisos de circulación, contribuciones de bienes raíces e impuesto a la renta para las pymes, todas estas medidas por los pagos a realizarse en abril, mayo y junio.
Otro esfuerzo significativo provino de la banca comercial, que postergó los pagos de dividendos y cuotas que se vencían en esos mismos tres meses, con diferentes criterios de imputación. Unos, pasando las cuotas para el vencimiento de la última en el calendario original y, otros, prorrateando en los pagos que se deben realizar a partir de julio.
Posteriormente el Gobierno, atendiendo a los errores en su diseño original, impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a pagarse en los meses de mayo, junio y julio, una política nuevamente insuficiente que ya tuvo que ser modificada ampliando sus montos, plazos y cobertura. Esta ampliación de plazos, que en principio es hasta agosto, pero la ley permite su prolongación si siguen las condiciones sanitarias que ha generado la pandemia, muestra que lo diseñado en marzo no fue realista. Lamentablemente es un reconocimiento tardío de que las políticas sanitarias del Gobierno estaban erradas.
Desde el punto de vista económico, las medidas adoptadas por los bancos, los retiros de los fondos individuales de cesantía y las postergaciones de pagos de impuestos, permisos y licencias tuvieron un sentido correcto en esos momentos, es decir, impulsaban la economía familiar y privada cuando ello era necesario, pero eran limitadas a un tiempo que se suponía sería breve, lo que no era realista y quedó demostrado por los hechos. En su diseño, la pandemia estaría bajo control en el mes de julio y, por ello, se podrían pagar contribuciones, impuestos a la renta, se retomaría la normalidad del empleo y las municipalidades recuperarían los recursos. Nada de esto va a ocurrir, ya que la crisis sanitaria está fuera de control y la situación de las familias y de muchísimas empresas es peor ahora que en marzo.
Y se viene el mes de julio, plazo en que no se va a poder pagar las contribuciones y las licencias, tampoco los dividendos y cuotas, ni se cubrirá el déficit municipal que ya superará los quinientos millones de dólares, impidiendo que algunos municipios, tal vez muchos, puedan entregar su servicio a la comunidad, más necesario hoy que en otros momentos e, incluso, pagar las remuneraciones a sus funcionarios.
Es urgente, por lo tanto, que el Gobierno adopte un nuevo paquete de medidas fiscales que amplíe los plazos, reponga los recursos a los municipios y a los fondos de cesantía que han debido usar los trabajadores, muchos que hoy están siendo despedidos, y establezca un subsidio a las pequeñas empresas para que no se siga perdiendo capacidad productiva, entre otras medidas. Para ello, dispone de un fondo por doce mil millones de dólares, que no tiene sentido guardar para tiempos mejores, que, si se guardan, serán peores.
Y la banca y el sector financiero, con el apoyo del Banco Central, deben también volver a hacer su parte. Chile les agradecerá y ellas mismas se verán beneficiadas.//ELF
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