Por Andrés Palma

Economista y militante DC

El comportamiento histórico de ciertos actores económicos hace dudar respecto de decisiones recientes que les involucran.

En 1997 se produjo un gran negociado en que los controladores de un grupo empresarial, los llamados “chisperos”, vendieron su participación en las empresas que controlaban a un valor más de 200 veces superior al que pagaron a los accionistas minoritarios.

El caso “Chispas” debió marcar un antes y un después en materia de adquisiciones y fusiones empresariales, dado que el escándalo originó varias reformas legales. Pero aún antes de dichas modificaciones se estableció que hubo irregularidades y los “chisperos” debieron pagar multas cuantiosas, pero nunca tan cuantiosas como la renta que obtuvieron en el negociado.

Vale la pena traer a colación ese caso por dos razones. La primera es que hoy se discute un caso similar, el denominado “LATAM”, vinculado a las pérdidas patrimoniales y al pago favorecido de compromisos a un grupo específico de deudores. La segunda es que, en ambos casos, además de la relación entre distintos tipos de accionistas, aparece involucrada una familia que entra en las categorías de “alto patrimonio” y de “políticamente expuesta” que utiliza el SII.

En el caso Chispas hubo un accionista minoritario que obtuvo el mismo precio que los controladores, pese a no ser parte de ese grupo, es decir, a todos los accionistas no controladores se les pagó un precio más de 200 veces inferior que a los controladores, menos a uno que a la época era Senador de la República e hizo uso de ese cargo para presionar a los compradores, la española Endesa, para recibir un trato preferente, Sebastián Piñera.

Entonces explicando un “trato preferente”

Es un hecho que, una vez denunciado el negociado, el senador Piñera también dio una conferencia de prensa sumándose a la denuncia, pero el objetivo de su interés no era el negociado, sino ser parte de este. Como se le escuchara entonces, estaba dispuesto a perder mucho dinero a cambio de que no lo estafaran como ocurría a los accionistas no controladores. Y lo consiguió, negociando en privado y haciendo uso de la palabra en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados cuando concurrieron los ejecutivos de la empresa compradora, haciendo manifiesto su evidente conflicto de interés.

Es interesante también recordar que la operación de las Chispas tardó más de dos años, ya que los compradores se negaron a realizar parte de ella en un paraíso tributario, como pedían los vendedores, dado el alto monto involucrado.

En el caso LATAM confluyen también inversionistas controladores, accionistas minoritarios, operaciones en terceros países (¿las habrá en paraísos tributarios?) y operaciones de pago privilegiado. Algo que recién comienza a discutirse públicamente y que, al igual que en el caso Chispas, es difícil de desentramar sin la colaboración de los involucrados.

Perfeccionar las normas que faciliten la colaboración es un asunto aún pendiente. En el caso anterior, los chisperos se negaron a concurrir a la Comisión de la Cámara de Diputados que estudió el caso y propuso normas para evitar su repetición.

En paralelo, también otra operación debe llamarnos la atención: entre gallos y medianoche, más exactamente entre noviembre y enero, se está vendiendo el derecho a explotación de reservas de litio por 30 años. Con los antecedentes conocidos, también se puede dudar de la transparencia de ese proceso.