En La Fontana conversamos con Juan Manuel Sepúlveda, demócrata cristiano desde su juventud, dirigente sindical metalúrgico, quien además compartió parte de su vida con Andrés Aylwin, durante la dictadura y luego en los gobiernos de la Concertación.
El 13 de enero de 1978 los tomaron detenidos y los enviaron al norte junto a otros democrátacristianos: fuer una víctima de la dictuadura represiva de Pinochet.
Hoy por hoy, asesora al Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana (FTDC). Justamente, para conocer su opinión sobre materias laborales respeto de la contingencia actual habló en profundidad con nuestro medio.
¿Cuál es su evaluación de la ministra del trabajo?
-Creo que la actual Ministra del Trabajo, Sra. María José Zaldívar, ha actuado en conformidad con lo que representa, ha cumplido su papel de garante de un sistema individualista, por lo tanto poco solidario, donde predomina el capital ante el trabajo, que restringe el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Donde se mantiene una legislación laboral influenciada por una visión económica y política heredada del plan laboral de la dictadura. No deja de ser preocupante que, luego de transcurridos 40 años desde su implementación a través de la dictación del DL No. 2.758, no se hayan podido aprobar las modificaciones que atentan contra la libertad sindical y la negociación colectiva que se opone tan directamente a las normas y principios de la OIT sobre la materia. Pero esto no es solo responsabilidad de la actual Ministra del Trabajo, sino que hay una corresponsabilidad compartida de las anteriores ministras y ministros del trabajo. Ahora la situación creo que se tornará más compleja con el nuevo gabinete.
-¿Cuáles son los desafíos laborales del próximo tiempo?
Aquí me detendré un poco más porque son varios y fundamentales, hay grandes desafíos para enfrentar los cambios que nos demanda el futuro del trabajo.
El primero de los primeros, voluntad y disposición amplia de los líderes sindicales para iniciar un proceso de dialogo intersindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una nueva conciencia de actor nacional. Esto significa promover la unidad de acción y programática como producto de una discusión profunda, pero con tolerancia y respeto, de cada tema y coyuntura que afecte los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Fortaleciendo la organización sindical en su base, orientando la lucha social por la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo.
Otro es el que le acabo de mencionar, la derogación del DL No. 2758, para generar un nuevo Código del Trabajo que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga.
Una Constitución democrática que se funde en el valor del trabajo, y los derechos economicos y sociales. La vivienda, la salud, la educación, el sistema de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos, son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos de segunda y tercera generación. Bregar por una sociedad de derechos y garantías explícitas en los campos de la protección social, la educación, la justicia y la salud, tengan un estatus reconocido e indiscutible dentro del Estado como promotor del Bien Común, en que estos alcancen una real jerarquía en nuestro ordenamiento institucional. Para que los valores de cooperación y solidaridad se impongan sobre los antivalores que sustentan el individualismo, el consumismo, el enriquecimiento y la mera satisfacción hedonista como motores del desarrollo.
Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de dialogo social que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad. Ello supone, después del radical viraje impuesto por las políticas aplicadas durante las ultimas décadas, una reconstrucción del Estado y una resocialización de la vida nacional. Esta construcción de un nuevo Estado para todos los ciudadanos no puede basarse sino en un nuevo acuerdo social, el mismo que no puede ser construido sino a través del dialogo social. Es en este sentido que el dialogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales para alcanzar consensos básicos sobre como construir ese Estado que demandan los ciudadanos. Aun a riesgo de parecer extremo, no habrá Estado al servicio de todos los ciudadanos sino se establece un nuevo acuerdo social. Y no habrá un nuevo acuerdo, y por tanto un nuevo Estado y una nueva sociedad, sino es fruto del dialogo social, dialogo que no será posible sin la activa participación en el mismo de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales.
Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecido la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia del mercado y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital. Una de las formas más duras del capitalismo tomó forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el nivel de vida de la clases medias y de los trabajadores. El valor del trabajo como generador de riqueza y conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los rendimientos macro económicos y de las grandes empresas. Si las políticas energéticas, agrícolas, mineras, industriales, por nombrar las más relevantes, continúan al margen del rol social de la empresa y del Estado mismo, solo apegadas a los criterios de mercado, entonces los beneficios efectivos seguirán orientados hacia quienes hoy controlan la riqueza, pagan bajas remuneraciones y mantienen bajos niveles de ingreso en los sectores medios y bajos.
Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como malestar social sin hallar solución. La demanda de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad chilena. El Convenio 169 de la OIT y ratificado por Chile, debe ser aplicado rigurosamente.
La demanda de protección del medio ambiente entraña un compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones actuales y las futuras. La mirada de Chile como un pueblo en desarrollo inmerso en América Latina, exige la formulación de políticas de largo plazo que armonicen con el desarrollo integral y equitativo de la sociedad. La familia, considerada como base de la sociedad, es una institución que experimenta cambios en el mundo actual y no puede soslayarse con meras consignas. Sus distintos tipos de conformación deben ser reconocidos en la ley y validados en la conducta de los chilenos.
La cultura entendida no solo como los valores que imperan en la sociedad, sino como el conjunto de los bienes que una sociedad genera desde si misma y que la reflejan en su ser mas intimo, no puede ser patrimonio de minorías. El acceso a los bienes culturales, el desarrollo del pensamiento propio y de la creatividad, la expresión del ser de las personas en sus variadas expresiones, tales como las formas diversas de arte, el pluralismo en los medios de comunicación y el sentido compartido de la historia, son parte clave del desarrollo pleno de una sociedad. La educación, no es solo un asunto de asignación de recursos económicos, sino que determina las posibilidades reales de crecimiento de las personas, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto.
-¿La situación laboral en tiempos de pandemia como se enfrenta la gran cesantía?
Creo que el dialogo social tripartito entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles, a nivel de las distintas regiones y a nivel nacional. Ello requiere organizaciones de interlocutores sociales sólidas, independientes y democráticas. El fomento de la confianza por medio del dialogo es fundamental para que las medidas políticas resulten eficaces. En una coyuntura de mayor tensión social y de falta de confianza en las instituciones, es especialmente importante fortalecer los mecanismos de dialogo social y la confianza en los mismos, a fin de sentar unas bases sólidas que propicien una estrecha colaboración entre empleadores, trabajadores y gobierno. El diálogo social a nivel empresarial es también primordial.
Creo también que las Normas internacionales del trabajo proporcionan una base sólida para actuar a nivel político, habida cuenta de la función primordial que desempeña el trabajo decente para propiciar una recuperación sostenida y equitativa. Debe haber una respuesta a nivel político que haga hincapié en dos objetivos a corto plazo: la protección de la salud y el apoyo económico, tanto con respecto a la demanda como a la oferta.
-¿Cómo aprecia la actual situación del frente de trabajadores del PDC y qué desafíos tiene por delante?
He sido testigo de los esfuerzos y penurias de la actual directiva del FTDC para revertir la actual situación por la que están atravesando y que se torna aún más compleja hoy día. Sin recursos, sin el apoyo institucional del PDC han logrado llevar adelante un ciclo de encuentros con los trabajadores invitando a destacadas personalidades para producir un dialogo alrededor de temas de común interés. Públicamente han establecido posiciones frente a los diferentes temas nacionales. Han intervenido ante los parlamentarios DC para obtener el apoyo a las demandas de los trabajadores, aunque la mayoría de las veces sin éxito. Han presentado denuncias en los organismos internacionales por las violaciones a los derechos fundamentales. Han sido uno de los precursores y sostenedores de la Coordinadora de los Frentes Sindicales de los Partidos de Oposición.
Sin embargo, es un hecho, ampliamente constatado que el FTDC ha venido perdiendo peso como actor dentro del PDC, la composición de los últimos Consejos Nacionales así lo demuestran. Se asiste un debilitamiento institucional o incluso desinstitucionalización del Frente, no se le respeta como institución dentro del partido, no son escuchados ni considerados. Podría ser también por el hecho de que el propio movimiento sindical ha perdido peso dentro del sistema de relaciones laborales del país. Sin duda que la crisis generalizada ha golpeado fuertemente al FTDC. Es inquietante su actual situación, cada vez son menos los trabajadores y dirigentes sindicales que militan en el PDC, no alcanzan al 2% del total de dirigentes sindicales del país. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que los trabajadores/as y sus organizaciones no son parte sustantiva de la actual política del partido. Estas falencias inciden en las dificultades de incorporación de nuevos cuadros de dirigentes, así como en su reemplazo. Un partido de y para los y las trabajadoras se está quedando sin sus trabajadores y trabajadoras.
Confío en los actuales dirigentes sindicales DC que a través de su convicción, perseverancia, compromiso y voluntad lograran que el FTDC al menos recupere el sitial que ocupaba en el partido hace algunas décadas atrás, con liderazgos respetados y representativos. Un FTDC poderoso, que concentre las labores de capacitación, de difusión, de diagnósticos, de recepción de sugerencias y demandas. Una gran instancia que elabore propuestas, que interactúe, a través de los dirigentes sindicales demócratas cristianos, con las autoridades nacionales, que enfrente los problemas nacionales. Una instancia que multiplique y potencie los aportes de cada uno de sus dirigentes y trabajadores militantes y pueda apoyar a los sindicatos. Es un camino largo de recorrer, nadie lo niega, tendrá avances y retrocesos, como los ha tenido la historia sindical de nuestro país, pero por eso mismo, hay que comenzarlo hoy día, cuando se han acumulado más y mejores experiencias, y no dejarlo para mañana. Es una utopía, una meta. Pero también es un norte, un camino, un horizonte, que este trabajo, -por muchos que sean sus errores y limitaciones- se lo comience a mostrar como posible.
-¿Cómo ha visto el rol del PDC en materias laborales y qué espera de esta colectividad?
-Hubo una buena iniciativa algunos años atrás al crear la Comisión Laboral con el objeto de apoyar al partido en estas materias. Esta Comisión estaba integrada por dirigentes sindicales, parlamentarios, expertos en derecho laboral, economistas, pero que ha dejado de funcionar por lo que señalaba, el trabajo no está dentro de las prioridades de la actual directiva.
La experiencia de estos últimos años indica la necesidad de establecer un estrecho vínculo entre el trabajo parlamentario y el trabajo sindical, en particular cuando se trata de temas laborales.
Sin duda que esta situación debe cambiar, ya es hora.
-¿El 10% abrió la posibilidad para que se cree un nuevo sistema previsional?
Creo que si, pero aún falta mucho por hacer, ha sido un primer paso para continuar avanzando en la derogación del DL No. 3.500 que creó el actual sistema de pensiones.
Tengo esperanza que el plebiscito para aprobar una nueva Constitución nos dará una enorme oportunidad para sustituir un régimen económico que ha sido inmoral y deshumanizante, además de ineficiente en la solución de los grandes problemas de la sociedad chilena y en particular de los trabajadores y trabajadoras. //ELF