El portal web, La Voz de Los que Sobran, publicó un reportaje que En La Fontana republicanos.
Sin protocolos especiales para cada servicio, sin test Covid garantizados en caso de contagio y con presiones veladas para retornar al trabajo presencial, están laborando hoy funcionarias y funcionarios públicos del país, según denuncian el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, y el dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud (AFUMINSAL), Thomas Mix Jiménez.
Los empleados públicos son cerca de 1 millón de personas, pasando por el Gobierno central, municipios, servicios de salud y empresas del Estado. De ellos, alrededor del 40% son trabajadores a honorarios. El segundo grupo importante son trabajadores a contrata, cuyo vínculo laboral vence cada 31 de diciembre. Solo un grupo minoritario son empleados de planta, el equivalente a contrato indefinido en el Código del Trabajo.
En medio de esa fragilidad laboral y con distintos servicios que han registrado contagios por Covid-19, los dirigentes de los funcionarios públicos relatan que los servicios han dispuesto para ellos 3 mascarillas diarias, guantes y alcohol gel, además de sanitizaciones cada dos o tres días en la áreas de trabajo, pero advierten que la realidad amerita ir mucho más allá.
Por la emergencia del Coronavirus en Chile, en marzo se implementó el teletrabajo para ciertos funcionarios que cumplían labores administrativas y grupos de riesgo. Pero a mediados de abril, comienza el llamado Plan de Retorno del Gobierno.
“El oficio que sale el 20 de abril dio plazo de 4 días a todos los servicios para que diseñaran un Plan de Retorno, que primero era gradual y después seguro”, dice Pérez Debelli, recordando que en el momento se trató de instalar “un mensaje errático bastante confuso, irresponsable y criminal de parte del Gobierno, de que el Estado no está funcionando, lo que es mentira. Estamos trabajando en sistema de turnos especiales toda la semana y los fines de semana en muchos servicios”.
Al comenzar la pandemia, aproximadamente el 60% de los funcionarios se mantuvo en trabajo presencial y un 40% fue derivado a teletrabajo «conectados a su servicio, con su Internet y sus propios computadores de manera remota y, de esos, tienes que entender que hay personas de alto riesgo, tercera edad, que hay que evitar que se desplacen de sus casas al trabajo. Los trabajadores de manera remota o temporal no están en sus casas descansando, están conectados con sus servicios, entendiendo que este es un momento excepcional”, dice Pérez Debelli.
A fines de abril y principios de mayo, y en pleno crecimiento de contagios, comenzaron las presiones para el retorno, ya que, exceptuando grupos de riesgo, el objetivo del Gobierno era contar con el 80% de los funcionarios en sus puestos de trabajo a finales de mayo. Actualmente, con cuarentena total en la Región Metropolitana y cuarentenas en distintas regiones, el proceso no se ha detenido.
“Yo digo, ¿qué pretenden? No hay una cápsula por servicio público y, en el centro cívico, entonces, tú haces volver a 20 mil personas. Eso es una tremenda irresponsabilidad porque ponen en riesgo, primero porque no basta tener el alcohol gel, mascarillas y guantes, que es el estándar mínimo, sino que tienen que tener el distanciamiento físico y además el distanciamiento de atención de los usuarios”, afirma el presidente de ANEF.
Y agrega: «Es contradictorio que el gobierno señale que a fines de mayo, el 80% de los funcionarios públicos debieran estar en sus puestos de trabajo. Vuelve a instalar algo que es bastante errático, porque yo no sé si hay alguien que tenga una bola de cristal, pensando que a fines de mayo, la pandemia estará de salida en nuestro país. Tiene que haber certezas, y por eso hay que respaldarse con un informe técnico o científico”.
Tanto él como el dirigente de AFUMINSAL, coinciden en que estas presiones las realizan jefaturas intermedias, que llaman por teléfono a funcionarios en teletrabajo.
“Lo hacen así (por teléfono) para que nosotros no podamos reclamar, no dejan ningún escrito. ¿Y qué hacen? Llaman, por ejemplo, a mamás con niños menores de 6 años, las presionan y les preguntan si alguien de la familia se puede quedar con los niños para que puedan volver”, dice Thomas Mix.
“Han mandado mensajes bastante irresponsables, manipuladores y vergonzosos, no son directos, si no que te dicen que es bueno que evalúes porque a fin de año te vamos a calificar”, cuenta. Y añade: “Hay dos temores que se instalan en los funcionarios: si no voy me pueden echar, y segundo si voy, me desplazo y tomo el metro, bus o colectivo y capaz (que me contagie) y esa interrogante es perversa porque lo que está en juego aquí es la salud y la vida de las personas”, afirma Pérez.
Los funcionarios públicos que están en sus puestos, lo hacen bajo sistema de turnos de una semana, con protocolos de seguridad generales para todo el país, en cuyo diseño no hubo participación de las distintas asociaciones funcionarias, aún cuando fueron los propios sindicatos los que implementaron medidas de protección desde marzo.
Thomas Mix recuerda: “Nosotros como AFUMINSAL fuimos los primeros en empezar a repartir mascarillas a los funcionarios con nuestros recursos, incluyendo a los tercerizados: vigilantes y personal de aseo. Al final, logramos que el Ministerio reparta 3 mascarillas al día y guantes a todos”.
En la misma casa central del Ministerio de Salud, el protocolo específico “no existe” dice Mix. “En mi división somos 90 personas en 3 pisos y hay espacios que están muy amontonados y otros que cumplen un poco más la norma. Afortunadamente con esto que el 50% esté haciendo turnos, están los espacios (de separación), pero hay otras divisiones donde no están cumpliéndose mucho los espacios”, apunta.
Tampoco hay protocolo para casos positivos de Covid en las instalaciones. “Tuvimos una reunión con la subsecretaria (Paula) Daza donde le dimos a conocer que no existía ningún protocolo para la Casa Central del ministerio para enfrentar los casos de Covid positivos. Se comprometieron a que en estos días iba a salir un protocolo, en el que íbamos a tener participación, porque no la hemos tenido en los otros documentos que han hecho. Para la vuelta a trabajar no fuimos partícipes, a pesar de que el Servicio Civil llamó a las instituciones al trabajo conjunto con los funcionarios, con gremios, pero eso no ha pasado”, dice Mix.
Respecto a sanitizaciones permanentes de espacios comunes como baños y cocinas, los dirigentes dicen que no está ocurriendo. Se hacen sanitizaciones generales a los recintos completos una o dos veces por semana, aunque no tienen certeza.
Por ello, la ANEF está gestionando “que nos reciba la mesa asesora Covid-19 y también el Colegio Médico para poder ayudarnos en un diseño para trabajar con las autoridades sanitarias, para exigir la fiscalización de los que estamos trabajando en sistemas de turnos y que para cuando ocurra el retorno estén todas las condiciones seguras en todas las materias. Hoy día están semi abiertos, por ejemplo, FONASA y tenemos la misma lógica de funcionamiento como si no hubiera pandemia, lo que hacemos es poner un foco de contagio también indirecto porque los chilenos y chilenas van a golpear las puertas de esos recintos”, dice el presidente de ANEF.
«Si no están las condiciones, la pega sindical es fundamental porque cuando se ha relajado el trabajo sindical o no se ha hecho bien, tenemos contagiados”, dice Pérez Debelli, que describe casos en la Secretaría de Comunicaciones, en las sedes de Santiago y Araucanía de Indap, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Instituto Nacional del Deporte.
En los trabajadores de la salud, AFUMINSAL calcula “que el 10% de los funcionarios públicos se están enfermando con Coronavirus o en cuarentena, calculamos 3.000 funcionarios entre Salud Primaria y Secundaria. Los registros oficiales son cercanos a 1.600, pero ahí no tenemos los de la Salud Primaria, no se están cruzando los datos. Además que ese es uno de los tantos errores de este Gobierno, que no está enfrentando la pandemia desde la Salud Primaria, sino que lo hace desde la Secundaria, que son los hospitales. Eso es un tremendo error, porque a diferencia de los países europeos, Chile tiene una Salud Primaria fuerte, nuestra Política Pública de Salud pone como base la Salud Primaria y no ha sido importante para enfrentar la pandemia.
En caso de contagio o sospecha, los funcionarios públicos no tienen garantizado el test Covid, afirman los dirigentes.
“Hace unos días el padre de una funcionaria dio positivo y a ella se la mandó en cuarentena a su casa. Se hizo el test y los funcionarios que trabajaban con ella se hicieron el examen en forma particular, pagado por ellos. De hecho, cuando lo propusimos nos cerraron la puerta y dijeron que era imposible hacer exámenes a todos los funcionarios. Los que podrían haberse contagiado tienen que hacerse el examen, lo que les sale 15 ó 20 lucas a cada uno”, afirma Thomas Mix, y agrega:
“La Superintendencia de Salud sacó un documento, que esos contagios deben ser tomados como enfermedad profesional, no así de otras entidades públicas, pero si son trabajadores de la salud, debe ser considerado como enfermedad profesional. O sea, no se está cumpliendo en la casa matriz (del Ministerio de Salud)”.
En medio de los riesgos de la pandemia, los dirigentes de los empleados públicos acusan fuertes recortes presupuestarios, con el consiguiente cierre de programas y guerrillas internas entre la UDI y RN por el control de ciertas divisiones.
“Nosotros estamos disponibles para cooperar, para trabajar para salvar la economía, por supuesto, y a todos nos interesa. Pero (tenemos que poner) el foco en el ser humano como prioridad. Algunos también piensan que los funcionarios públicos son privilegiados, pero no es así y cada vez que hay una situación de emergencia nacional ahí están los funcionarios de la salud, los funcionarios públicos hombres y mujeres, frente a terremotos, incendios, inundaciones, somos los funcionarios que atendemos a los chilenos y chilenas y a los más postergados de nuestro país”, concluye el presidente de ANEF, José Pérez.