Asociación Nacional de Empleados Fiscales

Después de una quinta reunión, la Mesa del Sector Público y el Gobierno aún no logran llegar a un acuerdo respecto de la ley de reajuste hacia el 2021, donde las organizaciones sindicales plantean un aumento de 3% nominal.

El último encuentro se realizó este viernes y se centró en los aspectos más técnicos del petitorio, donde se plantearon temas relativos a las horas extra, el traspaso de trabajadores por honorarios a contrata y un balance de las mesas de trabajo establecidas entre enero y agosto.

En el aspecto económico, sin embargo, se espera obtener una respuesta concreta del Ministerio de Hacienda el próximo miércoles, en una reunión liderada por el jefe de la cartera, Ignacio Briones.

Así lo explicó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez.

Por otra parte, en la negociación paralela, los siete gremios de la Salud representados en la mesa no llegaron a acuerdo con el Ejecutivo.

Si bien se avanzó en dos de los puntos más relevantes del petitorio, relativos a las bonificaciones por metas sanitarias y evaluación de los usuarios, Hacienda cerró la puerta a un bono de reconocimiento por el trabajo durante la pandemia.

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Patricia Valderas, anticipó que insistirán con este punto en el Congreso, lamentando la mala disposición del Gobierno a cumplir con un compromiso adquirido por el Ministerio de Salud.

«Vamos a estar nuevamente expuestos como trabajadores de la salud a un segundo rebrotes, pero el reconocimiento monetario el ministro de Hacienda no lo quiere entregar», dice Valderas.

El miércoles a las 10 de la mañana se retomarían las negociaciones, donde Hacienda pretende zanjar un acuerdo y enviar la ley al Congreso antes del viernes.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha tomado conocimiento de despidos arbitrarios de un número importante de funcionarias/os de la Central Odontológica del Ejercito (C.O.E.), quienes fueron notificados a última hora el día viernes 23 de octubre del año en curso.

La ANEF rechaza despojar de la fuente laboral a mujeres trabajadoras que demostraron un compromiso irrestricto, vocación y profesionalismo sin abandonar sus obligaciones a pesar de la posibilidad de poner en riesgo la salud.

Es un hecho inaceptable, no hay respeto a la trayectoria laboral, que en algunos casos alcanza los 33 años de servicio público, que profundiza la gravedad, al ser notificadas de los despidos, sobre todo considerando que afecta en su mayoría a mujeres, las cuales fueron tratadas despectivamente, acompañadas por una escolta militar para que retiraran sus pertenencias y abandonaran el edificio institucional.

Con rápida acción asumimos disponer el trabajo sindical ANEF con la organización sindical afiliada ANFUCOE, estableciendo comunicación y apoyo para recurrir a todas las instancias posibles, para denunciar este atropello a la dignidad de las y los trabajadores, a la vulneración de sus derechos laborales y la utilización militar para sacar del edificio a las trabajadoras.

Hacemos un llamado al Ministro de Defensa, Sr. Mario Desbordes Jiménez, que deponga los despidos arbitrarios de funcionarios/as civiles, para que revisen y reviertan los hechos expuestos, deteniendo los despidos y considerando la actual Pandemia, no hay justificación para que el costo de la crisis sanitaria lo sigan pagando las y los trabajadores del país.

Hay que escuchar a los millones de chilenas y chilenos que se han expresado rotundamente, marchando por las calles y votando masivamente en las urnas, enviando un mensaje claro de mayor justicia social, terminando con el abuso, la prepotencia y la injusticia.

Solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros de la C.O.E. con la Directiva sindical de ANFUCOE. Hoy más que nunca requerimos de la más amplia unidad y el mayor compromiso en defensa de la función pública, la estabilidad laboral y la dignidad de cada funcionaria y funcionario del Estado de Chile.

La Mesa del Sector Público, organismo que reúne a las asociaciones y confederaciones del sector público afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que negocia todos los años el reajuste del sector público con el Gobierno, y la Confederación de Sindicatos de Empresas del Estado, organización de hecho que agrupa a los sindicatos y federaciones de empresas del Estado como Codelco, ENAP, Correos, TVN, Empresas portuarias, entre otras, desea manifestar su preocupación por la situación de la licitación de los puertos de Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas, últimos puertos que conservan el 100% de sus operaciones en manos del Estado.

La modernización portuaria, iniciada con la ley N° 19.542, significó un fuerte golpe a los intereses de los trabajadores. En el sector público, los procesos de concesiones significaron la pérdida de 1.600 puestos de trabajo y empleos de calidad. En el sector privado, las redes sociales instaladas por el gobierno han cubierto a unos 4.000 trabajadores que dejaron de prestar servicio en los puertos. La Fenatraporchi, entidad que es parte de nuestra organización, ha denunciado que el gobierno en los últimos meses ha dado fuertes señales y efectuados anuncios en cuanto a avanzar hacia una completa concesión a privados de la totalidad de los puertos del sur del país que son administrados en la actualidad por las empresas públicas señaladas en la ley N° 19.542, que se ratifica con el envío de las solicitudes al tribunal de la Libre competencia.

Entendemos que los países deben avanzar, generar nuevas y mejores estructuras, sin embargo, este avance no debe ser a costa de los trabajadores(as), y tampoco de las regiones donde se realizan estos procesos. El impacto de las licitaciones portuarias comprometen el desarrollo de las comunidades donde se encuentran instaladas, sin lugar a duda se generarán incrementos en el costo de la vida de todos y todas. Debemos pensar que la entrega de estos últimos puertos a los grupos económicos de nuestro país definitivamente privatiza el cabotaje marítimo en Chile, además que, se perderá el rol de palanca de desarrollo regional que mantienen estas empresas donde se encuentran ubicadas, perderemos al regular del mercado, que permite evitar los monopolios en los puertos. Sin lugar a equivocarnos se está ad portas de crear un monopolio o duopolio de la carga marítima dentro del país

En el escenario actual de salud y económico de nuestro país y considerando las últimas declaraciones expresadas por las más altas autoridades de nuestros país, si el ESTADO está empeñado en solicitar a los privados mantener el empleo, porque este gobierno no hace lo propio con sus trabajadores. Estos procesos generarán pérdida de empleos directos e indirectos, sin mencionar el aumento de los costos portuarios, que derivarán en las disminuciones de proyectos en regional, impactando directamente en el desarrollo regional y en la generación de empleos

Manifestamos por tanto, como trabajadores del Estado agrupados en la Mesa del Sector Público y en la Confederación de Empresas del Estado, nuestro rechazo a la decisión de este gobierno, y hacemos un llamado a nuestras bases a estar atentos e informarse como se lleva adelante este proceso, en medio de un plebiscito constitucional que clara y democráticamente intentará profundizar el rol del Estado en Chile, el cual creemos no puede seguir siendo disminuido, menos en aquellos puertos estratégicos del país como son Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.