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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnas

El medicamento como un bien social

diciembre 3, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Patricio Gilbert

Académico de la Usach

Ya instalada en la discusión diaria, el acceso a los medicamentos para toda la población, es un tema que no se puede evitar y que se debe profundizar, ya que su solución implica realizar cambios profundos en nuestra sociedad y modelo de desarrollo.

Cuando el 29 de diciembre de 1989 se promulga la Ley 18.899, se deroga el Decreto 70/1791 de 1942 el cual establecía una serie de restricción a la venta de medicamentos; se dijo que al introducir “más mercado” al mundo farmacéutico, los precios bajarían y toda la población podría tener acceso a los mismos, ya que la “iniciativa privada” permitiría que “todos” pudieran acceder a los medicamentos.

De esa promesa estamos a días de cumplir 30 años y cómo podemos ver, los efectos de la derogación de la regulación al mercado farmacéutico existente desde los años 40, solo trajo colusión de precios, particas monopólicas y aumento de los precios, así como un menor acceso a los medicamentos.

La primera conclusión que podemos sacar es que la introducción de “más mercado” en el tema farmacéutico solo generó efectos negativos que hoy día debemos revertir.

Uno de los primeros efectos negativos, fue la mayor concentración del negocio de distribución de medicamentos; rápidamente, las llamadas “Farmacias de barrio” fueron reemplazadas por las nuevas y agresivas “Farmacias de Cadena” quienes con la posibilidad de negociar mejores precios por volumen de compra y una política agresiva de captura de cuotas de mercado, hicieron que las Farmacias de Barrio fueran desapareciendo, hasta hacerlas insignificantes ante el poder de negociación que tenían estas cadenas (más del 80% de las ventas de medicamentos se realizan en 3 cadenas de farmacias); logrando concentrar en 3 actores, las decisiones respecto de cómo se debía comportar el precio de los medicamentos.

El segundo efecto negativo fue la distribución geográfica de las farmacias; al no existir la regulación de la ubicación de las farmacias, se estableció una competencia entre los tres actores mayoritarios, con el objeto de copar todos los espacios que eran “rentables para el negocio” a fin de maximizar las ganancias. Esto generó que hoy día la mitad de las farmacias de Chile se encuentren ubicadas en la Región Metropolitana, distribuidas de acuerdo al nivel socio económico de la población, más que por la cobertura de población que se requiere; generando esto que en ciertas comunas de la Región Metropolitana tengamos una alta concentración de farmacias y en otras una muy baja densidad, lo que dificulta el acceso a los medicamentos.
El tercer efecto negativo corresponde a la integración vertical del negocio, ya que de acuerdo a la visión los negocios de “venta al por menor” la forma de maximizar las utilidades está dada por acortar la cadena de distribución, teniendo la producción, distribución y expendio integrados, es así como la existencia de Cadenas de farmacias dueñas de laboratorios, hizo que los precios de sus productos disminuyeran, aumentando sus utilidades y haciendo más difícil la sobrevivencia de las farmacias que no tenían esta posibilidad.
El cuarto efecto negativo corresponde al más pernicioso de todos y corresponde a la colusión de precios de los medicamentos, hace pocos años nos enteramos que las tres cadenas de farmacias, durante al menos 6 años, estaban coordinadas y concertadas para aumentar o disminuir el precio de los medicamentos, con claros objetivos de manejar las utilidades de las cadenas, eliminar a la posible competencia que eran las farmacias de barrio y finalmente generar un poder comprador ante los laboratorios, a fin de que estos entregaran los precios que a ellos les interesaban más que para mejorar el acceso a la población. Esto trajo consecuencias nefastas para el acceso a los medicamentos, ya que lo que se logro es el aumento de los precios, sin mejorar el acceso y solo aumentando las utilidades de las cadenas.

Estos cuatro efectos negativos, que desmienten la premisa con la cual se implementó esta nueva forma de mejorar el acceso, hacen necesario replantearse y hacer un cambio estructural en la forma de ver el medicamento.

Hemos visto que las ideas del Libre Mercado, no aplican para este tipo de productos, ya que por una parte no resuelven necesidades sustituibles o la población no cuenta con la posibilidad de intercambiar productos para satisfacer sus necesidades, tal y como sería un auto, un televisor o un kilo de pan; la génesis del medicamento está en la necesidad de reestablecer o mantener una condición de salud, por lo cual, el costo alternativo de su no uso es la no salud o más bien dicho, la enfermedad que en algunos casos puede significar la muerte del paciente.

Este simple detalle hace necesario tener una mirada distinta respecto del fármaco y sus implicancias en el acceso a la población; haciendo necesario que el Estado garantice, promueva y realice acciones para que toda la población tenga acceso a ellos; es decir, debemos dejar la lógica subsidiaria, donde el estado solo provee de instrumentos que permitan “tener la posibilidad del acceso a los medicamentos” y pasar a un estado el cual debe realizar acciones para asegurar el acceso de toda la población, de los medicamentos que requiere para mantener y recuperar la salud.

Esto es lo fundamental para comenzar a trabajar y lograr que en el mediano plazo, toda la población tenga acceso seguro y oportuno, a las terapias necesarias que deba utilizar, para solucionar sus problemas de salud.
Una vez realizado este cambio de mentalidad, podremos recién comenzar a analizar, las vías por las cuales se realizará este acceso, el origen de los medicamentos, cuales son los esenciales y que el estado debe asegurar su acceso y como regulamos que nuestros pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos, con los menores efectos secundarios y al menor precio posible; permitiendo de esta manera hablar del medicamento como un bien social, parte de la seguridad social de la población más que un simple bien de consumo, que es como se ha tratado en los últimos 30 años.

Es necesario mirar desde otra óptica, el estatus con el que se analiza el medicamento, pasando, necesariamente desde un bien de consumo a un bien social, parte de la seguridad social del país.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Patricio Gilbert

Mujeres en alerta, el peligro de retroceder

diciembre 1, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

La crisis sociopolítica en Chile tendrá impactos que nos mantendrán con incertidumbre respecto al futuro. Los lugares comunes de los por qué llegamos a este punto sobran y han sido repetidos en estos días por muchos ciudadanos y ciudadanas que experimentan las reiteradas injusticias sociales.

Por Cecilia González Hansen

En esta sociedad donde los derechos se han transformado en bienes de consumo, la fragilidad se convierte en un aliado comprometido con la desigualdad, y es en este punto en el que me detengo para afirmar, con especial énfasis, lo preocupante que comienza a ser la situación de las mujeres como impacto de esta crisis.

El comercio y los servicios sin lugar a dudas serán los sectores económicos más afectados, y es justamente ahí donde más mujeres se desempeñan de manera remunerada.

Hemos visto en el mundo entero como en las situaciones de crisis el impacto es diferenciado entre mujeres y hombres, y si bien a todas las personas les afecta negativamente los bajones de la economía, en el caso de las mujeres se produce un fuerte retroceso en sus derechos económicos.

Ante un escenario económico incierto surge para las mujeres la precarización de sus empleos, se intensifica el tiempo de trabajo, emerge la informalidad y con ello la desprotección social y previsional.

En una mirada aún más aguda, podemos volver a la reinstalación del modelo tradicional de roles de genero, donde las mujeres cesantes vuelven a relegarse al espacio privado y a asumir en gran medida las labores de cuidado, disminuyendo por sí mismo el camino cultural hacia la corresponsabilidad.

En Chile la tasa de hogares monoparentales con jefatura de hogar femenina va en aumento, y serán estos hogares los más afectados. Por eso no sólo nos podemos quedar en el impacto y las mediciones, sino además debemos visualizar que las medidas tanto del mundo empresarial como de las políticas públicas aborden esta crisis con enfoque de genero, considerando esta variable en el resultado que se espera alcanzar para disminuir los efectos negativos de una economía golpeada.

La precariedad conlleva a serios peligros de exclusión social en momentos donde necesitamos que las mujeres estén presentes y participen en todas las instancias que surjan para los cambios sociales que la población demanda, por tal motivo relevar el impacto de la crisis en las mujeres debe ser considerado transversalmente por todos los sectores y en todos los ámbitos.

Las mujeres somos motores de cambio, sensibles a las desigualdades porque, sea cual sea el lugar donde estamos, por siglos hemos sido objeto de ellas, no olvidar que la desigualdad de genero se manifiesta en todas las dimensiones de la vida y en momentos de crisis debemos estar más alertas que nunca para que esto no se agudice.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: Cecilia González Hansen, columna, Feminismo

Sentido común

diciembre 1, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

 

 

 

Por Daniel Matamala

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

Basta un breve paseo por el ring histérico de las redes sociales o por el circo de algunos matinales para convencerse de que Chile es un país polarizado. ¿Cómo no pensarlo, si los hashtags que llaman a la revolución o a la dictadura se disputan los primeros lugares? ¿Cómo no verlo, en el desfile televisivo de extremistas y hasta negacionistas de los crímenes de la dictadura?

Afortunadamente, ese es un espejismo. Pese a ese show de confrontación, nuestra democracia tiene un activo invaluable: el sentido común de los chilenos. En palabras de Jack Trout, “una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas”.

Veamos cómo se demuestra.

La inmensa mayoría rechaza los saqueos y robos (96% en Cadem), y al mismo tiempo está de acuerdo con el movimiento social (85,8% según Desoc/Coes); con una nueva Constitución (85% según Cadem; 83,9% según Desoc/Coes) y con convocar a un plebiscito (83% en Cadem); además, cree que Carabineros ha abusado de su poder (69%, Cadem).

Cito, por cierto, encuestas que buscan ser representativas, no sondeos por redes sociales que, por su metodología, apenas representan a ciertas burbujas y no a la sociedad chilena.

En medio del desplome de la política, solo se salvan los dirigentes capaces de conectar con ese sentido común, dialogar y llegar a acuerdos. Los únicos políticos al alza en los rankings de evaluación son Mario Desbordes (44%, Cadem) y el ministro Ignacio Briones (41%, Cadem).

Caen estrepitosamente, en cambio, los que han evadido asumir su rol de liderazgo (Lavín, -16%; Sánchez, -15%), o los de discurso confrontacional (Insulza, -22%; Matthei, -18%; Allamand, -15%). Enterrados en el sótano de la lista aparecen los extremos: J.A. Kast, Teillier y Van Rysselberghe, junto al Presidente Piñera y su constante discurso sobre el combate contra “enemigos”.

Sí a los acuerdos, no al extremismo. De sentido común.

La élite siempre ha despreciado el sentir de la sociedad. Atenderlo, repiten, es “populista”. Pero la historia reciente deja muy mal parada esa pretendida superioridad.

Ya en 1990, según la encuesta CEP, había una mayoría a favor de una ley de divorcio. En 1995, el 74% de los chilenos la apoyaba. Pero, ante la resistencia de la élite supuestamente ilustrada, esta ley recién se aprobó ¡en 2004! El entonces diputado Alberto Cardemil dijo que la ley sería un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”.

Mismos argumentos tremendistas hubo para retrasar otras reformas que la inmensa mayoría respaldaba, como el fin de la censura, la descriminalización de la homosexualidad (“algo que es ilícito se convierte en lícito”, decía el entonces senador Chadwick), o el fin de los niños “ilegítimos” (“no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale lo que la naturaleza ha hecho diferente”, decía el entonces senador Hernán Larraín).

Lo mismo ocurrió con el aborto, donde en 2009 (Flacso) entre el 64% y el 66,7% de la población ya apoyaba la despenalización en tres causales.

Y qué decir del masivo rechazo ciudadano a las AFP y la desigualdad. Apenas al 7% le da tranquilidad que las AFP administren los ahorros (Comisión Presidencial, 2015); y 92,5% cree que las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes (Coes, 2014).

¿Qué hizo el sistema político al respecto? Todo lo contrario: hasta el 18 de octubre, los dos proyectos estrella del gobierno eran bajar los impuestos a los dueños de empresas y dejar intocadas a las AFP en la reforma previsional.

Mientras, en estas semanas los abusos siguen campeando.

Laurence Golborne facilitó facturas falsas por más de $ 300 millones para recibir pagos de una decena de empresas en su campaña de 2013. Un acuerdo con la fiscalía lo liberó de condena a cambio de pagar módicos $ 11.440.000.

Su excolega de gabinete Gabriel Ruiz-Tagle (sí, el mismo de la colusión del confort) hizo una “pasada” de $ 353 millones usando información privilegiada con acciones de Colo-Colo. Ruiz-Tagle atribuyó su acción a “un error”, “producto de mi ignorancia de las normas”. La multa apenas lo obliga a devolver una fracción de lo ganado: $ 211 millones.

Más “errores”: en el juicio por el caso Corpesca, Roberto Angelini calificó los sobornos que su gerente general confesó haber pagado a parlamentarios como “errores de administración”.

Los abogados al servicio del poder ensayan sofisticadas explicaciones para esta impunidad, pero no engañan al sentido común: el 95% de los chilenos cree que “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o estatus social” (UC, 2016).

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

En este momento crítico, la clase política debiera entender que llegar a acuerdos en beneficio de Chile es también popular y conveniente para ellos. Los chilenos ya lo entendieron. Es cosa de sentido común.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: columna, Crisis en Chile, Daniel Matamala, Manifestaciones sociales, Saqueos

¿Qué es una Estado feminista?

noviembre 27, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Leonel Sánchez Jorquera y Gloria Fuentes Needham

Licenciada en Filosofía, Diplomada en Políticas Sociales, Diplomada de Postítulo en Gobierno y Gerencia Pública y Magister@ Gobierno y Gerencia Pública. Universidad de Chile. Especialista en genero, con énfasis en genero y trabajo. Integra el Frente Feminista de la Democracia Cristiana.

En el proceso constituyente que nos encontramos, entre los muchos desafíos presentes, está el definir, en la nueva Constitución, el Estado que queremos.

Así podemos debatir y sancionar que en Chile se establezca un Estado cuya finalidad es promover el bien común, de carácter plurinacional, intercultural, unitario, laico, libre y soberano, independiente, feminista, comunitario, inclusivo e integrador, sustentable, social de derecho, respetuoso y promotor de los derechos humanos.

En particular, queremos detenernos en establecer qué significa que se defina a un Estado como feminista, qué corolario tendría dicha declaración en el propio texto constitucional y algunas manifestaciones en un nuevo modelo de desarrollo y sistema político chileno.

Como pregunta preliminar planteamos, ¿es posible construir una teoría de Estado a partir de los aportes del feminismo?

O, dicho desde la actual situación, ¿es posible superar una estructura patriarcal del Estado contemporáneo? Ello enfocándose en un problema de asimetría de poder en un aspecto tan antiguo como permanente cual es la discriminación arbitraria de una persona por razón de su sexo.

El genero es un sistema social que divide el poder, donde a lo largo del tiempo las mujeres han sido económicamente explotadas, relegadas a la esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad, sexualmente objetificadas, físicamente ultrajadas, utilizadas en espectáculos denigrantes, privadas de voz y de cultura auténtica y del derecho al voto, excluidas de la vida pública (MacKinnon, 1989).

Reconozcamos que es un tema nuevo, emergente y poco desarrollado lo de un Estado feminista; sin duda el feminismo tiene una teoría del poder, pero no tiene una teoría específica de su forma estatal (MacKinnon, 1989) o, dicho más recientemente en nuestras latitudes por Claudia Dides, socióloga y Directora Ejecutiva de Miles, que en Chile hay muy poca discusión sobre el tipo de Estado que necesitamos.

Por ahora enfocaremos el tema en algunas bajadas concretas en cuanto a definir a un Estado como feminista, pero queda el debate abierto al profundo concepto ya planteado. Tomaremos referencias de procesos en Iberoamérica, a partir de textos de Magdalena Valdivieso (2016), María Eugenia Palop (2018) y el Centro de Estudios de la Mujer (2019).

En primer lugar, la Constitución debe incorporar de manera transversal aspectos que permitan garantizar no solo de manera simbólica, sino también práctica, la igualdad sustantiva, esto es el pleno ejercicio de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos a la vida cotidiana.

Ello implica propender a la democracia paritaria, la cual ha sido planteada como un desafío por la XXIX Asamblea General del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) en 2013, promoviendo una Ley Marco que reconozca la paridad como clave para la democracia y cuyo objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones y en los mecanismos de representación social y política para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

Hay tres ámbitos fundamentales como ejes vertebradores a abordar: un modelo de Estado inclusivo que debe asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la paridad en todos los poderes del Estado y, finalmente, el cambio en las relaciones y dinámicas de poder de los partidos y organizaciones políticas (ONUMUJERES y PARLATINO, 2015).

La nueva Constitución debe incorporar elementos para evaluar la paridad de manera cualitativa, para lograr cambios culturales que permitan sostener y consolidar los avances. Un primer paso es que sea elaborada con criterio de paridad, pero esta democracia paritaria debe ser una exigencia de la nueva Constitución en todos los aspectos que conlleva.

Por ello, debe contener el principio de paridad democrática en todos los procesos y órganos de decisión del país. Y, como no basta la igualdad formal, requiere que tenga referencia específica a las acciones afirmativas (medidas legales, administrativas o prácticas, dirigidas a reducir/eliminar prácticas discriminatorias en contra de las mujeres) las cuales, por cierto, son temporales, tal como las leyes de cuotas, debiendo la Constitución proveer de condiciones para que sea posible.

Debe contemplar el reconocimiento, visibilización y valorización del trabajo doméstico no remunerado, realizado mayoritariamente por mujeres, y propiciar que se incorpore en las cuentas nacionales (cuentas macroeconómicas que buscan reflejar los aspectos más relevantes de la economía nacional).

Se debe consignar, asimismo, el derecho al cuidado y a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal para mujeres y hombres, promoviendo el cambio cultural necesario para un reparto equitativo de los roles de cuidado (corresponsabilidad).

Debe incorporar el derecho a la Educación no sexista siendo obligatorio en el currículum escolar materias que fomenten la educación en la diversidad y en igualdad entre mujeres y hombres, y propiciar mecanismos para el cambio cultural, con énfasis en prevención y actuación efectiva contra todo tipo de violencia machista.

Consignar el derecho a una vida libre de violencias; no basta contar con un cuerpo de leyes, hoy insuficientes, que busquen tipificar y sancionar las violencias que afectan a las mujeres y niñas, sino que la Constitución debe abordarlas de manera integral, con un Estado que, asumiendo su responsabilidad, tenga una actuación efectiva y prioritaria.

Incorporar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respetando la diversidad de ellas y su autonomía efectiva. Implica que el Estado actúe para disponer de todos los mecanismos que permitan el ejercicio pleno y en dignidad de estos derechos.

Tener derechos sociales en igualdad de condiciones para mujeres y hombres es fundamental en la nueva Constitución, con mirada crítica sobre los roles tradicionales para enfrentar aspectos en los que se expresan las desigualdades que impiden la plena autonomía económica de las mujeres (desigualdad salarial, segregación ocupacional, violencia laboral, pensiones, entre otros).

Una democracia paritaria es el desafío para que Chile tenga una nueva Constitución Política que refleje el mínimo de los derechos de más de la mitad de la población. Una Constitución Feminista es la manera en que las mujeres efectivamente podrán ver sus derechos reflejados y garantizados, por un Estado que las considera como personas legítimas y dignas, sujetas de derechos inalienables.

Publicado en: Columnas, Notas Etiquetado como: Leonel Sánchez Jorquera

Acuerdo de cronograma para una Agenda Social

noviembre 22, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

El viernes 15 de noviembre se firmó el histórico “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que permitirá por primera vez en la historia del país tener una Constitución construida democráticamente y, si bien quedan aspectos pendientes – entre ellos asegurar en la Convención Constituyente la participación de independientes y dirigentes de la sociedad civil sin afectar la proporcionalidad –, creo que con la misma voluntad de la semana pasada pueden resolverse.

Por Alberto Undurraga 

Con todo, la nueva Constitución resultante de este proceso estará en el mejor de los casos recién el año 2021, y en el intertanto el país requiere urgentemente avanzar en la agenda social.

Los acuerdos a lograr en materia social presentan varias diferencias con el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. En primer lugar, en cada uno de ellos se requiere ir al fondo del problema y plantear soluciones concretas en cada uno; en segundo lugar, para lograr el punto uno se demanda recursos económicos y no basta solo con acuerdo de parlamentarios, sino que requiere expresamente un acuerdo con el gobierno; en tercer lugar, se necesita de tiempos necesarios para que equipos técnicos aborden cada una de las materias logrando acuerdos sostenibles, y; finalmente, cada uno de estos acuerdos debería considerar expresamente la participación del mundo social y de la sociedad civil, con métodos y tiempos apropiados.

Por otra parte, a nivel de declaraciones generales pareciera existir bastante consenso respecto a gran parte de los temas a abordar. Sin embargo, co-existen dos miradas extremas que pueden dificultar el desarrollo de acuerdos en materia social. Por un lado, el maximalismo en las demandas (todo y ahora) y, por otro lado, el statu quo respecto a la forma de enfrentar cada una de las materias (no se puede). Será entonces un ejercicio de análisis social, económico y político, audaz y responsable a la vez, el que permitirá darle un nuevo marco social a Chile.

¿Cómo abordarlo? 

Una alternativa es abordar los acuerdos tema por tema. El problema de esta forma es que no da certezas respecto a los tiempos, cuáles serán las temáticas sociales y no hay compromiso alguno con la ciudadanía. En síntesis, este camino no establece una ruta de solución, como sí lo hizo en materia constitucional el acuerdo del pasado viernes 15.

Una solución posible es construir un Acuerdo Marco de Cronograma de la Agenda Social, en que las partes – gobierno, parlamento, oficialistas y oposición, alcaldes, mundo social, sociedad civil y sector empresarial – expresamente señalen los temas y las fechas en que cada uno de ellos será resuelto y aprobado.

Un ejemplo de lo anterior es que en diciembre se tengan aprobados acuerdos en pensiones y en materia tributaria, en enero en medicamentos, CAE y rebaja de dietas parlamentarias, y en los meses siguientes salarios, salud y Fondo Común Municipal entre otros. Aquí los temas y fechas exactas serían materia del acuerdo. El punto de partida puede ser el Marco de Entendimiento Social firmado en el Senado esta semana a propósito de la Ley de Presupuestos, pero incluyendo a más actores.

Un cronograma permite concentrar los esfuerzos para resolver los acuerdos de cada mes, con adecuado análisis técnico y con participación de actores sociales y económicos. Asimismo, se transforma en un compromiso con la ciudadanía para resolver con fecha cada uno de los temas de la agenda social.

Por otra parte, un cronograma permite a las distintas autoridades y representantes explicar el porqué de cada decisión. Adicionalmente, un cronograma no es ajeno al trabajo legislativo actual, de hecho, la Ley de Presupuestos funciona de esa forma, con fecha límite. Se trata entonces de dar certezas de temas a abordar con tiempos definidos en los que estarán resueltos. En síntesis, un acuerdo de cronograma es la construcción de una ruta de solución a la agenda social, como lo fue el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” en materia constitucional.

Las medidas y anuncios se valoran cuando son adecuadas, oportunas y construidas con participación amplia. Pongámosle fecha y trabajemos por ello.

Publicado en: Columnas, Politica

Demagogia en el Gobierno y en el parlamento y ninguna solución a los abusos de las AFP

noviembre 20, 2019 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ricardo Hormazábal

Exsenador DC y abogado

Se ha convertido en tema nacional una indicación de una diputada de derecha, que aumenta a $150.000 mensuales la Pensión Básica Solidaria (PBS) que reciben las personas más pobres que nunca han cotizado y que es claramente contraria a la Constitución por representar más gasto para el Estado. El gobierno, a la deriva, vacila entre su rechazo y la forma de postergarla. En mi opinión, esta actitud demuestra, una vez más, la debilidad del gobierno y la incapacidad de los parlamentarios de todos los sectores para presionar por medidas que afecten realmente los abusos de las AFP, Compañías de Seguros y otras vinculadas. En efecto, es justo que los más pobres puedan recibir algo por sobre la línea de la pobreza. Pero, ¿Por qué dejamos a los que han aportado más del 20% de sus ingresos por más de 20 años con una pensión de $129.000 pesos y, si tiene derecho a un subsidio estatal, ¿Aporte Previsional Solidario(APS) pagado por todos, la eleva a cerca de $162.700?

Yo apoyo esa prohibición de que los parlamentarios tengan atribuciones para comprometer fondos públicos. Quiero que los lectores sepan que esa norma fue aprobada en democracia, por medio de una Reforma Constitucional del año 1970, impulsada por el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por órdenes de Pinochet, y aprobada en el Congreso Nacional de esos años, por amplia mayoría. Yo defendí sin ser parlamentario esa iniciativa y la he respaldado siendo diputado o Senador. He visto la demagogia y la falta de responsabilidad de muchos políticos y está demostrado que NO es una solución permanente a las graves injusticias. Para esos fines que promuevo, se necesita una legislación seria, basada en principios solidarios y con el financiamiento de los que más tienen.

Distinto es el caso de una indicación del diputado Tucapel Jiménez y otros, aprobada con los votos beligerantes en contra de la derecha. Esta iniciativa deroga el artículo 45 bis del DL 3500 que permite a las AFP expropiarnos un millón de dólares diarios. ¿En dónde radica la diferencia? En que la indicación del diputado Jiménez No representa gasto fiscal alguno y, por ende, cumple con las finalidades que se tuvieron a la vista cuando se aprobó la Reforma Constitucional que he recordado. Sólo termina con ese zarpazo permanente a nuestros fondos de pensiones, sin que siquiera nos informen de ello.

Creer en un Estado de Derecho no es fácil, porque muchas veces tienes que aceptar políticas que contrarían tus ideas, pero yo aprendí en la DC, cuando tenía 15 años, que los cambios deben hacerse por las vías legales. También me enseñaron que la tarea de los políticos era extender las fronteras de lo posible, no quedarse de brazos cruzados quejándose.

Además, he sido testigo desde mis funciones parlamentarias en el pasado o como simple ciudadano desde hace casi dos décadas que un acuerdo político amplio y activo, logra que un gobierno acoja una petición que está en su ámbito exclusivo de sus competencias. ¿Por qué no hacen lo mismo para terminar con los abusos de las AFP?

Cuando integré el Senado, logramos con el entonces Senador Hernán Vodanovic, que el Presidente Aylwin acogiera nuestra idea de crear una indemnización de medio mes por año, pero a todo evento, para las trabajadoras de casa particular, propuesta que había sido rechazada por los entonces senadores Sebastián Piñera y Jaime Guzmán. El respaldo presidencial se otorgó luego que el respaldo a la iniciativa del también senador en esa época, Sergio Onofre Jarpa, levantara el veto derechista. Más de medio millón de personas se ven favorecidas con ese acuerdo. Hay muchos otros ejemplos en diversos años que pueden servir para lograr, ahora, que este gobierno y algunos parlamentarios de oposición, cambien su rol protector de las AFP, como lo pedimos millones en las calles y en nuestros hogares.

¿No les parece a los parlamentarios y al gobierno injusto, el hecho que las AFP obtengan, en nueve meses más de 551 millones de dólares de utilidad, incrementando en más del 70% sus ganancias, mientras los millones es de afiliados obtenemos rentabilidades malas y pensiones indignas y más reducidas?

Es una irresponsabilidad jugar con las angustias de las personas sin darles una solución justa. ¿Es bueno subir la Pensión básica Solidaria a 150 mil pesos? Sí y por ello no hay que quitarle al Fisco 800 millones de dólares, como busca la Reforma Tributaria del gobierno, para favorecer a los más ricos, que se coluden y nos cobran precios abusivos usando a vil precio nuestros propios fondos.

Ni un peso más para las AFP o el gobierno. Todo a las pensiones

Después de las demostraciones masivas se ha dado un paso importante para terminar con la Constitución Neo liberal y autoritaria. Lo respaldo ese acuerdo, aunque sigo creyendo que la solución más apropiada es adelantar las elecciones de Presidente y de todos los parlamentarios para el próximo año. Espero que se logre el objetivo del acuerdo y que las fuerzas extremas políticas y económicas que buscarán hacerlo fracasar no logren su finalidad.

¿Cómo podemos salir de la trampa de las isapres y las AFP?

Insisto, expropiar a las AFP y a las Isapres no es un camino viable ni aconsejable. Los tratados de Protección de Inversiones y las condiciones políticas internas nos abren conflictos internos y externos innecesarios.

Entonces, ¿Qué se puede hacer? Confiar en los propios afectados. En nosotros está la primera responsabilidad.

Para enfrentar los abusos de las Isapres se ha construido un camino en los Tribunales de Justicia que se ha demostrado apropiado, ayudando a disminuir el costo de la parálisis de la clase política frente a estos grupos poderosos. ¿Cómo no entender la indignación ciudadana si han pasado varios gobiernos y Congresos, con la Isapres perdiendo cientos de miles de juicios, cargando a costos los honorarios de sus abogados y de los afectados, y no logramos que se cambien las leyes injustas? Hay una parte de culpa de la dirigencia social y de los propios ciudadanos, que siguen sin actuar en su propia defensa. Si incluso ahora hay estudios de abogados que no cobran a los afiliados que demanden-

Seamos pro activos, No acepten alza alguna y busquen abogados que no les cobren honorarios a ustedes. Los hay y buenos. También sigamos con atención el debate sobre el proyecto que el gobierno ha enviado al Parlamento. Atención, los defensores y promotores de las isapres son muy poderosos, observemos cómo actúan los legisladores.

Para las AFP la situación es distinta. Son aún más poderosas que las isapres y los gremios de trabajadores poderosos no han decidido enfrentarlas en los tribunales. En estos últimos meses se han iniciado acciones legales valiosas, pero aún sin respuestas apropiadas. Pero hay que perseverar.

El gobierno es defensor de las AFP y ello se nota en el proyecto enviado al Congreso Nacional. Aparte de lo ya analizado, ¿Qué recibe la clase media? Una promesa de recibir hasta 50 mil pesos mensuales, con requisitos casi imposibles de cumplir y a largo plazo. Los jóvenes, a 40 años, y con menos fondos ya que no tienen derecho al Bono de reconocimiento. Para los que jubilan en la próxima década, casi nada.

¿Los acuerdos son necesarios? Sí. Aquí en la PBS hay un gran acuerdo, pero necesitamos superar los manejos de personas, supuestamente de oposición, pero que trabajan para las AFP o sus grupos económicos. Están en todos los partidos.

Propuestas que pueden aplicarse

Los presidentes de la DC y RN han llamado a llegar a un acuerdo social en un plazo máximo de dos semanas. ¿Qué esperan para avanzar? La senadora Ximena Rincón ha planteado, con argumentos irrebatibles, que bastaría una modificación de un decreto para cambiar las excesivas expectativas de vida, 110 años, que nos calculan las AFP a los 85 años para que nuestras pensiones actuales y futuras suban cerca de un 20%. Propuestas serias hay. Desde el Movimiento No más AFP a algunos partidos, pasando por organizaciones pequeñas como Acusa AFP que presido.

Nuestra propuesta para hoy, dos semanas más o la convención constituyente.

1.- Libertad para que el ciudadano elija donde impone, en AFP o en el IPS.

Los políticos se han alejado de la ciudadanía según lo demuestran las elecciones y las encuesta, entonces, ¿Por qué no reconocer nuestro derecho a optar? Esto requiere ley de quorum calificado e iniciativa del ejecutivo. Hasta Pinochet lo hizo, en el artículo 1° transitorio del DL 3500. % años de plazo tuvimos. ¿Por qué en democracia nos lo niegan? No hay eliminación ni expropiación de las AFP. Ejerciendo nuestra libertad, los dueños de los fondos decidimos dónde depositarlos. Personalmente no sólo creo en la libertad de las personas para decidir, sino que también hay trabajadores que se quedarán en las AFP, estas entidades no sirven en mi opinión, pero hay que respetar la decisión de las personas. Por cierto, Las cotizaciones del trabajador más el 5% del empleador, debe ser obligatorio en cualquier opción.

2.-Reponer el aporte patronal partiendo por un 5%.

Así era antes en Chile, antes del Golpe era superior al 40% lo que se aportaba por los empleadores, se rebajaba de impuestos, y así se hace en casi todos los países del mundo. Las PYMES deben recibir un subsidio para estos fines. En la OCDE es del 18%

3.- Destinar el 5% al fondo de garantía de pensiones ya existente, creando un directorio tripartito. Recauda la tesorería, administra el IPS y decide inversiones el fondo de garantía. Tiene una reserva de 10 mil millones de dólares

4.-Extender la pensión básica solidaria a todos los actuales y futuros jubilados, estén donde estén, financiadas de ese aporte patronal

5.-Contratar seguro de longevidad para todos.

Eso enfrenta el tema del envejecimiento y con un costo del 1 % de las remuneraciones, incrementa las pensiones en 20%. ¿Quién lo paga? Se carga al 5% patronal

6.- Plan especial para funcionarios públicos subcotizados que les permita la opción de volver al IPS o seguir con bonos en las AFP.

En 1993 se dio solución a estos trabajadores afiliados al INP, con cargo al Estado, pero se dejó afuera a los de las AFP, tan subcotizados como los otros. (Ley 19.200)

7.-Invertir los fondos de pensiones en Chile

Se conocen declaraciones de personeros de grupos económicos sobre la mala imagen y los riesgos que existen para atraer inversión extranjera. La inversión extranjera directa es menor a dos mil millones de dólares anuales y podríamos destinar entre 300 y 600 millones de dólares mensuales que actualmente se van en un alto porcentaje al exterior. Las 6 AFP han mandado más de 80 mil millones de dólares para especular en el exterior. Si los hacemos invertir en el país, se puede:

Duplicar los presupuestos para desarrollar mejor y más armónicamente al país. Los nuevos aportes, de inmediato, los que están afuera, gradualmente.

8.- Eliminar la doble comisión del artículo 45 bis del dl 3500

Es contraria al propio DL y no tiene fundamentos éticos ni jurídicos válidos. Ya hay un avance importante en la Cámara de Diputados, como analizamos antes.

Los defensores de las AFP pretenden refugiarse en “supuestos argumentos técnicos” que impedirían estos cambios. Esas son falsedades, entre el aporte patronal, los aportes ya comprometidos por ley para el Fondo de Garantía y los ahorros en subsidios del Estado a las AFP, tenemos un financiamiento serio y muy sustentable.

Un camino de mil millas comienza con un solo paso. Avancemos.

Publicado en: Columnas, Notas, Politica Etiquetado como: columna, Columnista, Crisis en Chile, exsenador, Manifestaciones sociales, Ricardo Hormazábal

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