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Proyecto de Ley

Proyecto que suspende cobro de créditos avanza al Senado tras aprobación en la Cámara

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de diversos tipos mientras dure el estado de catástrofe.

Se trata de mociones refundidas que ahora avanzaron a su segundo trámite constitucional en el Senado.

La iniciativa obtuvo una votación de 109 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones y en el texto se establece que va dirigida a personas naturales y pymes, a quienes se otorga el derecho a solicitar la suspensión del pago de seis cuotas de créditos de cualquier naturaleza suscritos con instituciones.

Además, los legisladores aprobaron el segundo informe de la Comisión de Economía, que rechazó la indicación presentada por el gobierno que pretendía acotar el beneficio solo a las cuotas de créditos hipotecarios.

En tanto, se rechazó una indicación que eliminaba la posibilidad de que se acogieran al beneficio las personas que hayan contraído créditos de financiamiento para cursar estudios en educación superior administrados por Corfo.

Para solicitar la suspensión del pago, la deuda del crédito no podrá encontrarse en mora con anterioridad al 18 de octubre de 2019.

Senadores Guillier y Huenchumilla presentan reforma Constitucional para facilitar que independientes puedan ser convencionales

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La moción propone autorizar que las firmas para inscribir las candidaturas puedan ser electrónicas; permitir a las listas de independientes formar pactos con partidos, y asegurar financiamiento fiscal a las campañas de independientes.

A raíz del debate político surgido en la última semana, este martes 15 de septiembre el senador Alejandro Guillier (Ind.), con el apoyo del senador Francisco Huenchumilla (DC), ingresaron al Senado un proyecto de Reforma Constitucional que busca facilitar las candidaturas de independientes para una futura Convención Constituyente, a la vez que busca establecer normas sobre financiamiento electoral para estos grupos.

En este contexto, el senador Alejandro Guillier destacó que “en enero, cuando se legisló el detalle del proceso constituyente, presentamos indicaciones y varios colegas senadores se abstuvieron (…) por una cuestión de quórum fueron rechazadas. Ahora, junto a Francisco Huenchumilla hemos visto que se ha ido entendiendo, que un proceso constituyente que no asegure la debida participación de la ciudadanía será una traición al espíritu reformador de octubre. Por eso presentamos esta reforma, que dicho en simple, busca emparejar un poco la cancha para aquellas personas que no representan a un partido”, enfatizó.

También el senador Francisco Huenchumilla puso énfasis en que el acuerdo político del pasado 15 de noviembre de 2019 fue “un buen punto de partida, el puntapié inicial de este camino que nos ha llevado por fin a iniciar un proceso constituyente. Pero fue por supuesto insuficiente, abrió muchas interrogantes y dejó temas por resolver, y entre ellos este punto que es esencial”, señaló.

El parlamentario DC enfatizó en que el proceso constituyente “debe tener elementos de inclusión que otorguen al proceso la legitimidad necesaria, o lo que es lo mismo, dejar la menor cantidad posible de cabos sueltos que después permitan a ciertos grupos cuestionarlo. Sólo así, la nueva Carta Magna que tengamos no será puesta en tela de juicio, como ocurre con la actual (…) asegurar y facilitar la participación de convencionales independientes, es integrar a otro grupo que no puede quedar excluido de este proceso, porque nadie puede quedar fuera”, consideró.

El proyecto

En concreto, el proyecto presentado por los senadores introduciría modificaciones a la disposición vigésimo novena transitoria, que se plasmarían en un artículo único, y donde la primera modificación busca permitir que las listas electorales de candidaturas independientes puedan acordar pactos electorales con uno o más partidos políticos.

En segunda instancia, se introduce una modificación para que el Servel establezca, mediante instrucción general, que los patrocinios a candidaturas independientes podrán realizarse según la Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; es decir, suprimir el requisito obligatorio de patrocinios con firmas presenciales, algo complejo de realizar en periodo de pandemia. De todas maneras, esta certificación electrónica se implementaría sólo para las votaciones de 2020 y 2021.

Finalmente, el proyecto propone un nuevo y último inciso, sobre el financiamiento de campañas de candidaturas independientes: “cada lista de candidaturas independientes, tendrá derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero equivalente al número de sufragios que hubiere obtenido el partido político que obtuvo la menor cantidad de sufragios en el distrito electoral o región, según corresponda. Dicho dinero se entregará a prorrata del número de candidatos independientes que contenga la lista”, detalla el inciso final.

Proyecto de Ley: Trabajadores de salud piden fuero laboral y descanso compensatorio

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Ayer, la diputada Karol Cariola junto a parlamentarios de la oposición y representantes de las 17 organizaciones de la salud agrupadas bajo la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentaron un proyecto de ley que busca reconocer el trabajo de quienes han estado en la llamada primera línea de la salud, estableciendo un descanso compensatorio y fuero laboral para todos los trabajadores de la red asistencial, tanto pública como privada, informa ElSiglo.cl.

La autora de la iniciativa expresó en un punto de prensa que “hemos escuchado durante todos estos meses que las trabajadoras y trabajadores de la salud son aplaudidos por los usuarios, son aplaudidos por el gobierno, pero creemos que si bien los aplausos son valiosos y valorables, no basta solo con aplaudirlos sino que también con hacernos cargo de la seguridad laboral, con hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como Estado de Chile y con esto no me refiero solo al Gobierno que lo administra sino que también a los parlamentarios y a todos los poderes del Estado de garantizar por tanto su salud mental, de garantizar las condiciones con las que ellos se van a seguir desarrollando, el cumplimiento efectivo de derechos laborales que hoy día pudiesen estar en riesgo”.

Mediante cuatro artículos, la moción propone establecer fuero laboral desde la última prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe hasta un año después. También establece un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles, con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales correspondientes que podrá ser utilizado en un período de dos años desde publicada la ley.

La moción parlamentaria fue una iniciativa que nace desde las distintas organizaciones de trabajadores de la salud. La propuesta excluye de dichos beneficios a los estamentos directivos, y suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales del numeral 6º del Artículo 159 y 161 del Código del Trabajo.

En la oportunidad, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, diputado Ricardo Celis (PPD), dijo que Chile “ha tenido una de las mayores mortalidades del mundo producto de malas decisiones estratégicas del Gobierno. Pese a ello, los trabajadores de la salud han salvado miles y miles de vidas, y han generado a muchas personas condiciones de bienestar. Eso ha sido a expensas de su trabajo, de su esfuerzo de largos turnos, de cambios de horarios, muchas ocasiones han abandonado el hogar para proteger a sus padres, a sus niños, para protegerse a ellos y sus familias. Esos actos que son casi de heroísmo, tienen que tener alguna compensación del estado, y esa compensación del estado y del país, además de los aplausos y además del cariño que es necesario y bienvenido, tiene que expresarse en medidas concretas”.

En la misma dirección, el diputado Independiente Patricio Rosas, agregó que sabemos que “hay mucho por hacer y avanzar todavía y máximo hoy día, que estamos enfrentando una pandemia que se va a extender probablemente todo este año y el año que viene, así que tenemos que hacer algo para ir mejorando las condiciones laborales de los que están, y también lamentar a los que ya no están”.

El diputado Miguel Crispi (RD) dijo que “espero que el Gobierno tome nota de este proyecto de ley, porque muchos días en el matinal del Ministerio de Salud se aplaude la labor que ustedes (los trabajadores) realizan pero no hay nada concreto para decir. Esta es la paga de Chile, y aquí hay dos cosas fundamentales que es el fuero y derecho al descanso, que esperamos se tramite rápido y cuente con el apoyo del Gobierno para dar una señal concreta de devolverles la mano a ustedes (los trabajadores)”.

En la misma dirección que su par frenteamplista, el diputado Diego Ibáñez (PCS) expresó que “si el Gobierno no hace algo, si el Presidente Piñera no hace algo, va a tener que hacerlo el Congreso y este es un primer proyecto de muchos que se tienen que venir en esta dirección, porque finalmente cuidar a quienes nos cuidan es cuidar a Chile, cuidar a los trabajadores es cuidar a Chile y si el Gobierno no está en disposición de las y los trabajadores, tendremos que ser nosotros quienes mediante un parlamentarismo de facto tendremos que empujar proyectos y colocarlos en tabla”.

En la ocasión, las 17 organizaciones agrupadas bajo el alero de la Secretaría de Salud de la CUT manifestaron sus posiciones favorables ante esta iniciativa, concordando en la necesidad de reconocer con hechos reales y vía ley la ardua labor que se realiza en toda la red asistencial, enfrentando la vida y la muerte a diario y sin contar -en muchos casos- con los implementos necesarios para su protección, lo que a la vez genera un riesgo tanto para el y la trabajadora como para sus familias.

La Consejera Nacional y Encargada de la Secretaría de Salud de la CUT, Karen Palma, manifestó su preocupación por las medidas de transición al desconfinamiento que ha implementado el Gobierno bajo el plan Paso a Paso y adelantó el total apoyo por parte de todas las organizaciones para que este proyecto se transforme en ley a la brevedad.

“Queremos mostrar nuestra preocupación a propósito del desgaste que tienen los funcionarios, de este no reconocimiento por parte del gobierno, pero también del plan que hoy se ha impulsado, Paso a Paso, que nos preocupa por sobre manera a partir de lo que puede significar en términos de un rebrote, o de una nueva situación crítica que los funcionarios de la salud vivimos muy de cerca” dijo Palma.

La dirigenta agregó que “hoy día se materializa una iniciativa positiva para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que recoge uno de los temas más sentidos, que tiene que ver con el desgaste físico y emocional que tiene cada uno de los que está en esta primera línea y creemos que es necesario, desde las organizaciones de todo el sector salud, valorar y apoyar esta iniciativa (…) Vamos a seguir insistiendo al Gobierno en que necesitamos que se reconozca en su totalidad a los trabajadores de la salud por el nivel de exposición y también porque ha sido consecuencia de una mala política sanitaria, que ha costado inclusive la muerte de muchos funcionarios y funcionarias”.

La propuesta impulsada por la diputada Karol Cariola cuenta con el apoyo de la diputada Claudia Mix (COMUNES) y de los diputados Ricardo Celis (PPD), Patricio Rosas (IND), Miguel Crispi (RD), Boris Barrera (PC), Guillermo Teillier (PC), Diego Ibáñez (PCS), Juan Luis Castro (PS), Víctor Torres (DC).

A la pauta de prensa asistieron representantes de organizaciones de trabajadores de la salud privada y pública: CONFUSAM, CONAFUTECH, CONFEDEPRUS, FENATS RM, FENATS NACIONAL, FENPRUSS, FEDASAP, FENASSAP, FENATRASAP, FENFUSSAP, FENTESS, FENASENF, AFURED, y CONFENATS.

Senadoras presentan proyecto que permite a beneficiarios de pensión alimenticia solicitar el retiro del 10% de las AFP de su deudor

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Según ElDesconcierto.cl, “sin duda que este proyecto también ayuda a abrir una conversación a un tema mucho más profundo y que nos preocupa, que es la falta de disposiciones legales efectivas, en orden de que se garantice el pago de un derecho que es básico para los niños y niñas de nuestro país”, manifestó la senadora Yasna Provoste (DC), una de las parlamentarias que respalda esta iniciativa.

El proyecto busca que el alimentario, o su representante legal, pueda solicitar el retiro de fondos del 10% de las AFP del deudor de la pensión alimenticia, aunque ellos no quieran hacer efectivo dicho retiro.

La propuesta fue presentada por las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Órdenes (Ind) y Carmen Gloría Aravena (RN).

“La moción parlamentaria que hemos presentado junto a la senadora Isabel Allende, es en defensa de los niños y niñas que son víctimas de una presión y una violencia que muchas veces los padres quieren ejercer sobre sus madres. No podemos normalizar que solo un 16% de los padres estén al día con la pensión de alimentos”, expresó Yasna Provoste, miembro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Alta.

[Te puede interesar]: Abogadas feministas sobre numerosas pensiones impagas que devela retiro del 10% de las AFP: “Es violencia económica en la esfera íntima”
Asimismo, la parlamentaria DC explicó que “a raíz de la autorización que la Reforma Constitucional nos ha permitido, que es autorizar el retiro de hasta un 10%, se estableció también la posibilidad de retener los montos de pensiones alimenticia adeudadas; y esto dejó al descubierto una realidad que es muy preocupante y es que uno de cada cinco alimentantes cumple con su obligación de proveer alimento a sus hijos e hijas”.

“No puede ser que en Chile un deudor le tenga más miedo a una casa comercial, al banco, que a la justicia que le ordena pagar una pensión de alimentos; es por eso que hemos presentado esta Reforma Constitucional, que esperamos pueda no solo evitar que se siga ejerciendo una violencia psicológica a las madres, sino cumplir con el derecho de los niños y niñas, que es tener una alimentación por parte de sus padres”, sentenció Provoste.

Reforma Constitucional

En lo sustancial, el proyecto de Reforma Constitucional el derecho a la madre, o a la cuidadora de un menor beneficiario de una pensión de alimentos, de solicitar -vía judicial- el retiro el 10% de las AFP del alimentante, para que así –con parte de esos fondos- se ayude a cancelar las deudas derivadas de esta compleja realidad.

“Sin duda que este proyecto también ayuda a abrir una conversación a un tema mucho más profundo y que nos preocupa, que es la falta de disposiciones legales efectivas, en orden de que se garantice el pago de un derecho que es básico para los niños y niñas de nuestro país”, manifestó la senadora Yasna Provoste.

Andrés Palma (DC) y proyecto de inyección de recursos a grandes empresas con fondos AFP: «Lo que pretendía el Gobierno era ampliar el número de empresas que podían ser financiadas. Eso, fue rechazado en el Senado»

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Cuando Chile se alegraba por el retiro del 10% de los fondos previsionales, el Senado aprobó un proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera que permite que las AFP traspasen recursos al «rescate» de los grandes grupos económicos, o al menos, ampliar la cobertura a más empresas grandes. Algo que se rechazó luego en la misma Cámara Alta esta semana. 

El proyecto se fue a segundo trámite a la Cámara Baja, el que se revisó ayer, pero no se vio en profundidad, porque en la Comisión de Hacienda se verá hoy el Fondo Covid-19 y no está iniciativa. En todo caso, tuvo modificaciones en su primer trámite legislativo, en Comisión de Hacienda del Senado el pasado martes, y no entregaría ni ampliaría fondos al 20% destinado a grandes empresas que lo requieran y que deban acreditar clasificación de riesgo. Solo queda en 15%.

«No se eliminan las categorías de riesgo para que las empresas soliciten estos montos y puedan hacer inversiones. El proyecto original decía que podían acceder a estos fondos de manera más flexible y barata, cosa que se rechazó en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Es decir, si emiten un bono las AFP cobran un interés más bajo que los bancos», parte diciendo Andrés Palma, economista de Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, En La Fontana.

Sobre lo anterior, añade: «Lo que pretendía el Gobierno era ampliar el número de empresas que podían ser financiadas con fondos de las AFP. Eso, fue rechazado por la Comisión de Hacienda y la sala del Senado. Sí quedó establecido en el resto del proyecto, que hay un número restringido de grandes empresas que pueden recurrir a estos fondos. Son las mismas empresas de antes, que son las empresas «Top» del país», que tienen calificación de riesgo bajo».

-¿En qué consistía este proyecto?

«En el fondo, ampliaba el rango en que los actores de las AFP podían invertir en empresas. Pero, ahora, van a financiar a las mismas de siempre. No se agregar nuevas firmas. Esta ampliación de rango es inútil y se rechazó (…) Hoy, las AFP pueden comprar acciones de empresas que sean de poco riesgo, como Endesa o Enel, y cuando las acciones pagan dividendos y suben de precio los fondos de pensiones ganan porque a estas empresas les va bien.

-¿Por qué no se entrega fondos directos de las AFP a las Pymes y solo se les otorga créditos?

-Porque las Pymes, en general, son más riesgosas. Tal vez, las menos riesgosas son las que tienen contrato con el Estado. La grandes empresas tienen gran capital o clientes fijos. Por ejemplo, a las empresas eléctricas siempre los clientes le pagan, es un ingreso constante para ellas, por tanto, son menos riesgosas y tienen alta rentabilidad. En cambio, una Pyme tú no sabes si se va a desarrollar o no.

-¿Y cómo se soluciona eso?

-Algo que no se ha hecho en el país, y esto es pecado de todos, es generar fondos de inversión para las Pymes desde las AFP. Fondos de refinanciamiento para que puedan acceder a esos recursos y recuperarse y desarrollarse.

-¿No es un rescate financiero entonces este proyecto?

-No, para nada, porque la misión de las AFP es otra. Tienen que invertir en empresas que sean seguras y rentables para que las pensiones suban. Entonces, ir a rescatar a las empresas con fondos de las AFP es algo muy riesgoso (…) Incluso, si existiera un fondo solidario, en el futuro con la reforma previsional, se tendría que invertir en fondos rentables y seguros. //ELF

Ley Nacional del Cáncer deberá resolverse en una Comisión Mixta

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Listo para ser visto por la Cámara Baja quedó el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer, luego que la Sala del Senado respaldara el informe de la Comisión de Salud por unanimidad.

La propuesta, en tercer trámite, fue respaldada por los senadores, pero rechazando un artículo relativo al fuero laboral de los trabajadores que tienen o han tenido Cáncer.

Esto con el fin de que en una Comisión Mixta se redacte de mejor manera el mecanismo a través del cual se garantizará este permiso especial.

La intención es que estos pacientes no puedan ser despedidos de su empleo mientras presenten la enfermedad o se encuentre en proceso de remisión.

En el segundo trámite, los diputados aprobaron que se cree un artículo nuevo en el Código del Trabajo que establezca que “el trabajador diagnosticado con cáncer tendrá fuero hasta por un año después de su remisión”.

Este último punto fue el que generó controversia, puesto que se llegó a la conclusión que no existe un procedimiento claro para determinar la remisión de la enfermedad.

La idea es dejar especificada en la ley, la necesidad de contar con un fuero en razón de esta condición de salud que imposibilita desarrollar una carrera profesional o un oficio, con normalidad.

El proyecto tiene por objeto establecer un marco normativo que permita la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, el adecuado tratamiento integral y la recuperación de la persona diagnosticada con dicha enfermedad, conforme a lo establecido en el Plan Nacional.

La norma crea un fondo de financiamiento adecuado para lograr ese objetivo; constituyendo un paso relevante en los ámbitos de la promoción de la salud, fortaleciendo y creando conciencia sobre la necesidad de una atención de calidad, oportuna y equitativa para la población del país en esta materia, que permita disminuir progresivamente la incidencia y mortalidad a causa de esta patología; todo lo cual permitirá un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, familias y sus comunidades.