En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Proyecto de Ley

Alberto Undurraga se reunió con senadora Goic para promover cambios a proyecto de Ley de Cierre de Calles y Pasajes

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Hasta el exCongreso Nacional llegó el exalcalde de Maipú y actual candidato a diputado por el distrito 8, Alberto Undurraga, con dirigentes de la Villa Santa María de Maipú quienes enfrentan un conflicto por portón instalado de manera irregular.

En la cita con la senadora de la DC, Carolina Goic, Undurraga planteó la necesidad de ingresar indicaciones al proyecto de Ley de Cierre de Calles y Pasajes que busca regular los portones instalados por vecinos sin la autorización pertinente.

El exministro Alberto Undurraga explicó que “este proyecto necesita modificaciones para que el horario de cierre no solo sea de noche, sino que en casos calificados pueda ser cerrado durante el día, para permitir que no solo sea durante una cuadra de las calles, sino que pueda ser más largo que eso. También para permitir que los problemas entre los vecinos puedan ser mediados por las municipalidades y sea obligatorio para ambas partes. Una ley que permita más seguridad en las calles y se resguarde los derechos de todas y todos”.

La dirigenta de la Villa Santa María de Maipú, Alejandra Flores, señaló que “este es un problema que no solo atañe a los vecinos de Maipú, sino que de todo Chile. Esta es una ley que nos va a favorecer a todos. Esto nos va a permitir salir y estar en paz”.

La actual normativa no permite cerrar una calle que tenga más de una entrada y exige un acuerdo con el 90% de los vecinos, quorum que se baja a un 75% en esta iniciativa. Sin embargo, aquello aún no genera consenso en el Senado.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara en enero pasado y actualmente está en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Proyecto contra el nepotismo amplía hasta 6º grado el parentesco prohibido de autoridades y funcionarios públicos

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La iniciativa de varios parlamentarios contra el nepotismo apunta al objetivo de minimizar los riesgos de corrupción en las decisiones estatales.

De acuerdo a un proyecto presentado por un grupo de parlamentarios, en el futuro podría ser inhábiles para ejercer cargos públicos las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con respecto a las autoridades y los funcionarios del Estado.

La iniciativa, patrocinada por las diputadas Daniella Cicardini, Catalina Pérez y Alejandra Sepúlveda, en conjunto con los Diputados Jaime Mulet, Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Esteban Velásquez, modifica la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para ampliar los grados de parentesco que generan inhabilidades en la administración del Estado, con el fin de minimizar los riesgos de corrupción en las decisiones estatales.

El proyecto expone que las diversas normas que establecen inhabilidades por parentesco para acceder a un cargo de la Administración como la Ley N°18.575 y la Ley N°19.886, contemplan un grado de inhabilidad por parentesco muy bajo.

 

 

 

Excluye a FFAA: oposición presenta proyecto de indulto para detenidos e imputados tras 18 de octubre

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Excluirá del beneficio a quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, según se propone en el artículo octavo del proyecto.

Este miércoles, cinco senadores de oposición presentaron un proyecto de ley de indulto general para todos quienes hayan sido detenidos, se mantengan presos o hayan sido imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 7 de octubre y esta jornada, adolescentes incluidos.

De acuerdo a la Constitución, la discusión y tramitación de esta materia de ley le corresponde solamente al Senado. Para aprobarla se requiere quórum calificado, salvo los delitos terroristas, en cuyo caso el quórum se eleva a 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.

“Según el Mininsterio Público, cerca de 5 mil personas han sido formalizadas por #EstallidoSocial. Casi 700 permanecen a la espera de una resolución. Muchos casos son como el que narra Verónica. Hoy presentaremos un proyecto de ley que de solución a estas familias. #LibertadALxsPresxsPoliticos”, escribió en su Twitter este miércoles Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los firmantes.

En tanto, desde el equipo del senador Alejandro Navarro, el otro impulsor, afirmaron que no descansarán hasta que la medida sea ley y agradecieron el trabajo realizado por parte de familiares, agrupaciones de Derechos Humanos, equipos parlamentarios y expertos.

La idea matriz de la iniciativa es que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda “por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo primero y que hayan sido cometidos en el plazo que se señala para que no generen responsabilidad alguna, en un sentido similar al efecto doctrinario atribuido a una amnistía donde se perdona el delito, la pena y sus efectos legales, cuestión jurídicamente viable al tener el indulto jerarquía legal”.

“El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social”, expandieron.

Así, los legisladores patrocinantes fundamentaron que la idea ingresada al Senado esta jornada se basa en que las imputaciones de hechos delictivos “acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.

Senadores de oposición presentarán mañana proyecto de Ley que regula precios de exámenes en clínicas privadas

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Los senadores de oposición que integran la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (presidente), Carolina Goic y Guido Girardi, anunciaron este lunes que presentarán -mañana, martes- un proyecto de ley que regula “el precio de los exámenes y procedimientos apoyo diagnóstico y clínico y la obligatoriedad de informarlos públicamente”. 

Esto, luego que se conociera un estudio de la Superintendencia de Salud (SS) -solicitado a través de un oficio por los propios parlamentarios- que reveló sustantivas diferencias de hasta 12 veces en el precio que cobran las instituciones privadas para una misma prestación.

El senador Girardi explicó que “debido a diversas denuncias recibidas, implementamos un estudio con asistentes sociales sobre los precios que cobran las clínicas por los exámenes. Al darnos cuenta de cobros abusivos y usureros oficiamos a la SS, instancia que realizó una investigación exhaustiva que reveló situaciones muy anómalas”.

El parlamentario dijo que “Chile tiene uno de los gastos de bolsillo en Salud más altos del mundo y no sólo en fármacos, sino también en exámenes y laboratorios lo que es un atentado contra el derecho a la salud y los derechos humanos porque son bienes públicos y no privados. Además, se encuentra capturado por el establecimiento al que ingreso y con cero trasparencias”.

Girardi dijo que “pedimos que se comparara los precios de las clínicas con el arancel nivel 3 de Fonasa -el más alto- y aunque hay clínicas privadas que tienen una conducta ética y obtienen rentas razonables, nos encontramos con un panorama sin parangón”.

El senador agregó que “a nivel mundial se estipula que la rentabilidad no puede ser superior a un 12 o 15%, pero aquí -por ejemplo- un hemograma en Red Salud cuesta $ 3.700, el mismo examen en la Clínica Las Condes (CLC) vale 26 mil pesos y en la, Clínica Alemana $ 24 mil pesos. Un uro cultivo, en un recinto correcto vale 4 mil pesos, en la CLC, $ 30.800 y en la CA 28.500. No hay ninguna razón para esas diferencias”.

Por eso afirmó que “presentaremos un proyecto de ley para regular los precios de los exámenes y establecer que el techo máximo para obtener rentabilidad no puede exceder al 50% del arancel Fonasa. En otros países el margen no puede superar el 15%. También obligará a publicar los precios en los portales y que, cada vez, que al tomarse un examen le entreguen al paciente el costo con relación a Fonasa y la rentabilidad que están obteniendo”.
Girardi también dijo que plantearan crear “un observatorio que compare los precios de todos los exámenes de todas las clínicas para que las personas puedan decidir informadas”.

SEGURO UNIVERSAL

El senador Rabindranath Quinteros dijo que “por este tipo de situaciones es que queremos establecer en la futura Constitución que la salud es un derecho, pero mientras eso no ocurra avanzaremos en una reforma profunda al Sistema de Salud chileno a través de proyectos como la Ley de Fármacos y esta iniciativa para regular el costo de los exámenes e ir terminando con este tipo de abusos”.

Quinteros agregó que “espero que el proyecto de reforma de Fonasa que el Ejecutivo ha ingresado a la comisión mixta de inicio a una verdadera reforma al sistema de Salud que avance hacia un Seguro Único Universal para todos los chilenos… quienes quieran un mejor hotelería pueden tener un seguro complementario”.

COSTOS DE INSUMOS

Por su parte la senadora Carolina Goic afirmó que “no podemos dejar la salud a los vaivenes del mercado, no puede ser sea la ley de la oferta y la demanda la que determine el acceso a la salud (…) tenemos que establecer bandas de precios con rentabilidades razonable, no podemos permitir usuras”.

Y agregó que “esto sucede muchas veces también con los insumos que se utilizan, (y que se les cobran a los pacientes) por lo que tememos una propuesta para regularlo y Fonasa debe jugar un rol.

  • Ver proyecto de Ley:

[pdf-embedder url=»https://diarioenlafontana.cl/wp-content/uploads/2020/11/Proyecto-de-regulacion-de-precios-de-los-examenes-y-procedimientos-de-salud-1.pdf» title=»Proyecto de regulación de precios de los exámenes y procedimientos de salud (1)»]

  • Ver estudio Minsal:

[pdf-embedder url=»https://diarioenlafontana.cl/wp-content/uploads/2020/11/Minuta-Depto.-Estudios-Oficios-Comision-de-Salud-069-y-072-incl-arancel-Fonasa-20200909-1-1.pdf» title=»Minuta Depto. Estudios Oficios Comision de Salud 069 y 072 incl arancel Fonasa 20200909 (1) (1)»]

Ingresan proyecto de ley contra el bullying a estudiantes por su identidad de género

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La diputada del Partido Socialista Daniella Cicardini ingresó la “Ley José Matías”, iniciativa en homenaje al adolescente que atentó contra su vida el año 2019, debido al acoso recibido en su colegio por ser trans.

El proyecto busca sancionar y prevenir el hostigamiento frente a identidades de género.

Lo ocurrido con José Matías no es un caso aislado. Según información de la superintendencia de Educación, se han recibido 30 denuncias por discriminación por identidad de género durante el 2017 y 2018, las que incluyen agresiones verbales, insultos o descalificaciones, físicas o sociales, rumores, ignorar y coordinar acciones de aislamiento.

La parlamentaria comentó que “basta con el bullying, basta con la discriminación en las escuelas, basta del dolor y sufrimiento de los niños. El caso de José Matías es un ejemplo claro de que lo se ha hecho en materia de educación no es suficiente”.

“Queremos que la tarea de terminar con la discriminación se proyecte a los colegios, escuelas y liceos. Sabemos que en muchos casos no se están respetando los derechos de los adolescentes trans. Y por eso mediante este proyecto queremos que se prevenga y sancione a los sostenedores que no adoptan las medidas a tiempo y que permiten actos de Bullyng”, agregó Cicardini.

En la misma línea, explicó que el proyecto establece “la obligación de denunciar cuando hay maltrato por identidad de género, e incorpora capacitación y educación“.

La Ley José Matías establece que “todos lo establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, quien debe ser profesional del área psicosocial“. La idea es que se reconozcan explícitamente como derechos de los alumnos y alumnas el que se les respete su libertad sexual y su identidad de género o el deber de denunciar a los tribunales de familia cuando se tome conocimiento de acoso escolar.

Aprueban proyecto que pide entregar recursos adicionales a universidades que realicen investigación por Covid-19

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Por unanimidad se aprobó en sala de la Cámara el Proyecto de Resolución de autoría de la diputada del distrito 21 de la región del Biobío, que solicita al Presidente de la República el análisis y transferencia de recursos especiales a las universidades tradicionales, para la ejecución e investigación, autorizando reasignar otros fondos al saneamiento del déficit presupuestario de dichas casas de estudio.

La diputada Joanna Pérez señaló que “la Cámara de Diputados y Diputadas realizó una sesión especial para analizar la situación de las universidades e instituciones de educación superior producto de esta pandemia. Y presenté un Proyecto de Resolución junto a mi bancada para solicitar apoyo al gobierno para estas instituciones, para que especialmente puedan apoyar a sus alumnos y alumnas que muchas veces no han podido pagar sus mensualidades, matrículas y han tenido que abandonar sus carreras. Se necesita una inyección de apoyo a estas instituciones y por cierto fomentar también el apoyo en proyectos, en inversión para la ciencia, la tecnología y para insumos en esta pandemia”.

El Proyecto de Resolución pide analizar y establecer un financiamiento especial para las Universidades Tradicionales que hayan visto mermada su matrícula año 2020, y aquellas que producto de la Pandemia hayan reducido su estudiantado por suspensiones, abandonos o renuncias dentro del año en cuestión. Además, solicita establecer fondos especiales para investigaciones relacionadas con COVID-19, permitiendo el total financiamiento de las mismas y la redistribución de otros recursos percibidos utilizados para aquellas investigaciones para paliar la deuda o crisis financiera que atraviesan las instituciones de educación superior señaladas.

La parlamentaria indicó que “muchas universidades han realizado aportes en medio del Covid-19 pero no cuentan con recursos para implementar esos estudios, por ejemplo, en equipamiento, en tecnología e insumos para enfrentar este proceso. Por lo tanto, es ahí el llamado que hacemos al gobierno para aprovechar el recurso humano avanzado y todas las instalaciones disponibles en cada región del país a través de estas universidades y con ello acompañar a las familias que lo están pasando mal y que hoy día no pueden sobrellevar esta pandemia desde lo económico, sanitario y social”.

Al finalizar Joanna Pérez agregó que “el Proyecto de Resolución además pide establecer vía transferencia directa por parte del ministerio de Educación y Salud, financiamiento para el desarrollo de elementos destinados a la elaboración y/o confección de equipamiento médico y de protección del Coronavirus, en atención a los requerimientos de las unidades regionales y locales de salud”.