En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

declaración pública

Dirigentas de oposición: «Se necesita poner fin a las AFP y avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social basado en la solidaridad e igualdad»

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*En La Fontana publicamos declaración pública de Mujeres dirigentas de partidos de oposición.

«El actual sistema de pensiones está en crisis, qué duda cabe. Fue impuesto en medio de una dictadura militar, prometiendo pensiones a las y los trabajadores muy superiores a lo que han sido en la realidad.

El estallido social de Octubre del año pasado y casi una década de movilizaciones lideradas por múltiples movimientos sociales como la “Coordinadora No Más AFP” ya pusieron en entredicho el sistema de pensiones, porque solo resguarda la riqueza de grandes empresas e inversionistas de las AFPs, condenando a una vejez con pensiones de miseria a una gran parte de la población. Al momento de jubilar, las personas caen bajo el umbral de la línea de la pobreza, debido a las bajas pensiones.

Como dirigentas de la oposición esta realidad no nos deja indiferentes. Son las mujeres las más perjudicadas del sistema de pensiones: reciben el 69% de las Pensiones Básicas Solidarias (PSB), que cuenta con un monto ($130.000) que se ubica por debajo de la línea de la pobreza; a su vez, la brecha entre las mujeres y los hombres sin Pilar Solidario es más del 60%, cuando se incluye el Pilar Solidario es del 40%. Es decir, son las mujeres las que reciben las peores jubilaciones en el país agudizando la feminización de la pobreza.

Sabido es que, las brechas de género se originan en el mundo del trabajo remunerado, donde las mujeres tienen salarios más bajos y menor participación; además, las mujeres tienen trabajos más informales y precarios. Y, por cierto, porque existe una desigual distribución en las tareas del hogar y la crianza, recayendo la mayor parte de éstas en las mujeres, situación que no es retribuida económicamente y que genera lagunas previsionales que disminuyen sus futuros ingresos.

Considerando lo anterior, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones viene a ser un alivio para muchas familias que están viviendo una situación socioeconómica difícil, debido a que las medidas del gobierno han sido mezquinas, y han llegado tarde y mal. A la vez, se requiere con urgencia re-pensar el sistema de pensiones en nuestro país, poniendo un fuerte énfasis en la realidad de las mujeres. Se necesita poner fin a las AFPs y avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social basado en la solidaridad e igualdad, y que el trabajo doméstico y de cuidados sea debidamente considerado para la vida en común.

Tenemos la oportunidad histórica de poner fin a un sistema que carece de legitimidad y que ha consagrado la desigualdad y los abusos durante tanto tiempo. Un primer paso para cambiar la lógica del sistema es la propuesta de creación de un fondo solidario que incorpore una dimensión colectiva de la seguridad social, el que se repondrá en el Senado. Como oposición, y principalmente como mujeres, nos comprometemos a dar el debate de cara al proceso constituyente, sobre un nuevo modelo de sociedad, que esté basado en la justicia y que apunte hacia la redistribuciónen la de las riquezas a nivel amplio, incluyendo también la dimensión de género».

ARTICULACIÓN DE MUJERES DE OPOSICIÓN

-Karina Delfino Mussa, Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Socialista.

-Camila Avilés Barraza, Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Demócrata Cristiano.

-Jacqueline Castillo Roblero, Vicepresidenta Nacional de la Mujer, Partido Radical.

-Natalia Cuevas Guerrero, Encargada Nacional de Mujeres, Partido Comunista.

-Andrea Condemarín Fuentes, Vicepresidenta Nacional, Partido Progresista de Chile.

-Marta Molina Ávila, Secretaria General, Federación Regionalista Verde Social.

-Antonia Orellana, Frente Feminista, Convergencia Social.

-Marcela Sandoval Osorio, Vicepresidenta RM directiva nacional, Revolución Democrática.

-Valentina Saavedra Meléndez, vicepresidenta de programa Comunes.

-Marcela Espinoza, Secretaria Nacional de la Mujer, Partido Por la Democracia.

-Nicole Troncoso, Vocera Comisión de Género, Partido Liberal de Chile.

-Camila Musante, Coordinadora Frente Feminista, Partido Fuerza Común.

-Luna Reyes, Encargada Frente Feminista, Izquierda Libertaria.

*Ver declaración:

Crisis sistema de pensiones.

Foro de Desarrollo Justo y Sostenible respalda retiro del 10%: «El efecto en las futuras pensiones será absorbido por el pilar solidario para trabajadores del 60% más pobre»

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*En La Fontana publicamos declaración pública del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, en la cual se respalda la reforma constitucional transitoria, que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP.

«APOYO AL RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

Desde marzo, este Foro ha insistido en que no habrá solución a la crisis sanitaria y social creada por el COVID-19, si el gobierno no provee los ingresos que permitan a las familias cumplir con la cuarentena. La tasa de desempleo potencial entre marzo-mayo es de 27,9% y empeorará en los próximos meses. El deterioro de las condiciones de vida de los hogares de bajos y medios ingresos continuará y el país corre el riesgo de retroceder, al menos, una década en los indicadores de salud, económicos y sociales.

Ante este terrible tsunami, este Foro ha representado al gobierno la necesidad de establecer una Renta Básica Universal para posibilitar la subsistencia de las familias chilenas en cuarentena. Lamentablemente, el gobierno rechazó esta propuesta.

Además, hemos propuesto aumentar la cobertura del IFE, pero el gobierno se resiste elevar su monto al nivel de la línea de la pobreza, restringe su cobertura y opera con suma tardanza. Asimismo, hemos planteado expandir la cobertura del seguro de cesantía, permitiendo el uso del fondo solidario, pero el gobierno también rechaza esta propuesta.

Ante la ausencia de una acción decidida por parte del gobierno, la Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado al Senado una Reforma Constitucional que tiene por objeto permitir que casi 11 millones de chilenos puedan retirar, voluntariamente, el 10% de sus fondos depositados en las cuentas individuales del sistema de AFP, con un máximo de 150 UF. A los afiliados cuyo ahorro sea inferior a 35 UF se les permite retirar, si así lo desean, el 100% de su saldo.
Con todo, ciertas condiciones del retiro de fondos son, en opinión de este Foro, perfectibles.

Primero, dado que las cotizaciones al sistema están exentas de impuesto, es necesario analizar el caso de los trabajadores cuyos ingresos superan el tope imponible. Para ese segmento, proponemos que el retiro sea considerado renta para efectos tributarios.

Segundo, la fórmula de retiro deja espacio para que afiliados de altos salarios puedan obtener ventajas tributarias a través del mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario. Esto constituiría un abuso para una medida de emergencia que busca apoyar a los más vulnerables. Apoyamos que se ingrese una indicación que cierre esta posibilidad de abuso.

Tercero, el efecto de los retiros en las futuras pensiones será absorbido por el Pilar Solidario para aquellos trabajadores que pertenezcan al 60% más pobre. Esperamos que, en un futuro próximo, ese parámetro sea ampliado al 80% de la población.

Cuarto, planteamos reponer la creación de un fondo solidario tal como se planteó en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es nuestra convicción que, cualquiera sea la opción que se adopte, es indispensable asegurar que la asignación del fondo tenga criterios de solidaridad progresivos en apoyo a quienes verán caer sus pensiones autofinanciadas debido a este retiro.

En lo medular, estimamos que debe cuidarse especialmente el carácter universal, incondicional y voluntario del retiro que se propone, de modo de asegurar su máxima cobertura e impacto en los hogares chilenos, y que, sin que se enrede en tecnicismos, su ejecución se materialice a la mayor brevedad.

Debe quedar claro en la opinión pública que esta iniciativa de la mayoría del Congreso es responsabilidad del gobierno, quien subestimó la pandemia y la crisis social al tiempo que impulsó medidas tardías y completamente insuficientes para el apoyo de las clases populares y medias».//ELF

*Ver declaración completa:

Foro 21-Sobre el retiro del 10% de los fondos 20 julio 2020

Partidos de Convergencia Progresista reiteran su apoyo a la reforma que autoriza el retiro del 10 % de los fondos de las AFP

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*En La Fontana publicamos declaración pública de Convergencia Progresista (CP), conglomerado integrado por el Partido Radical (PR), Partido Socialista (PS) y Partido Por la Democracia (PPD). Se pronuncia sobre respaldo a iniciativa de reforma constitucional que permite el retiro del 10% del dinero de cotizantes en fondos de AFP, que se vota hoy.

En CP declaran lo siguiente: 

«1.- La situación del país es grave y el Gobierno ha llegado mal y tarde, con soluciones parciales e insuficientes, frente el drama social que viven las familias chilenas como consecuencia de la pandemia.

2.- El nuevo “Plan Clase Media” anunciado por el Presidente Sebastián Piñera no cubre las necesidades de las familias, constituye más bien una respuesta comunicacional ante la demanda de la inmensa mayoría de la ciudadanía para aprobar la reforma que autoriza el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

3.- Hay, además, una distancia considerable entre los anuncios del Gobierno y la realidad de su implementación. Así se ha visto tanto en el IFE 1.0 como en el IFE 2.0. Existe un criterio engañoso e hiperfocalizado de estos instrumentos, que obstaculiza su acceso y restringe su cobertura. La gente duda que califique y piensa que siempre la ayuda le llegará a otros. Lejos estamos aún de que el beneficio sea automático, justo y oportuno, como es necesario.

4.- El proyecto que autoriza el retiro del 10% del fondo de cotización obligatoria de los
afiliados a las AFP, se ha convertido en el último recurso de emergencia para mitigar los efectos sociales y económicos para cientos de miles de familias, ante la falta de celeridad y decisión del Gobierno.

5.- Convocamos a todos los parlamentarios de las fuerzas políticas representadas en el
Congreso Nacional a promover y apoyar la reforma que autoriza el retiro del 10%. La política debe responder a las y los ciudadanos. Se trata de un proyecto popular, pero no populista, como ha pretendido caricaturizar insistentemente el Gobierno. Se trata de una medida indispensable para la emergencia, que cuenta con respaldo técnico, avanza por un camino institucional y representa una respuesta necesaria ante el drama de las familias chilenas, el que se ha visto agravado por un Gobierno mezquino e indolente. Velaremos porque el proyecto no sea regresivo para los afiliados y mantenga un criterio de progresividad».

  Atte.

Heraldo Muñoz V.
Presidente PPD

Álvaro Elizalde S.
Presidente PS

Carlos Maldonado C.
Presidente PR

La DC condena amenazas que habría recibido el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Democracia Cristiana (DC).

«En relación a la llamada amenazante que habría recibido el Presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, de parte del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por haber deducido una querella contra autoridades del Gobierno por el mal manejo de la pandemia, declaramos lo siguiente:

1. Manifestamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de amedrentamiento de una autoridad sobre dirigentes políticos y gremiales. No sólo porque en democracia estas prácticas repugnan el espíritu cívico que debe imperar, sino porque son graves si las pronuncia una alta autoridad como el Ministro de Hacienda.

2. Consideramos urgente que el propio Ignacio Briones de cuenta de su actuar y se disculpe por sus dichos, y garantice que ni la querella ni ninguna otra circunstancias pueden impedir el mejorar las condiciones de vida y de trabajo y las legítimas mejoras que espera todo funcionario público.

3. Asimismo, solicitamos que el Ministro modere sus dichos, pues sólo ayer puso en duda la validez del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución ante la posibilidad del retiro del 10% de las AFP, cuando no tiene ninguna legitimidad ni autoridad para descartar un instrumento al que concurrieron las fuerzas democráticas de Chile.

4. Finalmente, como Democracia Cristiana estaremos atentos al desarrollo de este caso y las futuras negociaciones, pues resulta inédito que un ministro de Estado amedrente a dirigentes y a la vida política de todo un país. Solo las Dictaduras admiten estas clases de prácticas y bien vale recordar que nosotros somos una sociedad libre y plena en derechos.

       Atte.

Directiva Nacional

Democracia Cristiana

Foro de Desarrollo Justo y Sostenible llama a fortalecer las medidas del IFE y el seguro de cesantía para ayudar a familias chilenas

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*En La Fontana publicamos declaración pública del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible sobre la necesidad de potenciar las medidas económicas en ayudas a las familias más necesitadas y de clase media chilenas. 

Desde marzo, este Foro ha insistido en que no habrá solución a la crisis sanitaria y social creada por el COVID-19, si el gobierno no provee los ingresos que le permitan a las familias cumplir con la cuarentena. El deterioro de las condiciones de vida de la población chilena es de tal magnitud, que el país corre el riesgo humanitario de retroceder al menos una década en los indicadores de salud, económicos y sociales. Por ello tenemos la convicción que mientras mayor esfuerzo se haga en las medidas de mitigación económica y social hoy, el camino de la recuperación económica será más justo y más rápido.

Ante las insuficientes y tardías medidas implementadas, proponemos los siguientes cambios significativos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al Seguro de Cesantía (SC).

1. Aumentar la cobertura del IFE.

El gobierno se resiste a aumentar el monto y cobertura del IFE. El actual llega sólo a 2,1 millones de familias beneficiarias, muy distante de los 2,9 millones de beneficiarios comprometidos por el ministro de Desarrollo Social. En este Foro creemos que existen los recursos para beneficiar al menos 3,3 millones de familias que hasta la fecha han postulado.

El gobierno no ha cumplido su compromiso de operar con coherencia, celeridad y transparencia: No se ha realizado la masiva campaña de información comprometida y subsisten serios problemas administrativos, simples de corregir, que limitan el acceso al IFE, cuyo monto aún es insuficiente.

• Registrarse en el RSH requiere imprimir documentos para firmarlos y volver a cargarlos en el sistema. Ello dificulta el acceso a muchas familias que no cuentan con impresora. El Índice Socioeconómico de Emergencia (ISE), cuenta ya con un sistema que evita tener que imprimir y que perfectamente se podría usar en el RSH.

• El ISE es simple de completar, y debiera ser usado para dar cuenta de la caída de los ingresos familiares y así postular al IFE.

• El gobierno no ha definido el tratamiento que se les dará a los adultos mayores que reciben PBS o pensión de invalidez, ni tampoco a las trabajadoras de casa particular. Transparentar los criterios es indispensable para que postulen al beneficio.

Llamamos al Gobierno a realizar con prontitud y efectividad estos cambios para que las familias chilenas reciban el apoyo que requieren y les corresponde.

2. Hacer más eficaz el seguro de cesantía.

Hay una situación muy preocupante: muchos trabajadores quedan fuera de la posibilidad de usar los fondos del seguro. Los tres casos más importantes son las 136 mil trabajadoras de casa particular que fueron despedidas, los 504 mil trabajadores por cuenta propia inactivos, así como los trabajadores que estando cesantes no pueden acceder al seguro de cesantía, por no cumplir alguno de los requisitos antes mencionados.

El seguro de cesantía cuenta con recursos suficientes para expandir la cobertura y aumentar los montos. En efecto, al mes de mayo de 2020, el SC contaba con US$7.970 millones en las cuentas individuales y con US$4.112 millones en las cuentas solidarias. Sin embargo, el SC ha llegado solo a 1,4 millones de trabajadores, casi un tercio de los 4,5 millones de posibles beneficiarios.

Ante esta baja cobertura, el Gobierno ha propuesto disminuir requisitos de acceso, lo que va en el sentido correcto, pero sigue siendo insuficiente e inequitativo. Por ello proponemos:

• Que la regla general sea que se acceda al menos al 50% del sueldo correspondiente durante todos los meses que dure el beneficio.

• Eliminar la exclusión de 4,2 millones de afiliados al SC, que no cumplen con el tiempo de cotización previo, pero tienen recursos en la cuenta.

• No contabilizar los pagos actuales en el uso de las cuentas individuales, ni en el uso futuro del seguro de cesantía, dado que la pandemia es un evento extraordinario que requiere de medidas extraordinarias.

• Enviar un proyecto de ley que permita el acceso permanente al fondo solidario del seguro de cesantía, una vez que los trabajadores han agotado el uso de sus fondos individuales.

La cobertura que proponemos a partir de la mejora de estos dos instrumentos llevaría el IFE a 3,3 millones de Familias y el seguro de cesantía a todos quienes han perdido su empleo. Con ello esperamos que la suma de beneficios alcance hasta el 80% de las familias chilenas, proporción similar a las que dicen haber perdido ingresos durante la pandemia.

Estos cambios harán innecesario el préstamo estatal, que incrementará la deuda de familias de clase media. Ellos no sólo ayudarán a combatir la pandemia, sino que permitirán una reactivación segura y más dinámica.

En término de recursos, las modificaciones que este Foro propone caben en el Marco de Entendimiento que el gobierno suscribió hace un mes.

*Ver declaración pública:

Foro 19-Declaracion IFE y SC 12 julio 2020

Convergencia Progresista pide al Ejecutivo el retiro de suma urgencia de proyecto que regula franquicia tributaria del SENCE

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*En La Fontana publicamos declaración pública de Convergencia progresista. 

«Los Secretarios Generales de la Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) piden formalmente a la Ministra del Trabajo y Previsión Social María José Zaldívar, retirar la suma urgencia del Proyecto que pretende modificar la Ley 19.518 que regula la franquicia tributaria de formación laboral administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE.

Este requerimiento se basa en la necesidad de re-direccionar y reenfocar estos recursos -al menos en parte- a la inserción laboral, de modo que permitan acortar los períodos de BÚSQUEDA de empleo de los trabajadores que queden cesantes producto de la pandemia del Covid-19.

En este sentido, el proyecto presentado por el ejecutivo el 11 de marzo de 2019 no guarda ninguna relación con los nuevos desafíos que el país debe afrontar producto del despertar social de octubre del 2019 y la posterior crisis sanitaria. Por eso debe repensarse en una mesa de trabajo PÚBLICO-PRIvada que permita adecuarlo a las nuevas necesidades.

En la actual modificación legal se establece un co-pago a la capacitación que actualmente es gratuita para los trabajadores de menores ingresos, esto representa una limitante imposible de salvar para las empresas que probablemente dejarán de invertir en capacitación con el consiguiente daño a los más de 800 mil trabajadores que hoy son beneficiarios.

Esta situación se hace AÚN más grave considerando que todas las proyecciones sostienen que el país enfrentará altísimos niveles de desempleo y donde la reconversión y la inserción laboral serán determinantes para acortar el periodo de desempleo de los trabajadores.

Hoy más que nunca, necesitamos dar nuevas y mejores herramientas a las y los trabajadores para que puedan acceder a nuevos empleos. Solicitamos a la Ministra convocar a un acuerdo nacional pro empleo y reconversión laboral, que permita mejorar las oportunidades de quienes ahora están quedando cesantes.

PARTIDOS CONVERGENCIA PROGRESISTA

Llamamos a la Ministra Zaldívar a retirar la suma urgencia del proyecto y convocar una mesa de acuerdo que permita poner todas las energías en la BÚSQUEDA de nuevos empleos, en el desarrollo de competencias para la economía post Covid-19, en la reconversión laboral de los cesantes y la colocación de ellos en puestos de trabajo dignos. Estos desafíos requieren una redefinición profunda y urgente de nuestro sistema nacional de capacitación y no sólo de ajustes cosméticos que son los que el actual proyecto de ley propone».

*Ver declaración pública:

DP_Convergencia Progresista_01.07.20