*En La Fontana publicamos declaración pública del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible sobre la necesidad de potenciar las medidas económicas en ayudas a las familias más necesitadas y de clase media chilenas.
Desde marzo, este Foro ha insistido en que no habrá solución a la crisis sanitaria y social creada por el COVID-19, si el gobierno no provee los ingresos que le permitan a las familias cumplir con la cuarentena. El deterioro de las condiciones de vida de la población chilena es de tal magnitud, que el país corre el riesgo humanitario de retroceder al menos una década en los indicadores de salud, económicos y sociales. Por ello tenemos la convicción que mientras mayor esfuerzo se haga en las medidas de mitigación económica y social hoy, el camino de la recuperación económica será más justo y más rápido.
Ante las insuficientes y tardías medidas implementadas, proponemos los siguientes cambios significativos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al Seguro de Cesantía (SC).
1. Aumentar la cobertura del IFE.
El gobierno se resiste a aumentar el monto y cobertura del IFE. El actual llega sólo a 2,1 millones de familias beneficiarias, muy distante de los 2,9 millones de beneficiarios comprometidos por el ministro de Desarrollo Social. En este Foro creemos que existen los recursos para beneficiar al menos 3,3 millones de familias que hasta la fecha han postulado.
El gobierno no ha cumplido su compromiso de operar con coherencia, celeridad y transparencia: No se ha realizado la masiva campaña de información comprometida y subsisten serios problemas administrativos, simples de corregir, que limitan el acceso al IFE, cuyo monto aún es insuficiente.
• Registrarse en el RSH requiere imprimir documentos para firmarlos y volver a cargarlos en el sistema. Ello dificulta el acceso a muchas familias que no cuentan con impresora. El Índice Socioeconómico de Emergencia (ISE), cuenta ya con un sistema que evita tener que imprimir y que perfectamente se podría usar en el RSH.
• El ISE es simple de completar, y debiera ser usado para dar cuenta de la caída de los ingresos familiares y así postular al IFE.
• El gobierno no ha definido el tratamiento que se les dará a los adultos mayores que reciben PBS o pensión de invalidez, ni tampoco a las trabajadoras de casa particular. Transparentar los criterios es indispensable para que postulen al beneficio.
Llamamos al Gobierno a realizar con prontitud y efectividad estos cambios para que las familias chilenas reciban el apoyo que requieren y les corresponde.
2. Hacer más eficaz el seguro de cesantía.
Hay una situación muy preocupante: muchos trabajadores quedan fuera de la posibilidad de usar los fondos del seguro. Los tres casos más importantes son las 136 mil trabajadoras de casa particular que fueron despedidas, los 504 mil trabajadores por cuenta propia inactivos, así como los trabajadores que estando cesantes no pueden acceder al seguro de cesantía, por no cumplir alguno de los requisitos antes mencionados.
El seguro de cesantía cuenta con recursos suficientes para expandir la cobertura y aumentar los montos. En efecto, al mes de mayo de 2020, el SC contaba con US$7.970 millones en las cuentas individuales y con US$4.112 millones en las cuentas solidarias. Sin embargo, el SC ha llegado solo a 1,4 millones de trabajadores, casi un tercio de los 4,5 millones de posibles beneficiarios.
Ante esta baja cobertura, el Gobierno ha propuesto disminuir requisitos de acceso, lo que va en el sentido correcto, pero sigue siendo insuficiente e inequitativo. Por ello proponemos:
• Que la regla general sea que se acceda al menos al 50% del sueldo correspondiente durante todos los meses que dure el beneficio.
• Eliminar la exclusión de 4,2 millones de afiliados al SC, que no cumplen con el tiempo de cotización previo, pero tienen recursos en la cuenta.
• No contabilizar los pagos actuales en el uso de las cuentas individuales, ni en el uso futuro del seguro de cesantía, dado que la pandemia es un evento extraordinario que requiere de medidas extraordinarias.
• Enviar un proyecto de ley que permita el acceso permanente al fondo solidario del seguro de cesantía, una vez que los trabajadores han agotado el uso de sus fondos individuales.
La cobertura que proponemos a partir de la mejora de estos dos instrumentos llevaría el IFE a 3,3 millones de Familias y el seguro de cesantía a todos quienes han perdido su empleo. Con ello esperamos que la suma de beneficios alcance hasta el 80% de las familias chilenas, proporción similar a las que dicen haber perdido ingresos durante la pandemia.
Estos cambios harán innecesario el préstamo estatal, que incrementará la deuda de familias de clase media. Ellos no sólo ayudarán a combatir la pandemia, sino que permitirán una reactivación segura y más dinámica.
En término de recursos, las modificaciones que este Foro propone caben en el Marco de Entendimiento que el gobierno suscribió hace un mes.
*Ver declaración pública:
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