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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Coronavirus

Observatorio de medios, Fucatel: «El uso y abuso de la television con la ciudadanía inmovilizada»

abril 27, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

*En La Fontana publicamos declaración pública de Fucatel, que es un observatorio de medios, respecto de corbertura mediática por pandemia del Covid-19.

Fucatel estima necesario alertar a la ciudadanía sobre la grave ausencia en la TV de información, contrastada, que le permita comprender las acciones a las cuales está siendo invitada u conminada a adoptar. No se puede pretender que la única razón para acatar medidas preventivas sea la amenaza de multas, prisión, detención o demanda. La ciudadanía tiene el derecho a saber por qué se toman las decisiones y tener espacios donde debatirlas cuando no parecen ser coherentes o adecuadas.

Consideramos grave la comparación del número de fallecidos con solo algunos países de América Latina para decir que en Chile se actúa mejor. Se omitieron las cifras, por ejemplo, de Panamá con 146, Bolivia con 43, Uruguay con 12 o Costa Rica con 6, el mismo día que Chile reportaba 174 fallecidos. El Consejo de la Transparencia debe garantizarnos una información cabal sobre lo que ocurre por encima de esta dramática competencia.

Ninguna autoridad, ni organismo ha reaccionado frente a la presencia reiterada en matinales y otros programas, en calidad de panelistas camuflados, de un escaso número de alcaldes (siempre los mismos), de parlamentarios y asesores de partidos, pertenecientes al signo político oficialista, con un correlato en la popularidad de estas figuras. Es fácil entender entonces por qué el alcalde Lavín, principal, figura de la TV, encabeza las preferencias en la encuesta Cadem, así como el presidente mejora su imagen banalizando el uso de la cadena nacional, con apariciones reiterativas y muchas veces irrelevantes.

Los canales de TV deben cooperar con el Gobierno, pero no convertirse en una caja de resonancia ciega de sus políticas. Lo anteriormente señalado constituye un escandaloso abuso de poder en un estado de excepción y de confinamiento que impide la expresión popular.

Instamos, por lo tanto, al CNTV, a ejercer su función de regular el pluralismo en los canales de TV abierta que le fija el artículo 12 de su ley orgánica, en pos de la concreción del “correcto funcionamiento”, previsto en el artículo19 Nº12 de la Constitución Política de la República y artículo 1 de la ley 18.838.

Resulta incomprensible el silencio de la presidenta del Consejo, Sra. Catalina Parot, sobre esta materia que ha sido objeto de críticas en la propia TV.

Observamos, también, una indolencia por parte de los canales frente a los efectos de angustia y trastornos mentales por sobreexposición temática y tratamiento de la pandemia. La industria televisiva ha recuperado altos niveles de la audiencia perdida lo que no justifica el abuso de recursos emocionales que pueden conducir a la discriminación, como han sido notas sobre inmigrantes contagiados. Esto también debe preocupar al CNTV.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Coronavirus, declaración pública, Fucatel, pandemia

El impacto psicológico del aisilamiento social

abril 27, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Gregorio Valenzuela Gambi

Psicólogo Clínico Infanto Juvenil

El aislamiento social impacta en el aparato psíquico de cada uno de forma distinta. En algunos, se acopla a la personalidad y enfoca el modo supervivencia iniciando procesos más bien pragmáticos y focalizados en las necesidades de primer orden.

No permite conectarse con fragilidades ni temores. Otros más ansiosos viven ésta situación con preocupaciones intensas, miedos frecuentes y prolongados, que pueden interferir el día a día con síntomas variados, agitación, tensión, taquicardia, debilidad física, agotamiento, problemas gástricos, insomnio, dificultad para concentrarse, etc.

En el aspecto adaptativo se espera una variedad de emociones tristeza, pena, miedo, temor, rabia, las cuales experimentadas en su función de alerta, dada la situación contextual, se consideran normales y ponen al sistema en un punto alto de funcionamiento.

La perpetuación de estos emociones a lo largo del tiempo, agota el aparato psíquico transformándose en un trastorno adaptativo, dada la respuesta desadaptativa ante el foco de estrés, el cual puede durar 6 meses aproximadamente, trascurrido ese tiempo habría que diferenciar el diagnostico. Especial atención daría a las depresiones reactivas, en las cuales la desesperanza, tristeza, falta de energía, pensamiento más lento, desmotivación, falta de fuentes de placer, se posiciona en el ánimo, deteriorando la vivencia subjetivas del sujeto durante este aislamiento, que en general no es tan infrecuente en éste perfil.

En cuanto a la relación con la muerte y la elaboración de pérdidas que se estuvieran desarrollando con dificultades se puede pensar en el aumento de la inseguridad, la vivencia de catástrofe se acentúa en esta situación de emergencia sanitaria. El trauma se actualiza, la percepción de riesgo se activa y los comportamientos se alteran. Algunos se aceleran, los impulsos dominan, las obsesiones controlan, la ansiedad se dispara, los atracones se multiplican, el consumo de sustancias aumenta, el duelo se vuelve patológico.

Los cambios que se esperan en este procesos pueden entenderse desde las tareas o etapas del duelo, donde la negación, es un primera etapa que va en la ruta de adaptarnos a la nueva realidad. Si observas cambios que no consideras “normales” que, interfieren en el desarrollo de nuevas habilidades para sobrellevar las tareas problemáticas habituales del proceso en que nos encontramos, consulta, busca apoyo psicológico o farmacológico -según la necesidad.

Los cambios aparentemente continuaran y al parecer la normalidad es cambiar constantemente y los procesos de psicoterapia abordan esos aspectos de tu identidad que debes evolucionar en este proceso de cambio continuo. El apoyo psicológico hace el rol de “yo auxilar”. Y es beneficioso para todo aquel que siente que tiene alguno de los trastornos mencionados con anterioridad. //ELF

Publicado en: Columnas Etiquetado como: aislamiento social, columna, Columnista, confinamiento, Coronavirus, COVID19, Gregorio Valenzuela Gambi, psicólogo

Organización de consumidores ODECU calcula en casi $450 mil millones el daño causado a la población por la “Colusión de los Pollos”

abril 27, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Según un estudio preliminar encargado por ODECU, cada habitante mayor de edad del país, los que serían alrededor de 15 millones, debería recibir una suma de $29.910.

Producto del caso de colusión de los supermercados en la venta de carne pollo, causa por la que la Corte Suprema estableció multas millonarias para las tres cadenas implicadas, ODECU realizó un estudio preliminar para cuantificar el eventual daño monetario que sufrieron los consumidores durante el periodo en el que se acreditó la colusión, desde 2008 a 2011.

Según el estudio, el monto a solicitar para una compensación a los consumidores por el daño ocasionado por esta conducta ilícita sería de $29.910 o 1,0971 UF por cada habitante mayor de edad del país. Si se multiplica la cifra por los cerca de 15 millones de personas adultas, la compensación alcanzaría los casi $450 mil millones de pesos.
Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, explica que este informe preliminar fue preparado para contribuir con antecedentes que puedan aportar en la apertura de un Proceso Voluntario Colectivo (PVC) con el SERNAC.

“Este estudio preliminar considera diversas variables económicas, como la inflación en el periodo, el precio internacional y nacional del pollo, y su comportamiento en el tiempo. Con estos datos, logramos estimar que el monto para una compensación a los consumidores sería de $29.910, lo que, multiplicado por la cantidad de personas adultas en Chile, plantearía un daño multimillonario ocasionado por esta conducta ilícita”, señala Larenas, quién además agrega que “esta información será presentada al SERNAC para que pueda iniciar el PVC que le hemos solicitado, procedimiento que nosotros consideramos es el más expedito para alcanzar una reparación a los millones de afectados, y no tener que esperar un largo tiempo para conseguir una indemnización”.

Respecto al cálculo para llegar a esta cifra, éste se realizó considerando principalmente la serie histórica de precios que levanta el INE para el cálculo del IPC. A partir de esta serie, se calculó un precio promedio mensual para cada variedad, el que posteriormente fue convertido a moneda constante para eliminar efectos de inflación. Los valores resultantes muestran una ligera alza los primeros años (que corresponden al período en el que efectivamente ocurrió la colusión), así como una tendencia a la baja en años más recientes.

Con esto, el cálculo final consideró que el impacto promedio de la colusión fue de $200 por kilo a precio de público. Con este valor se calculó el impacto por persona, utilizando para ello las estimaciones de consumo anual de carne de pollo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura, para los años comprendidos entre 2008 y 2011 (ambos incluidos).

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: consumidores, Coronavirus, COVID19, ODECU, Stefan Larenas Riobó

ANEF y oposición denuncian que IPS está obligando el regreso a trabajo presencial de funcionarios

abril 26, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

Interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por amenaza a la vida y a la integridad física y psíquica de los funcionarios y funcionarias públicos.

La ANEF, la Asociación de Funcionario del Instituto de Previsión Social (ANATRINP) y parlamentarios de oposición denunciaron que autoridades del IPS están obligando a los funcionarios de ese servicio a volver a sus puestos de trabajo presenciales sin garantizar medidas sanitarias, en pleno peak de contagios del Covid-19, y desconociendo los anuncios del gobierno en esta materia (Plan Retorno Seguro).

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, indicó que se está forzando a 2.600 trabajadores del IPS a volver a las oficinas, este lunes 27 de abril, de un “modo irresponsable”.

“Después de la reunión del pasado jueves con Hacienda, acordamos que el regreso de los funcionarios públicos debía ser de manera gradual, después del peak de contagios, y conversando con las asociaciones de funcionarios de los respectivos servicios”, enfatizó.

Además, el dirigente reiteró que los trabajadores del Estado están trabajando, así como los funcionarios del IPS, y que los servicios esenciales siguen funcionando y seguirán con su misión.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) manifestó su respaldo a las organizaciones sindicales e instó al Ministerio del Interior a respetar los compromisos con la ANEF.

“Desde mañana y por dos semanas más estaremos en el peor momento epidemiológico de nuestro país. Eso significa que todos estaremos sometidos al máximo rigor del coronavirus (…) Con este dictamen de obligar el retorno del 100% de los funcionarios del IPS es gravísimo, porque es exponer la vida de 2.600 trabajadores, es temerario y es irresponsable, y los funcionarios tienen todo el derecho de querer no exponerse a este virus”, señaló.

Por su parte, el presidente de ANATRINP, Eliseo Vargas, rechazó la apertura del 100% de las unidades y declaró que se debe mantener las modalidades vigentes de trabajo por turnos y remoto, debido a que se ha garantizado la continuidad del servicio, resguardando la seguridad de la población y del personal del IPS.

“Denunciamos que el Gobierno, en su afán de abrir el IPS y su red ChileAtiende, ha desinformado a la ciudadanía. Así ha ocurrido sobre los anuncios del pago de pensiones y Covid-19. En el caso de las pensiones, éstas son canceladas por Caja de Compensación Los Héroes y cheque a domicilio. Con relación a Bono Covid-19, éste no es postulable, y su pago se realiza vía depósito por la Cuenta RUT. Estos trámites no son de directa atención del IPS y hacemos un llamado a no concurrir a nuestros servicios, y a no exponerse al contagio”, aclaró Vargas.

Por ello, esta asociación afiliada a la ANEF, con el patrocinio de la Confederación, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por amenaza a la vida y a la integridad física y psíquica de los funcionarios y funcionarias públicos.

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Coronavirus, covid, Funcionarios

La dramática situación de migrantes en Chile, en tiempos de coronavirus

abril 24, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

*En La Fontana publicamos carta abierta de 15 organizaciones y 35 profesionales vinculados al tema y la exposición y denuncia de discriminación a ciudadanos extranjeros en el país.

El siguientes es el texto distribuido por 15 organizaciones y 35 profesionales y académicos vinculado al tema de migración, donde se expone la dramática realidad de migrantes en el marco de la pandemia del coronavirus.

CARTA ABIERTA DE RECHAZO

A toda forma de discriminación hacia poblaciones migrantes internacionales por parte de las autoridades del país en torno a COVID19

Organizaciones migrantes, ONG y Académicos/as

La pandemia SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad COVID19, ha representado un enorme desafío para el mundo. De acuerdo con registros oficiales, este tipo de Coronavirus ingresó a Chile el 3 de marzo del presente año, por medio de un viajero de nacionalidad chilena que regresaba de vacaciones en el continente asiático. Los datos actualizados, correspondientes al 16 de abril a las 21.00 horas, indican que se registran 9.252 personas infectadas, de las cuales 5.500 estarían activas.

La población migrante en Chile llega a 1.492.522 personas, de acuerdo con cifras entregadas en marzo de 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta población es diversa en sus condiciones de vida, países de origen y condición migratoria, pero comparte, como cualquier residente en el país, el deseo de una inserción en todos los ámbitos de desarrollo de la vida (social, político, económico y cultural). Sin embargo, enfrentan actualmente riesgos asociados a una mayor vulnerabilidad social por las condiciones en que el país les permite asentarse, por largos y engorrosos procesos de visado y ausencia de una convalidación efectiva de sus estudios, entre otras desigualdades. No todos/as, pero muchos/as de ellos/as, como ocurre con otros/as conciudadanos/as, han perdido sus trabajos y su fuente de ingreso económico con la actual crisis sanitaria, y por necesidades materiales y de sustento salen a trabajar durante la cuarentena, con limitada protección para su salud.

Asimismo, la situación de las personas extranjeras privadas de libertad resulta especialmente preocupante en este escenario, pues deben enfrentar esta pandemia encarceladas en un país del cual no son nacionales. En su mayoría, estas personas no cuentan con una red de apoyo o estructura familiar que les brinde ayuda durante su período de encierro, situación que les impide acceder a elementos básicos de higiene y aseo, elementales para poder capear las nefastas consecuencias del coronavirus.

Durante este tiempo excepcional para nuestro país hemos observado algunas expresiones indicativas de discriminación contra poblaciones migrantes internacionales de parte de la autoridad sanitaria y política, en particular de parte del señor Ministro de Salud y del mismo señor Presidente de la República. Es en estos dichos que se ha sugerido que migrantes internacionales serían fuente de riesgo directo para el contagio de SARS-Cov-2 a la población nacional, aun sabiendo que la enfermedad no se originó desde este colectivo. Por ejemplo:

El 10 de abril el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, en comunicado oficial televisado, indicó que “hay que reforzar nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando”.
El 17 de de abril el Ministro de Salud sostuvo, en su ya habitual conferencia de prensa de cada mañana para informar del estado de la pandemia en el país: “De hecho, en estos días hemos tenido, para graficar esto, situaciones muy complejas con población inmigrante irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzarlos, a pesar de que hemos tenido amenazas de brotes en ciertas comunidades, no hemos podido alcanzarlos para que se hagan el examen de PCR. ¿Por qué?, porque ellos dicen “si me identifican, me van a extraditar del país”, y tenemos un problema enorme en esas comunidades, que no son pocas personas, de inmigrantes ilegales que residen en nuestro país”.
Es importante aclarar que ninguna persona es ilegal. Las situaciones administrativas de irregularidad las imponen los estados a los colectivos, y no es una característica propia de algunas personas extranjeras. Además, los discursos xenófobos solo fomentan el desarrollo de actitudes racistas y comportamientos de violencia en el resto de la ciudadanía, como la recibida por una persona de origen haitiano, quien fue duramente golpeado y humillado por un guardia de seguridad hace pocos días. Esto sumado a la actitud de algunos medios de comunicación que, en diversos momentos en esta crisis, han utilizado asociaciones entre la mantención del COVID-19 e imágenes de población extranjera, como la aparecida en el diario La Segunda el día 7 de abril.

A través de esta carta, los/as aquí firmantes exponemos nuestro total y abierto rechazo a estas formas de expresión de discriminación hacia personas migrantes internacionales que viven en nuestro país. Este tipo de expresiones de las autoridades del país no solo no tienen sustento en la evidencia científica, sino que tampoco se condicen con la realidad sobre la forma en que el virus ingresó a Chile. Personas migrantes internacionales que adquieran en el futuro este virus en nuestro país lo harán por los mismos motivos que muchas personas nacionales, ante los riesgos asociados a la necesidad de trabajo, la precarización laboral, la falta de protección que se les brinda en el contexto laboral, al hacinamiento y a la pobreza, y no al hecho de haber nacido en otro país.

La evidencia internacional así lo demuestra ampliamente, indicando que para diversas infecciones el mayor riesgo está asociado a las condiciones de vida de las personas migrantes, en particular refugiadas en centros de alojamiento, donde experimentan mala alimentación, hacinamiento y marginación social.

Cabe señalar que en ningún momento el actual gobierno ha considerado a las personas extranjeras en situación irregular, quienes, ante la imposibilidad de llevar a cabo trabajos formales, no tienen otra opción que arriesgarse cada día a contraer el virus, realizando trabajos informales e irregulares. Ante ello, se abre la necesidad de una REGULARIZACIÓN efectiva e inmediata de esta población, para que puedan contar con los mínimos básicos de seguridad que este país dispone. Si hay algo que esta pandemia nos está mostrando, es que es la condición de humanidad basta para merecer la protección de los Estados.

Solicitamos dejar de lado cualquier forma de discriminación y evitar discursos xenófobos hacia esta población residente y que, de manera arbitraria y desinformada, se exponga y estigmatice sin evidencia alguna en los medios de comunicación social.

 

Los/las firmantes,

*INSTITUCIONES:

Fundación Urgencia País (FUPA CHILE)

Fundación Audiovisual Voz Migrante

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Movimiento de Acción Migrante (MAM)

Núcleo de Diversidad y Género. Universidad de Chile

Programa de Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile

Red Transdisciplinaria U-Nómades

Revista Sur

Comisión de Salud y Migración Colegio Médico de Chile

Programa Chile a Todo Color

Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile

Misión Migrante

Rizoma Intercultural

Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (UNAP)

Brigada Migrante Feminista de Valparaíso

*PERSONAS:

Caterine Galaz, Universidad de Chile

Rolando Poblete, Investigador en temas migratorios

Fernanda Stang, investigadora en temas migratorios

Matías Libuy, Comisión Salud y Migrantes, Colegio Médico de Chile

Báltica Cabieses, epidemióloga social

Margarita Vélez Maya, Universidad de Chile

Delia Curahua, coordinadora Unidad Migrante, Municipalidad de Recoleta

Luis Eduardo Thayer, Sociólogo

Andrea Avaria Saavedra. Dra en Antropología.

Carlos Muñoz Reyes, Encargado Oficina de Migración, Municipalidad de Independencia

Carolina Pinto Baleisan, Universidad Viña del Mar

Antonia Lara, docente investigadora migraciones

Herminia Gonzálvez Torralbo, Universidad Central de Chile

Patricia C. Rojas, Asociación Venezolana en Chile

Neida Colmenares, Politóloga

Leonardo Jofré Ríos, Abogado, Encargado de Interculturalidad de la Municipalidad de Renca

Alejandro Reyes, Encargado Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Quilicura

Daisy Margarit, IDEA – Universidad de Santiago de Chile.

Charlene Dilla, Socióloga

Carolina Stefoni, Centro Sociedad tecnológica y futuro humano, Universidad Mayor

Alexis Torreblanca, Coordinador de INFOMIGRA

Djimy Delice, Encargado Oficina Comunal de Migrante, Ilustre Municipalidad de Valparaíso

María Emilia Tijoux, Universidad de Chile

Ingrid Robert Calisto, Trabajadora Social Oficina Comunal de Migrantes Municipalidad de Valparaíso, profesora EFI Migraciones Unab Viña del Mar.

Alex Fajardo, Encargado de Comunicaciones de Misión Migrante, Columnista, Diplomado en Estudios Políticos Sciences Po Rennes Francia.

Eva Vasconcelo, Docente y Coordinadora General de Misión Migrante.

María Barrera, Politóloga e investigadora en migraciones

Haroldo Dilla alfonso, INTE/UNAP

Daniel Quinteros, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat

Alejandra Carreño, Dra. en Antropología, Investigadora temas migratorios

Carlos Piñones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Pablo Mardones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Sara Joiko, Dra en Sociología y Políticas Educativas, UCL

Pablo Rojas, ONG Fractal

Andrea Riedemann, socióloga

Alice Blukacz, Msc Migración y Políticas Públicas (LSE), investigadora en migraciones

Carla Urrutia P. Antropóloga de la salud

Alexandra Obach, antropóloga de la salud

Alfonso Urzúa, Universidad del Norte sede Antofagasta

Andrea Freddi, Dr. en Antropología, Académico Universidad de Los Lagos

Romina Ramos R, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat

Sandra Leiva, Universidad Arturo Prat

Marcela Tapia, Universidad Arturo Prat

Herminia Gonzálvez, Universidad Central

Alfonso Urzúa, Universidad Católica del norte

Iskra Pávez, Universidad Bernardo O`Higgins

Lina Magalhaes, doctoranda Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc)

Leonora Beniscelli Contreras, profesora Interculturalidad, migraciones y antirracismo (UAH)

Felipe Valdebenito, doctorando Universidad Católica del Norte

Eleonara López, doctorando Universidad Católica de Chile

Menara Guizardi, Universidad de Tarapacá

Andrés Music, Psicólogo

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: Chile, Coronavirus, migrantes, pandemia

Centros de estudios de partidos de oposición piden derogar convenio entre el Sename y la ANI, porque «estigmatiza y discrimina a los niños y niñas», pasando a llevar sus Derechos Humanos

abril 24, 2020 by Admin Istrador Deja un comentario

*En La Fontana publicamos, declaración centros de estudios de los partidos de oposición “niñez y adolescencia bajo sospecha”.

Ante el establecimiento del Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) – Ministerio del Interior y Seguridad Pública- el pasado mes de febrero del 2020, los Centros de Estudios de los partidos políticos de oposición firmantes, declaramos:

1. En nuestro rol de garantes de los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, hacemos un llamado al sr. Hernán Larrain, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al sr. Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública, a gobernar respetando el principio del Interés Superior del Niño, y a dejar sin efecto este convenio, por representar una grave vulneración a los Derechos Humanos fundamentales de la niñez y adolescencia, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en Chile, y en el marco normativo nacional vigente. En efecto, este convenio estigmatiza y discrimina a los niños, niñas y adolescentes en protección del Estado y los pone bajo sospecha; vulnera su derecho a la vida privada y a su intimidad;

Fundamentan este llamado, los contundentes pronunciamientos de entidades autónomas expertas en la materia, como: la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el INDH y el Consejo para la Transparencia, siendo éste último, cuerpo colegiado pluralista cuyos integrantes profesan distintos pensamientos políticos, y que es concluyente al establecer que el convenio entre SENAME y la ANI “no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes”, lo que reafirma una vez más que la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, es un asunto de Estado y no responde a posiciones políticas o creencias de ningún orden.

2. Instamos al mundo político y parlamentario a darle la debida prioridad y relevancia al proceso de tramitación legislativa que busca instalar un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que constituye el marco general imprescindible para asegurar la protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y que, por lo mismo, debe preceder a la reforma del SENAME, pues en caso contrario los nuevos servicios que se crearán para remplazarlo reiterarán las lógicas de funcionamiento que han provocado la crisis por todos conocida. La falta de una mirada de Estado en el reconocimiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es lo que ha permitido que se apliquen, con toda libertad y respaldo de autoridades de Gobierno, criterios que contravienen su mejor interés superior y han puesto en grave riesgo la integridad de miles de niños, niñas y adolescentes que el Estado tiene la obligación del proteger, lo que se ha reflejado en diversas iniciativas, como es el caso del Convenio en cuestión.

3. Considerando el contexto histórico de movilización social, donde los adolescentes han tenido un especial protagonismo, que inclusive hoy tiene como consecuencia la privación de libertad de cientos de ellos en dispositivos de la Red del Servicio Nacional de Menores, solicitamos al Congreso la mayor rigurosidad en la tramitación de la agenda legislativa que deriva de la “Agenda Seguridad y Paz Social del Gobierno”, para que en el ejercicio de sus facultades, asegure que la redacción de marcos legales se ajuste estrictamente a los principios y estándares que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, así como también a los que se consideran en las observaciones generales y particulares del Comité de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales pertinentes.

4. Finalmente, en razón de lo anterior, solicitamos al Congreso y al Ejecutivo, revisar el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, que se encuentra en segundo trámite constitucional, a la luz del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y que se otorguen facultades a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, dentro de las normas que regulan la fiscalización y rendición de cuentas que tendrá el nuevo Sistema.

 

*Adhieren a esta declaración:

-Instituto Igualdad.
-Fundación por la Democracia.
-Instituto de Ciencias, Alejandro Lipschutz

Publicado en: Notas, Politica Etiquetado como: ANI, Convenio, Coronavirus, declaración pública, Democracia Cristiana, Instituto Igualdad, oposición, Sename

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