Convenio
Senado aprobó por unanimidad Protocolo del Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso
El Senado aprobó por unanimidad el Protocolo del Convenio Nº29 de la OIT del año 2014 sobre trabajo forzoso, enviado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Y fue en la 124° sesión de este martes 1º de diciembre de 2020, donde el Senado de la República aprobó por unanimidad el Protocolo del Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso. De esta manera, Chile será el tercer país de la región en ratificar este importante instrumento internacional, quedando a la vanguardia en lo que respecta a la protección de derechos fundamentales.
El trabajo forzoso, conforme al Convenio Nº29 de la OIT, se refiere a personas que son forzadas a trabajar, ya sea mediante el uso de la violencia, la intimidación u otros medios, como la retención de documentos de identidad, amenazas de denuncia a las autoridades o el trabajo en condiciones similares a la esclavitud.
Según cifras de la OIT, en el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas, y 1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños. Además, se evidencia que el trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99% de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58% en otros sectores.
El Protocolo Nº29 es un documento complementario al Convenio N°29, que lo que busca es acelerar la erradicación del trabajo forzoso de manera efectiva y sostenida. De esta forma, con el avance en su ratificación en segundo trámite constitucional, nuestro país reafirma su compromiso en este tema, mismo compromiso que lo llevó a ser invitado por OIT a ser país pionero en la Alianza 8.7, asociada a la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la que pretende generar un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil.
De esta forma, el trámite en el Congreso concuerda con los compromisos y esfuerzos del Gobierno de Chile por adoptar medidas urgentes para terminar y asegurar la erradicación de todas las formas de trabajo infantil de aquí al año 2025 y la abolición del trabajo forzoso, permitiéndonos seguir posicionándonos y ser líderes en la materia a nivel regional.
A este respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien ha liderado esta materia, se mostró satisfecho al señalar “con esta aprobación estamos cumpliendo uno más de los desafíos que nuestro país asumió el año 2018 al ser designado país pionero en estas materias por la OIT. Es un paso importante hacia adelante, especialmente en momentos donde nuestro país forma parte del consejo de administración de la OIT, lo que nos debe motivar para seguir avanzando”.
Centros de estudios de partidos de oposición piden derogar convenio entre el Sename y la ANI, porque «estigmatiza y discrimina a los niños y niñas», pasando a llevar sus Derechos Humanos
*En La Fontana publicamos, declaración centros de estudios de los partidos de oposición “niñez y adolescencia bajo sospecha”.
Ante el establecimiento del Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) – Ministerio del Interior y Seguridad Pública- el pasado mes de febrero del 2020, los Centros de Estudios de los partidos políticos de oposición firmantes, declaramos:
1. En nuestro rol de garantes de los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, hacemos un llamado al sr. Hernán Larrain, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al sr. Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública, a gobernar respetando el principio del Interés Superior del Niño, y a dejar sin efecto este convenio, por representar una grave vulneración a los Derechos Humanos fundamentales de la niñez y adolescencia, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en Chile, y en el marco normativo nacional vigente. En efecto, este convenio estigmatiza y discrimina a los niños, niñas y adolescentes en protección del Estado y los pone bajo sospecha; vulnera su derecho a la vida privada y a su intimidad;
Fundamentan este llamado, los contundentes pronunciamientos de entidades autónomas expertas en la materia, como: la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el INDH y el Consejo para la Transparencia, siendo éste último, cuerpo colegiado pluralista cuyos integrantes profesan distintos pensamientos políticos, y que es concluyente al establecer que el convenio entre SENAME y la ANI “no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes”, lo que reafirma una vez más que la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, es un asunto de Estado y no responde a posiciones políticas o creencias de ningún orden.
2. Instamos al mundo político y parlamentario a darle la debida prioridad y relevancia al proceso de tramitación legislativa que busca instalar un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que constituye el marco general imprescindible para asegurar la protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y que, por lo mismo, debe preceder a la reforma del SENAME, pues en caso contrario los nuevos servicios que se crearán para remplazarlo reiterarán las lógicas de funcionamiento que han provocado la crisis por todos conocida. La falta de una mirada de Estado en el reconocimiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es lo que ha permitido que se apliquen, con toda libertad y respaldo de autoridades de Gobierno, criterios que contravienen su mejor interés superior y han puesto en grave riesgo la integridad de miles de niños, niñas y adolescentes que el Estado tiene la obligación del proteger, lo que se ha reflejado en diversas iniciativas, como es el caso del Convenio en cuestión.
3. Considerando el contexto histórico de movilización social, donde los adolescentes han tenido un especial protagonismo, que inclusive hoy tiene como consecuencia la privación de libertad de cientos de ellos en dispositivos de la Red del Servicio Nacional de Menores, solicitamos al Congreso la mayor rigurosidad en la tramitación de la agenda legislativa que deriva de la “Agenda Seguridad y Paz Social del Gobierno”, para que en el ejercicio de sus facultades, asegure que la redacción de marcos legales se ajuste estrictamente a los principios y estándares que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, así como también a los que se consideran en las observaciones generales y particulares del Comité de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales pertinentes.
4. Finalmente, en razón de lo anterior, solicitamos al Congreso y al Ejecutivo, revisar el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, que se encuentra en segundo trámite constitucional, a la luz del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y que se otorguen facultades a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, dentro de las normas que regulan la fiscalización y rendición de cuentas que tendrá el nuevo Sistema.
*Adhieren a esta declaración:
-Instituto Igualdad.
-Fundación por la Democracia.
-Instituto de Ciencias, Alejandro Lipschutz
Servel por llamado a marcar AC: “Mejor hacer las cosas bien que arriesgar el voto”
Patricio Santamaría aseguró que, a su juicio, las personas debieran seguir los pasos que establece la ley y no hacer rayados en los votos.
Luego de confirmar que los votos marcados con AC se considerarán válidos en el plebiscito de abril, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) hizo un llamado a que las personas sigan los pasos establecidos, es decir, sólo marquen la preferencia sin rayados extra.
“Lo ideal es hacer las cosas como lo establece la ley. Pero también tenemos que reconocer que dentro de la libertad del electorado está la posibilidad de señalar alguna marca”, expresó Santamaría en entrevista con Radio Pauta.
En ese sentido, el representante del Servel recomendó no realizar acciones que pudieran “arriesgar su preferencia -en mi opinión- en un evento tan importante como el que vamos a vivir”.
La polémica surgió luego del llamado de Unidad Social a marcar el voto con “AC” (Asamblea Constituyente) en el plebiscito, lo que podría objetar los sufragios.
Sin embargo, el Servel aclaró que “si el voto tiene una preferencia claramente marcada, y además alguna otra leyenda, seña gráfica o marca, este es válido y se escrutará a favor de la opción que indique la preferencia, pero se considerará como marcado y hay que dejar constancia en el acta”,
“La única causal de nulidad es el haber indicado más de una preferencia”, precisó el Servel.
Voto nulo
De acuerdo a la Ley Electoral, se considerarán nulos y no se escrutarán los votos que marquen más de una preferencia, sin importar si contienen leyendas, otras marcas o señas gráficas.
Los integrantes de la mesa electoral dejarán constancia al dorso del voto el hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.
Votos en blanco
Se escrutarán como votos en blanco los votos que aparecieren sin la señal que indique una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas.
Votos rayados
Se considerarán como marcados y podrán ser objetados por vocales y apoderados los votos en que se ha marcado claramente una preferencia, y las que tengan, además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria.
Estos votos se consideran en el conteo como “válidamente emitidos”. Esto quiere decir que deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas con indicación de la preferencia que contienen.


