En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Autoridades de La Reina piden considerar la no expulsión de migrantes

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A pocos días de vencer el plazo del Proceso Regularización de Migrantes 2021 y tras la Comisión de Migración del Concejo Municipal de La Reina, diversos actores de la sociedad civil, concejo municipal y la alcaldía, autoridades de la comuna de distintos sectores políticos, solicitan al Ministerio del Interior considerar la no expulsión de personas migrantes con trámite de regulatorio en curso.

La presidenta de la Comisión de Migración, la Concejala Fresia Pérez, aseveró que se debe tener en consideración los procesos burocráticos propios de cada país y sus respectivos consulados de los países de origen de los migrantes para realizar los respectivos trámites y certificados pertinentes.

“Solicitamos a las autoridades de Gobierno que se consideren aquellas solicitudes donde los certificados pertinentes aún se encuentren en proceso de elaboración, ya que, la voluntad de regularización existe, sin embargo cada país posee protocolos y mecanismos distintos”, señaló Pérez.

En la misma línea, desde la Fundación Sitadel, Felipe Fierro, señaló que están muy preocupados debido a la situación de Haití y es necesario que el Gobierno flexibilice sus medidas, dentro de las soluciones concretas proponen “aceptar un comprobante de tramitación del certificado de antecedentes penales. Solicitamos un proceso de regularización en el cual nadie sea excluido y se respeten sus derechos”.

Esta acción se suma a la Carta elaborada por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios en conjunto con la Comisión de Migración en la cual participa el pleno del concejo municipal: la presidenta Fresia Pérez (Independiente), María José Herrera (Evópoli), Cristian del Canto (PS), Fernando Encina (Convergencia Social), Mauricio Martin Hartwig (UDI) y Rodolfo del Real (RN), Manuel Covarrubias (UDI), Cecilia González Hansen (DC), además de la Directora de Dideco Teresa Hermosilla, Gabriel Cardozo encargado de Migración de la Municipalidad, Natasha López abogada de la Fundación Sitadel, Felipe Fierro representante de la Fundación Sitadel, Paola Reyes de la Fundación Kuidadores Cam y Milagros Castro presidenta de la organización Alegría de Niños de La Reina.

Crisis migratoria pone otra vez en jaque al Gobierno y deja en evidencia el fracaso del control fronterizo

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Fuertes incidentes en el desalojo de la Plaza Brasil de Iquique dejaron al descubierto una vez más los graves problemas causado por el flujo sin control de migrantes que han colapsado al norte del país, publica Infogate.cl. 

Con serios incidentes se desarrolló la mañana de este viernes el desalojo de decenas de inmigrantes desde la Plaza Brasil de Iquique, por parte de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros junto al Equipo de Reacción Táctica de la PDI.

El operativo provocó una fuerte reacción de los afectados, principalmente de origen venezolano, quienes en gran número se negaron a la orden, lo que derivó en enfrentamientos con la policía uniformada que comenzó a llevarse algunas personas detenidas, en medio incluso de golpes con piedras y palos.

La policía uniformada informó de cinco personas detenidas, una de ellas por agresión con un botellazo en la cabeza a un funcionario de la institución.

En el sector había una gran cantidad de carpas en las que se notó que ninguna de las personas que había en ese sector utilizaba baños, además de que muy pocos ocupaban mascarillas.

Personal de Carabineros detalló que cerca de 20 niños y niñas estaban durmiendo en la plaza, cifra que catalogaron como “dinámica” debido a que algunas familias se van y otras llegan.

Además, recalcaron que están “cuidando la integridad física de los migrantes, especialmente en motivos sanitarios e higiénicos”.

El coronel Andrés Arenas explicó que el operativo busca la “recuperación de espacio público” y que “nace de una resolución que emana en julio por parte de la gobernación”. Asimismo, han sido recurrentes las quejas de vecinos del tradicional sector iquiqueño ante el aumento de la criminalidad, lo que ellos atribuyen a los migrantes ilegales instalados en la plaza.

Las personas acampadas han entrado a Chile sobre todo ilegalmente por diversos pasos no habilitados y, por lo mismo, ha sido imposible someter a todos a pruebas diagnósticas de COVID-19. Algunos han sido enviados a centros sanitarios, pero una vez que dejan estos recintos no han tenido un lugar donde ir o quedarse.

En este caso específico, estas personas se habían mantenido por poco ,más de un año en este sector histórico de la ciudad, algunos de forma permanente y otros de forma parcial, siendo reemplazados constantemente por nuevos migrantes que arriban al lugar.

Recurso de protección contra Piñera

En este complejo contexto, el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, presentó este viernes un recurso de protección contra del Presidente Sebastián Piñera, por abandono de deberes ante la crítica situación migratoria que vive el norte del país.

“El alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos“, acusó el gobernador.

De forma paralela, denunció que esto “se transforma en ilegal y arbitrario por su obrar y conducta, en este caso, al no asumir como es debido de un Estado de Derecho, las funciones y atribuciones que posee”.

Agregó que “hoy en día y ante estas circunstancias se priva a todos los habitantes de la región de un derecho legal, legítimo, irrenunciable e inalienable, como es el de vivir en paz, con las garantías constitucionales de respeto y cuidado de la integridad física y psíquica de cada uno”.

Carvajal, también culpó de la crisis a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica; al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

Asimismo, adelantó que la situación “no va a terminar en los próximos meses (…) Vamos a seguir teniendo un ingreso importante de venezolanos (…) que el Presidente reconozca que no tenemos capacidad de recibir y albergar”, insistió, junto con afirmar que su actuar vulnera acuerdos internacionales.

Cabe recordar que esta semana el Gobierno anunció que retomará las expulsiones de extranjeros, a pesar de un fallo de la Corte Suprema, que en junio rechazó este proceder.

Delgado justifica desalojo

“El desalojo de estos lugares tiene que ver con que no está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para poder poner viviendas transitorias“, manifestó en tanto el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien recalcó que “esto fue un trabajo que hizo la delegación presidencial con ellos durante mucho tiempo. Por lo tanto, el desalojo es algo que se había advertido y hoy se está cumpliendo“, haciendo hincapié en que hay albergues que se han habilitado en el marco de la pandemia.

Asimismo, explicó que “en las últimas 48 horas hemos tenido un menor flujo de ingreso de personas por la zona de Colchane, porque reforzamos los puntos de avistamiento y de control” con personal del Ejército en la fronteriza localidad del norte, tras la publicación del Decreto 265.

Consultado por las acciones legales del gobernador de Tarapacá emprendió en contra del Presidente Sebastián Piñera por la “crisis migratoria” en la región, evitó profundizar en el tema al señalar que desconocía el fondo de la presentación, “pero lo que conozco y he conversado con él es una colaboración mutua para sacar adelante un problema país”.

Por otra parte, el secretario de Estado sostuvo que “lo que ocurre con las personas que están usando los espacios públicos, como las plazas, no solamente en Iquique basta con recorrer distintas ciudades de Chile, la Región Metropolitana por cierto, las playas u otros lugares, tiene que ver con la informalidad administrativa con la que se encuentran“.

Al respecto indicó también que “cuando ingresan a Chile y alguien les promete tener trabajo, una vivienda al otro día, los están engañando, porque esas bandas criminales le están cobrando US$100 o US$200 y no les dicen que no van a tener muchas veces la posibilidad de un arriendo y terminan viviendo en esos espacios públicos o pagando un subarriendo abusivo“.

Defensora de la Niñez también anuncia acciones legales

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también anunció acciones legales para que el Gobierno aborde la crisis migratoria en el norte de Chile, particularmente en relación a los niños, niñas y adolescentes.

A través de un video difundido en redes sociales, la representante del organismo afirmó que “la crisis migratoria que se enfrenta a nivel mundial y que obviamente afecta a Chile deja de manifiesto un problema humanitario, que no ha sido resuelto por el poder Ejecutivo“.

“Desde hace meses, como Defensoría de la Niñez, estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a la Gobernación, a la Intendencia, a la Subsecretaría de la Niñez en la zona, que se adopten medidas para poder asegurar el bienestar de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en las plazas públicas de Iquique, deambulando por esas calles sin tener una respuesta de un Estado que ha comprometido humanidad en virtud delos tratados internacionales que ha ratificado”, agregó.

“¿Cuál es la única vía y la única solución? Una respuesta del Estado a través del ejercicio policial, que, además, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, ha sido violento respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad“, dijo sobre lo ocurrido durante este viernes en Iquique.

Lanzan campaña para incentivar que los más de 378 mil migrantes inscritos en padrón electoral participen en el plebiscito

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Durante esta jornada, mediante video, y días anteriores con banderazos, el Festival Intercultural Migrafest, lanzó campaña «Participación sin Fronteras» para incentivar el voto de los inmigrantes en Chile -inscritos en el padrón electoral-, en plebiscito constituyente del 25 de octubre.

La misión de Migrafest ha sido siempre unificar y apelar a una «Nueva humanidad», donde las fronteras territoriales y las diferencias culturales se emancipen «en función del valor máximo que es el amor entre todos y la colaboración, entre los seres vivos, que conviven en esta tierra», comenta Sergio Martínez, director del Festival Migrafest.

«En ese contexto -añade Martínez-la campaña ´Participación sin Fronteras` llama a que todos los inmigrantes en Chile participen en este hito histórico del plebiscito, con el fin de hacer de Chile, un mejor país; y del mundo, un mejor planeta».

En esta organización, estiman que el ejercicio democrático que vivirá Chile, dentro de dos días, es clave para construir una sociedad con un Estado más participativo que apele por una mejor integración intercultural, que suprima cualquier tipo de discriminación racial por nacionalidad de origen. «Y en esa tarea estamos todos llamados a participar mancomunadamente como sociedad: chilenos y extranjeros residentes en nuestro país», sentencia Martínez.

Padrón de inmigrantes

Según datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), el número de inmigrantes inscritos en el padrón electoral ha ido en aumento, en los últimos cuatro años, alcanzando el 2,5% del total electoral. Se dividen en: 204.483 mujeres que pueden votar, versus 174.346 hombres con ese mismo derecho.

En concreto, son 378.829 las personas extranjeras habilitadas para votar. Su edad promedio no alcanza los 45 años y la mayoría se concentra en la Región Metropolitana.

Imagen de emol.com

Se trata de alrededor de 100 mil electores adicionales a los que había en 2017. Un simple sondeo de los datos arroja que más de la mitad de los extranjeros inscritos en el padrón son mujeres y un 36,5% proviene de Perú. Mientras que un 11,47% proviene de Bolivia, un de 11% Colombia y un 7,6% de Argentina, solo por nombrar algunos países.

*Ver video de campaña Migrafest:

Red de Organizaciones Migrantes llama a votar por el Apruebo y rechaza Ley de Migraciones

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Las organizaciones migrantes y promigrantes fijaron sus posturas respecto a la ley que se discute actualmente en el Congreso y el plebiscito de octubre, en el marco de su Quinto Encuentro Nacional que se realizó durante el fin de semana recién pasado.

Durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre se celebró el Quinto Encuentro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, bajo el título de “Caminos de participación y acción política”. En la instancia, organizaciones de todo el territorio nacional discutieron en torno a dos temas centrales: el proyecto de Ley de Migraciones y el proceso constituyente.

Dentro de las principales directrices que marcaron las jornadas se encuentra el rechazo transversal a la iniciativa de Ley de Migraciones que se tramita actualmente en el Senado. Esto, en base a que «el proyecto no cuenta hasta hoy con un enfoque de derecho ni garantiza los Derechos Humanos de las personas migrantes», como se estableció durante la reunión.

No obstante, desde la Red Nacional llamaron a «seguir de cerca el desarrollo del proceso de la legislación, tanto para conocer e incidir, como para vigilar los procedimientos y resultados del mismo». Siempre, «manteniendo la legítima exigencia del cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos», explicaron.

Uno de los principales acuerdos que tomó La Red de Organizaciones Migrantes en este encuentro fue la posición favorable a las opciones Apruebo y Convención Constitucional, con miras al Plebiscito del 25 de octubre.

En esa línea, invitaron a las comunidades migrantes y promigrantes a participar con esta postura en este proceso. «Este no termina con la votación, sino que requiere de la proliferación de espacios de diálogo y discusión en torno a la Constitución que Chile necesita, con los matices contemporáneos que aportamos los diversos territorios, culturas y comunidades coexistentes», sostuvieron.

La reunión contó con la participación de 77 delegados y delegadas de 42 organizaciones migrantes y promigrantes, de 12 nacionalidades y 5 pueblos originarios, provenientes de 17 ciudades de diferentes provincias.

Así, en dos jornadas de discusión y consensos, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes aprobó y enfatizó la necesidad de contribuir a conformar espacios amplios de discusión en torno al proceso constituyente. «Es importante la participación activa de las comunidades en todas las fases del proceso constituyente para garantizar la consagración de sus derechos fundamentales. Migrar es un derecho. La Humanidad somos todes”, concluyeron desde la asociación.

La dramática situación de migrantes en Chile, en tiempos de coronavirus

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*En La Fontana publicamos carta abierta de 15 organizaciones y 35 profesionales vinculados al tema y la exposición y denuncia de discriminación a ciudadanos extranjeros en el país.

El siguientes es el texto distribuido por 15 organizaciones y 35 profesionales y académicos vinculado al tema de migración, donde se expone la dramática realidad de migrantes en el marco de la pandemia del coronavirus.

CARTA ABIERTA DE RECHAZO

A toda forma de discriminación hacia poblaciones migrantes internacionales por parte de las autoridades del país en torno a COVID19

Organizaciones migrantes, ONG y Académicos/as

La pandemia SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad COVID19, ha representado un enorme desafío para el mundo. De acuerdo con registros oficiales, este tipo de Coronavirus ingresó a Chile el 3 de marzo del presente año, por medio de un viajero de nacionalidad chilena que regresaba de vacaciones en el continente asiático. Los datos actualizados, correspondientes al 16 de abril a las 21.00 horas, indican que se registran 9.252 personas infectadas, de las cuales 5.500 estarían activas.

La población migrante en Chile llega a 1.492.522 personas, de acuerdo con cifras entregadas en marzo de 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta población es diversa en sus condiciones de vida, países de origen y condición migratoria, pero comparte, como cualquier residente en el país, el deseo de una inserción en todos los ámbitos de desarrollo de la vida (social, político, económico y cultural). Sin embargo, enfrentan actualmente riesgos asociados a una mayor vulnerabilidad social por las condiciones en que el país les permite asentarse, por largos y engorrosos procesos de visado y ausencia de una convalidación efectiva de sus estudios, entre otras desigualdades. No todos/as, pero muchos/as de ellos/as, como ocurre con otros/as conciudadanos/as, han perdido sus trabajos y su fuente de ingreso económico con la actual crisis sanitaria, y por necesidades materiales y de sustento salen a trabajar durante la cuarentena, con limitada protección para su salud.

Asimismo, la situación de las personas extranjeras privadas de libertad resulta especialmente preocupante en este escenario, pues deben enfrentar esta pandemia encarceladas en un país del cual no son nacionales. En su mayoría, estas personas no cuentan con una red de apoyo o estructura familiar que les brinde ayuda durante su período de encierro, situación que les impide acceder a elementos básicos de higiene y aseo, elementales para poder capear las nefastas consecuencias del coronavirus.

Durante este tiempo excepcional para nuestro país hemos observado algunas expresiones indicativas de discriminación contra poblaciones migrantes internacionales de parte de la autoridad sanitaria y política, en particular de parte del señor Ministro de Salud y del mismo señor Presidente de la República. Es en estos dichos que se ha sugerido que migrantes internacionales serían fuente de riesgo directo para el contagio de SARS-Cov-2 a la población nacional, aun sabiendo que la enfermedad no se originó desde este colectivo. Por ejemplo:

El 10 de abril el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, en comunicado oficial televisado, indicó que “hay que reforzar nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando”.
El 17 de de abril el Ministro de Salud sostuvo, en su ya habitual conferencia de prensa de cada mañana para informar del estado de la pandemia en el país: “De hecho, en estos días hemos tenido, para graficar esto, situaciones muy complejas con población inmigrante irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzarlos, a pesar de que hemos tenido amenazas de brotes en ciertas comunidades, no hemos podido alcanzarlos para que se hagan el examen de PCR. ¿Por qué?, porque ellos dicen “si me identifican, me van a extraditar del país”, y tenemos un problema enorme en esas comunidades, que no son pocas personas, de inmigrantes ilegales que residen en nuestro país”.
Es importante aclarar que ninguna persona es ilegal. Las situaciones administrativas de irregularidad las imponen los estados a los colectivos, y no es una característica propia de algunas personas extranjeras. Además, los discursos xenófobos solo fomentan el desarrollo de actitudes racistas y comportamientos de violencia en el resto de la ciudadanía, como la recibida por una persona de origen haitiano, quien fue duramente golpeado y humillado por un guardia de seguridad hace pocos días. Esto sumado a la actitud de algunos medios de comunicación que, en diversos momentos en esta crisis, han utilizado asociaciones entre la mantención del COVID-19 e imágenes de población extranjera, como la aparecida en el diario La Segunda el día 7 de abril.

A través de esta carta, los/as aquí firmantes exponemos nuestro total y abierto rechazo a estas formas de expresión de discriminación hacia personas migrantes internacionales que viven en nuestro país. Este tipo de expresiones de las autoridades del país no solo no tienen sustento en la evidencia científica, sino que tampoco se condicen con la realidad sobre la forma en que el virus ingresó a Chile. Personas migrantes internacionales que adquieran en el futuro este virus en nuestro país lo harán por los mismos motivos que muchas personas nacionales, ante los riesgos asociados a la necesidad de trabajo, la precarización laboral, la falta de protección que se les brinda en el contexto laboral, al hacinamiento y a la pobreza, y no al hecho de haber nacido en otro país.

La evidencia internacional así lo demuestra ampliamente, indicando que para diversas infecciones el mayor riesgo está asociado a las condiciones de vida de las personas migrantes, en particular refugiadas en centros de alojamiento, donde experimentan mala alimentación, hacinamiento y marginación social.

Cabe señalar que en ningún momento el actual gobierno ha considerado a las personas extranjeras en situación irregular, quienes, ante la imposibilidad de llevar a cabo trabajos formales, no tienen otra opción que arriesgarse cada día a contraer el virus, realizando trabajos informales e irregulares. Ante ello, se abre la necesidad de una REGULARIZACIÓN efectiva e inmediata de esta población, para que puedan contar con los mínimos básicos de seguridad que este país dispone. Si hay algo que esta pandemia nos está mostrando, es que es la condición de humanidad basta para merecer la protección de los Estados.

Solicitamos dejar de lado cualquier forma de discriminación y evitar discursos xenófobos hacia esta población residente y que, de manera arbitraria y desinformada, se exponga y estigmatice sin evidencia alguna en los medios de comunicación social.

 

Los/las firmantes,

*INSTITUCIONES:

Fundación Urgencia País (FUPA CHILE)

Fundación Audiovisual Voz Migrante

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Movimiento de Acción Migrante (MAM)

Núcleo de Diversidad y Género. Universidad de Chile

Programa de Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile

Red Transdisciplinaria U-Nómades

Revista Sur

Comisión de Salud y Migración Colegio Médico de Chile

Programa Chile a Todo Color

Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile

Misión Migrante

Rizoma Intercultural

Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (UNAP)

Brigada Migrante Feminista de Valparaíso

*PERSONAS:

Caterine Galaz, Universidad de Chile

Rolando Poblete, Investigador en temas migratorios

Fernanda Stang, investigadora en temas migratorios

Matías Libuy, Comisión Salud y Migrantes, Colegio Médico de Chile

Báltica Cabieses, epidemióloga social

Margarita Vélez Maya, Universidad de Chile

Delia Curahua, coordinadora Unidad Migrante, Municipalidad de Recoleta

Luis Eduardo Thayer, Sociólogo

Andrea Avaria Saavedra. Dra en Antropología.

Carlos Muñoz Reyes, Encargado Oficina de Migración, Municipalidad de Independencia

Carolina Pinto Baleisan, Universidad Viña del Mar

Antonia Lara, docente investigadora migraciones

Herminia Gonzálvez Torralbo, Universidad Central de Chile

Patricia C. Rojas, Asociación Venezolana en Chile

Neida Colmenares, Politóloga

Leonardo Jofré Ríos, Abogado, Encargado de Interculturalidad de la Municipalidad de Renca

Alejandro Reyes, Encargado Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Quilicura

Daisy Margarit, IDEA – Universidad de Santiago de Chile.

Charlene Dilla, Socióloga

Carolina Stefoni, Centro Sociedad tecnológica y futuro humano, Universidad Mayor

Alexis Torreblanca, Coordinador de INFOMIGRA

Djimy Delice, Encargado Oficina Comunal de Migrante, Ilustre Municipalidad de Valparaíso

María Emilia Tijoux, Universidad de Chile

Ingrid Robert Calisto, Trabajadora Social Oficina Comunal de Migrantes Municipalidad de Valparaíso, profesora EFI Migraciones Unab Viña del Mar.

Alex Fajardo, Encargado de Comunicaciones de Misión Migrante, Columnista, Diplomado en Estudios Políticos Sciences Po Rennes Francia.

Eva Vasconcelo, Docente y Coordinadora General de Misión Migrante.

María Barrera, Politóloga e investigadora en migraciones

Haroldo Dilla alfonso, INTE/UNAP

Daniel Quinteros, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat

Alejandra Carreño, Dra. en Antropología, Investigadora temas migratorios

Carlos Piñones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Pablo Mardones, Dr. en Antropología, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Sara Joiko, Dra en Sociología y Políticas Educativas, UCL

Pablo Rojas, ONG Fractal

Andrea Riedemann, socióloga

Alice Blukacz, Msc Migración y Políticas Públicas (LSE), investigadora en migraciones

Carla Urrutia P. Antropóloga de la salud

Alexandra Obach, antropóloga de la salud

Alfonso Urzúa, Universidad del Norte sede Antofagasta

Andrea Freddi, Dr. en Antropología, Académico Universidad de Los Lagos

Romina Ramos R, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, Universidad Arturo Prat

Sandra Leiva, Universidad Arturo Prat

Marcela Tapia, Universidad Arturo Prat

Herminia Gonzálvez, Universidad Central

Alfonso Urzúa, Universidad Católica del norte

Iskra Pávez, Universidad Bernardo O`Higgins

Lina Magalhaes, doctoranda Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc)

Leonora Beniscelli Contreras, profesora Interculturalidad, migraciones y antirracismo (UAH)

Felipe Valdebenito, doctorando Universidad Católica del Norte

Eleonara López, doctorando Universidad Católica de Chile

Menara Guizardi, Universidad de Tarapacá

Andrés Music, Psicólogo