Columnas

Por Juan Somavia

ExDirector General de la OIT Preside el Consejo Asesor Constitucional de la CUT

La franja oficial, debates televisivos y programas de radio, han permitido conocer las opiniones de las y los candidatos a la Convención Constituyente. Mas de alguien resaltó que la promoción de la dignidad del ser humano en el trabajo y su expresión concreta en el derecho al Trabajo Decente, debe tener rango constitucional.

Por cierto, el reconocimiento y la garantía de la dignidad a partir del trabajo, se origina en un constitucionalismo social contenido en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (creada en 1919), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (1968), los valores del Estado de bienestar y, desde luego, en las sostenidas luchas sociales y políticas en todos los países que, con sus duelos, tragedias y éxitos, durante este largo proceso histórico, han logrado avanzar progresivamente en el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Camino sobre el cual queda mucho por recorrer.

Chile llevaba años encaminándose en esta dirección. Sin embargo, la dictadura y su Constitución cortaron ese curso en seco, imponiendo un retroceso del que aun no nos recuperamos plenamente. Su visión neoliberal sobrevaloró el papel del mercado, ignoró su incapacidad para autorregularse y comercializó los derechos sociales; Junto a ello, subvaloró el papel del Estado y sus sistemas regulatorios y devaluó el valor del trabajo y las políticas públicas en materia social. Aumentó aun más el desequilibrio de poder entre capital y trabajo.

Los y las constituyentes tendrán la tarea de reconocer el enorme valor que tiene el trabajo decente, concepto propuesto por la OIT en 1999, en la construcción de una sociedad armónica, con cohesión social y sana convivencia democrática. Porque, finalmente, la vida nos ha demostrado que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. Y hay una gigantesca labor por delante en Chile y en el mundo, particularmente después de los retrocesos sociales producidos por la Pandemia y las transformaciones en el trabajo ligadas a la revolución digital y el tránsito hacia un desarrollo sostenible.

Lo bueno es que no partiremos de cero. Existe un consenso mundial en torno a la necesidad del trabajo decente, gestado progresivamente en las últimas decadas, cuyo más reciente eslabón es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por unanimidad de todos los países al más alto nivel político en Naciones Unidas. Su objetivo 8 nos indica la decisión colectiva de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Hoy, se trata de avanzar desde esa potente aspiración política y social global a la realidad nacional y local. Debemos valorar el enorme significado que tiene para todos y todas el trabajo en nuestra sociedad, lo que implica poner este reconocimiento en el corazón de la Nueva Constitución e incorporar el derecho al Trabajo Decente como principio fundacional de la misma.

En Chile, para avanzar en esta dirección tenemos que reconocer donde estamos; y lo concreto es que no estamos bien, ni en la realidad, ni en los conceptos. La actual Constitución Política considera el trabajo del ser humano básicamente como un costo de producción. Igual que las materias primas, los intereses bancarios, el transporte, la publicidad y otros.

Sin embargo, en la vida real, para las personas, las familias y las comunidades, el trabajo decente es tanto más que eso, tiene un valor social, no es sólo un precio:

Es fuente de dignidad personal y valoración de si mismo. Nos probamos en el trabajo. Hay satisfacción o descontento en función de su calidad. El trato recibido, bueno y malo, tiene un enorme impacto subjetivo.

Es fuente de estabilidad de las familias, tantas de ellas monoparentales, o como la gente decida vivir juntos. Cuando hay uno o más buenos trabajos en casa, sabemos que hay menos violencia intrafamiliar, mas distensión, genera un sentido de progreso, hay más confianza en el futuro. Es fuente de mayor paz en la comunidad y sensación de seguridad cuando el trabajo de calidad se ha extendido en el entorno en que vivimos.

Además, el ser humano que trabaja es también un ciudadano y saca conclusiones de su vida laboral. Es difícil pensar que la enorme manifestación pacífica del 25 de octubre 2019 que congregó cerca de dos millones de chilenas y chilenos en todo el país, no tuviera una relación muy directa con la mala calidad del trabajo en Chile.

Por cierto, hoy ninguna de estas dimensiones se expresa plenamente en la mayoría de los trabajos en nuestro país. Los datos confirman lo dicho: El 50% de los chilenos y chilenas tiene un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos (Fundación Sol, 2019) y el 40,5% de los trabajadores y trabajadoras vive en la informalidad, con toda la inseguridad y precariedad que ello conlleva (OIT, 2019). El monto promedio de las pensiones autofinanciadas recibidas por los jubilados asciende a 159.000 y el 80% de ellas está por debajo del ingreso mínimo (Superintendencia de Pensiones, 2021), el trabajo infantil es un flagelo para 220.000 mil niños, niñas y adolecentes que se ven forzados a trabajar (UNICEF, 2020).

Las múltiples formas de discriminación y desigualdad de género hacia las trabajadoras dramatiza aun más las cifras en materia de empleo. La brecha salarial en trabajos formales asciende en promedio a un 28% menos que las remuneraciones de los hombres, lo que nos posiciona como el 5º país más desigual en materia de género (OCDE, 2020), y el 47% de ellas gana menos que el sueldo mínimo (Universidad de Playa Ancha, 2020). Del total de trabajadores informales, un 57% corresponde a mujeres, en donde el 68,3% gana menos del sueldo mínimo. Lo anterior, se agrava, si observamos que en el 73% de los hogares chilenos son ellas el único sostén económico (Universidad de Playa Ancha, 2020). A ello se agrega la total falta de reconocimiento social, cultural y legislativo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su contribución al bienestar social y a la economía (comunidad mujer 2019).

Por otro lado, existe un evidente déficit en el ámbito del reconocimiento y protección de los derechos colectivos laborales, marcado por una diversidad de limitaciones que los cambios a la legislación y Constitución no han eliminado. Solo el 6,3% de las empresas nacionales tiene organizaciones sindicales y solo un 6% de trabajadores y trabajadoras están cubierto por algún tipo de instrumento colectivo (Encuesta Laboral, ENCLA 2019).

Esta realidad es el fundamento del gran desafío constitucional: reconocer el derecho al Trabajo Decente, individual y colectivo, como un principio fundacional de la Nueva Constitución, acompañado de reglas que garanticen su ejercicio real. Ambas dimensiones deben estar en la Constitución.

Ello nos lleva a la próxima etapa. Las condiciones de ejercicio del trabajo decente se construyen sobre la base del respeto a los derechos fundamentales en el trabajo que postula la OIT: un contrato con salario para progresar no para subsistir, libertad sindical con negociación colectiva a todos los niveles y derecho a huelga multipropósito, fin al trabajo infantil y al trabajo forzoso, no discriminación, igualdad de género en todas las dimensiones del mundo de trabajo y todos los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales. Incluyendo un sistema de seguridad social con pensiones dignas.

Lo anterior se inserta en el reconocimiento del conjunto de derechos sociales que son parte integral del constitucionalismo social: educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y tantos otros. El trabajo decente debe ir acompañado de un piso de protección social que asegure mínimos civilizatorios por debajo del cual ninguna chilena o chileno se debe ver forzado a vivir. Es el momento que la Nueva Constitución reconozca tanto la ciudadanía política como la ciudadanía social.

Este postulado se sitúa en la perspectiva, y la necesidad, de que Chile logre construir una verdadera Estrategia Nacional de Desarrollo Justo y Sostenible con la más amplia convergencia de visiones en torno a la promoción de la dignidad del ser humano y el respeto a la integridad de la tierra. Ello requiere un crecimiento inclusivo, equitativo y eficaz, con cambios profundos en nuestra matriz productiva e inserción internacional, fundado en inversión y consumo sostenibles. Desde ese objetivo situarse en el mundo que viene, pues la velocidad de los cambios tecnológicos, la evolución de los sistemas productivos, la naturaleza de los mercados globales y las tensiones geopolíticas ya nos están planteando enormes desafíos de país que debemos tener la capacidad de enfrentar como nación.

En ese marco, tenemos que profundizar el análisis del significado de esos cambios en los diversos sectores productivos existentes y por crear. Esto, unido a una visión del impacto actual y prospectivo sobre el mundo del trabajo y la estructura del empleo junto a las nuevas necesidades de formacion y capacitacion que ya estan surgiendo. Sabemos que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la economía digital, el trabajo a distancia que se va a generalizar y la automatización, entre otros aspectos, ya están aquí. Analizar el futuro del trabajo post pandemia y en camino al desarrollo sostenible es esencial. En una perspectiva constitucional, debemos saber armonizar la dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

Por estas razones, junto a un grupo de mujeres y hombres hemos aceptado la invitación efectuada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, para discutir y profundizar las ideas y propuestas del mundo sindical que aspiran a poner en el centro de la Nueva Constitución el reconocimiento al valor del trabajo.

Si el trabajo decente contribuye a la cohesión social, es fuente de dignidad personal, estabilidad de las familias, paz en la comunidad, conciencia ciudadana y de “un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible”, sin duda debemos colocar la valoración del trabajo del ser humano en el corazón de la Nueva Constitución. Todo ello nos debe conducir a reflexionar sobre la importancia y la contribución del trabajo de chilenas y chilenos, en la construcción de nuestra sociedad.

Nada de lo propuesto son aspiraciones nuevas. Los chilenos y chilenas sabemos que lo dicho es una realidad que refleja la vida de muchos millones de compatriotas. Sin embargo, no hemos sido capaces de asumirlas como una tarea nacional que fortalece la convivencia democratica. Para finalizar, debo señalar que todo lo propuesto tiene precedentes en otras constituciones y acuerdos internacionales de los que Chile es parte.

Las y los constituyentes, en su gran responsabilidad, van a tener que encontrar una convergencia de voluntades, quizás inédita. Su tarea es difícil, en este y otros temas similares, pero también potencialmente creativa y hermosa. Tendrán que saber abordar con sensibilidad problemas profundamente íntimos, en que detrás de los conceptos, las cifras y la confrontación de intereses, hay seres humanos de carne y hueso. Y ellos nos dijeron en el plebiscito del Apruebo que tenían esperanzas en esta Nueva Constitución. //ELF

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