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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnas

La memoria histórica es una piel irrompible

agosto 16, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Camilo Escalona

Exsenador y expresidente del PS

Sin saber quiénes somos, sin conocer la identidad que nos caracteriza, no podemos vivir. Si un día perdiéramos la piel tampoco podríamos vivir. Por eso, es justo decir que sin memoria histórica no es posible existir. Ahora que el negacionismo en materia de derechos humanos se reposiciono en el debate público, aferrándose al viejo y falaz argumento que no vale la pena mirar hacia atrás, hay que develar el reiterado objetivo de impunidad que lo inspira.

En efecto, es el mismo y ruin concepto que el entorno de Pinochet exhibió en las discusiones sobre las responsabilidades, tanto políticas como penales, que debían asumir las autoridades del régimen militar y los agentes que ejecutaron el terrorismo de Estado cegando las vidas de miles de personas, desde la instalación de la dictadura el 11 de septiembre de 1973.

Por mandato del Presidente Aylwin en 1990 se formó la Comisión sobre Verdad y Reconciliación, que entregó a Chile y a la humanidad el Informe Rettig como inamovible testimonio de las crueles y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Luego, en 1995, se condenó a Manuel Contreras y otros por el asesinato de Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, una acción de terrorismo de Estado de la dictadura chilena en la capital de Estados Unidos; y posteriormente, en 2003, por decisión del Presidente Lagos, se creó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que dio vida al Informe Valech.

Antes, la investigación del vil asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, en septiembre de 1974, dio pruebas que llevaron directamente a la DINA, Manuel Contreras y Pinochet.

En suma, todo hecho, investigación o circunstancia que denunció los crímenes de lesa humanidad de Pinochet, salió a la palestra el mismo y manido argumento para evitar la acción de la justicia: no se podía mirar el pasado.

Cuando seguía en la comandancia en jefe del Ejército, Pinochet sacaba a los comandos a realizar «ejercicios de enlace» para chantajear a la autoridad civil. Un servil general del entorno del dictador sofisticó la excusa, en un alarde argumental, señalando que un automóvil no puede manejarse mirando al espejo retrovisor.

Ahora, al reunirse la semana recién pasada, el Concejo Municipal de Santiago que resolvió honrar la memoria de parte de las víctimas apresadas, asesinadas y/o desaparecidas, colocando sus nombres en calles y plazas, se escuchó nuevamente el coro de los defensores de la impunidad, aquellos que recurren a cualquier pretexto para impedir la formación de la memoria histórica necesaria para el futuro democrático de la nación chilena.

Los grupos ultraconservadores reventaron de rabia y rechinaron los implantes de algunos oligarcas, eternos antagonistas de la verdad y la justicia, por el roce de sus iracundas mandíbulas ennegrecidas por el odio y la impotencia.

Quienes militamos en el Partido Socialista y recordamos a Carlos Lorca y Carolina Wiff valoramos en toda su dimensión el coraje de la alcaldesa Irací Hassler, y agradecemos profundamente a los concejales y concejalas que aprobaron este acto de memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado.

La memoria histórica que nos sostiene con el valor inquebrantable de los caídos en la lucha por la libertad y la democracia es la piel que recubre nuestra existencia y nos permite perseverar y proseguir la brega por la dignidad y la justicia social. //ELF

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Es la derecha la que gana

agosto 12, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Se dibujó la figura maldiciente de líder de una banda criminal y la imputación se consolidó en los medios y en la opinión, fue medida por las encuestas y volvió a los medios como decisión ciudadana, ahora como cosa juzgada, como hecho real, concreto e irrefutable.

El proceso constitucional en curso fracasará, y lo hará a causa de la mentira, la injuria y la calumnia, esa siembra de irracionalidad política, de rencor y odio que ocasionó la caída de Giorgio Jackson.

La manipulación de las comunicaciones llevó muy lejos —ya durante la anterior convención— el empleo del envilecimiento, la banalización y la intriga como armas de debate público. Cayeron en la bajeza de la prensa, encuestadoras y redes sociales de la derecha política y económica, incluso referentes éticos que pudieron haber sorteado la crisis de convivencia y de diálogo en que nos hallamos. Y así mismo, el próximo 17 de diciembre se cosecharán las tempestades de estos vientos de ira.

Todo el poder de la derecha se volcó contra Jackson. Fue el chivo expiatorio contra quien apuntaron las culpas del estallido social, de la transición constitucional, del Frente Amplio y de la generación dorada que asumió el gobierno, aunque es el socialista Carlos Montes el jefe de la cartera donde ocurrió el eventual ilícito que se le atribuye a Democracia Viva, y aunque es el senador Juan Ignacio Latorre el timonel de Revolución Democrática. Jackson estaba distante del epicentro del conflicto difundido por un irrelevante medio local, pero amplificado eficazmente por las cadenas de diarios, radios, canales de televisión y redes de la derecha.

Y entonces, sobre la sospecha y el reconcomio instalados tras la fallida acusación constitucional de enero contra el ministro, se dibujó la figura maldiciente de líder de una banda criminal. Quien lo hizo no fueron los oportunistas republicanos, que lo utilizan todo para domesticar a su sector. Fue el senador socialista Fidel Espinoza, cuyo talante es abonado por la suspicacia y el prejuicio de otros parlamentarios de su partido. La imputación se consolidó en los medios y en la opinión, fue medida por las encuestas y volvió a los medios como decisión ciudadana, ahora como cosa juzgada, como hecho real, concreto e irrefutable. Tal cual lo dice de manera prosaica la tránsfuga Camila Avilés, «se fue porque su sector se está robando la plata de l@s chilen@s».

En la operación no interesan las instituciones, la moral ni los derechos. Lo importante es el poder que se consigue manipulando la voluntad colectiva. Por eso, la derecha de Kast, que amenazó con una segunda acusación constitucional a Jackson y se desistió de ella tan pronto éste dimitió, no frenará su ofensiva contra el gobierno, como no lo harán quienes necesitan de los neofascistas para sobrevivir. Quedará, además, mucho más claro que la presencia del ministro era sólo una excusa obstruccionista, y que las expectativas de diálogo que cifra Boric en una tregua legislativa, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. //ELF

 

🔴 La columna la puedes ver acá en sitio del autor👇

https://fortunatti.wordpress.com/2023/08/12/es-la-derecha-la-que-gana/

 

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Jaime Castillo Velasco, una calle y una polémica

agosto 10, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

 

Jaime Correa Díaz

Licenciado en Historia – Universidad de Chile

El concejo municipal de la capital del país, Santiago, ha decidido rebautizar el nombre de algunas calles para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. Ello no ha estado exento de polémicas, dimes y diretes, en el concejo, la prensa y las redes sociales.

Si bien la conmemoración de dicho trágico acontecimiento no ha estado tan cargado como se suponía, al acercarse la fecha, las posturas se rigidizan y los actores toman posición. Las descalificaciones y acusaciones de uno y otro lado se confunden con ataques personales, y todo tipo de diatribas en todos los espacios públicos. Por uno y otro lado se responsabilizan del quiebre democrático. Todos apuntan al frente, al contendor. No hay autocriticas de lado y lado.

Asimismo, las redes sociales se inundan de discursos, ataques, rememoraciones sobre el acontecimiento, ensalzando o atacando a los personajes más relevantes de esa historia: Allende y Pinochet.

Y en medio de esa polémica, resalta un nombre, una historia, un humanista, inspirado en los valores del cristianismo, Jaime Castillo Velasco (1914 – 2003), el jurista, el abogado defensor de los derechos humanos de sus adversarios y polemistas del hasta entonces fatídico martes 11 de septiembre de 1973.

El maestro Castillo Velasco fue hasta el mismo 11 de septiembre un adversario de la Unidad Popular. Escribió libros, columnas y artículos. Tuvo grandes polémicas con sus contradictores en la izquierda y también con la derecha. Defendió a Maritain frente al conservadurismo católico. Estuvo en posiciones muy cercanas al ex presidente Frei Montalva, de quien fue Ministro de Tierras y Colonización. Compartían ambos opiniones y juicios sobre la UP, sobre la radicalización política de la izquierda de esos años y su poca adhesión al régimen democrático que catalogaban de “burgués”.

No obstante lo anterior, su vocación de humanista y filósofo, no trepido un segundo en abrazar la causa de los derechos humanos. Se puso a disposición de sus contradictores y adversarios del ayer. No tuvo dudas. Dicha defensa la valió el exilio de su patria en dos oportunidades. Llevó adelante juicios en medio de una Corte Suprema que guardo silenció cómplice en la dictadura, abogado en el caso Letelier. 

Pero el maestro Castillo Velasco, a casi 20 años de su muerte, no merecía que dicho justo reconocimiento se viera envuelto en polémicas. Por un lado, con la alcaldesa PC de Santiago, acogiendo la propuesta de destacados militantes DC de Santiago, pero mezclándolo con víctimas de la dictadura, y por otro lado, los radicales de derecha, promotores de campañas llena de odiosidades y revanchismos que no le hacen bien a nuestro país y democracia.

Pero frente a eso, no obstante las adversidades, se erige un reconocimiento, un merecido homenaje, que su partido no lo ha hecho. El  monumento aprobado en el Congreso el año 2015 sigue pendiente, lo que es una tremenda deuda con su principal ideológico. La calle viene a subsanar en parte esa omisión y olvido.

El maestro Castillo Velasco, como le decían sus amigos y discípulos, debe ser conocido por las nuevas generaciones y reconocido por quienes lo conocieron o fueron sus cercanos. Su legado no tiene fronteras. Sin duda, el mejor reconocimiento a don Jaime, no es tanto una calle o un monumento en sí mismo, sino que su memoria persista en cada mujer y hombre de nuestra patria en la defensa del régimen democrático y la plena vigencia de los Derechos Humanos. //ELF 

 

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El humanismo integral de Jaime Castillo Velasco

agosto 9, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Luis Maira

Abogado, académico, político y diplomático

De todos los dirigentes democráticos a los que la Municipalidad de Santiago ha rendido homenaje en los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el de Jaime Castillo Velasco es el que tiene una mayor significación histórica, por la continuidad y fortaleza de su lucha amplia y llena de valor por los Derechos Humanos a lo largo de la dictadura.

Castillo, uno de los principales fundadores de la Falange Nacional en 1938 y, luego, del Partido Demócrata Cristiano en 1957, desempeñó una importante función ideológica y fue el maestro de varias generaciones de dirigentes, a los que transmitió el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia contenida en varios textos pontificios iniciados con la encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII a finales del siglo XIX, y también de la corriente doctrinal inspirada en la visión del hombre y la sociedad de Santo Tomás de Aquino, conocida como Neotomismo, afianzada en el período de entreguerras y cuyo texto más emblemático fue El Humanismo Integral, de Jacques Maritain.

En el prolongado e interesante debate político intelectual que se extendió desde la caída del gobierno del general Carlos Ibáñez hasta el golpe de septiembre de 1973, Castillo fue un polemista emblemático en el debate filosófico entre el marxismo y el socialcristianismo. Entre sus interlocutores más destacados se encuentran los académicos Hernán Ramírez Necochea, del Partido Comunista, y Julio César Jobet, del Partido Socialista. Por ello, resulta más notable la lucha de Castillo en favor de sus antiguos contradictores del período democrático, a los que defendió sin excepción con gran coraje y dignidad cuando recibieron el ataque y la privación de la vida y la libertad por los aparatos represivos de la dictadura, primero a través de la DINA y, tras la disolución de esta, por la CNI.

Jaime Castillo Velasco fue el emblemático presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, al que la dictadura persigue y expulsa del país, primero en 1976 y, luego de su retorno en 1978, entre 1980 y 1983. Su actividad amplia y generosa en el escenario nacional y en la actividad internacional contra la violación de los Derechos del Hombre encuentra, así, un legítimo reconocimiento del Gobierno Municipal de la capital de Chile a uno de los grandes y valerosos héroes que el país tuvo en la defensa de la vida, la libertad y la dignidad de las luchadoras y los luchadores democráticos del pueblo chileno entre 1973 y 1990. //ELF

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Informe Especial | El Caso Fundaciones. Más allá del escándalo

agosto 7, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro y economista DC

La situación que ha convulsionado a los medios de prensa, con activa incidencia de parciales voceros y opinólogos escandalizados de la plaza, refiere a una investigación de la Fiscalía, focalizada en la glosa asociada al programa de Asentamientos Precarios de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.

Esta glosa se crea en el año 2014, durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto para 2015 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, mediante un acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo. (Fuente: Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, noviembre de 2014).

La actual glosa 04, vigente desde 2015, determina que se podrá celebrar convenios con municipios, servicios públicos e instituciones sin fines de lucro (ISFL). En el caso de los municipios la glosa establece que los convenios deben ser aprobados por el respectivo Consejo Municipal y se les aplica toda la regulación de las instituciones públicas, pero las ISFL quedaron sin regulación aparente, porque los recursos se comprometen mediante la suscripción de un convenio, generándose obligaciones tanto para el otorgante como para el receptor, y dependiendo del monto puede ir a Toma de Razón o registro a la Contraloría General de la República. Las disposiciones de la ley 19.862 establecen que los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que efectúen transferencias deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos, y que, para la inscripción de cada operación de transferencia, tanto los órganos y servicios públicos, como las unidades receptoras de fondos públicos, deben integrar el registro, y solo así estar en condiciones de percibir los recursos fiscales

Es lamentable el revuelo que ha causado esta situación generada a raíz de la denuncia de malas prácticas en un caso específico en una región determinada por asignación de recursos público, vía de transferencias directas a Instituciones sin fines de lucro, léase Fundaciones, Corporaciones, ONGs, etc, en el referido Programa de Asentamientos Precarios.

Se ha creado la imagen de una maquinaria para defraudar al Fisco, estimulada y agitada por parlamentarios de muy diversos sectores políticos que han sido incapaces de siquiera analizar la situación y documentarse y revisar sus propias actuaciones en la discusión de la ley de presupuestos de cada año, sin ahorrar adjetivos en cargarle la responsabilidad a este gobierno con la intención de culparlo de todos los males que pudieran asociarse a esta situación.

Adicionalmente se ha involucrado a los gobiernos regionales, lo que afectará de manera inevitable el proceso de descentralización que se encuentra en sus inicios.

Antes de entrar al análisis es necesario revisar la evidencia con que se cuenta respecto de los convenios suscritos por las ISFL y el MINVU. La información disponible deriva de la aplicación de las glosas del programa que establecen al Ministerio la obligación de informar al Congreso, en forma trimestral de la distribución de estos recursos entre las instituciones receptoras de ellos.

Los datos muestran que entre 2021 y 2022, se asignó a las ISFL señaladas, la suma aproximada de $ 16.700 millones.

Parece relevante destacar que, en 2021 respecto de 2020, los recursos se multiplicaron casi siete veces, y en el 2022 respecto de 2021 se duplicaron. Y que las ISFL que en 2020 eran solamente 7 en seis regiones, aumentaron a 17 en 15 regiones en 2022. Finalmente, el número de convenios aumenta de 15 convenios en 2020 a 613 en 2022.

Las regiones que han recibido mayor cantidad de recursos son Antofagasta con $ 6.856 millones y Tarapacá con $3.569 millones, siguiéndoles Valparaíso, Atacama y Metropolitana con cifras ligeramente superiores a 1000 millones cada una.

¿Qué problema enfrentamos? ¿Negligencia en la débil fiscalización?

Podríamos preguntarnos si, en el caso publicitado, los directivos de la institución otorgante cumplieron a cabalidad con sus funciones de resguardo de la función pública. Específicamente, si al proceder a aplicar las normas de la ley 19.862, en particular la establecida en el artículo 5 letra c) del reglamento 375 referido, entre otros, al objeto social, deberían haber revisado si la entidad receptora estaba habilitada para ejercer la intervención a que refiere el Programa de Asentamientos Precarios.

También podríamos preguntarnos, si los organismos con facultades fiscalizadoras efectuaron alguna revisión de las actividades de este programa, existiendo una larga trayectoria de generación de evidencia relacionada con la gestión de campamentos, sobre la base de la información derivada de la obligación de informar a la comisión especial mixta de presupuestos, a las comisiones de hacienda y a las de vivienda y urbanismo de ambas cámaras

Específicamente, el artículo 52 de la Constitución Política de la Republica establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno; asimismo el artículo 9 de la LOC del Congreso Nacional obliga a los organismos de la administración del Estado a proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala, o de comisión.

Por su parte la Contraloría General de la República, cuenta con amplias atribuciones en su ley orgánica, por ejemplo, lo dispuesto en los artículos 1,7,16 y 25, y en la ley de administración financiera del estado los artículos 51,53, 54. Considerando el período analizado, cabe preguntar al Contralor, si en algunos de los casos señalados se hizo Toma de Razón de las resoluciones que asignaron los convenios, y si solo hubo registro por qué no se revisaron algunos casos en forma aleatoria.

De los antecedentes expuestos se puede señalar que, en el caso de los aportes entregados a determinadas fundaciones, existe una normativa clara que regula el proceso para asignar y entregar las transferencias, por lo que los problemas observados recientemente en algunos casos obedecerían al incumplimiento de las normas existentes. Una manera de ampliar el resguardo ante malas prácticas sería extender la aplicación del artículo 23 de la LP a las Transferencias de capital a privados.

Por otra parte, los entes fiscalizadores tienen amplias atribuciones y la obligación de fiscalizar a los organismos públicos para asegurar que los recursos del fisco se usen efectivamente en el fin para el cual se transfirieron.

Finalmente, es posible señalar que, en el caso de las transferencias a fundación Democracia Viva, fallaron los organismos de control y los ejecutivos de las instituciones otorgantes en sus obligaciones Solo cabe esperar los resultados del trabajo de los Fiscales.

Considerando que en esta coyuntura han surgido también observaciones a las transferencias que efectúan los Gobiernos Regionales, se estima necesario explicar el origen de las glosas comunes.

Estas glosas comunes para los programas de inversión de los Gobiernos Regionales se originaron frente a la necesidad de modificar las facultades de los GORES, aumentando o reduciendo sus atribuciones, de acuerdo con negociaciones políticas durante la discusión de la ley de presupuestos de cada año. De esta forma se fueron agregando, cada año, nuevas instituciones que podían recibir recursos de los GORES para la ejecución de programas, con tipologías también cada vez más amplias.

En consecuencia, las glosas presupuestarias se suman a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, otorgando de esta forma un marco regulatorio sólido para las actividades que deben desarrollar dichas instituciones.

El sábado 29 de Julio, el diario La Tercera publicó un reportaje sensacionalista anunciando que la Contraloría, investigación mediante, había declarado ilegales una determinada cantidad de convenios efectuados por los GORES. Sin embargo, cabe recordar que el propio Contralor General de la República, expuso ante diversas comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la situación del Minvu, señalando que todas estas transferencias no presentarían problemas de legalidad.

El martes 1 de agosto el mismo Contralor realizó una presentación ante la comisión de gobierno interior de la Cámara de diputados en referencia a las transferencias a fundaciones en que, al parecer, entregó una visión pesimista respecto de sus facultades de fiscalización, sin referirse a si ha tomado de razón de los convenios que tanto el MINVU como los GORES han suscrito con estas instituciones sin fines de lucro. Pareciera necesario que los diputados, en su rol de fiscalizadores, sometan a investigación el cumplimiento de deberes del contralor y determinen si se enteró por la prensa o tenía algún indicio de lo que estaba ocurriendo en la materia. //ELF

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La ausencia de la discapacidad en la nueva propuesta constitucional

agosto 2, 2023 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Matías Poblete

La propuesta constitucional rechazada por la mayoría del pueblo chileno el 4 de septiembre de 2022 pudo haber sido una Constitución con el mayor articulado en temas de discapacidad, al menos en América Latina y el Caribe; y si bien dicha propuesta contaba con varias menciones en este ámbito, era evidente la falta de coherencia y la incorporación de temas demasiado específicos que desvirtuaban su contenido, dejando a la luz una falta de equilibrio en relación con el abordaje de las problemáticas que presentan las personas con distintos tipos de discapacidad.

Los reconocimientos de grupos específicos y los símbolos ideológicos marcaron el desarrollo y el contenido de la propuesta que no satisfizo a la mayoría de los chilenos, aun cuando el tema de la discapacidad estuvo presente.

En la actualidad, en nuestro país se encuentra en desarrollo un nuevo proceso, cuya base es la propuesta de comisión de expertos que redactó un anteproyecto de nueva Constitución, el cual dista mucho de la iniciativa anterior, y en materia de discapacidad, su abordaje, es casi nulo.

Ardua tarea tiene el Consejo Constitucional, que debe tener muy presente que una nueva Constitución no es sólo un asunto de seguridad, migración o el tamaño del Estado, sino que también debe sentar las bases para que nuestro país continúe avanzando en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad.

A su vez, la ciudadanía debe tener presente que una Constitución no puede ser en esencia un catálogo de derechos que no tengan cumplimiento, tal como ocurre en muchos países en los que su Carta Magna es letra muerta en este ámbito. Por ello, una nueva Constitución también tiene que garantizar la forma en que los derechos tengan fiel cumplimiento, sin problemas de financiamiento.

Hoy, a diferencia de ayer, existen datos importantes que evidencian cómo es que el Estado chileno se encuentra en deuda con la inclusión de las personas con discapacidad, debido al incumplimiento total o parcial de tratados internacionales y normativas nacionales vigentes. Es aquí donde el Consejo Constitucional debe poner su atención, pues, se torna necesario fortalecer la institucionalidad en materia de discapacidad y dejar atrás los compromisos vacíos que suscribe el Estado, generando así un funcionamiento ineficiente del mismo y que con ello segrega a este grupo tan importante de la población.

Las iniciativas populares que alcanzaron el número de firmas para ser discutidas en el Consejo Constitucional y que dicen relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y el abordaje de los cuidados, se relacionan con un problema país, frente al cual la actual institucionalidad no ha dado una respuesta efectiva. Por su parte, el primer observatorio chileno sobre derechos de personas con discapacidad de la Fundación Chilena para la Discapacidad es un insumo técnico y objetivo para tener un diagnóstico sobre estos asuntos y trazar los lineamientos para construir un Chile más inclusivo.

La invitación es a ampliar el debate y a incorporar los temas relacionados con la discapacidad en la discusión de una nueva constitución, de manera que esta si sea la Carta Magna que satisfaga las expectativas y las necesidades de la mayoría de nuestro país. //ELF

*Columna aparecida en Cooperativa.cl

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