Columnas

Por Ricardo Homazábal

Exsenador y expresidente de la Democracia Cristiana (DC)

Con motivo de cumplirse 50 años de un Acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, Luis Maira, entonces diputado, sostiene que ese texto (ver aquí) señalaba “que el Presidente Salvador Allende había abandonado el orden constitucional, que era el fundamento de su legitimidad” y formula comentarios que tergiversan hechos y que pretenden afectar la consecuencia democrática de algunos destacados líderes de la DC.

Yo también fui testigo presencial de ese debate, ya que era diputado en esa fecha, elegido por primera vez, a los 26 años, en mi condición de presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Reviso el texto del proyecto analizado y mis conclusiones son diferentes a lo que señala Luis Maira, como lo prueban las opiniones que dimos los tres DC que hablamos en ese debate. El mal uso del acuerdo como luz verde al golpe, u otras, son expresiones sesgadas, no confirmadas por el debate de ese día ni por la conducta de muchos de los que lo apoyamos.

El proyecto señalaba en su considerando quinto “que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece”.

El considerando sexto afirmaba que “para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.

Los hechos mencionados lesionaban normas constitucionales que el Presidente Allende se había comprometido a respetar, establecidas especialmente en el Estatuto de Garantías Democráticas, en cuya redacción había participado el propio Maira cuando militaba en la DC. Si bien en el PDC casi nadie hablaba de apoyar a Alessandri, Maira presentó un documento al Consejo Nacional en el que se argumentaba la necesidad de exigir algunas garantías especiales, basado en los siguientes argumentos:

1.- La posición del PS y el MAPU, que querían crear las condiciones para un enfrentamiento político con el uso de todos los medios para crear un Estado autoritario.

2.- La conducta hegemónica del Partido Comunista en todas las organizaciones que controlaba.

3.- Las experiencias históricas de los países socialistas en que implantaban regímenes de fuerza y liquidaban las libertades fundamentales (La experiencia política de la Unidad Popular, Patricio Aylwin, 2023, páginas 95-96).

También es innegable que, en marzo del 71, Salvador Allende, ya como Presidente, declaró a Régis Debray que su firma en dicho Estatuto, convertido en norma constitucional, fue solo un paso táctico para obtener los votos DC.

En su discurso de agosto del 73, Luis Maira, hablando a nombre de la UP, no reconoce nada de estas graves situaciones, aunque no puede negar que hay una tensión entre la forma en que la UP interpreta las normas jurídicas vigentes y la visión distinta de la oposición. Sostuvo Maira entonces: “Había en consecuencia, entre una parte importante del ordenamiento jurídico y la necesidad de encauzar un proceso de cambios, una importante contradicción que debía ser resuelta”. Ello, señaló, “se torna posible en el contexto de una compatibilización entre el ordenamiento jurídico en sus partes progresivas y la realización real, eficaz y resuelta de las principales transformaciones y reformas revolucionarias contenidas en el programa UP”, para luego  enfatizar que “el gobierno usa la legislación progresista, reforma agraria, cobre y adquiere las acciones de los bancos”.

En mi breve intervención de ese día, en una sesión llena de tensión, gritos e insultos, señalé que nuestra fortaleza radicaba en la razón y no en la fuerza, y sobre todo en el respaldo que el pueblo nos daba. Expresé que pedíamos “a través del proyecto de acuerdo, que se clarifiquen situaciones pendientes, que tienen al país enfrentado a una situación dramática, extraordinariamente grave”. Hice un llamado a la consecuencia de los sectores de Gobierno, ya que opiniones como la de Maira eran similares a las de Joan Garcés, cercano asesor del Presidente Allende, quien sostenía que “en el caso de Chile estamos viendo el desarrollo del mencionado proceso, como consecuencia de las modificaciones experimentadas por el contenido de ciertas normas jurídicas de importancia crucial. El Poder Ejecutivo las respeta formalmente y el Gobierno constitucional las invoca como legitimación de su actuación. Pero, simultáneamente, les da el contenido que corresponde a la definición de clase de las fuerzas sociales que están detrás del Gobierno. Por su parte, el bloque burgués de oposición les atribuye el contenido que corresponde a su propia definición de clase. ¡La contradicción entre forma y contenido que se está dando ante nuestros ojos entraña un grave peligro para el futuro del Estado de derecho! ¡Eso habíamos dicho nosotros y nos acusaban de sediciosos!”.

Más adelante, argumenté que los cambios en democracia seguirían, ya que “cambios se harán, porque estamos por el proceso de cambios, en contra de la visión que el Gobierno tiene en muchos casos, pero a favor del proceso de cambios”. También pedí “responsable y democráticamente” al Gobierno que fuera coherente con el marxismo que profesaban, con la visión de Marx que enseña que la forma no tiene valor sino como la forma del contenido, “forma y contenido que este Congreso está dispuesto a dar para realizar el cambio legal y revolucionario que Chile quiere”.

Las conclusiones son también claras, pues la Cámara de Diputados acordó:

“PRIMERO.- Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nos 5º a 12 precedentes.

“SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.  Se ha criticado que enviarlo a los ministros uniformados era meterlos en política. Seamos claros, a esas alturas los uniformados ya deliberaban abiertamente, empujados por todos los sectores. Eso no debe repetirse”.

Se puede entender que se tenga una opinión política distinta, pero nobleza y conocimiento obligan, sobre todo en el trato a las personas. Maira pretende desfigurar la estatura moral y política de figuras como Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Mariano Ruiz-Esquide, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, entre otros. Si estos camaradas (como yo) apoyaron el acuerdo, no fue por miedo o por formar parte de la conspiración para el golpe: emitimos un juicio político legítimo, que se conectaba con las opiniones que habíamos repetido en diversas oportunidades en la valoración de las acciones del Gobierno de la UP. Además, nuestra conducta frente al golpe fue clara y no puede ser desvirtuada por Maira.

Es el propio Luis Maira el que recuerda que, en agosto del 73, vivíamos “en medio de una crisis política terminal que dividía a Chile”. En ese tiempo, los aliados de Maira buscaban soluciones distintas: el enfrentamiento armado o un acuerdo político. También había diferencias en la oposición y en la DC, y terminamos como la trágica historia nos recuerda. A diferencia de esa época, tenemos el deber de dar salidas pacíficas, que respondan a las urgencias que tiene la mayoría de los chilenos, pero que profundicen la democracia y no la destruyan.

En sus memorias, el general Prats recuerda que él le propuso al Presidente Allende, como solución, que saliera del país por un año. La respuesta fue negativa. La DC propuso la renuncia de todos los parlamentarios y del Presidente, para que fuera el pueblo el que resolviera la crisis. Tampoco fuimos escuchados.

La situación en Chile es muy delicada y los políticos debemos aportar lo que creemos, pero generando puntos de encuentro o estableciendo diferencias con el máximo respeto. Todos podemos ser objeto de críticas, pero desconocer el valor de las personas que conociste y dijiste respetar, no es el camino. Mirar la historia es esencial para aprender de ella, como lo hicieron, entre otros, Aylwin y Almeyda, Valdés y Lagos, Leighton y Briones, que nos permitieron salir de una cruel dictadura.

Maira tiene la solvencia intelectual y el carácter para ser un aporte positivo. Por ello, espero que no insista en descalificaciones tan injustas como las de su columna. //ELF