Columnas

Por José Valencia Castañeda

Durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990 en nuestro país se produjeron 1.469 casos de desaparición forzada, desde el retorno a la democracia sólo ha sido posible identificar 307 de estas víctimas. Esta realidad, es sin lugar a dudas la secuela más dramática de ese período en Chile.

Este hecho, genera además una serie de situaciones sociales que van más allá del comprensible dolor de los familiares. En el contexto de la búsqueda de sus seres queridos, parte importante de ellos comenzaron una lucha inclaudicable que se sostiene hasta hoy basada en convicciones, afectos y sobre todo anhelos.

Por otra parte, el trabajo silencioso de peritos chilenos y extranjeros, busca respuestas, luchando contra el paso del tiempo y los obstáculos que deliberadamente pusieron los ejecutores pensando que algún día los cuerpos serían encontrados e identificados. El rigor científico, los recursos y la coordinación constante con las familias son aspectos imprescindibles para la identificación. En esta difícil tarea, los familiares de las víctimas constituyen un frente de trabajo y acompañamiento permanente a través de La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta organización emblemática se constituyó en los inicios del Régimen Militar y las esperanzas que originaron su formación fueron cambiando en el camino, antes su ilusión era encontrarlos vivos, ahora piden justicia y saber dónde están.

Uno de los pasos más importantes en materia de búsqueda y de labor pericial, fue iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo de Gobierno. La ex mandataria reposicionó el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, y lo hizo abordando la deuda más grande que el Estado chileno mantiene con las víctimas y sus familias. Declaró oficialmente el 30 de agosto como “Día Nacional del Detenido Desaparecido”, fecha que ya estaba establecida a nivel internacional. Implementó un sistema de identificación de víctimas con la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal, cuando estaba como director Nacional de la entidad forense, el Dr. Patricio Bustos, la instancia contó con los mejores expertos, nacionales y extranjeros, con el propósito de abordar la dolorosa labor de verificación de identidad de osamentas y restos.

Los autores intelectuales de las deleznables desapariciones de personas, procuraron poner la mayor cantidad de obstáculos para que los familiares nunca pudieran encontrar a sus seres queridos. Con este oscuro propósito, en un acto macabro exhumaron los cadáveres, para sepultarlos luego en otros lugares y evitar así que algún cómplice arrepentido pudiera aportar datos a la búsqueda. Existen también testimonios y evidencias de desentierros de sólo parte de los cuerpos, para confundir aún más las futuras pericias, además de las declaraciones de militares que confesaron, que muchos de los apresados luego de ser fusilados fueron arrojados al mar, otros incinerados con leña y petróleo para reducirlos a cenizas -idea recogida del nazismo-. En la misma lógica, en las sepulturas el Patio 29 del Cementerio General, los agentes de la dictadura depositaron dos cuerpos en los ataúdes para entorpecer las eventuales indagaciones, todo esto, elaborado como parte de una estrategia coordinada por el aparato de Inteligencia del dictador, en el marco del plan de encubrimiento denominado por los propios ideólogos de la masacre como “Operación Retiro de Televisores”.

Recientemente y a casi 50 años del Golpe Cívico Militar, el Presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, se trata de un nuevo e importante paso en la compleja labor de búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, que contará con presupuesto asignado y permanecerá como política pública para ser implementada, desarrollada y asumida por todos los estamentos del Gobierno. La elaboración del proyecto se diseñó con la participación de las agrupaciones de familiares de víctimas, las organizaciones de sitios de memoria y otros actores relevantes del ámbito de los derechos humanos.

La complejidad en la búsqueda e identificación de restos, no es tan sólo por el transcurso de los años y las limitaciones de la ciencia, el principal escollo está en las medidas que tomaron los criminales para impedir que las víctimas fueran encontradas, la mayor dificultad está en el acuerdo con que se juramentaron los victimarios y en el silencio cómplice que han guardado sigilosamente durante décadas encubriendo evidencias e información, pero sobre todo, protegiendo a los responsables directos de la barbarie.

Para el familiar de un detenido desaparecido la situación “es una tortura permanente”, como dijo un integrante de la Cámara de los Lores en el proceso a Pinochet. Los años pasaron, la vida siguió, pero esa herida sigue abierta. La situación del detenido desaparecido es la suma de todas las arbitrariedades y vejámenes de un régimen dictatorial, es la detención arbitraria, la tortura, la incomunicación y la muerte. En la mayoría de los casos de desaparición forzada, no existen responsables procesados por los Tribunales de Justicia, tampoco ha sido posible ubicar los cuerpos y en otros la identificación constituye un dilema mayor. Lamentablemente los años pasan y muchos de los genocidas van a morir en sus casas en la más absoluta impunidad, confabulados en un pacto de silencio, sin entregar ningún antecedente que nos permita conocer el paradero de las víctimas. //ELF