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En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Columnas

Pensiones en Chile: la imperiosa necesidad de diálogo social para una reforma urgente

octubre 20, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Fabio Bertranou

Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina.

En este atículo Fabio Bertranou, Director de OIT Cono Sur, destaca que el contexto actual demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en materia de pensiones en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado, desafío en el que el dialogo social, será una herramienta clave para alcanzar acuerdos.

El 1º de octubre fue designado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad. En el marco de esta conmemoración, resulta clave reflexionar sobre el presente y futuro de las pensiones en Chile. No hay país en el mundo en el que el sistema para otorgar seguridad económica en la vejez no sea parte prioritaria de la agenda pública, más aún en países con sistemas maduros y con transiciones demográficas avanzadas, en el que las personas mayores constituyen una proporción importante y creciente de la población.

Las pensiones han sido parte de intensos debates y discusiones de política económica y social de Chile en las últimas cuatro décadas, y el modelo de provisión de seguridad económica para la vejez ha transcendido las fronteras con sus virtudes y sus defectos.

Hasta antes de la pandemia había un diagnóstico con cierto consenso sobre los principales desafíos: insuficiente financiamiento, especialmente de naturaleza contributiva, traducido en prestaciones bajas; brechas de cobertura; desigualdades e inequidades; falta de confianza con el sistema e insostenibilidad social; entre otros. Estos desafíos quedaron en mayor evidencia aún a partir de octubre de 2019, momento en que se manifestaron socialmente estas limitaciones.

La pandemia, además, trajo nuevos problemas. Por un lado, el impacto en el mercado de trabajo, en el empleo y los ingresos laborales ha sido de gran envergadura y perduran incertezas sobre cuándo podrá recuperarse la situación prepandemia. Esto ha implicado menores cotizaciones e interrupciones de las trayectorias laborales, especialmente para jóvenes y mujeres.

Por otro lado, los retiros de los fondos de pensiones, si bien colaboraron para mitigar los efectos de la pandemia en los ingresos de las familias, han dejado más frágil al componente contributivo del sistema, en la medida que han disminuido fuertemente los ahorros previsionales. Esto ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de seguridad económica futura de varias generaciones.

Hoy el contexto demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado.

Desde la OIT hemos destacado que, en el marco de los principios de la seguridad social, los efectos económicos y sociales de la pandemia constituyen una oportunidad para refundar un pacto social en el que convergen las distintas visiones en materia de pensiones. Incluir un componente de seguro social, financiado tripartitamente, legitimado por empleadores y trabajadores, con solidaridad intra e intergeneracional es una oportunidad, y una necesidad, más urgente que nunca. Ello no implica eliminar o cambiar completamente los componentes actuales del sistema, sino pensar en su reconfiguración.

Implica generar un camino de consenso para construir un sistema que transite de uno centrado en la “capitalización individual subsidiada por recursos fiscales” hacia un sistema de “seguridad social complementado por la capitalización individual”, lo que permitiría aprovechar las ventajas de ambos componentes en un auténtico sistema mixto en el que participen plenamente en su gobernanza, junto al Estado, tanto empleadores como trabajadores.

Para alcanzar estos objetivos, sobre todo en tiempos de crisis, el diálogo social es una institución y herramienta clave para el mundo del trabajo. Es la piedra angular del funcionamiento de la OIT que, a lo largo de sus 102 años de historia, ha permitido la adopción en forma tripartita de 190 convenios internacionales del trabajo y colaborado para traer más justicia social al mundo del trabajo.

Hay que continuar ampliando y modernizando los espacios de diálogo social, por ello, los distintos caminos que han seguido países como Francia, Uruguay y España en materia de pensiones, pueden entregarnos elementos claves para la actual reflexión en Chile. Estamos en un momento especial en materia política e institucional, con elecciones presidenciales muy próximas y con el proceso para una nueva Constitución en marcha, situación a la que se han sumado nuevos actores y generaciones que pueden hacer contribuciones relevantes en estos espacios de diálogo.

Desde la OIT nos ponemos a disposición para dar continuidad a los debates de una materia pública compleja, pero sumamente necesaria para el desarrollo y progreso social de todas las personas en Chile, pero particularmente para las actuales y futuras personas de edad. //ELF

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Ley de Equidad Territorial

octubre 19, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Alberto Undurraga 

Exministro del MOP y exalcalde de Maipú. 

Candidato a diputado por distrito 8

Chile hoy exige dignidad. Las y los habitantes de nuestro territorio demandan un trato justo en los diversos ámbitos de la vida del país. Tan indignante como las malas pensiones, las diferencias en salud y las injusticias en educación son las inequidades en el territorio, que impactan además directamente en aspectos tan fundamentales como la calidad de vida y la seguridad de las personas.

Nos encontramos entre los países más desiguales del planeta, en todos los planos, también en el territorial. Hay comunas y barrios que lo tienen todo, mientras que a muchos otros les falta demasiado para tener condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad, servicios, áreas verdes, salud y educación de calidad o transporte de buen nivel, entre otras necesidades.

Así por ejemplo, en las 52 comunas de Región Metropolitana sólo 7 cuentan con más de 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que es el estándar de la OMS; mientras que 28 comunas están incluso por debajo de los 5 mt2 por persona. ¿Por qué tendrían menos derecho a vivir en un entorno con parques y plazas los habitantes de Independencia, La Cisterna, San Miguel y El Boques, que son aquellos que actualmente tienen menos áreas verdes por habitante?

Según los últimos datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 5 comunas concentran el 48% de los cajeros automáticos del Gran Santiago, de modo que ahí donde viven 2,2 millones de habitantes tienen casi la misma cantidad de cajeros que donde habitan más de 4 millones y medio de personas. ¿Por qué razón a los residentes de San Ramón, Cerro Navia, La Granja, Lo Espejo y La Pintana les cuesta mucho más acceder a cajeros automáticos?

La inseguridad hoy en día afecta a todos en la ciudad, pero ¿por qué algunos habrían de sentirse más protegidos que otros por la policía? Sin embargo, si observamos la distribución de carabineros por habitantes, pareciera que unos tienen más derechos que otros a la seguridad. Cuesta entender que Estación Central, que se ubica sexta en la tasa de robos con intimidación cada 100 mil habitantes, tercera en la tasa en hurtos y segunda en la tasa de homicidios en el Gran Santiago (según la plataforma de datos comunales de Paz Ciudadana para el año 2019), esté por debajo del promedio de la capital en la cantidad de carabineros por habitante (según el Informe de Presupuesto Anual del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva del segundo semestre de 2019). ¿Por qué comunas como Maipú, Quilicura, Cerro Navia o Renca tienen menos de la mitad de carabineros por habitante que aquellas que más tienen? Si el foco es la seguridad de las personas y los barrios, como debe ser, no hay razón alguna para las enormes diferencias en número de carabineros por habitante que se enfrenta en la ciudad.

Por estas razones debemos impulsar una Ley de Equidad Territorial, que establezca estándares de servicios públicos y privados en el territorio. Debemos aumentar y mejorar la distribución de policías por habitante, asegurar servicios públicos como pavimentación, veredas y áreas verdes para todos, sin importar los recursos comunales, e impulsar una justa distribución de servicios privados como farmacias y cajeros, para que sectores menos acomodados puedan acceder de igual manera que aquellos que más tienen.

A estos aspectos más tradicionales de inequidad en la ciudad, la pandemia trajo nuevos desafíos, como la conectividad digital. Clave, tanto para el teletrabajo en el caso de las y los adultos, y aún más para el estudio de niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que Chile es uno de los líderes en conexión a internet mediante móviles, esta nueva realidad exige conexiones fijas en banda ancha en los hogares además de computadores. Las dificultades para aprender se multiplican si las y los estudiantes no cuentan con internet en sus casas y en este punto, nuevamente encontramos diferencias alarmantes. Mientras en algunas comunas como Providencia o Vitacura hay 98% de conexiones fijas, en otras comunas del gran Santiago, como La Pintana o Cerro Navia, menos de 30% de los hogares cuentan con internet (según datos de Subtel a 2019), lo que sólo agudiza las brechas en educación y acceso a teletrabajo que ya existen en el país.

Hoy, como Estado, tendríamos que asegurar el acceso a internet domiciliaria en todos los hogares, pues debería ser un servicio de utilidad pública por ley. Con ello podemos incorporar un programa de subsidio a la demanda a los sectores más vulnerables, tal como en el agua potable -que hoy cubre 99% de las conexiones domiciliarias urbanas-, de modo que se asegure la oferta y que se logre la inversión necesaria, la que se estima en 25 mil millones de dólares.

En momentos de discusión pública de cómo abordar la desigualdad en los distintos aspectos, no podemos dejar el territorio de lado. Por ello debemos impulsar transformaciones estructurales como la ley de equidad territorial. //ELF

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Perspectivas económicas para las políticas públicas

octubre 16, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Andrés Palma

Exministro y economista del Foro Para el Desarrollo Justo y Sostenible

En estos días se están discutiendo dos proyectos de gran impacto macroeconómico: La ley de Presupuestos del Sector Público, y un cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida.

La ley de Presupuestos del Sector Público es la que define la gestión del gobierno para el año siguiente a su promulgación, por eso dura desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Define la gestión del gobierno porque establece la estimación de ingresos que tendrá el sector público en el año siguiente, cuestión que no puede ser modificada durante la discusión del proyecto de ley, lo que significa en la práctica hacer un “acto de fe” al respecto, y fija el límite o la autorización máxima de gasto que el gobierno puede realizar en ese año.

El parlamento la discute, en la Comisión Mixta de Presupuestos integrada por 13 integrantes de cada Cámara, durante 60 días y el gobierno debe presentarla, a más tardar el 30 de septiembre, lo que este año hizo unos días antes de esa fecha. Por su parte, si el parlamento no despacha la ley en la fecha correspondiente, rige íntegramente el Proyecto de Ley enviado por el Presidente, por lo que el parlamento tendrá siempre el incentivo para despacharlo en el plazo.

Es importante destacar que la iniciativa de gasto radica exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que las y los parlamentarios solo pueden reducir gastos y fijar condiciones para su ejecución.

En el proyecto en tramitación, el Gobierno ya ha propuesto una reducción significativa respecto a la ejecución presupuestaria de este año, un 27%, que según señala, corresponde al retiro de lo que se ha gastado en ayudas con motivo de la pandemia. Desde el punto de vista del presupuesto, esto corresponde a una normalización, pero desde el punto de vista macroeconómico significa el fin del estímulo reactivador.

Políticamente esto representa una situación crítica para el próximo gobierno, que se verá limitado para acoger las demandas ciudadanas en el momento relevante de su instalación y estará obligado a presentar una modificación a la Ley para poder atenderlas, pero en un contexto en que, dado el presupuesto propuesto por el gobierno, los primeros meses del nuevo gobierno, y mientras no se modifique la Ley, serán restrictivos

Para la macroeconomía, el que simultáneamente, el Banco Central, esté subiendo la tasa de interés, lo que también representa el fin del estímulo reactivador, significa que el conjunto de las políticas fiscal y monetaria impactan la demanda agregada de manera negativa, afectando el Consumo y la Inversión.

Pero, como por otra parte se estima que el precio del cobre se mantendrá alto, lo que hará que los ingresos del Fisco y de las exportaciones se mantendrán altos, y la Inversión Extranjera Directa está creciendo, pese a que el efecto de la ley de presupuestos será recesivo, se prevé una dinámica global positiva, por lo que se estima que la economía crecerá un 2% el próximo año.

Por su parte, el cuarto retiro de fondos previsionales administrados por las AFP y las Compañías de Seguros de Vida, si se aprueba, tendrá efectos menores que los retiros anteriores, tanto en volumen de recursos retirados como en su impacto en el gasto agregado.

El volumen de retiros será menor, porque hay mucho menos personas que pueden efectuarlos, pero los que pueden hacer retiros son personas que tuvieron o tienen altos ingresos y fondos, por lo que igualmente será alto. Como son personas que, en un número importante, no necesitan los recursos, el retiro se realiza para evitar el pago de impuestos en el futuro y serán reinvertidos en el mismo sistema (efecto Sichel), por lo que su impacto en la demanda agregada, y la inflación, será menor.

Será aún menor si se aprueba que estén afectos al Impuesto Global Complementario y si se excluye los retiros desde las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias, por lo que ello sería deseable, además de que, en lo tributario, justo.

Pero los retiros acumulados, y el cuarto según se apruebe, tienen impactos importantes en el sistema de pensiones, lo que es obvio, y en el Ahorro Nacional, lo que no se explicita mucho.

Los fondos retirados del sistema previsional, y no reinvertidos, como lo fueron la mayoría en los primeros tres retiros, motivados por la urgencia alimentaria y de habitabilidad ante la ausencia de un apoyo efectivo del Gobierno (no hay que olvidar que hasta ahora el mayor esfuerzo ha provenido de los ahorros personales), significan una disminución del Ahorro Nacional, y ello redunda en un mayor interés, que afecta los créditos y las deudas, disminuyendo el consumo de las familias, y al afectar los hipotecarios de largo plazo, también el acceso a la vivienda.

Las perspectivas para las políticas públicas y la urgente solución de los problemas sociales no son halagüeñas. La herencia del gobierno será la peor desde el retorno a la democracia, comparable a la que entregó la Dictadura. Inexplicable incompetencia.//ELF

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Chile tiene derecho a la decencia: Acusación Constitucional contra Piñera está plenamente justificada

octubre 7, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Camilo Escalona

Exsenador y expresidente del PS

El impacto de la investigación periodística internacional, sobre depósitos y fraudulentas inversiones de personeros políticos y figuras públicas del mundo global en “paraísos fiscales” para evadir el pago de impuestos, incluido en esos hechos el actual gobernante de Chile Sebastián Piñera, generó un vuelco político de incalculables consecuencias.

Se trata del uso del cargo en contra del interés nacional en el ámbito económico y en abierto perjuicio de la sustentabilidad ambiental, es decir, hay notable abandono de deberes como Jefe del Estado para facilitar la posición negociadora de quienes representan sus intereses, a través de las entidades comerciales correspondientes.

En este caso, la conducta de abandono de sus obligaciones como Jefe del Estado, se originan en su participación en el proyecto de inversión minera Dominga, situado en la Región de Coquimbo, una operación financiera que traspasó activos por un valor que multiplicó por más de 10 veces el valor original de la inversión de capital, favoreciendo los intereses personales y familiares del gobernante en grado superlativo.

El gobernante negó ante el país los hechos, lo hizo con bajísimo convencimiento y en una rutina que estuvo lejos de su empalagosa retórica que lo caracteriza. Los hechos son tan evidentes y abrumadores que pareció una presentación “por cumplir”, como para que no se dijera que no fue capaz siquiera de defenderse de tan gravísimos hechos.

La Acusación Constitucional en contra de los más altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, está inscrita en el ordenamiento institucional desde antes de la Constitución del 80. De hecho, Piñera ya libró de una que no fue aprobada.

Este instrumento jurídico político e institucional requiere de un elevado quórum para que siga su curso, en la Cámara, donde se inicia el trámite requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, en el caso de alcanzarlo, el Senado pasa a convertirse en Jurado de última instancia que necesita de 2/3 de sus integrantes para darla por aprobada, de lo contrario, queda desechada y el trámite constitucional termina.

Con ello se establece que es un recurso excepcional, legítimo de presentar, pero de altísima exigencia para ser aprobado, en consecuencia, se trata de un instrumento constitucional para circunstancias extraordinarias de tal naturaleza y alcance que validan sus inmediatos efectos institucionales, esto es la destitución del personero sobre el que recae la responsabilidad de notable abandono de sus deberes.

La oposición no puede ser un espectador que contempla los hechos, que los puede criticar con vehemencia, pero que finalmente no va más allá de las palabras. Esa conducta que se inspira en la responsabilidad política no tiene porque ser un credo inalterable y rígido que haga cómplice del ilimitado abuso de poder del gobernante, incluso, a sus adversarios políticos.

Por eso, en el caso de los “Pandora papers” la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera está plenamente justificada, en los hechos mismos, en la conducta que asumió para resguardar sus negocios y transacciones, así como, en el infinito daño que provoca a Chile con su deplorable conducta.

*COLUMNA publicada en Cambio21.cl. 

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In memoriam a Renán Fuentealba: Un ejemplo de político y ciudadano

octubre 3, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por José Donoso Pacheco

Periodista y abogado

Renán Fuentealba fue un ejemplo de político y ciudadano. Muy joven comenzó a militar en la recién fundada Falange Nacional, antecesora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), donde ocupó la presidencia de este en siete oportunidades. Algunas de ellas en épocas transcendentes en la historia nacional, como lo fueron las que ejerció cuando su partido, en la persona de Eduardo Frei Montalva, accedió por primera vez a la presidencia de la República, y luego desde diciembre de 1971 a mayo de 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el Presidente Salvador Allende. En esos momentos cruciales demostró su temple dd demócrata, estadista y servidor público, antes de cualquier otra consideración.

Sin ambicionar ningún cargo fue elegido diputado por Coquimbo, en los períodos que van desde 1957 a 1965, y como senador en la circunscripción del Bíobio, Malleco y Cautín, por los periodos que comenzaban en 1965 y 1973, interrumpiéndose este último por el Golde de Estado de 1973. También fue intendente de la región de Coquimbo entre 1990 y 2001, durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar.

Respecto de este último cargo, cabe mencionar que, establecido el primer gobierno democrático, el presidente Ayilwin le preguntó desde dónde quería colaborar con él, porque con su capacidad y trayectoria se le presentaba un abanico de posibilidades. Desde ya podría haber postulado a algún cargo en el Senado, o bien ocupar algunos de los ministerios de los que era especialista, Relaciones Exteriores, Minería o Trabajo. O de embajador de especial importancia para nuestro país. Cualquiera de esos cargos le habrían dado la visibilidad necesaria para postular en el próximo Gobierno a la presidencia de la República, porque tenía las condiciones especiales para serlo. Sin embargo, su respuesta fue que quería volver a su lugar de residencia cuando se recibió de abogado, en el lejano 1943, como intendente de Coquimbo. Esta decisión mostró nuevamente su generosidad, humildad y su decidida vocación de servicio público.

Un vez, terminada su gestión como primera autoridad regional se dedicó a su profesión como jefe de las direcciones jurídicas de las municipalidades de La Serena y Coquimbo, sucesivamente, jubilándose cuando estaba próximo a cumplir cien años, lo que fue una muestra evidente de que conservó su lucidez hasta sus últimos días.

Como presidente del Partido Demócrata Cristiano fue opositor leal al gobierno de Salvador Allende, pero por su compromiso y trayectoria democrática, lo llevaron a firmar una declaración, el 13 de septiembre de 1973, junto a otros dirigentes y otros parlamentarios de su partido, como Bernadro Leighton, Iganacio Palma, Mariano Ruiz Esquide, Belisario Velasco y otros, condenando categóricamente el Golpe de Estado que derrocó al presidente elegido democráticamente.

Ese hecho y declaraciones entregadas a un medio de comunicación extranjero, condenando las graves violaciones a los Derechos Humanos que ocurrían en ese tiempo en Chile, le valieron la expulsión del país, siendo sacado con violencia desde su oficina profesional, sin ningún tipo de documentación y solo lo que llevaba puesto en este momento.

Su exilio lo vivió en Costa Rica y Venezuela desde donde propició, junto con otras personalidades que se encontraban en igual condición, la unión de toda la oposición, lo que culminó en la llamada Declaración de Colonia Tovar (Venezuela), suscrita principalmente por dirigentes socialistas y demócrata cristianos y que para muchos es reconocida como el acta de bautismo de lo que más adelante sería la Concertación de partidos por la Democracia.

En lo personal, además de su humildad y espíritu solidario, era buen amigo, alegre, divertido, capaz de reírse de sí mismo, de hacer bromas y formular la observación precisa mediante una talla o una ironía. Siempre con la mejor intención.

Por su capacidad profesional, por su talante de político excepcional y sus condiciones personales lo vamos a echar de menos, pero también su ejemplo, su trayectoria y vida nos seguirán iluminando a muchos y esperamos también que nuestra juventud recoja su legado. //ELF

*Columna aparecida en Página19.cl. 

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El obispo rojo

septiembre 29, 2021 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Sergio Velasco

Exdiputado, profesor y militante DC

«Quiero que en mi país vivan con dignidad», Raúl Silva Henríquez.

La Iglesia Católica chilena que hoy pasa por sus peores momentos, a causa de los sucesivos escándalos al interior de la curia por las lapidarias acusaciones de pedófila y corrupción; sin embargo, a quienes profesamos la fe nos mueve una obligación moral de recordar a quien fuera el denominado «obispo rojo» de nuestra sufrida y maltratada nación.

Como dato biográfico, nació en Talca, el 27 de septiembre de 1907. Se cumplen 114 años de su natalicio. Fue sacerdote salesiano, obispo de Valparaíso, sucesor del cardenal José María Caro. El papa Juan XXIII lo nombró la máxima autoridad de la Iglesia Católica chilena.

Curioso nunca fue el postulante preferido, por el contrario, Emilio Tagle era la carta de la burguesía conservadora de la época. Este joven obispo fue muy adelantado para esos tiempos, tiempos de cambios indispensables en una sociedad vergonzosamente injusta.

Conducir la poderosa Iglesia Católica, que mantenía una relación directa con el poder político patriarcal, era su misión terrenal, la cual estaba destinada a guardar y proteger los arcaicos apellidos, la propiedad privada de la tierra, y la explotación a los peones.

Cambiar esto era una osadía y atrevimiento inaudito, sin precedente alguno.

El segundo cardenal de Chile aprendió del extinto presidente radical, del Frente Popular, don Pedro Aguirre Cerda, cuyo histórico lema fue «gobernar es educar». Una enseñanza que lo marcó durante toda su vida sacerdotal como cura educador.

Su sensibilidad social quedó impregnada en su quehacer a partir de sus primeros pasos en el sacerdocio, donde su objetivo principal fue la creación y fundación de colegios, escuelas industriales, y distintas universidades, para dar oportunidad a las y los jóvenes que no podían acceder a la educación formal, y menos a la superior.

Fui con mucho orgullo uno de sus colaboradores en este y otros proyectos educativos, del cual me honra de ser uno de tantos directores de la Fundación DUOC, «el compromiso de la Universidad Católica, con el pueblo», miles de estudiantes pasaron por sus aulas, a los que les cambió sus vidas, a ellos y a sus familias.

Todo un proceso revolucionario de educación popular, para quienes, teniendo talento y capacidad, jamás podrían alcanzar una especialización en alguna carrera técnica que le sirviera en su porvenir.

El director ejecutivo, P. Juan Baga Ballus, bajo el auspicio del rector Fernando Castillo, nombrado después de la reforma universitaria, logró abrir 103 sedes, en todo el país. Lamentablemente, ahora esta casa de estudios profesionales es una institución mercantilista, a la que sólo le preocupa el lucro a todo evento, antes que promover al necesitado estudiante egresado de enseñanza media, que no puede ingresar a la universidad por recursos o por puntaje, en la PSU.

Don Raúl tuvo una especial sensibilidad social, quedó reflejada en un libro titulado «Mi sueño de Chile», patética su necesidad de justicia, donde todos y todas vivamos con dignidad, donde la lucha contra la miseria sea una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Aspiraba a un país donde no exista tanta miseria, moral y material, especialmente para los pobres, la educación sea igualitaria para que cada niño o niña tenga una escuela donde estudiar; casi profético que los enfermos, especialmente los terminales, puedan acceder fácilmente a la salud pública, reclamaba una y otra vez en sus predicas, que los jefes de hogar tengan un trabajo estable y un sueldo justo que les permita sustentar y alimentar a su familia.

«La caridad de Cristo nos urge» fue su lema y su orgullo cardenalicio, nada ni nadie lo hicieron separarse de ese concepto de vida sacerdotal. Dirigió y modernizó la anquilosada Iglesia de Santiago, creando nuevas vicarias, acercando el evangelio a la gente, no sólo con el don de la palabra de Jesús, si no con hechos concretos que permitieran tener confianza en una institución comprometida verdaderamente con la gente.

La situación de la mitad de la población era paupérrima y un tercio vivía en la miseria más absoluta, muchas familias alojaban en cuevas, en campamentos y conventillos. El alcoholismo y la desnutrición infantil mataban a miles de niños, hombres y mujeres enfermos de tuberculosis, sífilis, pestes y epidemias letales.

Fundó Caritas-Chile, del cual fue su presidente mundial, consiguiendo alimento, medicina y casas pre-fabricadas, con la ayuda alemana de «Misereor» la que respondió con creces a sus reiteradas solicitudes, confiando plenamente en su incorruptible prestigio y rectitud.

La reforma agraria, del asesinado ex Presidente Eduardo Frei Montalva, que le dio dignidad y justicia al campesinado chileno, se inició cuando el cuestionado obispo Silva Henríquez entregó las propiedades agrícolas de la Iglesia Católica, formando cooperativas campesinas para quien la trabajara y produjera.

«He amado intensamente a mi país», por tanto habló y dialogó con cuanta autoridad mundial estuvo a su alcance para evitar la guerra entre Chile y Argentina, logró que el papa lo escuchara, a minutos de iniciarse la confrontación, el Vaticano aceptó ser mediador nombrando al cardenal Samoré como el interlocutor válido para ambas partes.

Fue perseguido y vilipendiado, hasta por sus propios colegas obispos, «por ser la voz de los sin voz «, en plena dictadura militar, toda una hazaña, primero con el Comité Pro-Paz y luego con la Vicaría de la Solidaridad, en defensa de los perseguidos, detenidos-desaparecidos, torturados, presos políticos, relegados y exiliados, fue la excusa para que sus odiosos enemigos le motejaran como el «cura rojo».

Miles de chilenos y chilenas, en todo el país lo despidieron a su fallecimiento, acompañándolo a su última morada para estar junto a Cristo, a quien sirvió con pasión, algunos en silencio sepulcral, otros con la desesperanza de quedar huérfanos, llorando desconsoladamente, hombres mujeres, jóvenes y niños, se unían en un solo grito fúnebre: «Raúl, amigo, el pueblo está contigo», ahora y siempre.//ELF

*Columna publicada en Cooperativa.cl.

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