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Columnas

Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) y reajuste para el sector público: «No a la discriminación entre funcionarios del Estado”

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En La Fontana publicamos declaración pública del El Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) respecto de lo ocurrido con el reajuste para el sector público. A lo que señalan:

«1. La Mesa del Sector Público, que reúne a las organizaciones más representativas de los trabajadores estatales, como ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM, COLEGIO DE Profesores, entre otras, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), negoció con el Gobierno el reajuste de sus remuneraciones y el monto de distintos bonos, aguinaldos y asignaciones, que son parte de las condiciones laborales de este importante sector de trabajadores chilenos.

2. Que concluido este proceso y aprobada la ley respectiva, se otorgó un reajuste de 4.3%, porcentaje que se espera compense, a lo menos, el aumento del costo de la vida, derivado de las alzas de precios y reflejada en el IPC anual.

3. Que, por otra parte, pero casi al mismo tiempo, se publicó la resolución de una Comisión conformada según el Art. 38.bis de la Constitución, que reajusta los sueldos de las altas autoridades, senadores y diputados, en un 4.8% y fundando esta medida, en que ello corresponde a la variación porcentual del IPC de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.

4. Lo anterior constituye una grave e inaceptable discriminación en contra de la mayoría de los funcionarios públicos, a quienes, además el aumento del IPC, especialmente en productos de primera necesidad, los afecta de mayor manera, que quienes tienen altos sueldos en el Gobierno y en el Congreso.

5. No tiene justificación que el Presidente de la República, sus Ministros y todas y todos los parlamentarios, vean reajustadas sus altas rentas, en un porcentaje mayor al que recibirán las y los funcionarios de más bajos ingresos.

6. Ello representa una decisión de aumentar la inequidad entre los que ganan más y los que ganan menos, incluso con aquellos que sus rentas los acercan a la línea de la pobreza. Ojalá esto se modifique, eliminando esta “comisión especial”, que solo los favorece y aplicando al reajuste de las rentas de todos los y las trabajadoras del sector público las mismas normas, discutidas anualmente en el Congreso.

7. Más allá de los distintos niveles de sueldo en relación a las funciones desarrolladas, aplicar un porcentaje mayor de reajuste a los sueldos mas altos, constituye una arbitrariedad sinp recedentes, que debe ser reparada a brevedad por el Gobierno.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Gobierno para que conjuntamente con la Mesad el Sector Público, se tomen a la brevedad, distintas medidas administrativas y legales, que solucionene sta injusta situación».

El resultado importa, y mucho

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Por Camilo Escalona

Expresidente del PS y exsenador

Una rara situación sucedió una vez sabido el cómputo del plebiscito del 17 de diciembre pasado: conocidas las cifras del Servel, quienes apoyaron la opción En Contra recibían con cautela el veredicto ampliamente favorable que emergía de la voluntad popular.

Incluso hubo miradas desaprobadoras cuando levantamos banderas chilenas en el Partido Socialista. Al parecer la dureza de las derrotas del último periodo trajo un grave complejo ante la prensa hegemónica, que incluso dicta cómo deben portarse aquellos que esa misma prensa criticó y decide si celebran o no el veredicto de las urnas.

El respeto democrático a la diversidad de opciones incluye las expresiones propias de las diferentes fuerzas políticas ante un resultado decisivo como el del día 17. Lo que se resolvió importa y mucho, porque cayó al suelo por la voluntad popular la opción más reaccionaria, cuyas raíces están en la oligarquía agraria desplazada en los procesos de cambio de los años 60-70 que afectaron la propiedad de la tierra hiriendo sus intocables intereses, auténtica razón por la que propiciaron el golpe de Estado en su cara más cruel y despiadada, como lanzar dirigentes campesinos con vida desde helicópteros en vuelo.

Luego de los duros ataques previos al plebiscito de los grupos ultraconservadores, fue natural hacer flamear la bandera patria y reivindicar la voluntad histórica de la izquierda chilena de unir y consolidar una amplia mayoría nacional para derrotar a la ultraderecha.

El ejercicio del pluralismo es un tema de principios. La autocensura no corresponde y en un evento que abarcó más del 80% del electorado, guardar silencio conlleva la soberbia presunción que se puede soslayar o eludir el verdadero sentido de la voluntad popular. Eso es imposible. Esta vez el ancho bloque de la opción En Contra expresó claramente a la mayoría del país rechazando la regresión ultraconservadora.

Paradójicamente, el líder de ultraderecha, J.A. Kast, expresó con crudeza este hecho político y electoral esencial en la jornada del Plebiscito: «Fracasamos…», señaló, reconociendo la paternidad del esfuerzo desplegado para dotar a Chile de un texto constitucional que significaba una regresión ultraconservadora, es decir, al periodo de mayor intolerancia y autoritarismo del régimen dictatorial.

Esa noche, el Presidente Gabriel Boric fue preciso en sus declaraciones. No hubo ni arrogancia ni soberbia en su discurso, se aplaude que así haya sido. En su caso ha tenido lugar una campaña de descalificación que ha pretendido «ningunear» con la activa ayuda de «ex» progresistas que ahora no se arrugan lucrando con su antigua condición, confirmando aquello que «no hay peor astilla que la del mismo palo». Por eso, la estatura política del Jefe de Estado el día del plebiscito es una lección para sus detractores.

Pero la derecha sigue con una conducción refractaria a todo progreso social, así lo ratificó sin margen de error el senador Macaya, en entrevista radial del día 19, y ante la voluntad de alcanzar acuerdos del Presidente Boric, el presidente UDI descartó un aumento en el gasto social, rechazando el Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno y descalificarlo por «subir los impuestos».

Ahora bien, la fuerte declaración de un grupo de exministros de Piñera, publicada este sábado 23, indica que se inicia la formación de una disidencia con el ánimo de disputar la conducción de ese sector al núcleo de poder, actualmente dominante, que se subordinó a Kast y les llevó a una derrota cuyas repercusiones empiezan a manifestarse.

Hasta ahora la derecha se inclina por obstruir y -otra vez- se decide por negar la contribución necesaria que deben hacer los sectores que tienen más ingresos a las demandas de cohesión social y estabilidad institucional del país. Le gusta la vía estéril de las acusaciones constitucionales. Después cuando el sistema cruje y se estremece la culpa es de los extraterrestres.

En la actitud de la derecha se revela su propio conflicto: fue arrastrada por la ultraderecha a una posición primero rudamente agresiva en el Consejo Constitucional y luego confrontacional en las opciones frente al plebiscito. Algunos parecen arrepentirse, aunque tardíamente, el proceso constitucional no logró el gran objetivo de una nueva Constitución.

Aunque fracasaron en esta ruta de confrontación, ahora rechazan la mano abierta que tiende el Presidente de la República. Por eso, surgen en su interior opiniones divergentes cuyo alcance no sabemos, pero cuestionan la hegemonía ultraconservadora. Llama la atención que los centristas, exDC y afines, sigan en silencio ante el enorme descalabro qué sufrieron.

La ira resulta ser una mala consejera, así pasó con la oposición en la Cámara de Diputad@s al impedir sus bancadas la lectura de un Informe del Servicio de Impuestos Internos en el que se daba a conocer el cuantioso incumplimiento tributario que hace fundamental legislar en la materia. Fue una conducta destemplada y escandalosa.

Con esos antecedentes se hace evidente que se han formado verdaderos cauces de recursos públicos que se evaden año a año, corrompiendo y socavando el régimen democrático porque se extiende el convencimiento que los poderosos tienen «manga ancha» y pueden hacer lo que les venga en gana.

Ahora hay que bregar por la reforma del sistema de pensiones y por el necesario financiamiento que lo concrete, este es el gran desafío de las fuerzas progresistas. Por eso, hay que levantar unitariamente las banderas de las reformas necesarias para avanzar en mayor inclusión social y el ejercicio de las libertades conquistadas, así afianzaremos la gobernabilidad democrática del país. //ELF

Todo como comenzó

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Por Matías Valdés

Si las decisiones políticas pudieran ser asimiladas a una construcción, la decisión de haber iniciado un proceso de cambio constitucional fue una chambonada del nivel del famoso Puente Caucau.

Con la intención de cambiar la «Constitución de Pinochet», “de Jaime Guzmán», la que supuestamente representaba todos los males y penurias de una abusada sociedad chilena, lo único que se consiguió fue que en dos ocasiones, una abrumadora mayoría de chilenos, participando con sistema de votación obligatoria, ratificara ese texto constitucional.

Ciertamente, unos genios.

Al cabo del segundo proceso constitucional fallido, cabe preguntarse: ¿por qué intentan deslizar la idea de que la discusión constitucional «se posterga», por un periodo indeterminado?, ¿por qué algunos se apuran en declarar que «al menos durante lo que queda de este gobierno» no se iniciará nuevo proceso constitucional? Pero si es que hay que ser muy patudo.

➡La relación de hechos es la siguiente👇

1. Se usó una movilización social que no tuvo en su origen la petición de una nueva constitución para dar inicio al proceso de reemplazo de la constitución.

2. Ese proceso tenía reglas claras y se llevó a cabo democráticamente a partir de un plebiscito por el que se decidió su inicio. Esas mismas reglas claras definían que, acabado el proceso, si se rechazaba la propuesta, se mantenía vigente la constitución que regía en ese momento.

3. Por la develada ineptitud y fiebre de revolución de quienes ostentaron las mayorías, ese proceso fracasó y el pueblo rechazó mayoritariamente la propuesta. Validando con ello la constitución que pretendía cambiarse, es decir, hasta allí debió llegar el proceso.

4. No obstante ello, haciendo una interpretación propia de académicos de la talla de nuestro ministro de justicia, se interpretó que el plebiscito por el que se había decidido el primer proceso, era vinculante hasta que se adoptara una nueva constitución. De este modo, y sin preguntarle a nadie, la cúpula política intentó llevar a cabo un proceso más controlado.

5. Nuevamente, la manifiesta ineptitud de un sector político tuvo resultados, consistentes en que la derecha más recalcitrante del país obtuvo las mayorías necesarias para dominar el nuevo proceso constituyente. Y este proceso culminó ayer, nuevamente con el pueblo rechazando ampliamente la propuesta constitucional y ratificando POR SEGUNDA VEZ la constitución tan odiada por un sector del país.

Si somos intelectualmente honestos, frente a la pregunta por la nueva constitución, no podemos, sino concluir que, el pueblo ya adoptó una opción. La gente terminó por convencerse que no es la constitución la causa de sus males, sino que la ineptitud de sus representantes en los órganos de poder. El mensaje es meridianamente claro, el pueblo de Chile necesita soluciones a sus problemas, y una constitución nueva, no le entregará esas soluciones.

Debemos entender que el debate por la nueva constitución se cerró. Lo cómico es que lo cerraron los mismos que lo abrieron, después de 4 años, habiéndose gastado miles de millones de pesos, con un país estancado, con más desempleo, más inseguridad y con la mismas constitución de «los 4 generales». Todo como empezó ¿o no? //ELF

Para que nadie se joda

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Por Pedro Vera Castillo

A propósito del debate constitucional, queda en evidencia quienes utilizan el lenguaje del odio que profundiza la división entre los chilenos y chilenas.

Desde luego, el excandidato presidencial José Antonio Kast ha llevado la voz cantante a través de sus redes sociales con mentiras y odio concentrados en la joven figura del presidente y sus compañeros de generación y distorsionando ante los chilenos las responsabilidades en temas que importan a los chilenos como la seguridad, las pensiones, la salud y la reforma tributaria.

Incluso, en relación con los derechos humanos y con motivo de cumplirse los 50 años del golpe de estado, ha intentado falsear la historia levantando la imagen del dictador Pinochet como “un gran estadista” que, aparte de los indesmentibles crímenes de lesa humanidad, entregó un país con un 50% de pobreza.

Como si fuera poco, en la franja electoral de la derecha, se ha difundido diariamente el slogan: ¡Qué se jodan!

Pero más allá de estos antecedentes, ¿de que se trata un debate y una propuesta constitucional? Desde luego, no se trata de caer en la trampa de discutir artículo por artículo y en la necesidad de concentrarnos solamente en la lectura del texto propuesto.

No olvidemos el origen del proceso. Existe un cuestionamiento mayoritario a la constitución del 80 por su génesis y por sus contenidos, a pesar de reiteradas reformas intentadas por los gobiernos de la concertación. Y no olvidemos, a pesar de que livianamente muchos intentan negarlo, este fue tema de las demandas relevantes levantadas por la movilización social en el estallido social de octubre de 2019. Y fue una Comisión Parlamentaria que acordó enfrentar la crisis abriendo las puertas a la participación ciudadana en la elaboración de una nueva constitución. El 80% ratificó en un plebiscito esta necesidad.

Como sabemos, es claro que un primer proceso, distorsionado por algunas visiones delirantes y por comportamientos extemporáneos, y que enfrentó desde el primer día una campaña millonaria de desprestigio por parte de la derecha económica y la derecha política, fracasó. Seguimos pensando que las temáticas principales que ese proyecto constitucional incorporaba merecían votar APRUEBO y acordar las modificaciones que fueran necesarias.

Ahora este segundo proceso manejado por la derecha, con soberbia e intransigencia, seguirá la misma suerte y fracasará nuevamente.

Desde el humanismo cristiano, la Democracia Cristiana, con una rotunda mayoría de su Junta Nacional ha llamado a votar EN CONTRA.

Más allá del articulado, ¿cuáles son los postulados que deseamos ver plasmados en una nueva constitución los demócrata cristianos?

  • Una constitución que garantice el respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia como valores adquiridos dolorosamente por la sociedad del siglo XXI;
  • Una constitución que garantice el marco de una sociedad comunitaria e inclusiva con la búsqueda permanente y creciente de mayor justicia social y del bien común;
  • Un estado social y democrático de derecho en que el Estado cumpla el rol de garante de derechos sociales básicos y fundamentales como: educación, salud, vivienda, trabajo decente, recreación, seguridad y participación, y la solidaridad sea el valor cultural que le de sustento, no con la obligada incorporación de agentes privados, como lo propone el actual texto, que así mantiene y consagra el negocio privado en todos los ámbitos de los derechos sociales;
  • Una constitución que reconozca e incorpore los derechos de las mujeres y de los trabajadores, en particular su libertad de asociación y el derecho a huelga, y que dignifique y reconozca la plena incorporación de nuestros pueblos originarios en todos los ámbitos de la vida nacional;
  • Una constitución que permita que los chilenos puedan remplazar el modelo neoliberal que nos transformó en una de las sociedades más desiguales y establecer el desarrollo de una economía solidaria, sustentable, con respeto a los recursos naturales, con armonía con el medio ambiente y con combate al cambio climático y que incorpore los nuevos temas civilizatorios que el propio progreso humano va creando; y
  • Una constitución que, en este marco de grandes principios, permita que los gobiernos futuros, y en particular gobiernos progresistas, puedan desarrollar el programa que haya sido votado por los ciudadanos con su elección democrática y no, como el texto propuesto lo hace, imponer un quorum de reforma que hará imposible cualquier modificación y que consolida temas que pertenecen al legítimo debate legislativo.

Pues bien, amigos lectores, nada de esto será posible con la aprobación del texto constitucional que hoy nos propone la derecha.

Por eso, la Democracia Cristiana votará y llama a votar EN CONTRA.

Para que mantengamos abiertas las puertas para construir una sociedad buena y justa para todas y todos los chilenos.

Y para que trabajemos junto al gobierno para resolver, con el acuerdo en el trabajo legislativo, las grandes reformas pendientes y que, legítimamente, la mayoría ciudadana reclama, desde la seguridad hasta las pensiones, y que hasta ahora la derecha continúa obstruyendo y distorsionando.

Precisamente ¡Para que nadie se joda!

 

Pedro Vera Castill

 

El maestro

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Por Eduardo Reveco Cartes

Consejero Nacional del PDC

El «Maestro» recibe un reconocimiento transversal como el gran luchador de los derechos humanos que protegió a los sin voz y a los perseguidos por la dictadura, en donde su compromiso fue clave a la hora de organizar estructuralmente la defensa de los Derechos Humanos. Un héroe humanista cristiano que encuentra un merecido reconocimiento de parte del Gobierno comunal de Santiago rebautizando una calle de la comuna con su nombre.
Jaime Castillo Velasco fue ministro del Presidente Frei Montalva, fue fundador y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fue perseguido y exiliado por la dictadura.

El «Maestro» no solo fue clave en este ámbito, sino también lo fue en la organización de la oposición política al régimen militar, fue factor de unidad en la oposición a la dictadura. Uno de sus grandes documentos políticos es «Una Patria para Todos» que refleja la tesis unitaria y libertaria que abrió el camino al dialogo y unidad de la oposición para recuperar la democracia y que luego se proyectó en los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría.

Leer artículo anterior del autor: A 50 años de los 13

En su trayectoria al interior de la Democracia Cristiana su aporte es tremendo como ideólogo y formador, fue director de la revista Política y Espíritu, fue miembro de la Comisión Ideológica Mundial de la Democracia Cristina, presidente del Partido, lideró el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH); a través del cual formó generaciones de demócratas cristianos. Sus enseñanzas quedaron plasmadas en una prolífica publicación de artículos, ensayos y libros, algunos de ellos: En Defensa de Maritain, El Camino de la Revolución, Teoría y práctica de la Democracia Cristiana, Violencia y Derechos Humanos y su obra principal, desde mi punto de vista, es el libro Las Fuentes de la Democracia Cristiana (1968), lectura obligatoria de todas y todos los/as militantes. Estos trabajos fortalecieron nuestra doctrina e Identidad, la cual es planteada como fiel a nuestra tradición histórica que, en palabras de Castillo Velasco, consiste en construir un “Partido de Vanguardia”, que se plantea como objetivo histórico: “el superar las injusticias del sistema capitalista”.

Ser de vanguardia es un tremendo desafío ya que implica ser innovadores sociales liderar la búsqueda de justicia social, ser una flecha, una falange que se abre camino superando los obstáculos internos y los desafíos externos. En los tiempos actuales, de permanentes cambios, tener la capacidad de liderar innovando en materia de transformaciones sociales para superar las injusticias es un factor de fortaleza política. El gobierno de la Revolución en Libertad tuvo estas características.

Entre los últimos homenajes importantes que recibió “El Maestro” fue el reconocimiento UNESCO de Educación por los Derechos Humanos y la Paz que nos hace sentir orgullo de tan insigne camarada y, en ese contexto, hago un llamado a la Mesa Directiva del Partido a retomar el legado del “Maestro” en post de reconstruir y fortalecer nuestra comunidad e identidad partidaria. También, como partido agradecer y reconocer la persistencia y gestión de las directivas del comunal Santiago para lograr este homenaje. Desde ya mis agradecimientos al Comunal Santiago y a su Directiva.//ELF

Consolidar la regionalización

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Por Henry Saldivar Canales

Cientista político, Pontificia Universidad Católica de Chile

El proceso de regionalización, entendido como distribución de poder territorial, ha dado como resultado la creación de un gobierno autónomo, de nivel subnacional, acotado a una demarcación administrativa del Estado denominada región, cuya finalidad es el desarrollo.

Al contrario de lo que se cree -que la regionalización fue obra exclusiva de la dictadura- las regiones fueron diseñadas por una larga tradición de burócratas iluministas, que partió en la CORFO, en los años 50, y fueron determinadas en 1966 por ODEPLAN. Establecidas en un decreto del Ministerio del Interior en 1968 y aplicada por la CONARA en 1974. Su inspiración tuvo un carácter económico: estaba vinculado al desarrollo de la industria nacional, primero, y posteriormente, al potencial de la oferta exportadora que podría significar una asociación de provincias. Esta asociación de provincias, como una amplia base territorial y un perfil geoeconómico sustentable, era necesaria para la conformación de la autonomía y la autogestión territorial.

Sin embargo, para los militares fue solo algo más que una nueva división territorial: una división desconcentrada del poder en territorios suficientemente grandes como para ser gobernados por oficiales con rango de General. Al recuperar la democracia, en 1991 se crean los gobiernos regionales con un régimen mixto: una parte de la administración regional tendrá consejeros electos por los concejales en 1992 y un Ejecutivo será designado por el Presidente de la República, denominándose Intendente.

El Consejo Regional (CORE), por tanto, es la institución regional más antigua y sobre la cual se construye toda la institucionalidad democrática ulterior. Pasaron más de 31 años para la conformación de gobiernos regionales, elegidos íntegramente por el voto popular, debido a la fuerte oposición transversal que se manifestaba en el Congreso.

La Presidenta Bachelet jugó un papel clave en los avances más sustantivos para la elección directa de las autoridades regionales. A fines de su primer gobierno, democratizó los COREs, y bajo su segundo gobierno, presentó la ley -cuya tramitación se prolongó más de tres años- dotando a los gobiernos regionales de una autoridad electa, con ampliación de las facultades de los COREs, presupuesto propio y, un conjunto de competencias y facultades que ejerce como una entidad autónoma del gobierno central.

Esto significó la creación de un gobierno subnacional en un país unitario. Entre los expertos se conocía de cerca la experiencia francesa que sirvió de modelo inspirador y motivador. Además, se contaba con el beneficio de conocer la experiencia de Estados de Suramérica como Colombia, Perú, y contrastarlos con Estados como Argentina o España, de inclinación más federalista.

Se contaba también con el beneficio de la duda. Era mejor comenzar en forma modesta, para recorrer un camino estimado de una década y evaluar la acción de estos nuevos organismos del Estado en el territorio. Esta cautela hizo que el motor del sistema fuera el mecanismo de transferencia de competencias, contemplado en la ley.

Este es un procedimiento que formaliza la relación entre los gobiernos regionales y la Presidencia de la República, para establecer nuevas competencias y facultades en materias relacionadas al desarrollo en las respectivas regiones. Esto significa gradualidad y razones legitimadoras -establecidas por expertos- en la transferencia de poder.

El mecanismo puede ser usado por ambas partes y puede ser rechazado por alguna, como ocurrió recientemente con el GORE de Valparaíso. El mecanismo está limitado a las materias que la ley expresamente señala. De modo que ni el gobierno nacional ni los gobiernos regionales, pueden otorgar o solicitar competencias en otras materias -como seguridad, por ejemplo- sin recurrir al Congreso.

Los hechos de malversación de fondos -e incluso de corrupción- han alcanzado a los gobiernos regionales, y se investigan los mecanismos de adjudicación directa de recursos en manos de los gobernadores. Expuestos ante la opinión pública, ha dado motivo para alertar sobre los mecanismos decisorios, la falta de control preventivo, la opacidad del cuadro administrativo y el personalismo con que se gobiernan los actuales ejecutivos regionales.

Estos problemas se han presentado cuando los gobiernos regionales no han terminado la implementación de todos los órganos con que la ley les dota, siendo especialmente llamativo que pasada ya la mitad del mandato de los actuales gobiernos, aún no se constituya el Consejo Regional Asesor. La configuración institucional definitiva de los gobiernos regionales entonces, todavía está en curso.

El Gobierno está llamado a jugar un rol constructivo en la total implementación del sistema de gobierno regional, compuesto por una serie de órganos que no tienen, todavía, una articulación clara con la acción general de los gobernadores.

El Senado también tiene algo que decir: dado que la naturaleza de su representación es regional, podría aportar una mayor reflexión sobre los resultados y las consecuencias del pleno funcionamiento de los gobiernos regionales, a partir de sus respectivas experiencias. //ELF