Columnas

Por Luis Ruz

Licenciado en Ciencias Políticas y administrador público de la Universidad de Concepción; así como magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Se acabó el tiempo para el debate constitucional. Finalmente, el texto propuesto no logró concitar la misma adhesión que el texto del Comité de Expertos. En simple, no hubo acuerdo mayoritario. Solo un acuerdo de un sector a partir de una mayoría de momento.

De alguna manera, es un doble fracaso si consideramos el proceso anterior. Lastimosamente, la discusión sobre un pacto político contenido en una nueva Constitución quedó atrapada en el bamboleo de los extremos. Esta vez, el péndulo de la política llegó a la extrema derecha. Y ahí se quedó esta propuesta constitucional.

¿El texto aprobado es sobre los problemas y desafíos del Chile actual? ¿Es un texto que consolida nuestra democracia? La verdad es que no. Por dos razones principales. Primero, porque es un debate que parte del supuesto de imponer una mirada particular a través de la Constitución. Se trata de una imposición esencialmente conservadora. Segundo, porque no se hace cargo de la dificultad de fondo del sistema político chileno, esto es el problema de la inequidad y la manera de construir una sociedad con mayor integración y cohesión social.

Como todo texto constitucional, por cierto, cuenta con aspectos positivos. Por ejemplo, en temas relacionados con el sistema político, es razonable la idea de evitar el denominado «discolaje», que tanto afecta a la concreción de acuerdos. Por lo tanto, es positiva la medida de que cuando un parlamentario renuncia a un partido, pierda su escaño. Esto fortalece la democracia de instituciones, específicamente a los partidos y no a pequeñas «pymes políticas» individuales.

También la reducción del número de partidos mediante barreras de entrada expresada en porcentaje de votos. Aunque hay que decir que nos podemos encontrar con liderazgos con altas votaciones y que no puedan acceder al Parlamento porque sus partidos no superaron el umbral exigido de votos. Así, el partido que no saque el 5% de los votos pierde su representación parlamentaria. Esta medida obliga al conjunto de actores a agruparse para competir por el apoyo ciudadano y así evitar la alta fragmentación que tenemos hoy.

Sin perjuicio de lo anterior, los aspectos negativos son evidentes e insoslayables. En términos generales, la gran crítica al texto aprobado por el Consejo Constitucional se refiere a tres cuestiones centrales: primero, una inconsistencia entre lo que declara y lo que establece en materia de Estado Social; segundo, un indudable sesgo conservador; y, tercero, una demagogia política en elementos importantes respecto del rol del Estado.

No es coherente la declaración del artículo que declara que Chile será un Estado Social con la manera en cómo quedan abordados los derechos sociales que hacen efectivo un Estado de esta naturaleza. Finalmente, tanto el sistema de salud como el previsional son tratados bajo una lógica mercantil, es decir, desde la perspectiva de las capacidades y recursos individuales de las personas y sus familias.

En los hechos, estas cuestiones sociales tan sensibles quedan nuevamente abordadas desde el individualismo y con escaso espacio para la solidaridad. Y ante la evidencia de los últimos años en estas materias, se hace imposible aceptar tales criterios. Nuevamente quedaría cristalizada en la Constitución una lógica segregadora que no se puede compartir.

Sobre elementos propios de la demagogia, un ejemplo claro es la manera de abordar el tema de seguridad y también el tema de la corrupción. Respecto del derecho a la seguridad en la Constitución es cierto que se puede comprender a partir de la crisis actual, pero es una promesa demagoga porque al Estado, desde que lo conocemos, le asiste la obligación de ofrecer seguridad a los ciudadanos. ¿Alguien piensa que por el mero hecho de incorporarlo a la Constitución lo resolveremos de mejor modo? Obviamente no. Es más, existe el riesgo que se judicialice el tema de seguridad y terminemos con los jueces distribuyendo y coordinando la labor de las policías, tal como lo ha advertido el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil.

Para abordar los problemas de la corrupción se dispone la creación de una nueva institucionalidad pública. Se trata de una agencia de probidad, el problema está en que esa tarea se cruza con la que tiene la Contraloría General de la República. Es un despropósito tener dos órganos estatales para una función similar. Aquello es ineficaz e ineficiente y puede provocar problemas en la Administración Pública respecto del alcance y competencia de estos órganos.

Por otra parte, ¿cómo no va a ser demagogo eximir del pago de contribuciones a aquellas familias que pueden pagar este impuesto territorial? Con esta medida se afecta a las personas que viven en comunas con menores recursos.

Y sobre el sesgo conservador, hay cláusulas del texto propuesto que dan cuenta de un sesgo integrista. Por ejemplo, el modo de abordar el aborto es prueba de ello. Luego de muchos años debatiendo este asunto tan delicado, la legislación que habilitó la interrupción del embarazo en tres causales cerró un debate complejo. No se entiende reabrir esta discusión, salvo por una pulsión conservadora. En esta materia, la pregunta obvia es ¿para qué cambiar la redacción? Como lo han advertido varios expertos constitucionales, cuando se modifica el «que» por el «quien» debemos tener conciencia que en nuestro lenguaje utilizamos el «quien» para referirnos a personas y las personas tienen derechos. Por lo tanto, se crea una incertidumbre y es de toda lógica pensar que estamos en presencia de un cambio sobre esta materia tan delicada y compleja.

Hay que indicar que acá existe un riesgo que la derecha y los sectores que apoyan este texto no quieren ver. Cuando una Constitución no es percibida como mayoritaria es una Constitución que carece de la necesaria estabilidad y que, incluso, puede afectar su legitimidad ante la fuerza de la realidad que no aborda. Por lo tanto, aunque se apruebe, la discusión constitucional quedará a medio camino. Con honestidad intelectual, tenemos que reconocer que continuará la disputa principalmente porque no se habrá cerrado el tema que dio origen el debate por un nuevo pacto social, esto es por las demandas sociales no cubiertas.

Se ha sostenido que hay que aprobar el texto porque es necesario cerrar el debate constitucional. Que aquello nos permitirá recobrar estabilidad política y certeza económica. La verdad es que este tipo de discusiones no se cierran por decreto o por la imposición de un sector sobre otro.

La tarea política sigue siendo materializar más desarrollo económico con más equidad social, como partes de un mismo engranaje. Aquello que el gobierno de don Patricio Aylwin llamó «crecimiento con equidad». Es decir, no podremos seguir avanzando sin un pacto social que suponga, al mismo tiempo, desarrollo económico con mayor equidad.

Insisto en el punto de fondo que nuestro país no puede eludir el reto de la equidad socioeconómica y el desafío que tiene que ver con la capacidad de respuesta de los gobiernos. Ambos son ámbitos en donde hemos fallado durante los últimos años. Tal como lo explicó Robert Dahl, toda democracia requiere que los frutos socioeconómicos logrados se repartan con equidad entre los miembros de la comunidad. Y también que los gobiernos tengan la adecuada capacidad de respuesta ante las necesidades de la población, particularmente en aquellos asuntos esenciales y urgentes.

Finalizo esta reflexión acudiendo a una vieja idea, pero con una enorme vigencia. Se trata sobre la libertad. Bien haríamos los chilenos recordar los postulados de uno de los precursores de la Revolución Francesa, quien acuñó una idea que describe bien lo que significa la libertad. En la época de la pre-revolución, Emmanuel-Joseph Sieyès hizo una dura crítica a la sociedad de su época. Esta crítica fue esencialmente hacia la estructura de privilegios sobre la cual descansaba la sociedad francesa. Por cierto, era otra época, otras formas y otra cultura, pero la crítica respecto de una sociedad de privilegios es completamente válida para hoy. En el alegato de Sieyès, que ha trasuntado la historia, describe a la verdadera libertad como «la ausencia de privilegios». Pues bien, la desafección y la desconfianza con la elite política y económica en nuestro país, en parte, se debe precisamente a esta percepción de desigualdad y la persistencia de privilegios para unos pocos. Sin el ánimo de dar cátedra, estimo que acá se encuentra la lección que todos debemos rescatar para actuar en consecuencia.

La propuesta constitucional, finalmente, no avanza en una verdadera libertad y tampoco supera la sociedad segregada y desigual que tanto nos afecta en la convivencia social. No podemos negar esta realidad. Aquí está la deuda pendiente de Chile. No se trata de promover un estatismo asfixiante, como tampoco profundizar una economía desregulada. En el fondo se trata de un pacto político que permita lograr un país libre y con prosperidad económica, pero con cohesión y bienestar social. El desafío finalmente es político, es de justicia, es de bien común. Por todas estas consideraciones, votaré «En Contra» de esta propuesta constitucional.