“Contra el privilegio ambiental” se denomina el proyecto de ley que exigirá que las empresas cuenten con una resolución de calificación ambiental para funcionar en Zonas de Sacrificio. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, autor del proyecto explicó “es para terminar con el privilegio ambiental. Hay empresas que no tienen resolución de Calificación Ambiental porque operan antes de que esté vigente la institucionalidad medioambiental imperante, desde el año 97″.
El proyecto es patrocinado por las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Ximena Órdenes (independiente) y el senador Alfonso de Urresti (PS), quien preside la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta.
La senadora Isabel Allende declara que “Este proyecto de ley representa un largo anhelo por el mundo ambientalista. A saber: exigir evaluación ambiental a aquellas empresas que operan en zonas de sacrificio que nunca fueron evaluadas ambientalmente por ser anteriores a la entrada en vigencia de la ley ambiental. Tenemos zonas de sacrificio, donde las personas son más vulnerables al covid por enfermedades preexistentes causadas por la contaminación, como cáncer y enfermedades pulmonares. La única forma de garantizarles de verdad un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es evaluando a las empresas que nunca lo han sido en las zonas de sacrificios».
La senadora independiente Ximena Órdenes, agrega “En Chile se realizan actividades con fuerte carga ambiental y con presencia de agentes contaminantes, y quienes soportan las cargas de esta situación son los más vulnerables. El resultado: zonas de sacrificio, territorios en que se privilegia la inversión por sobre la salud de la población y zonas que están condenadas a seguir soportando que se perturbe su medio ambiente. Este proyecto de ley viene a responder un mínimo que la ciudadanía hoy reclama. Ya no podemos tolerar que las industrias puedan seguir contaminando a destajo por que generan inversión. Es hora de emparejar la cancha y lo que hacemos en este proyecto es eso, decirles a aquellas industrias que se emplazan en zonas declaradas latentes o saturadas, que deben someterse a la evaluación ambiental, independientemente de hace cuanto están contaminando la zona”.
La senadora Yasna Provoste (DC) señaló “Chile está viviendo un cambio cultural, político e institucional, quizás inédito en nuestra historia. Las normas que han venido regulando su desarrollo económico y social son desde hace ya cuatro décadas y, por lo tanto, requieren que seamos capaces de avanzar en bioseguridad y esto no se puede hacer sin la participación de las personas y las comunidades. Podemos afirmar que la regulación medioambiental no ha otorgado un tratamiento igualitario a los distintos proyectos que son susceptibles de causar impactos y, por lo tanto, desprotegen a los ciudadanos, ya que si un proyecto inició operaciones antes del año 1997, limita la fiscalización de la Superintendencia de Medioambiente, ya que ésta sólo puede realizarse en proyectos que cuenten con resoluciones de calificación ambiental”.
Latorre, finalmente, recalca: “Si queremos vivir en un ambiente libre de contaminación, y no queremos tener empresas privilegiadas, que no han sido evaluadas, es urgente corregir y por eso este proyecto de ley va en esa dirección. El Chile que tenemos que construir post pandemia, tiene que ser un Chile con justicia eco social y justicia ambiental, tenemos que elevar significativamente los estándares ambientales”.