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Manifestaciones sociales

ANEF se desmarca y rechaza el «antireajuste» del sector público de 2,8% que el Gobierno acordó con algunos funcionarios

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Después de 7 reuniones de la Mesa del Sector Público con el Gobierno representado por el Ministro de Hacienda y Ministra del Trabajo, la última oferta es un aumento por debajo del IPC (2.7% y 0,7 %) que implica rebajar en la práctica los ingresos de miles de funcionarios públicos y que el costo de enfrentar las desigualdades y las demandas ciudadanas sea de cargo de los trabajadores y sus familias; sin tocar al 1% más rico del país.

Frente a lo anterior, ANEF, junto al Colegio de Profesores, CONFUSAM, CONFEDEPRUS, FENATS NACIONAL y FENAFUCH, que representan al 70 % de los trabajadores de la MSP, resolvieron NO FIRMAR el acuerdo propuesto por el Ejecutivo, que en lo concreto propuso un reajuste de 2,8% para remuneraciones de hasta 2 dos millones brutos mensualizados (es decir incluye los bonos trimestrales) y de 0,7 por ciento para salarios sobre esa cifra y además un bono 30.000 para sueldos menores de 500 mil pesos brutos.

Lo inédito e inaceptable de la propuesta final del Gobierno, es que, por primera vez en la historia de la MSP, se propone un reajuste MENOR que IPC en un caso e igual a CERO para otro caso, congelamiento de bonos y pérdida de poder adquisitivo.

Por respeto a nuestra trayectoria sindical, jamás permitiremos que en una negociación salarial se acuerde una disminución o congelamiento de sueldos, acción del Gobierno que se suma a su absoluta desidia, negligencia y desinterés por atender y buscar solucionar los problemas sociales y estructurales demandados por el pueblo y la ciudadanía. Gobierno que mantiene el despido de casi mil Funcionarios/rías Públicos, pone en riesgo el pago de bonos ligados al PMG y está patrocinando un Proyecto de Ley (mal llamado Antisaqueos) que criminaliza las manifestaciones y protesta social de los ciudadanos y trabajadores.

En virtud de lo anterior, convocamos a nuestras Asociaciones bases, ANEFs Regionales y Provinciales a mantenerse y continuar el PARO NACIONAL mañana miércoles 11 de diciembre.

En Santiago delegaciones de dirigentes y funcionarios públicos, nos trasladaremos a Valparaíso a requerir de los Parlamentarios el rechazo del antireajuste y presionar al Gobierno para que modifique el proyecto enviado por discriminatorio e injusto.

¡¡EL COSTO DE LA CRISIS NO LA PAGAREMOS LOS TRABAJADORES!!

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

Santiago, 11 de diciembre de 2019

La Anef convoca a paro nacional contra la agenda de seguridad y los despidos para este martes

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La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) convocó a un nuevo paro nacional para mañana martes 10 de diciembre, en rechazo a la denominada agenda de seguridad del gobierno.

La ANEF, junto a otros muchos sectores, considera que las medidas que impulsa el ejecutivo criminalizan la movilización social, en espacial los proyectos de ley sobre ‘Antiencapuchados’ y ‘Antisaqueos’.

Asimismo el paro será en repudio a la ola de despidos arbitrarios que se están cursando en la administración pública; y para exigir que ningún trabajador del Estado pierda poder adquisitivo, en el marco de la negociación colectiva por un reajuste general de salarios .

El vicepresidente de Negociación y Relaciones Gubernamentales de la ANEF, Yuri Contreras, denunció que se han producido más de mil despidos en las últimas semanas.

Con respecto a la agenda de seguridad, señaló que leyes como la Antisaqueos buscan criminalizar al movimiento social y coartar la autonomía sindical.

Advirtió que el gremio condena los actos de saqueos cometidos por delincuentes, pero es contrario a que se le quiten a los sindicatos y organizaciones sociales sus herramientas históricas de lucha, que han sido usadas en defensa de los más desposeídos del país.

El Directorio Nacional de la ANEF ratificó su respaldo a una Nueva Constitución democrática para Chile debatida en una Asamblea Constituyente, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de juicio y castigo para sus responsables materiales y políticos.

Bloque sindical de Unidad Social exige legislar en base a las demandas ciudadanas

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Dada la pasividad del Ejecutivo, los representantes del colectivo se reunieron con los jefes de todas las bancadas de diputados de oposición con el propósito de definir una agenda legislativa conjunta y coherente con las reivindicaciones sociales.

Después de casi dos meses de crisis social, recién este martes los representantes en la Cámara Baja de los partidos de oposición se reunieron con el bloque sindical de Unidad Social, esto, con el fin de intercambiar propuestas y definir una agenda legislativa basada en las demandas ciudadanas.

Además de criticar la tardanza para conformar este tipo de instancias de diálogo, los delegados del colectivo manifestaron a los diputados que es imperativo trabajar en temas claves para la gente, tomando en cuenta la parsimonia que ha demostrado el Ejecutivo frente a temas como salario mínimo de 500 mil pesos, pensiones que partan y sean equivalentes a dicho monto, canasta de servicios básicos protegidos, derechos sociales, una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, entre otras acciones.

Al respecto, el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, precisó que, en materia de jubilaciones, el Gobierno ha insistido con proyectos que no solucionan el fondo del problema, no tocando al modelo privado que en noviembre pasado obtuvo ganancias por sobre los 500 millones de dólares.

“La gente no es tonta, entiende perfectamente, y lo que estamos percibiendo por parte de las instituciones del Estado es un permanente desdén, por eso venimos a exigirles que se pongan a la altura de los tiempos, y decirles que la ciudadanía no les va a perdonar lo que están haciendo, que es validar la agenda legislativa de este Gobierno que no escucha las demandas”, afirmó. unidad social 2Concretada la reunión en la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, reafirmó la crítica a los parlamentarios, quienes -aseguró- se han dedicado a discutir proyectos del Ejecutivo, que no abordan soluciones reales a problemas que nacen de una estructura.

“El Presidente de un dígito de apoyo anuncia un bono de 100 mil pesos, y ese bono siempre será bien recepcionado, pero no es posible suponer que esa es la solución a la crisis que atraviesa Chile hoy. Esa más bien parece una operación comunicacional que da cuenta de la profundidad de lo que se está demandando y de la crisis institucional, económica y social que está viviendo el país”, argumentó.unidad social 3Al respecto, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, coincidió con los representantes del bloque sindical de Unidad Social sobre discutir reformas de fondo y construir una agenda social conjunta.

Precisó que la salida a la crisis comprende dos aspectos, una solución política a través de un proceso constituyente soberano y atender a las demandas sociales que – a su juicio- el Gobierno no quiere resolver a través de modificaciones profundas al modelo actual.

“Lo que nos dice el ministro Briones es que el paquete económico solo busca combatir el impacto que tendrían las movilizaciones, es culpar a quienes protestaron de haber paralizado la economía, y el gran logro de esta iniciativa es volver a lo que teníamos antes del 17 de octubre. La autoridad no considera que el tema son reformas en materia social muy profundas. Ahora, no es que el ministro se equivoque, por supuesto que respaldamos el apoyo a las pymes para que no despidan trabajadores, por supuesto que queremos que haya más gasto en infraestructura, pero eso no resuelve la crisis que tiene Chile”, subrayó.

Durante la reunión con los diputados jefes de bancada de oposición se acordó entregar una respuesta formal al planteamiento del bloque sindical de Unidad Social para el próximo lunes y, así, agilizar y centrarse en una agenda legislativa que demuestre a la ciudadanía que el Congreso está atendiendo a los problemas que detonaron el malestar social.

Sentido común

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Por Daniel Matamala

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

Basta un breve paseo por el ring histérico de las redes sociales o por el circo de algunos matinales para convencerse de que Chile es un país polarizado. ¿Cómo no pensarlo, si los hashtags que llaman a la revolución o a la dictadura se disputan los primeros lugares? ¿Cómo no verlo, en el desfile televisivo de extremistas y hasta negacionistas de los crímenes de la dictadura?

Afortunadamente, ese es un espejismo. Pese a ese show de confrontación, nuestra democracia tiene un activo invaluable: el sentido común de los chilenos. En palabras de Jack Trout, “una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas”.

Veamos cómo se demuestra.

La inmensa mayoría rechaza los saqueos y robos (96% en Cadem), y al mismo tiempo está de acuerdo con el movimiento social (85,8% según Desoc/Coes); con una nueva Constitución (85% según Cadem; 83,9% según Desoc/Coes) y con convocar a un plebiscito (83% en Cadem); además, cree que Carabineros ha abusado de su poder (69%, Cadem).

Cito, por cierto, encuestas que buscan ser representativas, no sondeos por redes sociales que, por su metodología, apenas representan a ciertas burbujas y no a la sociedad chilena.

En medio del desplome de la política, solo se salvan los dirigentes capaces de conectar con ese sentido común, dialogar y llegar a acuerdos. Los únicos políticos al alza en los rankings de evaluación son Mario Desbordes (44%, Cadem) y el ministro Ignacio Briones (41%, Cadem).

Caen estrepitosamente, en cambio, los que han evadido asumir su rol de liderazgo (Lavín, -16%; Sánchez, -15%), o los de discurso confrontacional (Insulza, -22%; Matthei, -18%; Allamand, -15%). Enterrados en el sótano de la lista aparecen los extremos: J.A. Kast, Teillier y Van Rysselberghe, junto al Presidente Piñera y su constante discurso sobre el combate contra “enemigos”.

Sí a los acuerdos, no al extremismo. De sentido común.

La élite siempre ha despreciado el sentir de la sociedad. Atenderlo, repiten, es “populista”. Pero la historia reciente deja muy mal parada esa pretendida superioridad.

Ya en 1990, según la encuesta CEP, había una mayoría a favor de una ley de divorcio. En 1995, el 74% de los chilenos la apoyaba. Pero, ante la resistencia de la élite supuestamente ilustrada, esta ley recién se aprobó ¡en 2004! El entonces diputado Alberto Cardemil dijo que la ley sería un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”.

Mismos argumentos tremendistas hubo para retrasar otras reformas que la inmensa mayoría respaldaba, como el fin de la censura, la descriminalización de la homosexualidad (“algo que es ilícito se convierte en lícito”, decía el entonces senador Chadwick), o el fin de los niños “ilegítimos” (“no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale lo que la naturaleza ha hecho diferente”, decía el entonces senador Hernán Larraín).

Lo mismo ocurrió con el aborto, donde en 2009 (Flacso) entre el 64% y el 66,7% de la población ya apoyaba la despenalización en tres causales.

Y qué decir del masivo rechazo ciudadano a las AFP y la desigualdad. Apenas al 7% le da tranquilidad que las AFP administren los ahorros (Comisión Presidencial, 2015); y 92,5% cree que las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes (Coes, 2014).

¿Qué hizo el sistema político al respecto? Todo lo contrario: hasta el 18 de octubre, los dos proyectos estrella del gobierno eran bajar los impuestos a los dueños de empresas y dejar intocadas a las AFP en la reforma previsional.

Mientras, en estas semanas los abusos siguen campeando.

Laurence Golborne facilitó facturas falsas por más de $ 300 millones para recibir pagos de una decena de empresas en su campaña de 2013. Un acuerdo con la fiscalía lo liberó de condena a cambio de pagar módicos $ 11.440.000.

Su excolega de gabinete Gabriel Ruiz-Tagle (sí, el mismo de la colusión del confort) hizo una “pasada” de $ 353 millones usando información privilegiada con acciones de Colo-Colo. Ruiz-Tagle atribuyó su acción a “un error”, “producto de mi ignorancia de las normas”. La multa apenas lo obliga a devolver una fracción de lo ganado: $ 211 millones.

Más “errores”: en el juicio por el caso Corpesca, Roberto Angelini calificó los sobornos que su gerente general confesó haber pagado a parlamentarios como “errores de administración”.

Los abogados al servicio del poder ensayan sofisticadas explicaciones para esta impunidad, pero no engañan al sentido común: el 95% de los chilenos cree que “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o estatus social” (UC, 2016).

El sentido común es abrumador y se traduce en una agenda clara: frenar las violaciones a los derechos humanos; restablecer el orden público enfocando la represión en vándalos y saqueadores; dar respuestas rápidas a las demandas sociales; parar los abusos de la élite, y echar a andar, ahora ya, el proceso para una nueva Constitución.

En este momento crítico, la clase política debiera entender que llegar a acuerdos en beneficio de Chile es también popular y conveniente para ellos. Los chilenos ya lo entendieron. Es cosa de sentido común.

Senador Huenchumilla por crisis social: “Los grupos económicos no pueden seguir haciéndose ricos a costa del sufrimiento de la gente”

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El senador Huenchumilla lamentó que el Ejecutivo no haga un correcto diagnóstico de la situación. “¿Tenemos crisis porque hay violencia, o hay violencia porque hay una crisis? Hasta el momento el gobierno está tratando los síntomas y está hablando de orden público, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas (…) lo que tenemos en Chile no es exactamente un problema de orden público, eso es el síntoma”.

“En nuestro país, hay una profunda rabia de la gente en contra de la sociedad que hemos creado. De las desigualdades, de los abusos, de la corrupción (…) tenemos que ir a resolver las causas profundas de esta crisis que es esta sociedad desigual. El modelo económico y social (…) que hoy día explotó”, comentó el parlamentario.

Asimismo, Huenchumilla indicó que “mientras no entremos al fondo del problema, la gente no va a estar tranquila, porque hoy día este país se sinceró en su desnudez, en sus carencias, en sus miserias, en sus desigualdades, en su clasismo (…) esa es la responsabilidad que tenemos que tener los políticos”.

Responsabilidades

Además, el senador DC apuntó también a las responsabilidades que detonaron la crisis y explicó que existe la “responsabilidad en primer lugar los políticos: tenemos que hacer un mea culpa por el país que construimos. Aquí tiene una responsabilidad primera el gobierno, porque él conduce el estado. Aquí tienen responsabilidad los grupos económicos (…) ellos, con este sistema han ganado toda la plata que han querido, y la gente siente que con esa plata suya, de sus cotizaciones, algunos se dedican a hacer negocios”.

“Los grupos económicos tienen que entender, que no pueden seguir simplemente haciéndose ricos a costa de las desigualdades y del sufrimiento de la gente que se manifestó en esta rabia profunda”, agregó.

Soluciones

Huenchumilla recalcó la necesidad de acuerdos políticos profundos. “Tenemos que sincerar esta situación, entender que ojalá pueda haber un acuerdo más allá de lo constitucional (…) tenemos que tener un acuerdo de qué va a pasar con las AFP, que va a pasar con la salud, qué va a pasar con la educación”.

“Espero que el presidente esté a la altura de los tiempos (…) que llame a un gran acuerdo nacional, pero en torno a estas cosas, no en torno simplemente a cuestiones de Carabineros y de orden público; que también lo vamos a tratar, pero mientras no entremos a lo otro, vamos a estar en una situación de no resolver”, afirmó.

Oposición coincide en rebajar a 16 años la edad para votar en proceso constituyente

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Los partidos presentaron tres documentos distintos con sus propuestas para alcanzar un acuerdo final sobre el proceso para una nueva Constitución. El lunes se volverán a reunir con el oficialismo para analizar los planteamientos.

La oposición presentó este sábado tres documentos distintos al oficialismo con sus propuestas para el proceso constituyente, donde coincidieron en la participación de menores de edad desde los 16 años.

Las colectividades opositoras enviaron al oficialismo tres textos distintos, uno de Convergencia Progresista (PS, PPD, PR), otro de la DC y uno del Frente Amplio.

Junto con rebajar la edad a 16 años para votar en todo el proceso constituyente -aunque no para ser candidatos a la convención-, entre las propuestas de la oposición están la representación de los pueblos originarios, paridad de género y el voto obligatorio.

El texto conjunto del bloque que reúne al PPD, el PS y el PR propone escaños reservados para pueblos originarios, paridad de género, el voto de chilenos en el exterior para elección de constituyentes, que la edad para votar en la constituyente se rebaje a 16 años, el voto obligatorio en todos los eventos electorales del proceso, la integración de independientes, un programa constitucional, ampliar al doble los escaños para mayor participación (a 310), y cabildos y asambleas.

Mientras que texto del Frente Amplio plantea modificar el sistema de integración de listas para entregar igualdad de condiciones a independientes, paridad de género, participación indígena, aumentar el tamaño de la convención constitucional y que esté integrado por 310 delegados, voto obligatorio en todo el proceso, voto desde el extranjero, participación de los mayores 16 años en las etapas eleccionarias del proceso e institucionalización de la participación social de base.