legislador

 

 

 

 

Por Raúl Soto

Diputado DC

La primera trampa consiste en centrar el debate en quién administra, pero sin abordar el tema de cómo se administra o, más claro, separar el tema del «ente público» del debate sobre la solidaridad. De esta manera se resguarda el sistema actual y su lógica individualista, evitando los cambios de fondo y estructurales que se requieren. Si el debate es solamente quién administra, las AFP o un nuevo «ente público», ¿qué justifica la ausencia de libertad de elegir del cotizante respecto a dónde quiere tener sus ahorros? Esta es la segunda trampa.

A partir de la aprobación de la idea de legislar y el cuestionado acuerdo del Gobierno con parte de la Democracia Cristiana, el debate en torno a la Reforma Previsional se ha centrado en quién va a administrar el 4% de la cotización adicional. La primera trampa es justamente centrar el foco comunicacional, el trabajo técnico y el objetivo político en quién administra y no en cómo se administran los ahorros previsionales de los chilenos.

Los problemas del sistema de AFP son mucho más estructurales, la capitalización individual en cuatro décadas de aplicación ha sido incapaz de generar pensiones dignas. Tampoco lo hará con la reforma de este Gobierno, cualquiera sea la tasa de cotización que se aumente, porque la realidad del mercado del trabajo, donde hay bajos salarios, alta informalidad, inestabilidad y brechas de género, impide que los trabajadores tengan la capacidad de ahorro que un sistema de estas características requiere.

Por lo tanto, si hacemos más de lo mismo, el resultado no cambiará y se terminará profundizando y legitimando un sistema fracasado y obsoleto a costa de perpetuar las condiciones de vida indigna, la pobreza y la miseria en la vejez.

Nada cambia si, en lugar de una AFP, la cotización adicional es administrada por un “ente público” bajo la misma lógica de cuentas individuales y con las mismas reglas del juego. Eso no garantiza ni contribuye a solucionar el problema de fondo que es cómo mejoramos las pensiones. Es irrelevante, la idea de un administrador estatal debe estar supeditada a que funcione bajo una lógica distinta, con criterios de seguridad social o solidaridad, es decir, que administre un nuevo componente de reparto en el pilar contributivo que permita redistribuir una parte de los ahorros de forma más justa y equitativa, para lograr un impacto mucho más significativo en el aumento de la pensión de los actuales jubilados.

Esto es lo único que garantiza avanzar hacia un sistema mixto que contemple ahorro individual y colectivo, como lo hacen casi todos los sistemas previsionales del mundo.

Entonces la primera trampa consiste en centrar el debate en quién administra, pero sin abordar el tema de cómo se administra o, más claro, separar el tema del «ente público» del debate sobre la solidaridad. De esta manera se resguarda el sistema actual y su lógica individualista, evitando los cambios de fondo y estructurales que se requieren.

Si el debate es solamente quién administra, las AFP o un nuevo “ente público», ¿qué justifica la ausencia de libertad de elegir del cotizante respecto a dónde quiere tener sus ahorros? Esta es la segunda trampa. Parece razonable, pero supongamos que se logra tener un sistema público-privado donde cada trabajador pueda elegir entre las AFP o un «ente público» para administrar sus ahorros previsionales bajo el mismo esquema de capitalización individual. ¿Cambia en algo la lógica individualista y mercantilista del actual sistema? ¿Garantiza mejores pensiones? La respuesta a ambas preguntas es categóricamente NO. La capacidad de ahorro de los chilenos sigue siendo la misma y las reglas del juego no cambian, entonces, no esperemos un resultado distinto: bajas pensiones y mala calidad de vida en la vejez para la gran mayoría de los chilenos.

Si en el debate previsional del Gobierno anterior el argumento de la derecha y los grupos económicos para no avanzar en cambios estructurales fue la “propiedad sobre los ahorros», en el proyecto actual es el “falso paradigma de la libertad de elegir”.

Así como a los chilenos se les negó la oportunidad de elegir entre quedarse en el sistema antiguo o pasar al sistema de AFP en los años 80, así como hoy se obliga a los trabajadores a cotizar en una AFP, mañana podrá ser un nuevo «ente público», pero, si se mantienen las mismas reglas del juego, la verdad es que no existirá una real libertad de elegir, sus ahorros seguirán en la misma lógica individual y mercantilista.

Detengámonos un minuto en este falso paradigma. La libertad individual es un valor muy importante para las sociedades democráticas modernas. Sin embargo, se olvidan, quienes utilizan este argumento para impedir un cambio más profundo y estructural al sistema previsional, que no se trata de un valor o derecho absoluto, sino muy por el contrario, es propio de la vida en sociedad organizarse de tal manera que permita la convivencia y el bienestar social en condiciones de igualdad de oportunidades, lo cual implica justamente renunciar –o más bien establecer excepciones– a algunas libertades individuales en beneficio del bien común.

Un muy buen ejemplo es la Seguridad Social. La sociedad entendida como un colectivo de individuos organizados se da cuenta de que hay ciertas contingencias que las personas no están en condiciones de resolver por sí solas y, por tanto, crea mecanismos de protección social para garantizar condiciones de vida mínimas para todas las personas que la componen.

En consecuencia, es un error conceptual entender un sistema previsional desde la simple lógica de la “libertad”. Se trata justamente de lo contrario: ¿estamos dispuestos a ceder en libertad para garantizar mejores grados de protección y seguridad?

Aquellos pocos afortunados que han logrado bienestar de forma individual no necesitan protección y seguridad de parte de la sociedad y, en consecuencia, nunca estarán por ceder un milímetro de su libertad. Pero los miembros de aquella gran mayoría de desafortunados con bajos salarios, informalidad, inestabilidad y brechas, que simplemente no lograron por sí solos el más mínimo grado de bienestar, ¿se les puede negar la posibilidad de una protección y seguridad social que los resguarde de una vejez indigna? ¿Acaso ellos tienen realmente libertad? Yo creo que no.

Para el real ejercicio de las libertades individuales, se tienen que desarrollar sobre la base de un mínimo de igualdad de oportunidades. Sin esta, la libertad de elección no es más que un falso paradigma utilizado antojadizamente en el contexto de un debate donde deberíamos estar hablando de solidaridad, protección y seguridad social.

La discusión de fondo es cómo la sociedad en su conjunto –y no solo la persona individualmente considerada– garantiza pensiones que alcancen para tener condiciones de vida dignas en la vejez. Y la respuesta está precisamente en renunciar o limitar las libertades individuales para alcanzar una verdadera protección y seguridad social.

Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar en esa dirección si ponemos el foco comunicacional, el trabajo técnico y el objetivo político en lo realmente importante: ¿cómo administramos los ahorros previsionales de los chilenos?, ¿cómo transitamos a un sistema más justo que entregue pensiones dignas no solo a los futuros jubilado.

Tenemos que volver a centrar el debate en romper la lógica individualista y mercantilista, para avanzar a un sistema basado en los principios de la Seguridad Social. Los esfuerzos deben estar en la necesaria solidaridad, en el ahorro colectivo o en nuestro componente de reparto. El resto es música.